Aquí se derrumba la narrativa del mundo multipolar. Aquella promesa de un equilibrio entre grandes potencias se revela como una construcción discursiva sin correlato práctico. En el momento decisivo, cuando el poder exige demostración y no retórica, solo uno actúa sin restricciones. Los demás calculan, retroceden o guardan silencio. Las llamadas potencias emergentes muestran así su verdadero estatuto: actores relevantes en el comercio y la tecnología, pero subordinados en el terreno decisivo de la fuerza. El imperio no ha sido reemplazado; simplemente ha dejado de fingir que comparte el poder.
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La escena se inaugura con un acto que, incluso si se lo quisiera vestir con argumentos de legitimidad política o de seguridad internacional, no resiste el más mínimo examen normativo. No se trata aquí de una discusión técnica sobre legalidades ambiguas o interpretaciones forzadas del derecho internacional, sino de algo más crudo y decisivo: la suspensión de toda forma de disimulo. La agresión militar se presenta como voluntad desnuda, como decisión soberana que no busca aprobación ni consenso. El poder deja de fingir que responde a reglas y se afirma como pura capacidad de imposición. En ese gesto se rompe una larga tradición de hipocresía diplomática: ya no se invade en nombre de la paz, se invade porque se puede.
Reducir este acontecimiento a la lógica del petróleo es una explicación insuficiente y, en cierto sentido, tranquilizadora. Los recursos materiales son importantes, pero funcionan como coartadas racionales para un impulso más profundo: la necesidad de reafirmar una centralidad imperial que percibe amenazas simbólicas más que militares. El objetivo no es únicamente controlar un territorio o garantizar flujos energéticos, sino reafirmar una jerarquía global en crisis. El poder hegemónico actúa para recordarle al mundo que sigue siendo el centro gravitacional del sistema, el árbitro último que decide cuándo las normas existen y cuándo pueden ser ignoradas.
Esta agresión no es un hecho aislado ni una anomalía histórica; es un mensaje cuidadosamente emitido. No se dirige solo al país intervenido, sino a todos los Estados que observan, calculan y toman nota. El mensaje es simple y brutal: la desobediencia tiene costos, y esos costos no serán administrados por tribunales ni sanciones multilaterales, sino por la fuerza militar directa. El imperialismo abandona la sutileza y adopta el lenguaje del castigo ejemplar. Se gobierna menos por consenso que por escarmiento, menos por persuasión que por intimidación sistemática.
El episodio funciona también como un experimento geopolítico. Una prueba empírica para medir la reacción de quienes se presentan como contrapesos del orden unipolar. China y Rusia aparecen en escena como actores interpelados, pero no como verdaderos antagonistas. Sus respuestas, cuidadosamente calibradas, confirman una verdad incómoda: no están dispuestas a asumir los costos de una confrontación real. Las declaraciones de condena, los llamados a la prudencia y las apelaciones al derecho internacional revelan más temor que convicción. El lenguaje diplomático se convierte en una forma elegante de admitir impotencia.
Aquí se derrumba la narrativa del mundo multipolar. Aquella promesa de un equilibrio entre grandes potencias se revela como una construcción discursiva sin correlato práctico. En el momento decisivo, cuando el poder exige demostración y no retórica, solo uno actúa sin restricciones. Los demás calculan, retroceden o guardan silencio. Las llamadas potencias emergentes muestran así su verdadero estatuto: actores relevantes en el comercio y la tecnología, pero subordinados en el terreno decisivo de la fuerza. El imperio no ha sido reemplazado; simplemente ha dejado de fingir que comparte el poder.
Europa ocupa en este escenario un lugar particularmente incómodo. Su discurso moralista convive con una obediencia estructural que roza el vasallaje. La indignación es cuidadosamente dosificada para no alterar alianzas estratégicas ni compromisos militares. Se condena sin consecuencias, se protesta sin riesgos. Otros Estados, menos sofisticados y más dependientes, ni siquiera ensayan la crítica: se apresuran a alinearse, convencidos de que la sumisión es la forma más segura de supervivencia. El orden internacional se revela así como una pirámide de miedos, no como una comunidad de iguales.
Las instituciones internacionales quedan expuestas como estructuras vaciadas de eficacia. Naciones Unidas y organismos afines funcionan como escenarios ceremoniales donde se pronuncian discursos solemnes que no alteran el curso de los hechos. La legalidad internacional subsiste como archivo, no como límite real al poder. Cuando la fuerza decide actuar, el derecho se convierte en comentario posterior, en nota al pie de una historia escrita por los vencedores. La promesa de un orden regulado por normas se disuelve frente a la evidencia de que la ley no protege a quien no tiene poder.
En este marco emerge la figura del emperador contemporáneo, no como anomalía personal, sino como síntoma histórico. El paralelismo con Nerón no remite a la extravagancia, sino a la confusión entre voluntad individual y destino colectivo. La diferencia es de escala y de consecuencias: el imperio actual no amenaza ciudades, amenaza al sistema entero. La humanidad ingresa así en una etapa marcada por el miedo estructural, donde nadie está verdaderamente a salvo y donde la estabilidad depende del humor, el delirio y la ambición de un poder sin frenos. No se inaugura una era de progreso, sino un tiempo oscuro en el que el mundo aprende, demasiado tarde, que la fuerza sin límites no conduce al orden, sino a la catástrofe.
Hay una cadena de eventos que la población se niega entender: Más extractivismo minero más dinero para derrochar y generar más basura, que luego por la escasa educación – conciencia ambiental e individualismo de la población y la inoperancia de las Autoridades, hace que la ciudad se inunde.
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Potosí es una ciudad boliviana marcada por el extractivismo minero y con sello inerte de identidad minera recalcitrante. El día primero de enero de 2026 mientras muchos de los pobladores celebraban la venida de un año nuevo, el poderío del fenómeno de la niña hizo estragos en la ciudad que cavila que el Cambio Climático no sucede en Potosí.
Mientras la Ley 602 dictamina a los municipios prevenir desastres, en Potosí parece que solo se cuenta damnificados y se atiende llamadas de auxilio. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP) ha reducido la gestión de riesgos a un número de teléfono que se activa cuando ya ha ocurrido el desastre. ¿Dónde están los planes de prevención, la mitigación, la ordenación territorial que evite asentamientos en zonas de riesgo? Esta lógica reactiva, que ignora las fases clave de prevención y preparación, demuestra una alarmante despriorización del bienestar colectivo.
También, la obstinación de la población en Potosí, la escasa investigación y acción tanto de Universidades y Autoridades para que se puedan implementar obras de pavimentados que no impermeabilicen las calzadas, hace que Potosí se convierta en la ciudad del Cemento, ¡cemento por aquí, cemento por allá! No olvidemos que antes de tanto cemento en las calles Potosí en la zona abundaban aguas subterráneas, que fluían en un ciclo en interacción con las aguas superficiales, ahora las aguas de las lluvias buscan por donde correr: ¡corren hacia el desastre!
Esto aunado a que en Potosí reina el discurso público triunfalista, en medio de una crisis social y política que atraviesa el país. El Gobernador en suplencia temporal Marco Copa asevera constantemente: “en Potosí no hay crisis gracias a la minería”. Pareciera que las crisis para las autoridades son solo económicas, pero este desastre muestra lo contrario. Las crisis son multidimensionales y como siempre la pagan los más empobrecidos.Solo como ejemplo la estudiante que perdió todo porque el agua arrasó con el único dormitorio donde ella vivía.
Esa jactancia basada en datos macroeconómicos, posibilita que los más ricos en Potosí “inviertan” en bienes inmuebles de cemento, obras que generan los denominados escombros (residuos de Demolición y Construcción). De acuerdo a la Ley Municipal 286 (Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Potosí), deberían tener un adecuado manejo y disposición final en sitios destinados por el GAMP. Queda claro que el GAMP, no cuenta con mecanismos adecuados para su real cumplimiento, ya que la Alcaldesa Leslie Flores pide a la población: “Por favor no boten basura, no boten escombros”, mientras los “inversionistas”, aprovechan esa situación para esparcir sus escombros donde mejor les convenga (hacen caso omiso a las suplicas de la alcaldesa) esto hace que: se bloqueen los drenajes naturales y artificiales, se creen desbordes y aumente del poder destructivo del flujo de agua.
Estos flujos de agua cargados de sedimentos que taponean e inundan la ciudad, no solo provienen de los escombros, sino también de residuos minero – metalúrgicos de gran y pequeño volumen que existen en la ciudad por años, tales como: Las colas de San Miguel y Pàilavirí, e incluso con el incremento de la temporalidad y frecuencia de lluvias las ponen en riesgo su estabilidad.
Pero eso no es todo, hay una cadena de eventos que la población se niega entender: Más extractivismo minero más dinero para derrochar y generar más basura, que luego por la escasa educación – conciencia ambiental e individualismo de la población y la inoperancia de las Autoridades, hace que la ciudad se inunde.
Al mismo tiempo la visión desarrollista en Potosí, crea obras como los embovedados de ríos sin contemplar la implicancia del cambio climático en los caudales de diseño: en esta ocasión se evidencio como la naturaleza cobro espacio de lo que le fue quitado al confinar el rio, y se desbordo afectando varias zonas consideradas residenciales, como la avenida Unión.
