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Por: Nulfo Yala

Bolivia vuelve a mostrar que la corrupción no siempre necesita dinero sobre la mesa: a veces le basta con poder sin cargo, influencia sin nombre y decisiones tomadas fuera de la mirada pública. El caso Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller no prueban por sí solos una trama, pero exponen algo más inquietante: un poder rodeado de silencios, intermediarios y explicaciones que no terminan de explicar nada. Mientras el Gobierno calla extrañamente, la sociedad se divide entre defensores y acusadores, y las redes fabrican trincheras para todos, las preguntas esenciales quedan intactas: ¿quién financia, quién decide, quién intermedia y quién se beneficia? Quizá esa sea la forma más eficaz de corrupción: no aquella que se descubre robando, sino aquella que consigue que nadie sepa exactamente quién está gobernando, desde dónde y para quién. Y mientras el país discute el escándalo, el poder aprende una vez más la vieja lección: cuando la sociedad pelea por los relatos, deja de mirar las manos que mueven los hilos.

Hay algo más grave que la corrupción descubierta: la corrupción que consigue confundirse con la normalidad. En Bolivia hemos llegado a un punto en que el poder puede habitar zonas de penumbra y, cuando alguien pregunta quién decidió, quién pagó, quién ordenó o quién se benefició, la respuesta suele ser una variación burocrática del vacío: nadie sabe, nadie vio, nadie firmó. El poder, curiosamente, siempre parece tener responsables cuando se trata de inaugurar una obra y ninguna cuando aparece un escándalo.

El caso de Fernando Cerimedo ha vuelto a abrir esa herida. Su detención, vinculada a la investigación por el ataque contra Nadia Beller, ha quedado rodeada de denuncias sobre presuntas redes de corrupción que alcanzan al entorno del presidente Rodrigo Paz. Beller ha señalado negocios vinculados con combustible, seguros y otros intereses económicos, además de atribuir a Cerimedo una capacidad de influencia dentro de estructuras estatales. Son acusaciones que deben probarse, no convertirse en condenas por anticipado. Pero precisamente por eso deben investigarse hasta el final.

Lo inquietante no es solamente lo que Beller afirma. Es el lugar desde donde lo afirma y las preguntas que deja abiertas. Porque cuando una mujer sobrevive a un ataque armado y, desde una cama de hospital, comienza a señalar presuntos vínculos entre operadores políticos, negocios privados y estructuras del Estado, la respuesta de una democracia no puede ser simplemente desacreditarla o convertirla en protagonista de otra batalla mediática. Hay que abrir los archivos. Hay que seguir el dinero. Hay que reconstruir las relaciones. Hay que saber quién habló con quién, quién contrató a quién, quién recibió qué y por qué determinadas personas podían acercarse al poder sin que el poder pareciera reconocerlas formalmente.

Ahí aparece Cerimedo como algo más que un individuo. Aparece como síntoma de una transformación más profunda del poder. Un hombre que puede ser presentado como asesor, consultor, amigo o “profesor”, pero cuya influencia parece exceder cualquiera de esas categorías. El propio debate público ha oscilado entre reconocerlo como asesor personal y negar que exista formalmente tal cargo. Esa contradicción no es un detalle semántico: es precisamente el problema.

Porque el poder contemporáneo ya no necesita necesariamente un despacho. Puede ejercerse desde la cercanía. Desde el teléfono. Desde una base de datos. Desde una campaña digital. Desde un grupo de WhatsApp. Desde un empresario que conoce al ministro que conoce al asesor que conoce al Presidente. La autoridad formal continúa siendo visible, mientras la influencia real puede desplazarse hacia lugares donde no existe control público.

Y allí comienza la corrupción en su forma más sofisticada: no necesariamente cuando alguien recibe un soborno, sino cuando lo público empieza a ser administrado por relaciones que nadie puede fiscalizar.

Lo verdaderamente peligroso es que esa forma de poder puede producir una ilusión de democracia mientras vacía lentamente sus instituciones. Se vota, se posesiona un gobierno, se nombran ministros, se anuncian decretos. Todo parece estar en su sitio. Pero detrás de la escenografía institucional pueden operar intereses que no fueron elegidos, no responden ante nadie y no necesitan explicar sus decisiones.

El caso adquiere todavía mayor gravedad porque existen reportes recientes que atribuyen a Cerimedo participación como asesor externo en la redacción o modificación de decretos y una ley vinculados a decisiones estratégicas del Ejecutivo. Si ello se confirma, la cuestión deja de ser anecdótica: habría que preguntar bajo qué autoridad, con qué acceso y bajo qué mecanismos de control un extranjero sin cargo público habría intervenido en la elaboración de normas estatales.

Pero quizá el problema más profundo no sea Cerimedo. Somos nosotros.

Una sociedad sometida durante años a la polarización aprende una extraña pedagogía: cada gobierno enseña a sus adversarios a denunciar la corrupción y a sus propios seguidores a justificarla. Lo que ayer era escándalo hoy se convierte en “estrategia política”; lo que ayer exigía cárcel hoy necesita “contextualización”; lo que ayer era tráfico de influencias hoy es simplemente “asesoría”. Cambian los nombres, cambian los colores, cambian los discursos, pero permanece la misma maquinaria de indulgencia.

Así se fabrica una sociedad políticamente cansada y moralmente tolerante con el abuso. No hace falta censurarla. Basta con saturarla. Basta con dividirla hasta que cada ciudadano defienda una verdad distinta y nadie tenga tiempo para preguntarse quién está ganando mientras todos discuten.

Ese es quizá el poder más perverso: aquel que no obliga a callar, sino que consigue que la sociedad hable tanto que deje de escuchar lo esencial.