El paisaje en Potosí es plomizo y gris de residuos mineros y cemento. Existe mínima cantidad de cobertura vegetal, ¡parece que el potosino no sabe o ha olvidado que la vegetación es una de las herramientas más poderosas, rentables y multifuncionales para la gestión del riesgo de inundaciones en ciudades!. No es solo un elemento paisajístico, sino una infraestructura verde crítica que opera a múltiples escalas. En Potosí pasa lo contrario las áreas verdes están en franco menoscabo, hay más solicitudes de tala de árboles que de forestación o reforestación, hay muchas solicitudes de cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento e incluso residencial.
Peor aún el proyecto de segundo anillo de circunvalación que busca descongestionar la ciudad mediante una doble vía, piensa arrasar con uno de los pocos bosquecillos de Kiswara (Buddleja incana) que se encuentra en la parte alta de la cuenca. Esta especie posee un sistema radicular muy fuerte que controla la erosión hídrica (reduce la velocidad de las escorrentías superficiales) y eólica, por ende coadyuva en la prevención de desastres como las inundaciones.
Pero lastimosamente cuando se habla de inversión en Potosí las juntas vecinales, barrios y otros por lo general solicitan obras de cemento, lo cual como se ha evidenciado en este texto agrava el problema. Tampoco la sociedad civil exige que el problema de los pasivos ambientales mineros existentes en la ciudad sea solucionado, menos exigen más revegetación, en cambio solicitan que funcionen centros comerciales (Mall).
Las narrativas comunitarias tendrían que concentrarse en solicitar inversión en sistemas de alerta temprana para evitar estas situaciones – que sin duda siempre afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad – comprender que invertir y proteger la cobertura vegetal urbana no es un gasto, es una inversión en resiliencia y salud pública; pensar en la posibilidad de una ciudad de Potosí más allá de las jactancias económicas, de magnificencia y poderío minero; madurar hacia una vida digna donde las autoridades piensen y ejecuten la planificación territorial con enfoque de riesgos y paisaje vinculada al Cambio Climático; que los mecanismos financieros obligatorios que establece la Ley 602 sean realmente destinadas a acciones prioritarias que prevengan los riesgos y los disminuyan, de los contrario Potosí transitara a un territorio cada vez más sacrificado, Potosí merece una política pública que proteja a su gente antes de la emergencia, no solo durante ella.
La historia demuestra que los fascismos nunca se anuncian como tales. Llegan disfrazados de sentido común, de orden, de familia, de Dios, de progreso y de patria. El desafío para el país consiste en reconocer la sutileza del avance y comprender que las palabras, los símbolos y los gestos importan. Importan porque son la primera advertencia. Y las advertencias, cuando no se escuchan, se transforman en destinos.
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El país asiste a una escena conocida, casi repetida con el cinismo de quien cree haber descubierto una verdad original mientras desempolva viejas consignas que ya fueron el preludio de tragedias históricas. El presidente Rodrigo Paz, en un gesto que parece inspirado más en un museo del autoritarismo que en la memoria plurinacional del Estado, pronuncia la tríada “Dios, patria y familia”, como si Mussolini no hubiese existido jamás o como si Hugo Banzer no hubiese inscrito su versión tropicalizada de ese credo en el imaginario político boliviano. Nadie puede fingir inocencia: estos lemas no son adornos retóricos; son marcas ideológicas que, cuando aparecen, suelen anunciar el rumbo que se quiere tomar. Y el rumbo rara vez ha sido democrático.
Resulta casi teatral que, en pleno siglo XXI y en una Bolivia que se concibió a sí misma como plurinacional, se vuelva a recitar la liturgia nacionalista de los viejos regímenes. Cuando el mandatario advierte, con una naturalidad pasmosa, que quienes no demuestren compromiso con “la patria bajo el mandato de su gobierno” deberán atenerse a las consecuencias, el lenguaje empieza a caminar peligrosamente hacia la frontera del autoritarismo. No se trata de una metáfora: es la actualización contemporánea de la clásica amenaza que sustenta todo proyecto fascista, esa que exige obediencia disfrazada de patriotismo y castigo legitimado como defensa del orden.
A ello se suma la voluntad simbólica de reinstalar escudos republicanos mientras se disuelven los signos plurinacionales, como si la diversidad estuviera sobrando en un país que justamente se definió por su multiplicidad. La sustitución de una iconografía por otra no es inocente; es un acto de ingeniería política destinado a reconfigurar el imaginario colectivo. El fascismo del siglo XX empezó exactamente así: recuperaciones “tradicionales” que parecían costumbristas, pero que eran en realidad el cemento ideológico del centralismo nacionalista que después devoró a pueblos enteros. Los fascismos nunca irrumpen a gritos: empiezan con símbolos, gestos, slogans y un enemigo difuso que justifica cada nueva restricción.
En esta lógica, la súbita fascinación del presidente por el modelo carcelario de Nayib Bukele resulta particularmente reveladora. En Bolivia no existe el fenómeno de pandillas al estilo salvadoreño, pero aun así se busca asesoría penitenciaria del mandatario más celebrado por la derecha global autoritaria. La pregunta surge sola, incómoda y urgente: ¿cárceles para qué tipo de amenaza?, ¿para qué tipo de enemigo interno? En los viejos manuales del fascismo, el disidente siempre encuentra un lugar reservado entre barrotes. La preocupación no es paranoia: la historia ya dejó suficientes ejemplos de cómo se construyen las justificaciones para encarcelar a quienes no encajan en el proyecto hegemónico.
Otro elemento que llama la atención es el acercamiento expedito con las élites económicas del oriente del país, aquellas que desde hace décadas impulsan agendas de reconfiguración territorial bajo nombres que mutan pero no se disipan: federalización, autonomía radical, nación camba. Estas ideas, presentadas como modernización o descentralización, han alimentado imaginarios separatistas que hoy pueden encontrar tierra fértil si el poder político central decide legitimarlas a cambio de apoyo. La balcanización nunca empieza con un decreto, sino con un guiño. Y el guiño ya ocurrió.
No es casual que, en Santa Cruz, se hayan producido episodios de furia simbólica, como los ataques al rostro del Che Guevara en espacios sindicales o la decisión municipal de reemplazar una avenida que llevaba su nombre por el de un jerarca eclesial. Son gestos que buscan reescribir la memoria, borrar referentes incómodos y celebrar una identidad política homogénea y conservadora. Mussolini y Hitler también empezaron destruyendo símbolos, retirando nombres, inhibiendo memorias alternativas para allanar el camino a una verdad única. Lo que ocurre en Bolivia hoy podría ser leído como un eco tardío de aquellas prácticas iniciales: pequeños golpes contra la pluralidad que, sumados, anuncian un proyecto ideológico de mayor escala.
El cuadro se completa cuando se observa la simpatía explícita hacia las corrientes neoconservadoras globales y hacia la figura de Donald Trump, cuya visión del mundo combina un autoritarismo nacionalista con un desprecio evidente por la diversidad, el multilateralismo y los derechos humanos. El alineamiento con esta agenda internacional no es irrelevante: los fascismos contemporáneos no se construyen en aislamiento; se articulan en red, se validan mutuamente y comparten métodos de domesticación social. Bolivia podría estar ingresando a ese circuito con una velocidad que la ciudadanía aún no dimensiona.
El peligro, en suma, no se encuentra en una frase suelta, ni en una visita diplomática, ni en el rediseño de un escudo. Se encuentra en la acumulación de todos estos elementos: el revival de lemas fascistas, las amenazas veladas al disenso, la recentralización simbólica de la nación, la alianza con élites interesadas en fragmentar el país, la importación de modelos punitivos sin necesidad real y el alineamiento ideológico con las derechas autoritarias globales. Cada pieza, por separado, podría parecer una anécdota; juntas, forman un mapa inquietante del rumbo político que el gobierno está insinuando.
La historia demuestra que los fascismos nunca se anuncian como tales. Llegan disfrazados de sentido común, de orden, de familia, de Dios, de progreso y de patria. El desafío para el país consiste en reconocer la sutileza del avance y comprender que las palabras, los símbolos y los gestos importan. Importan porque son la primera advertencia. Y las advertencias, cuando no se escuchan, se transforman en destinos.
El racismo y la xenofobia, lejos de ser accidentes colaterales, son el combustible de esta maquinaria. El migrante pobre se convierte en demonio, el musulmán en terrorista, el palestino en enemigo absoluto. Y detrás de esta narrativa se esconde la voluntad de imponer un Estado de excepción permanente, en el que el miedo opera como mecanismo de cohesión social. No es casualidad que los discursos religiosos se combinen con el despliegue militar: ambos buscan producir obediencia, ambos necesitan enemigos. El altar y el tanque se complementan, la cruz y el misil se retroalimentan.
El fundamentalismo religioso que se ha encarnado en los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump no es un accidente, sino la consecuencia previsible de una política que convierte a la religión en arma, al mesianismo en propaganda y a la violencia en mandato divino. Trump no habla como un estadista, sino como un telepredicador en horario estelar: sus palabras “Dios bendiga a Israel” no fueron un simple protocolo diplomático, sino la enunciación de un dogma político que sacraliza al Estado israelí y lo erige como símbolo incuestionable de un nuevo orden judeocristiano. En esa frase, cargada de teatralidad y arrogancia, se encapsula la peligrosa alquimia que convierte la fe en coartada, la política en cruzada y la guerra en liturgia.
Este fundamentalismo, que fusiona los intereses de la ultraderecha cristiana, el lobby pro-israelí y el aparato militar-industrial, configura un bloque de poder que se autoproclama portador de la “civilización occidental”. El guion es conocido: el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el pueblo elegido contra los bárbaros. La tragedia palestina se interpreta así como una ofrenda sacrificial en el altar del sionismo y el evangelismo político, donde Gaza se convierte en la metáfora brutal de la purificación del mundo mediante la destrucción de los impuros. El genocidio se blanquea bajo el lenguaje de la defensa, y cada bomba lanzada se justifica como un acto de fe: un salmo de acero, un rezo de fuego.
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El fenómeno es más que político: es teológico-político en el sentido schmittiano, donde la decisión soberana ya no descansa en la legalidad, sino en la voluntad de un líder que se arroga el derecho de decidir quién merece vivir y quién debe morir. Trump, como sacerdote de este nuevo orden, articula la promesa de un Estado supremacista, judeocristiano, blanco y conservador, que se define por la exclusión de los otros: migrantes latinoamericanos, musulmanes, afrodescendientes, mujeres que reclaman derechos, cualquier minoría que contradiga el mito de la pureza nacional. Se trata de una cruzada de frontera adentro y frontera afuera: hacia dentro, se erige el muro físico e ideológico contra los migrantes; hacia fuera, se avala la limpieza étnica en Palestina como mandato divino.
El racismo y la xenofobia, lejos de ser accidentes colaterales, son el combustible de esta maquinaria. El migrante pobre se convierte en demonio, el musulmán en terrorista, el palestino en enemigo absoluto. Y detrás de esta narrativa se esconde la voluntad de imponer un Estado de excepción permanente, en el que el miedo opera como mecanismo de cohesión social. No es casualidad que los discursos religiosos se combinen con el despliegue militar: ambos buscan producir obediencia, ambos necesitan enemigos. El altar y el tanque se complementan, la cruz y el misil se retroalimentan.
Europa, con su retórica de derechos humanos, no hace más que acompañar esta farsa con silencio cómplice o con diplomacia calculada. Los gobiernos europeos, herederos de su propio colonialismo, ven en esta alianza judeocristiana la posibilidad de recomponer un bloque civilizatorio frente a las amenazas de un mundo multipolar. Y en esa complicidad reside la confirmación de que el fundamentalismo no es patrimonio exclusivo de los desiertos árabes, sino que el Occidente ilustrado, con sus universidades y parlamentos, también puede volverse devoto de la violencia sacralizada.
Así emerge una nueva era de fundamentalismo religioso judeocristiano, que no tiene nada de espiritual y mucho de imperial. Una era que se presenta como defensa de la libertad, pero que solo ofrece obediencia; que invoca a Dios, pero lo reduce a un general de guerra; que se envuelve en la bandera, pero la mancha de sangre. Y mientras tanto, los pueblos del sur global, los desplazados, los condenados de la tierra, vuelven a ser las víctimas sacrificiales de una fe pervertida y de un poder sin límites, legitimado en nombre de un dios que, como en las peores pesadillas teológicas, parece haberse vuelto propiedad privada de un imperio.
Si se compara con otros fundamentalismos religiosos, la diferencia esencial radica en la escala y en la capacidad de imposición. El fundamentalismo islámico, por ejemplo, busca imponer un orden religioso-político en territorios específicos, pero carece del alcance global que tiene el fundamentalismo judeocristiano respaldado por Estados Unidos. El fundamentalismo hindú en la India se despliega como un nacionalismo religioso que oprime a minorías musulmanas y cristianas, pero tampoco dispone de la infraestructura imperial que garantiza a Occidente la capacidad de convertir su dogma en norma internacional. En cambio, el fundamentalismo occidental se presenta como universal y civilizatorio: no es “una creencia más”, sino “la verdad absoluta”, capaz de definir qué es democracia, qué es terrorismo, qué es paz y quién merece vivir o morir.
Lo más perturbador es que este fundamentalismo de corte occidental no se reconoce como tal, pues su mayor éxito es haber convertido su dogma en sentido común global. Al señalar con el dedo al islam político, lo presenta como lo otro radical, mientras invisibiliza su propia condición teocrática. Sin embargo, la estructura es idéntica: ambos construyen un enemigo absoluto, ambos legitiman la violencia como mandato divino, ambos convierten la política en cruzada. La diferencia está en que uno es narrado como amenaza terrorista y el otro como garante de la libertad mundial.
La hegemonía imperial se sostiene, entonces, en una lógica que combina poder militar, lobby religioso y supremacía cultural. El fundamentalismo occidental no necesita proclamarse como tal porque ha colonizado el lenguaje mismo: cuando bombardea, lo llama “intervención humanitaria”; cuando asesina poblaciones enteras, lo denomina “defensa propia”; cuando oprime, se reviste del discurso de la democracia. Y, en esta farsa, el mundo occidental se convence de que combate el fanatismo religioso, mientras en realidad ha caído de lleno en él, con la particularidad de haberlo institucionalizado como orden global.
La época actual se presenta bajo la siniestra consigna de la “paz por la fuerza”, un oxímoron que revela con crudeza la verdadera naturaleza del orden mundial impulsado por el fundamentalismo judeocristiano. Lo que en el discurso oficial se proclama como defensa de la seguridad y de los valores democráticos, en la práctica se traduce en la imposición de una paz fascista: una paz que solo puede existir sobre los escombros del enemigo derrotado, una paz que necesita del exterminio para sostenerse. En Gaza esta fórmula alcanza su máxima expresión: el genocidio se comete con la bendición de la religión y con la complicidad de las potencias que han transformado la fe en doctrina militar.
Israel se convierte así en el brazo armado de esta religión política, la espada sagrada que lleva adelante la limpieza de los “impuros”, mientras Estados Unidos asume el papel de jerarca ideológico y militar que provee armas, financiamiento y legitimidad. El poder imperial ya no se disfraza de neutralidad: se proclama abiertamente como protector de la violencia, garante de la ocupación y tutor de un proyecto que no solo oprime a Palestina, sino que amenaza con normalizar el exterminio como mecanismo legítimo de gobierno global. Se trata de una alianza teocrática que ha sustituido la diplomacia por la cruzada, el derecho internacional por la guerra santa, el respeto a la vida por la lógica sacrificial.
El silencio cómplice del mundo tampoco es un accidente, sino el resultado del miedo y de la subordinación. Europa, atrapada en su propia debilidad moral, se limita a condenas tibias que no alteran el curso de los hechos, mientras los organismos internacionales, despojados de autoridad, apenas registran cifras que pronto se convierten en estadísticas olvidadas. Ningún Estado con poder real se atreve a detener la tiranía porque hacerlo significaría enfrentar al imperio y cuestionar los cimientos de un sistema global que se sostiene en la sumisión. El precio de la verdad es demasiado alto, y el cálculo político se impone sobre la dignidad humana.
Lo que está en juego ya no es únicamente la existencia del pueblo palestino, aunque este sufra en carne propia la brutalidad del exterminio, sino el destino mismo de la civilización humana. Nunca antes el discurso religioso, convertido en dogma político, había alcanzado esta capacidad de legitimación de la barbarie. La nueva era del fundamentalismo judeocristiano anuncia un mundo donde la “paz por la fuerza” se normaliza como principio rector, donde el exterminio de poblaciones enteras se convierte en un instrumento aceptable de gobierno. Es la amenaza más grave de nuestra época: el riesgo de que la humanidad entera se acostumbre a vivir bajo una tiranía sagrada que destruye en nombre de Dios y gobierna en nombre de la libertad.
Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.
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El día domingo 17 de agosto de 2025 se tiene programada la realización de las elecciones generales en Bolivia. Esto implica la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados para el periodo 2025–2030, información ratificada por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estas elecciones generales, en esta ocasión, son particularmente peculiares y se desarrollan en un contexto de profunda desesperación de sus habitantes, en medio de la escasez de dólares (como moneda hegemónica global) y de combustibles fósiles, lo cual ha generado endeudamiento para subvencionarlos.
En ese escenario, y con base en la funesta historia extractivista de Bolivia, este artículo de análisis pretende profundizar en las propuestas (enmascaradas o no) de los candidatos y la candidata respecto al extractivismo y los neoextractivismos, con el objetivo de indagar en el futuro del país.
Es así que la alianza Unidad, con su candidato, el empresario Samuel Doria Medina, en su programa de gobierno Unidos, pongamos Bolivia a trabajar, plantea corregir el extractivismo y dejar de pensar en el crecimiento económico para enfocarse en el “progreso”. ¿Progreso para quién? Afirma: “tenemos todo en el suelo y en el subsuelo (…) pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados”, denotando una visión totalmente antropocéntrica y mercantilista de la vida, al concebir los bienes comunes de la naturaleza como simples recursos para el beneficio de algunos seres humanos. Para este candidato y su alianza, en Bolivia existe una ausencia de ambición tecnológica que nos atrasa y empobrece, y un modelo económico equivocado, entre otros diagnósticos. Para remediar esta situación, en sus primeros 100 días de gestión solicitará toda la ayuda internacional posible para “devolver” los dólares al país: cielos abiertos para inversiones nacionales y extranjeras. La pregunta es: ¿cuál será el costo?, ¿cómo pagaremos semejante “ayuda”?, ¿acaso con este modelo la naturaleza dejará de ser sacrificada?
En ese mismo contexto, Doria Medina afirma: “Ha llegado la hora de pensar en una patria donde se produce, industrializa y exporta alimentos orgánicos” (sin considerar que estos no son la solución y ni siquiera se aproximan a los principios de la agroecología), “donde se aprovecha sin destruir la riqueza forestal, donde se hace exitosamente biocomercio y ecoturismo”. Sin embargo, en el Foro Agropecuario de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), grupo de poder político y económico por excelencia, Doria Medina aseveró textualmente: “Si se tiene que elegir entre la producción y el medio ambiente, elegiré la producción sin dudarlo”, en una suerte de demagogia pura y una vampiresca simulación de salvador.