Por eso las denuncias de Beller no deberían convertirse en una bandera partidaria ni en una excusa para condenar anticipadamente a nadie. Deberían convertirse en preguntas. ¿Quién financió realmente la actividad de Cerimedo en Bolivia? ¿Qué relación económica existía entre operadores políticos y empresas privadas? ¿Quién intervino en decisiones sobre combustible, seguros u otros sectores estratégicos? ¿Qué funcionarios tuvieron contacto con esas operaciones? ¿Qué contratos existen? ¿Qué comunicaciones pueden verificarse? ¿Qué parte de las denuncias es cierta, qué parte es falsa y qué parte todavía permanece deliberadamente en la oscuridad?

Y hay una pregunta todavía más incómoda: si Cerimedo no tenía un cargo formal, ¿por qué parecía tener poder?

Tal vez allí esté el verdadero escándalo.

Porque la corrupción no necesita siempre una conspiración perfectamente organizada. A veces basta con una cultura política donde nadie pregunta demasiado, donde los amigos del poder consiguen acceso, donde los intermediarios se vuelven indispensables y donde las instituciones llegan siempre después de los hechos.

Entonces el Estado sigue existiendo, pero empieza a parecerse a una fachada.

La corrupción, en ese escenario, deja de ser solamente apropiación ilegal de recursos. Se convierte en una forma de gobierno de las relaciones, de los silencios y de las lealtades. El poder decide quién entra, quién sale, quién habla, quién es escuchado y quién debe ser desacreditado. Y cuando la sociedad intenta mirar detrás de esa arquitectura, encuentra una sucesión de puertas cerradas y explicaciones incompletas.

Quizá por eso este caso debería ser seguido con una atención que vaya mucho más allá de Cerimedo, Beller o Rodrigo Paz. Porque si las denuncias son falsas, corresponde demostrarlo. Si son verdaderas, corresponde desmantelar la red y establecer responsabilidades. Pero si existen zonas de poder que nadie puede explicar, entonces el problema es todavía mayor: significa que la corrupción no está solamente en aquello que se roba, sino en la posibilidad misma de gobernar sin rendir cuentas.

Y una sociedad que acepta eso termina viviendo bajo una forma particularmente triste de dominación: aquella en la que ya no necesita que le oculten el poder porque ha aprendido a mirar hacia otro lado.

Bolivia no necesita otra guerra de relatos. Necesita algo mucho más incómodo: saber quién manda cuando el poder dice que nadie manda.

Porque quizá el verdadero problema no sea descubrir al corrupto.

Sea descubrir el sistema que hace posible que el corrupto pueda gobernar sin parecerlo.

Por: Nulfo Yala

En la Bolivia que se mira en el espejo de Santa Cruz, hasta el escándalo parece haber encontrado pasarela: basta con cambiar el contexto, añadir belleza, modelaje, fiesta y una dosis suficiente de exposición pública para que aquello que antes habría provocado distancia pueda terminar convertido en reconocimiento. El reciente episodio de una figura vinculada familiarmente a un conocido entorno del narcotráfico, incorporada al circuito del modelaje y proyectada como figura de una comparsa carnavalera, resulta revelador no por establecer culpabilidades que corresponden a la justicia, sino por lo que deja al descubierto sobre los criterios sociales de prestigio. Mientras el narcotráfico continúa produciendo violencia, muerte y estructuras criminales, sus signos exteriores pueden aparecer convenientemente maquillados hasta adquirir la apariencia del éxito, y entonces la pregunta incómoda por el origen del dinero, del poder o de las relaciones parece perder importancia frente a una fotografía bien producida. La ironía es brutal: una sociedad que condena el crimen puede terminar ofreciendo pasarela a algunos de sus entornos, no porque haya decidido defender el delito, sino porque ha aprendido a admirar aquello que el delito consigue comprar. Cuando la belleza, la fama, el dinero y la visibilidad pesan más que la trayectoria y la legitimidad, quizá el problema ya no sea que lo intolerable haya dejado de existir, sino que ha aprendido a desfilar con suficiente elegancia como para que nadie quiera reconocerlo.

Hay una forma silenciosa de decadencia social que resulta más peligrosa que la transgresión abierta: aquella en la que una sociedad conserva sus leyes, sus discursos morales y sus instituciones, pero comienza a perder la capacidad de distinguir aquello que merece respeto de aquello que debería provocar rechazo. No desaparecen las palabras bien y mal; desaparece, poco a poco, su capacidad de producir consecuencias. Entonces puede condenarse públicamente el narcotráfico y, al mismo tiempo, admirarse la riqueza, la influencia, el lujo y la visibilidad que determinadas estructuras criminales son capaces de producir. El delito continúa siendo condenado en abstracto, pero algunos de sus signos comienzan a ser aceptados en concreto.

Los acontecimientos conocidos públicamente en Santa Cruz ofrecen un episodio revelador de esta contradicción. La incorporación a espacios de reconocimiento social de personas pertenecientes al entorno de figuras investigadas por vínculos con el narcotráfico no permite, por sí misma, establecer responsabilidad penal alguna; hacerlo sería confundir sospecha con condena y desconocer principios elementales del Estado de derecho. Pero la cuestión social es otra y resulta mucho más incómoda: ¿por qué una proximidad públicamente conocida con un universo criminal puede dejar de ser un motivo de distancia y convertirse, incluso, en una circunstancia compatible con el prestigio, la celebración y la exposición pública?

La pregunta no debería dirigirse únicamente hacia quienes reciben ese reconocimiento, sino hacia la sociedad que lo concede. Allí aparece un fenómeno más profundo: la progresiva separación entre el valor de una persona y aquello que realmente representa. En determinados espacios, ya no parece importar demasiado cómo se obtuvo la riqueza, de dónde proviene el poder o qué trayectoria existe detrás de la imagen. Importa que exista riqueza, que exista poder y, sobre todo, que sean visibles. La apariencia comienza a funcionar como una forma de legitimidad. El dinero deja de ser una condición material y se transforma en argumento moral: si alguien tiene mucho, debe ser importante; si es importante, debe merecerlo; y si lo merece, preguntar por el origen de aquello que posee empieza a parecer una impertinencia.