De igual forma, en su plan de gobierno, Doria Medina habla abiertamente de generar divisas a partir de la venta de certificados de reducción de dióxido de carbono (CO₂), lo cual supone la mercantilización de la naturaleza mediante los mercados de carbono: una falsa solución a la crisis climática, una continuación del ciclo extractivista de los bosques, con afectaciones a comunidades indígenas y una prolongación del colonialismo climático entre el norte y el sur global.
La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, si bien proclama en su plan de gobierno que el modelo económico extractivista debe quedar en el pasado y propone un modelo de desarrollo más sostenible con una “industrialización verde”, manifiesta una clara inclinación hacia el llamado capitalismo verde (una estrategia del capitalismo para adaptarse a la crisis ambiental sin transformar su lógica de acumulación). Asimismo, Andrónico habla de la urgencia de una transición energética y ecológica, apostando por tecnologías mal denominadas “limpias”, como la eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, las cuales funcionan como mecanismos de subordinación que perpetúan estilos de vida extremadamente consumistas tanto en el país como en los países del norte global. En definitiva, para que una transición energética sea verdaderamente justa, se requiere justicia a nivel global, no solo regional.
El plan de gobierno de Andrónico presenta contradicciones de fondo. Si bien critica el extractivismo, su principal bandera es la extracción del litio, cuya explotación compromete ecosistemas y sistemas de vida altamente vulnerables. Afirma que se producirán baterías de litio, aunque, bajo la lógica del mercado internacional, este negocio ya no es rentable. Los precios internacionales, que alcanzaron entre 70.000 y 80.000 dólares por tonelada en 2022, han caído drásticamente, situándose actualmente en aproximadamente 10.000 dólares por tonelada.
El plan de gobierno de Nueva Generación Patriótica —cuyo candidato, el economista Jaime Dunn, fue recientemente inhabilitado para las elecciones— propone un modelo económico mixto que revela una contradicción profunda: asegura que se “logrará” corregir la dependencia del modelo extractivista, pero sin renunciar a los avances sociales de los últimos años. Menciona que no se trata de un estatismo cerrado ni de un neoliberalismo excluyente, pero encubre un enfoque netamente produccionista. Disfraza el extractivismo agrícola del modelo cruceño como una alternativa de diversificación económica y agroexportación. Asimismo, intenta realizar un lavado verde (greenwashing), aparentando una responsabilidad ambiental que no existe. Dentro de su propuesta “ecológica” incluso se contempla el impulso a proyectos hidroeléctricos, ampliamente conocidos por su alto impacto ambiental negativo, incluso a escala paisajística.
El candidato y ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, subraya sistemáticamente en su discurso la necesidad de crecimiento económico. Habla de “caminos correctos” y de gobernar “con el corazón en la izquierda para ayudar a los pobres”; sin embargo, el término “pobres” resulta peyorativo. Debería hablarse de personas empobrecidas y de las desigualdades estructurales que arrastran de forma invisible, siendo uno de los resultados nefastos del extractivismo. Su discurso continúa posicionando abiertamente el “desarrollo” y el aumento de la producción, aun en medio de una crisis energética en un país altamente dependiente de fuentes fósiles. Esto demuestra, una vez más, que para la Alianza Libre, Bolivia permanece al margen de la transición energética global.
Desde 2020, Tuto sostiene abiertamente que Bolivia necesita una política de salvataje internacional con ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional), en una lógica de endeudamiento perpetuo, destinada a sostener un nivel de vida que solo beneficia a unos cuantos, cuyas deudas son pagadas con recursos provenientes del extractivismo. Y no se debe olvidar que el FMI no presta por filantropía; detrás de esos préstamos hay una imposición de políticas de ajuste estructural que afectan gravemente a los países.
El MAS–IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), con Eduardo del Castillo como rostro visible, menciona en su plan de gobierno la implementación del “Plan de Restauración Inmediata de los componentes de la Madre Tierra”, con participación social y tomando en cuenta la gestión del territorio. Sin embargo, cabe preguntarse: durante todos estos años de gobierno, ¿acaso lograron restaurar siquiera uno de los más de 104 pasivos ambientales —productos tangibles y aparentemente eternos de lo salvaje que es el extractivismo— existentes solo en el departamento de Potosí? Pareciera que han olvidado el desastre del colapso del dique de colas de Andavillque en Llallagua, Potosí, un ejemplo claro de la inacción del Estado.
Del Castillo también afirma en su plan de gobierno que se promoverán “patrones de producción y hábitos de consumo compatibles con la Madre Tierra”, cuando es ampliamente sabido que el MAS–IPSP ha sido el principal aliado incondicional del agronegocio en Bolivia, cuya producción y hábitos de consumo son absolutamente incompatibles con la Madre Tierra.
Asimismo, Del Castillo menciona que en su gobierno se realizará el control y supervisión de las industrias extractivas. ¡Claro! En las gestiones de gobiernos anteriores nadie hizo control ni supervisión; por eso Bolivia es tierra de nadie, aunque pertenezca a los extractivistas. Además, enfatiza que dichas industrias “generarán fondos para el desarrollo de las comunidades y para fomentar la investigación y la tecnología”; es decir, además de extraer los bienes comunes, se pretende imponer un concepto de desarrollo hegemónico a las comunidades. Esta concepción dista mucho del desarrollo sostenible; se trata, en cambio, de una continuación del capitalismo verde y el neoextractivismo promovidos por gobiernos que se autodenominan de “izquierda”, pero que en la práctica carecen de verdaderas políticas públicas de izquierda.
Por otro lado, la agrupación MORENA (Movimiento de Renovación Nacional), con la única candidata mujer a las elecciones presidenciales, Eva Copa, señala en su programa de gobierno: “la ausencia de políticas de protección ambiental efectivas y el avance indiscriminado del extractivismo han vulnerado los Derechos de la Madre Tierra”. No obstante, continúa apostando por el produccionismo en sectores estratégicos como el minero y el hidrocarburífero. Considera que la industrialización del litio es la solución y la base que debería reemplazar al gas en la economía nacional, aunque plantea renegociar los términos con empresas extranjeras. Eva Copa también apuesta por la exploración de tierras raras —que incluyen elementos como escandio, itrio, lantano, cerio, entre otros, esenciales para la tecnología moderna— en una evidente apuesta por el extractivismo, esta vez de tierras raras. Pregonando la integración económica de las mayorías, surge la pregunta: ¿y qué ocurre con las minorías?
Propone además una reestructuración institucional profunda, destacando su intención de crear un Instituto Plurinacional de Ética Pública, como si se tratara de la panacea para uno de los países más corruptos de la región, como lo es Bolivia.
MORENA propone la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Si bien esta propuesta podría parecer un pincelazo hacia la justicia social, continúa sesgando la implicancia profunda del concepto de cuidado, pues lo limita exclusivamente a la relación de ser humano a ser humano, reduciendo así un tema complejo a un mero antropocentrismo. En contextos extractivistas como el boliviano, el debate sobre los cuidados exige un análisis más amplio desde la ética y la estética de los cuidados.
Hablar de ética de los cuidados implica comprender que existe una relación de interdependencia y afectividad no solo entre personas, sino también con el medio ambiente y la Madre Tierra, donde todas las formas de vida dependen unas de otras. Por su parte, la estética de los cuidados se relaciona con las formas de habitar la tierra: el respeto, la sensibilidad, la reciprocidad, acciones y mecanismos que, en el contexto de extractivismo arraigado en Bolivia, se encuentran anestesiados, dormidos o, peor aún, eliminados. Esto ocurre a pesar de que Bolivia, en el marco de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien, proclama —con retórica poética— principios como la reciprocidad y el equilibrio. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: Bolivia continúa siendo un país capitalista con maquillaje socialista, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con su imaginario de salvadora y supuesto motor de la economía, convocó a un foro con los candidatos presidenciales, en el cual todos, sin excepción, buscaron acomodarse con discursos para agradar a este sector.
Si bien existen otros frentes políticos en disputa en las elecciones generales de Bolivia, sus planes de gobierno no están fácilmente accesibles en la web, lo que impide un análisis riguroso y público de sus propuestas.
A partir de este análisis, se puede concluir que todos los candidatos llevan como bandera el eje económico en sus planes de gobierno. Si bien atravesamos un momento económicamente crítico, la temática ambiental permanece relegada, como un sedimento en el lecho de un río caudaloso. Los candidatos y la candidata en esta carrera electoral no colocan la vida en el centro de su apuesta ética y política.
Los discursos de progreso, de libertad y de superación del extractivismo son recurrentes, mientras los mismos candidatos portan cascos de minero en sus campañas, apelando a un símbolo asociado a grupos históricamente beneficiados por el extractivismo y el neoextractivismo, como el sector minero corporativizado, que incluso se jacta de la «identidad minera». Ninguno de los candidatos ni la candidata menciona alternativas al desarrollo, un modelo ampliamente cuestionado, pues nos está conduciendo a vivir el capitaloceno: la era del capital, en la que la crisis ecológica no ha sido causada por toda la humanidad, sino por un sistema económico específico: el capitalismo. Bolivia parece una isla mediterránea, aislada de la policrisis que atraviesa el mundo.