Esta lógica resulta especialmente peligrosa en una sociedad donde el consumo y la exhibición del éxito ocupan un lugar central en la construcción de identidad. El dinero posee una capacidad extraordinaria para borrar las huellas de su procedencia. Una vez convertido en automóvil, propiedad, empresa, fiesta o prestigio, deja de mostrar la historia que lo produjo. El capital ilícito encuentra allí una posibilidad de integración particularmente eficaz: no necesita que todos aprueben su origen; necesita solamente que sus resultados sean admirados. La violencia puede quedar fuera de la fotografía, mientras dentro de ella permanecen el lujo, la belleza, la fiesta y la sensación de éxito.

Así, el problema del crimen organizado deja de ser exclusivamente policial. Una estructura criminal necesita armas y dinero, pero también necesita espacios donde ese dinero pueda circular sin producir demasiadas preguntas. Necesita relaciones, reconocimiento, aceptación y normalidad. Cuando consigue que sus signos exteriores sean percibidos como simples signos de éxito, ha avanzado mucho más allá de la clandestinidad. Ha conseguido penetrar en la cultura.

Santa Cruz no puede reducirse a esta realidad. Sería injusto y superficial desconocer su diversidad, su capacidad productiva, su dinamismo y el trabajo de miles de personas que construyen cotidianamente la ciudad desde condiciones completamente distintas. Pero precisamente por su peso económico y cultural, los fenómenos que allí se hacen visibles adquieren una importancia que excede lo local. La ciudad constituye un espacio donde pueden observarse con especial claridad las contradicciones de una modernización en la que el crecimiento material no siempre ha estado acompañado por una reflexión equivalente sobre aquello que se considera socialmente valioso.

El carnaval permite observar esa contradicción de manera casi simbólica. Una fiesta puede parecer solamente una fiesta, pero también representa aquello que una comunidad decide mostrar, celebrar y convertir en prestigio. Por eso el problema no está realmente en una corona ni en una comparsa. Está en lo que una sociedad comunica cuando concede reconocimiento. Cada elección pública contiene, aunque sea involuntariamente, una idea sobre aquello que merece ser admirado.

Y allí aparece una ironía difícil de ignorar: mientras la sociedad afirma rechazar el narcotráfico, puede terminar admirando algunos de los mismos atributos mediante los cuales el poder criminal busca legitimarse: riqueza ostentosa, capacidad económica, influencia, acceso privilegiado, apariencia de éxito. No se necesita defender el delito para contribuir a su normalización. Basta con admirar sus resultados y dejar de preguntar por sus causas.

La banalización comienza precisamente cuando aquello que debería producir inquietud deja de producirla. Primero provoca escándalo, después conversación, luego entretenimiento y finalmente indiferencia. El problema ya no es que alguien justifique el mal; es que el mal, cuando aparece vestido de prosperidad, belleza o poder, deja de ser reconocido como tal. La sociedad aprende a mirar la superficie porque la superficie resulta más cómoda que la historia que existe detrás.

Ese proceso tiene una consecuencia política profunda: una comunidad que mide el valor por la apariencia se vuelve extraordinariamente vulnerable frente a quienes controlan los recursos capaces de producir apariencia. Quien posee dinero puede comprar visibilidad; quien posee visibilidad puede adquirir reconocimiento; quien adquiere reconocimiento puede convertirlo nuevamente en poder. De ese modo, la riqueza produce legitimidad y la legitimidad produce más riqueza, en un circuito donde el origen comienza a importar cada vez menos.

No se trata de condenar la riqueza ni de sospechar de toda persona que la posea. Se trata de algo mucho más elemental: recuperar la capacidad de preguntar. Preguntar de dónde proviene el dinero, qué relaciones sostienen determinado poder, por qué una persona es reconocida, qué valores transmite una celebración y qué modelo de éxito se está ofreciendo a quienes observan. Una sociedad que abandona esas preguntas termina entregando su criterio a los mismos mecanismos que distribuyen prestigio.

Quizá el signo más preocupante de esta banalización no sea que existan personas dispuestas a enriquecerse mediante actividades criminales; eso ha ocurrido siempre. Lo verdaderamente grave es que puedan aparecer circunstancias en las que su mundo deje de parecer incompatible con el mundo respetable. Cuando las fronteras entre el dinero legítimo y el dinero de origen oscuro, entre la fama y el mérito, entre el poder y la dignidad comienzan a diluirse, la sociedad no necesariamente se convierte en criminal. Se convierte en algo más vulnerable: una sociedad que puede ser gobernada por la apariencia.

Y cuando una sociedad llega al punto en que importa más quién parece exitoso que aquello que hizo para serlo, el poder ya no necesita imponerse. Le basta con ser visible.

Porque una sociedad que ha dejado de preguntar de dónde viene el poder termina, tarde o temprano, aprendiendo a admirarlo por el simple hecho de tenerlo.

Por: Nulfo Yala

El caso Narcomadera ha puesto al descubierto una contradicción difícil de ocultar: mientras Estados Unidos convirtió durante años a Venezuela en símbolo mundial del narcotráfico a partir de acusaciones, sanciones, recompensas y una intensa campaña de estigmatización internacional, hoy guarda un llamativo silencio frente a uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas registrados en América Latina, más de cien toneladas ocultas en cargamentos de madera que revelan la existencia de una estructura criminal de enorme capacidad logística y operativa. Lejos de responder cómo semejante operación pudo desarrollarse bajo la vigilancia de las instituciones estatales, el gobierno boliviano intentó inicialmente desplazar el debate hacia cuestiones temporales que posteriormente fueron desmentidas por las autoridades chilenas. Sin embargo, lo más revelador no es la reacción oficial boliviana, sino la ausencia de indignación de Washington. Allí donde antes bastaban sospechas para construir la imagen de un narcoestado, hoy la evidencia material parece insuficiente para despertar la misma severidad. La conclusión resulta incómoda pero inevitable: la llamada guerra contra las drogas parece depender menos de la magnitud de los hechos que de la utilidad política del gobierno involucrado, confirmando una vez más que los principios imperiales suelen ser universales para los adversarios y excepcionalmente flexibles para los aliados.

Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y hay silencios que, además, desnudan una hipocresía tan evidente que resulta imposible ignorarla. El caso Narcomadera parece pertenecer a esta última categoría.

Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado como el sheriff planetario de la lucha contra el narcotráfico. Desde Washington se ha repetido hasta el cansancio que la droga constituye una amenaza global, que ningún gobierno puede ser tolerante con las organizaciones criminales y que cualquier indicio de complicidad estatal debe ser perseguido con todo el peso de la ley internacional. La retórica ha sido siempre la misma: tolerancia cero, firmeza absoluta y compromiso inquebrantable con la justicia.

Sin embargo, la experiencia latinoamericana ha enseñado que esas nobles convicciones suelen aplicarse con una elasticidad sorprendente. Cuando el gobierno señalado es un adversario geopolítico, las sospechas adquieren categoría de verdad revelada. Cuando el gobierno señalado es un aliado, las certezas más contundentes se transforman milagrosamente en asuntos que requieren prudencia, paciencia y serenidad institucional.

Venezuela fue durante años el laboratorio perfecto de esta lógica. Desde Washington se construyó una narrativa permanente que vinculaba al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Las acusaciones ocuparon titulares durante años. Las sanciones se multiplicaron. Las recompensas por información sobre Maduro alcanzaron cifras extraordinarias. El mensaje era inequívoco: Venezuela no era simplemente un país con problemas de narcotráfico, sino una amenaza para la seguridad hemisférica. La sospecha bastaba para justificar una ofensiva política, diplomática y mediática de alcance global.

Ahora bien, resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando los reflectores apuntan hacia otro lado.

El denominado caso Narcomadera ha revelado algo más que un hecho policial. Según las investigaciones desarrolladas por las autoridades chilenas, más de cien toneladas de cocaína, pasta base y ketamina fueron detectadas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. No se trata de una maleta abandonada en un aeropuerto ni de una banda improvisada operando desde un galpón clandestino. Estamos hablando de una estructura que habría utilizado empresas exportadoras, contenedores internacionales, procesos industriales y complejas cadenas logísticas para mover droga a escala global.

Más de cien toneladas.

Conviene detenerse un instante en la cifra.

Cien toneladas no son un accidente administrativo. Cien toneladas no son un error burocrático. Cien toneladas no son la travesura de un puñado de delincuentes ingeniosos. Cien toneladas sugieren infraestructura, financiamiento, planificación, protección, logística y una capacidad operativa extraordinaria. Sugieren, en otras palabras, la existencia de una economía criminal de gran escala funcionando dentro del territorio nacional.

Y es precisamente allí donde la reacción oficial comenzó a adquirir tintes llamativos.

En lugar de responder inmediatamente a la pregunta fundamental, cómo una operación de semejante magnitud pudo desarrollarse sin ser detectada oportunamente por los sistemas de control estatales, desde sectores gubernamentales se intentó inicialmente desplazar el debate hacia el calendario. La discusión parecía orientarse menos a esclarecer responsabilidades que a determinar si los cargamentos correspondían a periodos anteriores. Era una maniobra curiosa: el problema ya no parecía ser la existencia de más de cien toneladas de droga vinculadas a exportaciones bolivianas, sino la fecha exacta en que habían salido los contenedores.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando las autoridades chilenas precisaron que los decomisos correspondían a operaciones detectadas durante 2026. De pronto, el refugio temporal comenzó a derrumbarse. La pregunta regresó con más fuerza que antes: ¿cómo pudo funcionar una estructura de semejante dimensión sin que el Estado advirtiera lo que estaba ocurriendo?

Pero quizás el aspecto más revelador del caso no se encuentra en La Paz ni en Santiago.

Se encuentra en Washington.

Porque mientras uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas sacude la región, la autoproclamada potencia líder de la guerra mundial contra el narcotráfico parece haber descubierto las virtudes del silencio contemplativo. No hay discursos encendidos. No hay advertencias dramáticas. No hay informes especiales describiendo una amenaza continental. No hay conferencias de prensa denunciando la captura criminal de las instituciones bolivianas. No hay llamados urgentes a la comunidad internacional.

Nada.

Absolutamente nada.

Y es aquí donde la ironía alcanza niveles casi artísticos.

Durante años, Washington sostuvo que incluso indicios o sospechas de conexiones entre poder político y narcotráfico justificaban campañas internacionales de presión. Hoy existe un caso que involucra decomisos masivos, investigaciones binacionales, allanamientos, empresas bajo sospecha y evidencia material concreta. Sin embargo, la indignación parece haberse extraviado en algún despacho diplomático.

La diferencia, al parecer, no está en la magnitud del problema.

La diferencia está en quién gobierna.

Cuando el país señalado desafía los intereses geopolíticos estadounidenses, el narcotráfico se convierte en una amenaza civilizatoria. Cuando el país señalado forma parte del círculo de aliados, el mismo fenómeno se transforma en un asunto técnico que debe resolverse con calma y sin sobresaltos. Los principios permanecen intactos; únicamente cambia el destinatario de su aplicación.