Las visiones de los candidatos se centran exclusivamente en el supuesto bienestar de “la gente”, sin siquiera mencionar a las otras formas de vida. Esto resulta aún más grave si se considera que Bolivia es uno de los países más megadiversos del mundo en términos de biodiversidad.
Los contendientes ni siquiera hacen alusión al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), una herramienta clave en la lucha contra el extractivismo. Se desconoce si el país mantendrá o ratificará su adhesión al acuerdo, y preocupa que Bolivia no contribuya al Fondo Voluntario del Acuerdo de Escazú, lo cual evidencia desinterés y falta de voluntad política. Esta omisión es aún más alarmante, considerando que, en mayor o menor grado, todos los candidatos y la candidata promueven en sus planes de gobierno la continuidad del modelo extractivista y la violencia estructural que lo acompaña.
Ningún candidato menciona cómo el país enfrentará la crisis y emergencia climática global, la cual genera riesgos evidentes y que, además, afecta de manera selectiva y más severa a países vulnerables como Bolivia.
Todos los candidatos dicen hablar en nombre de “los pobres”, pero se reúnen con los grupos de poder económico, político y social, como la CAO, heredera directa de los intereses de la oligarquía agraria. Entonces surge una pregunta ineludible: ¿por qué no se reúnen con las amas y amos de casa, quienes sostienen sobre sus espaldas —de forma invisible— al sistema capitalista a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? En una sociedad siniestra que invisibiliza estos trabajos, la explotación de la naturaleza sigue siendo el negocio más rentable.
Las opciones en la carrera electoral boliviana apuestan por el litio como si fuera la gallina de los huevos de oro, reproduciendo un bucle interminable de extracción y despojo para continuar apoyando la descarbonización de las economías globales. Sin embargo, se sabe que la caída de los precios internacionales del litio obedece a una combinación de factores: el aumento de la oferta y la desaceleración de la demanda. Bolivia no es ajena a esta situación; también ha ingresado en esta lógica, sin revisar críticamente su inserción en un mercado volátil y altamente especulativo.
Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.
Los tiempos oscuros no anuncian su llegada con relámpagos. Llegan con acuerdos, con sonrisas, con llamadas al “centro”. Llegan porque alguien dejó la puerta abierta. Y hoy esa puerta no está abierta: está derrumbada. La izquierda, en su orgía de destrucción interna, ha decidido suicidarse en vivo. Y los fascistas, cómodamente sentados, gozan del espectáculo. Saben que sólo deben esperar el acto final para entrar en escena. Esta vez, sin máscaras. Porque esta vez, si ganan, no dejarán títere con cabeza.
Bolivia, esa herida abierta entre el desierto y la montaña, vuelve a sangrar. No por manos extranjeras, como tantas veces nos repitió el mito fundacional del antiimperialismo, sino por una implosión autoinfligida, visceral, casi ritual. La izquierda, antaño bastión de esperanza popular, hoy baila al borde del abismo, arrastrada por el ego de un caudillo que ha confundido su cuerpo con el cuerpo del Estado y su voluntad con la historia misma. No se trata ya de errores tácticos o de diferencias ideológicas. Se trata de un culto a la permanencia que ha superado todo principio de racionalidad política. Evo Morales no dirige una corriente: preside un delirio.
La patología del poder tiene en Bolivia su propio nombre y apellido. Y es esta enfermedad —no ideológica, sino pulsional— la que ha abierto las puertas al viejo enemigo. Porque mientras la izquierda se desangra en una guerra de egos y lealtades fallidas, el fascismo acecha. No como un espectro ajeno, sino como una parte constitutiva de nuestra memoria política. Bolivia no es ajena al fascismo; lo ha cobijado, maquillado, y reciclado bajo formas siempre nuevas. Lo hemos visto con botas y con corbata, con crucifijo y con uniforme, en las cámaras legislativas y en las calles encapuchadas. No es un retorno. Es una continuidad.
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Pero esta vez, la catástrofe no vendrá desde la sorpresa ni desde el golpe. Vendrá con los brazos abiertos por quienes, desencantados, confundan orden con justicia, castigo con moral, y exterminio con renovación. Porque la derecha boliviana ha aprendido algo de su último fracaso: las máscaras funcionan. Ya no necesita gritones: necesita gerentes. Los herederos de Camacho y compañía, aunque estén entre rejas o en el limbo judicial, no han perdido su voz. La han moderado. Han aprendido a disfrazarse de esperanza. Han domesticado el odio con gramática tecnocrática. Y mientras la izquierda se aniquila, ellos afilan los cuchillos con discursos de gestión, promesas de eficiencia y nostalgia de un país “que funcionaba” bajo la bota.
Todo esto no sería tan eficaz si no fuera por el espectáculo grotesco que ofrece la izquierda. Como si de una tragedia barroca se tratara, el viejo líder organiza la implosión con precisión quirúrgica, convencido de que todo lo que no es él es traición. Cede así el escenario a sus enemigos, como un rey decadente que incendia el palacio antes de abandonar el trono. En esta escena no hay héroes, sólo ruinas. Y los espectadores, agotados, aplauden la caída sin saber que lo que viene después no será redención, sino castigo.
Detrás de los candidatos “sexis” (término utilizado por uno de los candidatos a la vicepresidencia de una alianza de derecha), de los logos renovados y de los discursos centrados en la productividad y la seguridad, se esconde el núcleo duro del fascismo boliviano: racista, colonial, misógino y vengativo. No quieren gobernar: quieren arrasar. No buscan reconciliación: desean revancha. Y saben que ahora tienen una oportunidad que no pueden dejar pasar. Porque la democracia boliviana —frágil, maltratada, instrumentalizada— ha perdido sus defensores más consistentes, que se han convertido en verdugos de sí mismos.
El nacionalismo y el regionalismo —esos viejos diablos que siempre vuelven cuando el hambre y el odio se combinan— resuenan con fuerza renovada. Y no ya sólo en las bocas de los ultraderechistas de siempre, sino también en quienes, decepcionados por la podredumbre del progresismo, buscan respuestas fáciles a dolores reales. Así se construyen los monstruos: no con ideas, sino con resentimientos. La cárcel no es su fin. Es su marketing. Se venden como mártires y se preparan como conquistadores.
En esta coreografía macabra, Evo y sus fieles no son antagonistas del fascismo: son su antesala. Cada error, cada persecución a la disidencia, cada decisión autoritaria del viejo caudillo es un regalo a sus enemigos, que no tendrán que hacer el trabajo sucio de destruir la izquierda, porque ya está hecha pedazos. Sólo deben esperar, al acecho, que el cadáver enfríe para tomar el poder sin resistencia.
Y cuando lo hagan —porque lo harán, si nada cambia— no habrá espacio para la ingenuidad. Vendrán por todo. Vendrán por la memoria, por la historia, por la tierra y por los cuerpos. Vendrán con leyes y con balas, con alianzas internacionales y con milicias locales. Vendrán a purgar, como siempre han querido, lo que consideran una desviación: el mestizaje insolente, el indígena politizado, el pobre empoderado.
Los tiempos oscuros no anuncian su llegada con relámpagos. Llegan con acuerdos, con sonrisas, con llamadas al “centro”. Llegan porque alguien dejó la puerta abierta. Y hoy esa puerta no está abierta: está derrumbada. La izquierda, en su orgía de destrucción interna, ha decidido suicidarse en vivo. Y los fascistas, cómodamente sentados, gozan del espectáculo. Saben que sólo deben esperar el acto final para entrar en escena. Esta vez, sin máscaras. Porque esta vez, si ganan, no dejarán títere con cabeza.
Trump no es un accidente, sino el resultado lógico y previsible de una sociedad que ha internalizado la idea de que el mundo existe para obedecer, consumir y someterse. Su figura no es ajena a la historia del poder, pero sí representa una mutación inédita: el tirano que ríe, que baila, que tuitea su furia y ejecuta su voluntad como si se tratara de un guion de espectáculo global. Su mandato es simple y brutal: el planeta debe alinearse a sus intereses, o enfrentar las consecuencias.
La sociedad estadounidense, sumida en su desvarío capitalista, ha cometido un acto revelador de su decadencia al consagrar como líder al arquetipo perfecto de su tiempo: Trump, un empresario inmobiliario convertido en figura mediática, un ídolo de masas moldeado por el mercado, por la pantalla, por la lógica del espectáculo. No fue un error casual, sino la consecuencia directa de una cultura que glorifica el éxito material sin escrúpulos, que confunde riqueza con virtud y que aplaude al que aplasta sin mirar atrás. La figura del showman millonario, Donald Trump, se convirtió en el espejo más nítido del alma vacía de esta sociedad: una amalgama de consumo, ambición y banalidad. Y mientras las masas lo aclamaban, creían elegir libertad, pero estaban entregándose, esta vez, a un tirano disfrazado.
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Detrás de los gestos estudiados, de las frases provocadoras que encantaban a la audiencia acostumbrada de rating y escandalizaban a los progresistas inertes, se escondía un ser forjado en el molde del fascista imperial moderno: un megalómano sin límites, adicto a la adulación, que manipula con maestría los deseos más oscuros del pueblo —miedo, odio, orgullo —. Este nuevo emperador no necesita uniforme ni saludo romano: le basta con un micrófono, cobertura mediática y una puesta en escena. Es la culminación del capitalismo en su fase más grotesca, donde el poder se ejerce a través de la ficción mediática y la economía de la emoción. Seduce como un artista, actúa como un dictador, destruye como un imperio.
Pero el verdadero horror de este momento histórico radica en que nunca antes el emperador ha tenido tanto poder para destruirlo todo. A diferencia de los déspotas de antaño, que al menos estaban limitados por las distancias y los tiempos del hierro y la pólvora, este nuevo César tiene bajo su control la tecnología, los mercados globales, los arsenales nucleares y el imaginario colectivo adormecido e idiotizado. El capitalismo tardío, en su paroxismo, no ha producido simplemente desigualdad y devastación: ha engendrado su propia criatura terminal, un monstruo que, mientras baila en el escenario de un imperio decadente, amenaza con el colapso total. Y aún así, no pocos estadounidenses lo aclaman, lo siguen, lo consumen… como quien aplaude el espectáculo del fin.
Saber si este emperador es simplemente un síntoma de la locura terminal del imperialismo en su fase agónica o la encarnación de un plan deliberado de dominación absoluta es una pregunta cuya respuesta quizá solo se revele en la ruina. Lo que sí es claro —y visible a los ojos de quienes aún se resisten al embrutecimiento general— es el avance de un régimen cada vez más autoritario que disfraza de “seguridad nacional” la represión, y de “patriotismo” el miedo. Paradójicamente es en Estados Unidos mismo, que el terror se instala como política de Estado: el aparato judicial ya no administra justicia sino venganza y sumisión a Trump; las universidades, antes bastiones de pensamiento crítico, ahora enfrentan la asfixia económica si osan disentir (Véase el caso de la universidad de Harvard); las deportaciones inhumanas y en muchos casos incluso ilegales (Véase el caso de Kilmar Abrego) se ejecutan con frialdad industrial; las visas se revocan como castigo ideológico. La maquinaria del poder se ajusta para instalar un nuevo orden basado en el castigo, el control y el pánico, donde la voz del emperador es la única ley.
Este viraje fascista no es fortuito: responde a una lógica de poder que necesita enemigos constantes para sostener su legitimidad interna. Así, la guerra de aranceles —una guerra sin sangre visible pero con víctimas múltiples— no solo persigue redibujar el mapa del comercio, sino reinstaurar una hegemonía que el capitalismo globalizado, en su propia contradicción, ha empezado a corroer. Estados Unidos, que antaño diseñó y propagó el orden neoliberal como instrumento de dominio, ahora observa con pánico cómo ese mismo orden se vuelve en su contra. China, emerge como un jugador astuto, que ha aprendido a operar dentro de las lógicas del capitalismo global con más disciplina, cálculo y eficacia que el propio país que lo ideó. No es solo un rival económico: es el reflejo deformado de un sistema que ha dejado de estar bajo el control exclusivo de sus creadores. Y eso desquicia aún más al emperador. Porque su proyecto no es simplemente gobernar: es no perder jamás, es humillar, dominar, aplastar. Pero al enfrentarse a un adversario que no puede doblegar sin desatar una catástrofe global, sus decisiones se tornan más erráticas, más violentas, más suicidas. Así, mientras la sociedad estadounidense aplaude o calla, el emperador avanza, no hacia la gloria, sino hacia la distopía final que aguarda al capitalismo cuando se mira en el espejo de su propia monstruosidad.
Trump no es un accidente, sino el resultado lógico y previsible de una sociedad que ha internalizado la idea de que el mundo existe para obedecer, consumir y someterse. Su figura no es ajena a la historia del poder, pero sí representa una mutación inédita: el tirano que ríe, que baila, que tuitea su furia y ejecuta su voluntad como si se tratara de un guion de espectáculo global. Su mandato es simple y brutal: el planeta debe alinearse a sus intereses, o enfrentar las consecuencias. No hay diplomacia, no hay convivencia, solo dos opciones: servidumbre o aniquilación. País tras país es empujado a someterse a su visión distorsionada del orden mundial, en la que el valor de las naciones no se mide por su soberanía ni su dignidad, sino por su grado de utilidad para el imperio. El multilateralismo, la paz, los pactos, son ruinas obsoletas ante la imposición de un neofeudalismo global con centro en Estados Unidos.
Los multimillonarios del mundo, antaño operadores invisibles tras bastidores, han abandonado toda pretensión de neutralidad o filantropía y se han lanzado de lleno a la escena política, consolidando una oligarquía fascista global que ya no teme mostrarse como el verdadero poder detrás del poder. Con sus fortunas obscenas —acumuladas sobre el sudor precarizado de millones—, estos titanes del capital se han aliado, de forma abierta o encubierta, con el nuevo emperador, financiando campañas, algoritmos, guerras culturales y legislaciones a su medida. Sus intereses son claros: desmantelar los restos del Estado social, privatizar todo lo que se pueda privatizar y colocar al planeta entero como una mercancía más en sus portafolios de inversión. Han abolido toda frontera entre el mercado y el Estado, convirtiendo la política en una rama menor de la economía especulativa. Lo que antes era dominio sutil hoy es dictado directo: los ricos gobiernan, los pueblos obedecen, o son descartables.
Las consecuencias de la guerra comercial desatada por el emperador Trump contra China no son meras disputas arancelarias: son el preludio de una tormenta global. Lo que comenzó como una disputa por hegemonía tecnológica y control de cadenas de suministro podría desencadenar una inflación desbocada en todos los rincones del planeta, encareciendo alimentos, medicinas, energía y bienes esenciales. En esta nueva fase del capitalismo de guerra, es muy posible que las economías periféricas colapsen, que las deudas se tornen impagables y que los conflictos sociales sean sofocados mediante una represión brutal y sistemática. El caos podría generalizarse, con países que tal vez se desmoronen, regiones que entren en guerra y oleadas migratorias que huyan desesperadamente de territorios transformados en desiertos económicos y ecológicos. No sería improbable que, mientras tanto, los amos del capital se rearmen y vendan armas a todos los bandos, participando así de un banquete necropolítico que podría convertir cada crisis en una nueva oportunidad de negocios obscena.
Lo que vendría, entonces, podría no ser simplemente una etapa más de decadencia, sino un escenario en el que la escasez sea administrada deliberadamente, donde el hambre funcione como herramienta de dominación y las naciones se vean obligadas a escoger entre la servidumbre o el colapso. En este horizonte posible, la humanidad podría rendirse ante su propia pulsión de muerte, aplaudiendo y consumiendo, como último acto de negación, el espectáculo terminal de su autodestrucción.
Pero escasamente se ha hablado y contextualizado sobre como es menstruar en territorios afectados por el extractivismo minero. Los territorios donde la minería opera, esta doble opresión se vuelve brutalmente visible. Las empresas mineras acaparan o contaminan fuentes de agua, y al mismo tiempo, las mujeres y personas menstruantes enfrentamos condiciones indignas para gestionar nuestros ciclos menstruales, agravados por la falta de agua, baños, insumos, privacidad y educación menstrual.
La menstruación en la historia, ha sido motivo de vergüenza, de suciedad, ha sido un tabú. Actualmente muchos de los movimientos feministas están rompiendo estos esquemas, y se ha recorrido un camino muy largo en la desestigmatizacion de la menstruación y avanzar hacia la dignidad menstrual de todxs, quienes menstruamos o hemos menstruado
Pero escasamente se ha hablado y contextualizado sobre como es menstruar en territorios afectados por el extractivismo minero. Los territorios donde la minería opera, esta doble opresión se vuelve brutalmente visible. Las empresas mineras acaparan o contaminan fuentes de agua, y al mismo tiempo, las mujeres y personas menstruantes enfrentamos condiciones indignas para gestionar nuestros ciclos menstruales, agravados por la falta de agua, baños, insumos, privacidad y educación menstrual.
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En ese contexto, la niñas, mujeres menstruantes y personas menstruantes en zonas donde el extractivismo minero se ha emplazado y se ha quedado sin permiso alguno, transitamos y hemos transitado nuestra menstruación en la clandestinidad, en el miedo, la vergüenza, en la duda, e incluso en el asco, más aun en un contexto minero machista que tilda, que invisibiliza y que utiliza a las mujeres como objetos meramente de reproducción.
En ese escenario me permito llevarlos a volar sobre el Cerro Rico de Potosí, una de las montañas con más minerales y riquezas importantes para los humanos. En las faldas de esa montaña, en las áreas aledañas a este cerro, la menarquia no llega sola, llega con la vergüenza, la falta de agua, el estigma y la soledad.
No hay agua en nuestras casitas tipo cubículos, solo hay agua en piletas públicas pero por horas definidas, no hay baños en las casas y estamos en pleno siglo XX.
En los baños públicos la cuya privacidad es escasa, unos cubículos divididos por dos paredes inconclusas, que hacían de divisoria; estos cubículos, carecían de puertas; por ende las instalaciones de los baños no eran seguras, si no contabas con agua para asearte en el lugar, menos había agua potable para el aseo.
Una vez llegabas al baño público: tenías que hacer fila para tu turno y cambiarte la toalla higiénica (si es que contaban con ella), muchas veces otras usuarias del baño te veían mientras te cambiabas, y eso no era intencional era ocasional….más que eso era precariedad.
Otra opción para la “higiene” menstrual, era buscar un lugar recóndito dentro de casa, para poder cambiarte y “asearte” – lo pongo entre comillas, porque la menstruación no es motivo de suciedad – porque recordemos que en los baños públicos ni puertas habían.