Es la vieja historia del imperio que se proclama árbitro universal mientras modifica las reglas según la identidad de los jugadores.

Por eso el caso Narcomadera no solamente pone bajo la lupa a las organizaciones criminales que puedan estar detrás de esta operación. También coloca bajo escrutinio la credibilidad de quienes han construido durante décadas una narrativa moral sobre la lucha antidrogas. Porque si más de cien toneladas de droga no provocan la misma alarma que en otros países provocaban simples acusaciones, entonces la conclusión resulta difícil de evitar.

Tal vez la guerra contra las drogas nunca fue únicamente una guerra contra las drogas.

Tal vez siempre fue también una guerra por definir quién merece ser acusado y quién merece ser disculpado.

Y si eso es cierto, el escándalo más grande no se encuentra escondido en la madera.

Se encuentra escondido en el doble rasero.

Por: Nulfo Yala

Resulta difícil tomar en serio el cabildo convocado por COMCIPO contra los bloqueos cuando fue la propia institución la que, durante años, convocó cabildos para legitimar bloqueos maratónicos que aislaron a Potosí durante semanas, exigiendo entonces sacrificio, disciplina y resistencia a una población que hoy dice defender. La contradicción es evidente: lo que ayer era presentado como una herramienta legítima de lucha regional, hoy es denunciado como una amenaza a la democracia y la economía. Esta repentina conversión revela menos un cambio de principios que un cambio de posición política. La experiencia además obliga a desconfiar de quienes pretenden hablar en nombre de todo el pueblo potosino, pues ya se vio cómo dirigentes surgidos bajo el discurso cívico terminaron ocupando espacios de poder municipal con resultados ampliamente cuestionados, dejando tras de sí denuncias, escándalos y un profundo desencanto ciudadano. Por ello, más que un acto de defensa de la población, el cabildo corre el riesgo de convertirse en una nueva instrumentalización de la ciudadanía para fines políticos coyunturales, apelando a una memoria selectiva que espera que los potosinos olviden que quienes hoy condenan los bloqueos fueron ayer algunos de sus más fervientes promotores.

La convocatoria de COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) a un cabildo contra los bloqueos constituye uno de los episodios más paradójicos de la historia política reciente de Potosí. No porque los bloqueos actuales no generen perjuicios reales para la población, sino porque quienes hoy convocan a la ciudadanía para rechazar esa medida fueron precisamente quienes, durante años, promovieron cabildos destinados a legitimar extensos bloqueos que paralizaron al propio departamento. La contradicción es tan evidente que resulta imposible ignorarla.

Durante los grandes conflictos regionales, COMCIPO apeló reiteradamente al discurso del sacrificio colectivo. Se pidió a la población soportar semanas de aislamiento, escasez, perjuicios económicos y restricciones a la circulación bajo la premisa de que los intereses superiores de la región justificaban cualquier costo. En aquellos momentos, los cabildos eran presentados como la máxima expresión de la voluntad popular y los bloqueos como instrumentos legítimos de lucha. El sufrimiento de la población era interpretado como una contribución necesaria a una causa mayor. Sin embargo, cuando la misma herramienta es utilizada por otros actores políticos y sociales, el discurso cambia radicalmente. Lo que antes era heroísmo cívico se convierte en atentado contra la democracia. Lo que antes era resistencia legítima ahora aparece como amenaza al estado de derecho.

La pregunta que surge naturalmente es por qué COMCIPO descubre recién ahora los daños que provocan los bloqueos. ¿Acaso las familias potosinas no sufrieron durante los bloqueos impulsados y respaldados por los cabildos del pasado? ¿Acaso no existieron entonces pérdidas económicas, desabastecimiento y afectaciones a la vida cotidiana? ¿Acaso los sectores más vulnerables no fueron también perjudicados? Si los bloqueos son condenables por sus consecuencias sobre la población, la condena debería alcanzar tanto a los actuales como a los promovidos anteriormente desde el propio espacio cívico. De lo contrario, la defensa de principios se convierte simplemente en una defensa de conveniencias.

Lo que se observa es una preocupante tendencia a redefinir los valores democráticos según la posición que se ocupa dentro de la disputa política. Cuando COMCIPO dirigía o respaldaba medidas de presión, el bloqueo era presentado como una expresión legítima de la voluntad popular. Cuando la iniciativa proviene de otros sectores, el mismo mecanismo pasa a ser descrito como una amenaza que incluso justificaría medidas excepcionales del Estado. No parece cambiar el método. Lo que cambia es quién tiene el control del método.

Esta situación obliga también a reflexionar sobre el papel que ha desempeñado COMCIPO en la construcción de determinadas narrativas políticas. Históricamente, la institución se ha presentado como la voz del pueblo potosino, como si existiera una identidad automática entre las decisiones de sus dirigentes y la voluntad de toda la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia demuestra que ninguna institución posee un mandato permanente para hablar en nombre de todos. Menos aún cuando sus posicionamientos terminan coincidiendo de manera recurrente con determinados intereses políticos coyunturales.

La historia reciente de Potosí ofrece suficientes razones para observar con cautela esta situación. Diversos dirigentes que construyeron liderazgo y legitimidad desde COMCIPO terminaron posteriormente ocupando espacios de poder institucional, particularmente en el gobierno municipal. Aquellas figuras que se presentaban como representantes desinteresados de los intereses regionales pasaron a administrar recursos públicos y a participar directamente en la lucha política. El problema no fue únicamente ese tránsito desde el activismo cívico hacia la función pública, sino el profundo desencanto que siguió posteriormente.