Ahora imagina: No existe tampoco sistema de recolección de basura para disponer los residuos de la menstruación. El servicio de recolección de basura se instauro en Potosí, y con seguridad en muchos de los centros mineros a partir de la segunda mitad de la década de mil novecientos noventa, en ese escenario, muchas de las habitantes de estas áreas mineras, no contamos con Instalaciones funcionales para usar, desechar o limpiar la protección menstrual (ejemplo las toallas higiénicas). ¡Adivinaste¡, los residuos eran dispuestos en la clandestinidad, en los basureros clandestinos, montado y sentados en medio o al rededores de la montaña más rica del mundo.
Por eso recuerda: cuando te digan que la minería es “progreso”……La minería no ha lograda tan siquiera garantizar servicios básicos en sus zonas de sacrificio, menos ha garantizado ni garantiza menstruaciones dignas.
Porque lo que no sabíamos que desde aquel entonces y hasta ahora estábamos compitiendo con los ingenios mineros por el acceso al agua, y que desgraciadamente la balanza se ha inclinado siempre hacia el lado de las operaciones mineras. En ese contexto hablar de dignidad menstrual es una odisea.
Todo esto aunado con que las fuentes de agua disponibles estaban y están en constante riesgo de ser contaminadas, dificultando un manejo de nuestra menstruación de forma segura y digna
En esa trama en medio del extractivismo minero en Potosí la menstruación es un factor catalizador de las desigualdades sociales estructurales, porque expone a peligros, menoscaba derechos fundamentales, discrimina, y no dignifica la vida. Porque en las zonas mal llamadas “mineras” (porque son territorios con actividad minera impuesta), el estigma y exclusión se amplifican porque al Estado y menos a las empresas mineras se interesa la dignidad menstrual.
La dignidad menstrual, en este sentido, es también una lucha contra el modelo extractivo que niega el derecho a una vida digna. Todo esto se constituye en injusticias ambientales y de género, tatuadas en nuestra dignidad como personas menstruantes.
¡Queremos dignificar la menstruación, como un proceso: Natural, trasformador, saludable y revolucionario!
¡Queremos poner en las agendas públicas, que la actividad minera menoscaba la dignidad menstrual!
En ese contexto los potosinos nacimos respirando aire enrarecido, viendo el paisaje plomizo (por los residuos minero metalúrgico), atrapados en un sueño de terror del que no podemos despertar, porque la minería ha dominado el territorio desde la colonia hasta hoy, convirtiendo a nuestra tierra en una Zona de Sacrificio Ambiental, concepto que describe lugares donde las fuentes de contaminación no han sido motivo de agencia, las vidas no importan y solo se valoran los réditos económicos. Estas áreas son la máxima expresión de las desigualdades socioambientales y, lamentablemente, Potosí encarna todas ellas.
Cuentan las leyendas potosinas que el primero de abril de 1545, el cerro Rico de Potosí en Bolivia fue “descubierto”, las condiciones apuntan a que esa fecha marcó el inicio de un destino nefasto para la historia de este territorio. Fue el inicio de una desposesión violenta, del despojo, del saqueo, de la injusticia social –ambiental, un tránsito violento vinculado a una identidad minera tatuada en los cuerpos de sus habitantes.
Ahora: Imagina ser un ave migratoria que regresa a Potosí el dos de abril de 1545, el olor a tierra mojada ha desaparecido, el agua no refleja siluetas; al presente el aire está invadido de químicos extraños. Han crecido los ingenios mineros (plantas de concentración de y beneficio de minerales), los desmontes, los diques de colas y la muerte inmutable abunda.
En ese contexto los potosinos nacimos respirando aire enrarecido, viendo el paisaje plomizo (por los residuos minero metalúrgico), atrapados en un sueño de terror del que no podemos despertar, porque la minería ha dominado el territorio desde la colonia hasta hoy, convirtiendo a nuestra tierra en una Zona de Sacrificio Ambiental, concepto que describe lugares donde las fuentes de contaminación no han sido motivo de agencia, las vidas no importan y solo se valoran los réditos económicos. Estas áreas son la máxima expresión de las desigualdades socioambientales y, lamentablemente, Potosí encarna todas ellas.
LOS PASIVOS AMBIENTALES Y EL LEGADO TOXICO
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En Potosí, la generación de recursos económicos es tan importante que se pretende “compensar” la explotación de la naturaleza mediante las regalías (Ley N°535 de Minería y Metalurgia, art. 223) por la explotación de recursos no renovables: minerales y metales no renovables. En 2023, se recaudaron 904.360.963,75 bolivianos en regalías, cifras insignificantes frente a los servicios ecosistémicos sacrificados durante siglos, que incluyen el soporte, la regulación y la provisión ambiental. Porque en los potosino y los bolivianos pareciera que no hay conciencia de que estamos exportando la Naturaleza, por alrededor de 480 años.
Esto se hace evidente con los 104 pasivos ambientales mineros o depósitos de residuos de la minería que contienen ingentes cantidades de sustancias tóxicas (inventariados por el Servicio Geológico Minero de Bolivia, en el 2014) que develan el legado toxico de la minería en Potosí.
El 12 de marzo de 2025, en Andavilque, en el distrito de Catavi en LLallagua Potosí, se suscitó un hecho de colapso de la mal llamada laguna del Kenko, que en realidad es un dique de colas, que colapso ante la ausencia del Estado, ante la ceguera o desconocimiento de los “tomadores de decisiones”, de la implicancia real del Cambio Climático y las intensas lluvias en estos depósitos tóxicos, que ha llevado de aguas ácidas a Andavilque y la vida que habita en esta infausta comunidad que vive en clave minera, en clave de sacrificio, donde no hay regalía que alcance para volver a la vida lo extinto.
Pero eso no es todo, en la Ciudad de Potosí habitan también pasivos ambientales, incluso dentro del área urbana, tales como:
Colas (desechos mineros) sufurosas y óxidos de San Miguel que datan de los años 50¨s, que colidan con las comunidades indígenas de Cantumarca y Huachacalla
Colas de Pailaviri (residuos de preconcentración de la planta instalada en el Cerro Rico de Potosí), cuyos contenidos de plata y plomo, no son comerciales, por tanto seguirán indefinidamente afectando al medio ambiente, pues a nadie le interesa por no tener importancia económica en su recuperación.
Pasivos ambientales no cuantificados como: al extremo del mirador Pary Orcko o montaña caliente en lengua quechua (que dicho sea de paso es un sitio turístico)
En el rio de la rivera, que es tributario del Rio Pilcomayo que es un rio trasfronterizo compartido con Paraguay y Argentina.
En la zona Huachacalla, altura bosquecillo, en el lugar denominado “Taiton”, lugar actualmente con bastante concentración de personas.
Estos restos tóxicos mineros son el testimonio no solo de la ausencia de gestión ambiental en las actividades mineras, sino del predominio de los discurso regalitarios en las narrativas potosinas, perpetuando el sacrificio del territorio. Son además una vorágine potencial ante el escenario del cambio climático, pues hay un alto riesgo de colapso ente las lluvias intensas que predominan actualmente, cuyo impacto ambiental y social, no se ven como prioridad y urgencia en las políticas públicas en los diferentes niveles del Estado.
MINERÍA EN LA CIUDAD Y COLINDANTES A UNIDADES EDUCATIVAS
Pero eso no es todo, la actividad minera en la ciudad Potosí (a pesar que la Ley 535 en su artículo 93, inciso a, prohíbe actividades mineras en áreas urbanas) ha crecido significativamente. Actualmente, 14 ingenios mineros operan en áreas urbanas, contribuyendo a la contaminación, degradación ambiental, y afectando a la vida. Se registran más de 500 bocaminas en el Cerro Rico, muchas en estado de abandono, que siguen siendo una fuente potencial de contaminación ambiental. Además de centros de acopio de minerales y comercializadoras y “exportadoras” de minerales incluso colindantes a unidades Educativas.
Las transnacionales también operan en la región. La Minera Manquiri recupera ciertos residuos mineros, utilizando cianuro de sodio para el recobro de plata. Estas actividades han impactado lagunas cercanas, como CHALVIRI, LOVATO, ULISTIA y PHISCO KOCHA, obligando a la empresa a realizar restauración ambiental por mandato judicial del Tribunal Agroambiental, plazo que ya e cumplió en enero del presente año. Además la operación de MANQUIRI tiene un efecto colateral en la economía y política nacional, porque ha creado una dependencia en las exportaciones del país hacia esta transnacional, lo que en el futuro creara una competencia entre países de base extractiva en la región para atraer inversiones extranjeras, cayendo en un bucle neocolonial, sin fin.
LOS RIOS HAN FALLECIDO EN POTOSI
En la red hídrica que cursa por la ciudad de Potosí se encuentran tres ríos principalmente: Huaynamayu, Chectakala, Korimayu y La Rivera, confluyen en el río Tarapaya, el cual es un afluente del río Pilcomayo, que es un rio de curso internacional, por ende su contaminación tiene alcance internacional.
Estos ríos tienen afectación de Aguas acidas de minas, aguas de percolación acida de diques de colas (aguas que en medio acido contienen metales pesados como Zing, Plomo, Cadmio en disolución) aguas residuales domésticas y hasta hace algunos años efluentes en gran volumen y colas de ingenios mineros en potosí, antes que se Instalen Laguna Pampa I y II.
Todo esto se asemeja e un enfermo de cáncer agonizando, y con placebos medicamentosos cada vez más fuertes, para aparentar robustez y salud, más aun en un escenario de cambio Climático y de sequía y lluvias intensas vertiginosas
CLAVE MINERA E IDENTIDAD MINERA
En cuanto a los aspectos sociales y culturales, la explotación minera se ha naturalizado en Potosí, en medio de una identidad minera arraigada, al punto de convertirse en una atracción turística en medio de la precarización de la vida; pues, la minería no solo sacrifica el ambiente, sino también vidas humanas, a la fecha se reportan, más de 18 personas fallecidos en minas, solo en las labores mineras del cerro Rico.