Gran parte de la ciudadanía recuerda que varias de esas experiencias terminaron rodeadas de denuncias, controversias y cuestionamientos que deterioraron severamente la credibilidad de quienes habían construido su liderazgo bajo el discurso de la moralización de la política. El contraste entre las promesas de renovación y los resultados obtenidos generó una profunda desconfianza social. Aquellos que habían pedido sacrificios al pueblo en nombre de la transparencia y la defensa regional terminaron enfrentando severos cuestionamientos públicos durante sus gestiones. La distancia entre el discurso y la práctica se volvió demasiado evidente para ser ignorada.

Por eso resulta legítimo sospechar cuando COMCIPO intenta presentar el actual cabildo como una expresión puramente cívica y desinteresada. La experiencia histórica demuestra que detrás de los discursos sobre democracia, unidad y defensa del pueblo suelen coexistir proyectos de influencia política, disputas por espacios de poder y estrategias destinadas a fortalecer determinadas posiciones dentro del escenario nacional y local. No se trata de negar la existencia de problemas reales ocasionados por los bloqueos actuales. Se trata de cuestionar la autoridad moral de quienes denuncian hoy prácticas que ayer promovieron y legitimaron.

La mayor ironía de toda esta situación es que COMCIPO parece haber convocado un cabildo contra aquello que durante años ayudó a convertir en una herramienta política normalizada. En otras palabras, el cabildo actual no solamente cuestiona a quienes bloquean hoy; también cuestiona involuntariamente a quienes enseñaron durante décadas que bloquear era una forma legítima de hacer política. El resultado es un espectáculo político singular: una institución que parece enfrentarse no tanto a sus adversarios como a su propia historia.

La memoria colectiva constituye un obstáculo incómodo para este tipo de operaciones discursivas. Porque mientras COMCIPO denuncia los daños de los bloqueos actuales, muchos potosinos recuerdan que esos mismos argumentos habrían podido formularse durante los largos bloqueos promovidos desde los cabildos del pasado. Y esa memoria revela una verdad difícil de ocultar: cuando los principios cambian según quién ejerce la presión política, lo que está en juego no es la defensa de la democracia, sino la disputa por el poder de definir qué intereses merecen ser considerados legítimos y cuáles deben ser condenados.

Por: Nulfo Yala

Lo que se perfila en Bolivia no es simplemente un conflicto político, sino una estrategia calculada de desgaste social donde el gobierno de Rodrigo Paz parece apostar al cansancio, al miedo y a la militarización para quebrar la capacidad de resistencia de los movimientos sociales y consolidar un modelo subordinado a empresarios y terratenientes. Bajo discursos de “orden” y “pacificación”, se normaliza la posibilidad de un estado de excepción mientras sectores de extrema derecha celebran desde el extranjero la represión como mecanismo de control. El problema es que la historia demuestra que humillar y silenciar al pueblo nunca garantiza estabilidad duradera: solo acumula rabia, radicalización y fractura social. Subestimar a un líder con rasgos autoritarios, dispuesto a embestir sin medir consecuencias, puede ser un error histórico, porque cuando un gobierno convierte a la protesta en enemigo interno y reemplaza el diálogo por la fuerza, deja de gobernar una democracia y comienza a administrar el miedo.

La estrategia de Rodrigo Paz no parece improvisada ni producto del nerviosismo político de un gobierno acorralado. Tiene más bien la lógica fría de quien entiende que el desgaste social no siempre se derrota con argumentos, sino con agotamiento, miedo y fragmentación. Primero se deja que la crisis madure hasta pudrirse; luego se permite que los conflictos se acumulen, que las organizaciones populares se desgasten entre bloqueos interminables, divisiones internas y hambre cotidiana; finalmente, cuando el cansancio colectivo ya ha erosionado la capacidad de resistencia, aparece la amenaza de un estado de excepción como si fuera un acto inevitable de “orden”. La vieja fórmula latinoamericana vuelve a desfilar con traje nuevo: fabricar caos para justificar disciplina. Y mientras los voceros empresariales hablan de estabilidad económica desde oficinas climatizadas, miles de familias cargan sobre la espalda el costo real de esa estabilidad, una estabilidad que curiosamente siempre exige sacrificios de abajo hacia arriba y nunca al revés.

Lo más inquietante es que el discurso oficial intenta vender esta operación como un acto de responsabilidad histórica. Se habla de “pacificación”, de “recuperar el país”, de “poner límites a la violencia”, como si las élites económicas fueran monjes tibetanos obligados a defenderse de hordas irracionales. La ironía grotesca: quienes controlan bancos, agroindustrias, exportaciones y grandes medios aparecen representándose a sí mismos como víctimas indefensas frente a campesinos, obreros y sectores populares que apenas poseen la capacidad de movilizar sus cuerpos en las calles. El lenguaje político se invierte de manera obscena. El rico se disfraza de perseguido y el pobre termina convertido en amenaza nacional. No es casualidad que ciertos operadores políticos bolivianos de extrema derecha, instalados cómodamente en Estados Unidos mientras juegan a dirigir la patria por redes sociales y programas digitales, hablen abiertamente del respaldo del llamado “escudo de las Américas”, casi como si anunciaran con orgullo que Bolivia debe administrarse bajo tutela ideológica extranjera. Resulta curioso ver a quienes se llenan la boca con soberanía nacional celebrando cualquier guiño geopolítico proveniente del norte continental.

El problema es que sacar militares a reprimir no es un videojuego táctico ni una fotografía heroica para redes sociales. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que creyeron poder controlar la violencia una vez abierta la puerta de los cuarteles, y casi todos terminaron descubriendo demasiado tarde que el miedo puede disciplinar momentáneamente, pero también radicaliza. Un estado de excepción no neutraliza necesariamente el conflicto; muchas veces lo profundiza, lo desplaza y lo vuelve más impredecible. Cuando una población percibe que las vías políticas tradicionales dejan de servir, el resentimiento se acumula debajo de la superficie institucional como presión tectónica. La aparente calma puede ser simplemente silencio forzado. Y los silencios impuestos suelen incubar explosiones mucho más peligrosas que las protestas originales. Un gobierno que apuesta a humillar movimientos sociales en lugar de comprenderlos termina sembrando generaciones enteras de desconfianza hacia cualquier forma de institucionalidad.

Hay además un componente simbólico particularmente perturbador en la figura presidencial. Los artículos anteriores ya habíamos advertido ciertos guiños autoritarios, ciertas obsesiones con el enemigo interno, cierta fascinación por el orden entendido como obediencia absoluta. No se trata únicamente de decisiones concretas, sino de una forma de concebir la política como confrontación permanente donde el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en obstáculo a destruir. La frase pronunciada por su padre, aquella donde lo define como “un toro”, termina funcionando casi como una confesión involuntaria de carácter. El toro no dialoga; embiste. El toro no mide consecuencias; avanza. Y el problema aparece cuando un país entero queda atrapado dentro de esa psicología de confrontación. Gobernar como si toda crítica fuera una amenaza existencial puede conducir a escenarios extremadamente peligrosos, porque la administración del Estado termina reducida a una lógica de enemigos y castigos.

Subestimarlo sería ingenuo. Existe una tendencia cómoda dentro de ciertos sectores progresistas a caricaturizar a figuras de derecha como simples incompetentes o productos pasajeros del marketing electoral. Pero las experiencias históricas muestran que los proyectos más peligrosos suelen crecer precisamente cuando sus adversarios los toman a la ligera. Mientras algunos todavía creen estar frente a un político tradicional preocupado únicamente por encuestas, el aparato ideológico alrededor suyo parece operar con una visión mucho más profunda: desmontar lentamente la capacidad de presión social (utilizando estrategias de ataque legal como la reciente abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción), criminalizar la protesta y consolidar un modelo económico completamente subordinado a grupos empresariales y terratenientes. No es únicamente una disputa electoral; es una disputa sobre qué sectores tendrán derecho a existir políticamente en Bolivia y cuáles deberán aceptar obediencia silenciosa como condición de supervivencia.

Las consecuencias económicas y sociales de ese escenario podrían ser devastadoras. Una represión prolongada no traerá inversión milagrosa ni estabilidad automática. Lo más probable es que produzca fuga de capitales pequeños, deterioro del consumo interno, mayor polarización regional y una fractura irreversible entre el Estado y amplios sectores populares. Los empresarios que hoy celebran mano dura desde sus círculos privados olvidan que ningún mercado funciona sanamente sobre cadáveres políticos permanentes. La violencia institucional termina contaminándolo todo: destruye legitimidad, paraliza diálogo y convierte cada conflicto cotidiano en una posible detonación nacional. La aparente victoria inmediata puede terminar siendo el inicio de una larga decadencia política.

Bolivia ya conoce demasiado bien el costo histórico de los gobiernos que creen que la fuerza puede reemplazar indefinidamente al consenso. El país arrastra memorias de masacres, persecuciones y militarizaciones que nunca desaparecieron del todo de la conciencia colectiva. Pensar que una nueva generación aceptará dócilmente un modelo de disciplinamiento permanente es no entender la estructura profunda de la sociedad boliviana. Aquí las derrotas nunca son definitivas; se acumulan como memoria social. Y cuando esa memoria encuentra nuevamente condiciones para organizarse, suele regresar con mucha más intensidad. Por eso el escenario actual no debería analizarse únicamente como una coyuntura de “unos pocos vándalos” como el gobierno trata de hacer ver, sino como el posible ingreso a una etapa de radicalización política donde el gobierno, obsesionado con aplastar toda resistencia, podría terminar alimentando exactamente aquello que pretende destruir.

Por: Nulfo Yala

Bolivia atraviesa una de las horas más oscuras de su historia reciente: un país agotado, atrapado entre la escasez, la inflación y el miedo, mientras un gobierno sin rumbo intenta sobrevivir administrando la miseria cotidiana como si todavía gobernara. Las filas por combustible, el encarecimiento de los alimentos, el hambre silenciosa y la pérdida del poder adquisitivo ya no son episodios aislados, sino señales de un colapso estructural que el poder pretende ocultar entre discursos vacíos, persecuciones judiciales y falsas mesas de diálogo. Incapaz de conectar con la población y subordinado a intereses empresariales, terratenientes y agroexportadores, el gobierno de Rodrigo Paz parece avanzar hacia una deriva peligrosa donde la desesperación social, el desgaste político y la fragilidad institucional podrían abrir paso a escenarios extremos, desde estados de excepción hasta intentos de ruptura democrática impulsados por sectores conservadores y militares. Lo más inquietante no es solamente la crisis económica, sino la sensación creciente de que Bolivia ha comenzado a perder la certeza de tener todavía un futuro.

La escena política boliviana atraviesa uno de esos momentos donde el poder ya no gobierna, apenas administra el deterioro. El lenguaje oficial continúa hablando de estabilidad, coordinación y diálogo, mientras las calles hablan otro idioma: filas interminables por combustible, alimentos cada vez más caros, salarios pulverizados, mercados vacíos y una población que empieza a comprender que el problema ya no es coyuntural sino estructural. Allí aparece el verdadero drama del gobierno de Rodrigo Paz: no solamente su incapacidad para resolver la crisis, sino su absoluta imposibilidad de comprenderla.

El síntoma más revelador no es la escasez de gasolina. Tampoco la inflación. Mucho menos el deterioro de carreteras o el colapso del abastecimiento. El síntoma más inquietante es otro: un gobierno obligado a negociar la supervivencia cotidiana como si administrar la precariedad fuese una política pública. El acuerdo firmado con algunos sectores no transmite fortaleza estatal, transmite agotamiento. Cuando el Estado empieza a reunirse para discutir horarios de surtidores, mecanismos de distribución de diésel y estrategias de contención social, el problema deja de ser económico y se convierte en una cuestión de legitimidad. El poder ya no organiza el país, apenas intenta retrasar el momento de su descomposición.