¡ESTO NO PUEDE CONTINUAR!
Ante ese escenario de Sacrificio Social y Ambiental, es urgente hablar ya no de inclusión, sino de revolución, los habitantes de Potosí ya no podemos ser solo sujetos pasivo de reproducción de la”cultura minera” y la identidad Minera, estos concepto deben progresivamente desarraigarse de nuestra realidad país y de nuestro imaginario social y cultural.
El territorio potosino y el Cerro de Potosí, requieren una reparación histórica, para lo cual es necesario propiciar espacios de dialogo colaborativo entre actores y afectados, priorizando la vida en todas sus formas, escuchando e introduciendo los saberes de mujeres, comunidades indígena originarias, zonas y barrios afectados, cuestionando el modelo estractivista y neoextractivista a profundidad. Crear un tejido social, de acción para revertir el sacrificio, entendiendo que todas las formas de vidas importan y no son sacrificables.
No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.
La minería, ese ídolo de barro con pies de dinamita, no solo saquea territorios, sino que impone su dominio a sangre y fuego, como si el suelo estuviera escrito en su nombre y el aire debiera pagar tributo a sus explosivos. Se apropia de los espacios sin más justificación que su propia voracidad, reduciendo montañas a escombros y comunidades a meros obstáculos en su insaciable expansión. No hay fronteras para su dominio hoy ni siquiera se detiene ante las escuelas, porque el conocimiento y la conciencia son más peligrosos que cualquier pleito de tierras.
El reciente estallido de dinamita en cercanías a la escuela Jaime Mendoza de Potosí, Bolivia el 15 de marzo del 2025 pasado, no es un accidente ni una anécdota aislada; es la síntesis brutal de un sistema que normaliza la violencia para garantizar el extractivismo. No se trata solo de quienes encienden la mecha, sino de una estructura entera que tolera, financia y aplaude la lógica del saqueo. En este régimen de poder, la educación no tiene prioridad, la salud es un daño colateral y la vida misma es un recurso expendible. Los niños que intentaban aprender algo en ese momento recibieron una lección más profunda que cualquier contenido curricular: en la jerarquía del poder, ellos y sus derechos están por debajo del estruendo minero. Aquí no se discute ni se negocia; se impone. Se dinamita. Se silencia.
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Lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia minera en sí misma, sino la arquitectura política que la sostiene, la encubre y la alimenta con una mezcla de oportunismo y cobardía. No se trata de un fenómeno espontáneo ni de meros desbordes del sector cooperativista, sino de una estructura diseñada con precisión quirúrgica para garantizar que estos grupos se conviertan en los nuevos dueños del país, con licencia para contaminar, saquear y, cuando sea necesario, dinamitar cualquier forma de oposición. Es un régimen de poder donde el gobierno, lejos de actuar como regulador o garante de derechos, ha preferido convertirse en cómplice. No por error ni por descuido, sino por cálculo político, por la necesidad de mantener una base de apoyo que, en su ambición de perpetuarse en el poder, terminó por devorarlo desde adentro.
El Movimiento al Socialismo (MAS) es el arquitecto de esta distopía minera. Su visión de una Bolivia socialista quedó enterrada bajo toneladas de escombros, no porque haya sido derrotada por sus enemigos históricos, sino porque fue destruida desde dentro, consumida por los monstruos que él mismo creó. El gran proyecto de transformación social terminó convertido en una versión exacerbada del capitalismo extractivo, donde el proletariado minero, en lugar de ser emancipado, fue transformado en una élite rapaz con más privilegios que la oligarquía que supuestamente se pretendía erradicar. Irónicamente, este modelo no eliminó a la burguesía que tanto despotricaban los ideólogos del MAS (recuérdese por ejemplo a Linera) ,sino que la reforzó, la expandió y la vistió con un disfraz de cooperativismo revolucionario, un eufemismo conveniente para lo que en la práctica es un grupo empresarial con capacidad de extorsión política y licencia para operar a punta de explosiones y violencia extrema (recuérdese la muerte del Viceministro Illanes que fue muerto a golpes por mineros cooperativistas en conflictos mineros del 2016).
Es trágico y a la vez irónico que quienes alguna vez fueron presentados como la vanguardia del pueblo trabajador sean hoy los nuevos barones del extractivismo, con un poder tan descomunal que ya ni siquiera necesitan la aprobación del gobierno para actuar. No solo han tomado el control de la riqueza del subsuelo, sino que se han apropiado de los mecanismos de decisión política, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, con sus propias reglas y su propia lógica de acumulación. Mientras el MAS se fragmenta en luchas internas y su base social se erosiona, este nuevo grupo de poder minero ha demostrado ser el verdadero poder fáctico, un bloque inamovible con capacidad de chantaje, negociación y, cuando es necesario, violencia abierta.
El socialismo del siglo XXI, al menos en Bolivia, terminó pariendo su peor pesadilla: una nueva burguesía que no solo se adueñó de las riquezas naturales, sino que lo hizo con una narrativa de justicia social que hoy suena a broma de mal gusto. La misma maquinaria que en el discurso decía combatir el capitalismo terminó generando su versión más grotesca: una clase dominante que se autoidentifica como proletaria, pero que vive de la acumulación de riqueza, la explotación de recursos y la imposición de su voluntad por la fuerza. No es un accidente ni un desvío inesperado, sino la consecuencia lógica de un modelo que, al intentar garantizar la lealtad de ciertos sectores, les otorgó un poder sin límites.
Hoy Bolivia no enfrenta solo el problema de la contaminación minera o la apropiación de territorios, sino la consolidación de una élite con poder económico, político y, lo más peligroso armado con explosivos. Porque mientras otros sectores de la sociedad deben acatar normativas y regulaciones, este grupo tiene en su arsenal algo que nadie más posee: explosivos y dinamita, una metáfora perfecta del país que han construido. Un país donde la palabra “cooperativa” ya no significa trabajo comunitario ni economía solidaria, sino poder corporativo, violencia descomunal y una maquinaria de destrucción disfrazada de lucha social.
Si algo queda claro en este escenario es que la gran obra política del MAS no fue la justicia social ni la redistribución equitativa de la riqueza, sino la creación de un nuevo Leviatán minero que no reconoce más autoridad que la suya propia. En su intento de moldear un nuevo orden político, el gobierno terminó por fabricar su propia caída, entregando el poder a un sector que ahora lo devora sin el menor remordimiento. No es solo una crisis política, es el epílogo de un experimento que creyó estar construyendo una revolución y terminó engendrando un régimen donde la verdadera soberanía no la tiene el pueblo, sino quienes poseen la dinamita y los títulos de concesión.
Mientras tanto, los demás nos vemos reducidos a voces que claman en el desierto, gritos apagados por el estruendo de la dinamita y el rugido de las maquinarias extractivas. No hay espacio para ilusiones ni para la ingenuidad de creer que el Estado intervendrá en favor de la gente. No lo hizo cuando las concesiones mineras devastaron ríos y montañas, no lo hizo cuando los bosques ardieron y se produjeron cruentos y dolorosos ecocidios para abrir paso a la fiebre de la expansión de las fronteras agrícolas para cultivar soya (y que año a año se queman con la permisitivad e inacción del gobierno), y no lo hará ahora que los explosivos retumban junto a las aulas de niños que solo querían aprender algo más que la lección impuesta por el miedo.
El gobierno, en sus múltiples niveles y rostros, hace mucho que se quitó la máscara. La izquierda, si es que alguna vez lo fue, terminó rendida ante el poder más antiguo y resistente: el del capital, ese al que juraban combatir y que ahora sostienen con pactos de sangre. Pactos que no solo se firmaron con los falsos caudillos autodenominados socialistas (que por supuesto no solo no entendieron sino la usaron para sus fines y delirios de poder como lo hizo Evo Morales), sino que se sellaron con la contaminación de ríos, la destrucción de comunidades y la impunidad de los nuevos barones mineros. Lo que antes se llamaba «proceso de cambio» ha mutado en una maquinaria despiadada de acumulación, una distorsión tan grotesca que ni siquiera intenta disimular su naturaleza.
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Aquí yace la gran mentira de la historia reciente: la idea de que este país fue alguna vez socialista. Si lo fue, lo fue en el discurso, en la retórica encendida de quienes usaron las palabras como arma para alcanzar el poder, pero que, una vez en él, terminaron ejecutando con precisión la hoja de ruta del capitalismo más brutal. En este país, que alguna vez prometió romper con la explotación, lo único que se rompió fue la ilusión de que el Estado podía estar al servicio de su gente. Lo que quedó fue una estructura que defiende con pólvora y fuego los intereses de una nueva élite, tan voraz como las de antaño, pero con el agravante de que se presenta con un disfraz de revolución y justicia social.
No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.
El desenlace de esta historia es predecible, porque los monstruos que se alimentan del poder siempre terminan por devorar a sus creadores. Y cuando ese día llegue, cuando el estruendo de la dinamita ya no sirva para silenciar el descontento y la crisis lo consuma todo, solo quedará la amarga certeza de que el gran legado de esta era no fue la igualdad ni la justicia, sino el haber convertido el país en un experimento fallido, donde el socialismo fue solo un espejismo y el capitalismo más voraz terminó reinando con dinamita en mano.