Durante años, Bolivia vivió sostenida por la ilusión de abundancia derivada del gas, los subsidios y el gasto público expansivo. El modelo permitía alimentar la narrativa de crecimiento mientras el excedente energético cubría ineficiencias estructurales, corrupción administrativa y dependencia importadora. Pero toda maquinaria clientelar necesita recursos para sostener fidelidades. Cuando esos recursos comienzan a desaparecer, el discurso revolucionario muta rápidamente en administración policial de la escasez. Entonces aparecen los controles, las amenazas judiciales, las campañas de disciplinamiento mediático y el viejo reflejo latinoamericano de convertir el conflicto social en problema de orden público.

El gobierno de Rodrigo Paz parece atrapado exactamente en ese punto histórico: demasiado débil para resolver la crisis y demasiado comprometido con grupos de poder para transformarla. La pretendida “concertación política” terminó convertida en una alianza funcional con sectores empresariales agroexportadores y élites terratenientes, particularmente vinculadas al eje económico cruceño, donde la lógica del mercado se volvió más importante que cualquier horizonte nacional. El resultado es grotesco: un gobierno que habla en nombre del pueblo mientras gobierna para quienes jamás harán fila por gasolina, jamás sentirán el aumento del aceite y jamás calcularán si alcanza el salario para llegar a fin de mes.

La ironía es brutal. Durante décadas el discurso político boliviano denunció a las oligarquías, al neoliberalismo y a las élites empresariales como responsables históricos de la desigualdad. Hoy el mismo aparato estatal termina subordinado a las exigencias de esos sectores bajo el elegante nombre de “estabilidad económica”. Se gobierna para tranquilizar mercados mientras la población aprende a sobrevivir en mercados vacíos. El ciudadano común ya no escucha proyectos históricos, escucha recomendaciones para madrugar más temprano si quiere encontrar combustible.

Y allí emerge otro elemento decisivo: la ruptura simbólica entre el poder y la vida cotidiana. El gobierno ya no logra interpretar el malestar social porque vive encapsulado en la lógica burocrática del informe, la conferencia y el acuerdo institucional. Mientras la población experimenta hambre, incertidumbre y desgaste psicológico, la respuesta oficial continúa reducida a mesas de diálogo, actas y anuncios técnicos. Es la política convertida en simulacro administrativo. El poder ya no produce esperanza; produce comunicados.

La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el desgaste comienza a derivar en mecanismos autoritarios de conservación. Todo gobierno incapaz de reconstruir legitimidad termina tentado por la coerción. Primero aparecen las acusaciones de desestabilización. Después la judicialización de opositores, dirigentes y críticos. Finalmente surge el fantasma del estado de excepción como herramienta para administrar el descontento. Pero la paradoja es evidente: cuanto más intenta endurecerse un gobierno débil, más expone su fragilidad. La represión puede contener temporalmente el conflicto, pero jamás resolver la crisis material que lo origina.

Bolivia entra así en una zona históricamente peligrosa. Porque cuando la institucionalidad pierde legitimidad y la economía pierde estabilidad, el sistema político entero comienza a abrir espacios para salidas extraordinarias. La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese libreto. Las élites económicas que hoy sostienen al gobierno podrían mañana abandonarlo si consideran que dejó de ser funcional a sus intereses. El empresariado jamás tiene lealtades ideológicas permanentes; tiene correlaciones de utilidad. Y si la figura de Rodrigo Paz termina siendo percibida como un obstáculo para la estabilización del capital y el control social, sectores conservadores podrían empezar a reorganizar alternativas más agresivas.

Allí aparece el escenario más delicado: la posibilidad de articulaciones golpistas impulsadas desde sectores de derecha con participación o presión sobre las fuerzas armadas. No sería una anomalía histórica. Sería, precisamente, la repetición de una tradición continental donde las crisis económicas profundas suelen convertirse en oportunidades para reconfigurar el poder mediante mecanismos extrademocráticos. Cuando las clases dominantes sienten amenazada la estabilidad de acumulación, la democracia suele convertirse en un lujo secundario.

El problema es que el gobierno tampoco puede retirarse fácilmente. Hay demasiados intereses económicos, redes clientelares y estructuras políticas comprometidas en la preservación del aparato estatal. El poder ya no se conserva únicamente por convicción ideológica, sino por necesidad material. Perder el gobierno implicaría perder contratos, protección judicial, espacios burocráticos, privilegios económicos y capacidad de negociación. Por eso el oficialismo parece jugar al desgaste, esperando que la población se acostumbre gradualmente a vivir peor. Una pedagogía de la resignación nacional.

Pero existe un límite para toda normalización de la precariedad. La gente puede tolerar discursos vacíos durante un tiempo. Puede incluso soportar corrupción, incompetencia o cinismo. Lo que rara vez soporta indefinidamente es el deterioro simultáneo de la vida cotidiana. Cuando el combustible falta, la comida se encarece, el salario pierde valor y el horizonte desaparece, el malestar deja de ser ideológico y se vuelve existencial. Allí las sociedades entran en estados de volatilidad impredecible.

Lo verdaderamente inquietante es que Bolivia parece haber perdido no solo estabilidad económica, sino dirección histórica. Ya no existe un horizonte político reconocible. El gobierno improvisa, la oposición especula y las élites calculan costos. Mientras tanto, la población observa cómo el país empieza a acostumbrarse a negociar la escasez como si fuese una condición natural. Y quizá esa sea la señal más clara de la crisis: cuando la decadencia deja de percibirse como excepción y empieza a administrarse como normalidad.