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Por: Nulfo Yala

El caso Narcomadera ha puesto al descubierto una contradicción difícil de ocultar: mientras Estados Unidos convirtió durante años a Venezuela en símbolo mundial del narcotráfico a partir de acusaciones, sanciones, recompensas y una intensa campaña de estigmatización internacional, hoy guarda un llamativo silencio frente a uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas registrados en América Latina, más de cien toneladas ocultas en cargamentos de madera que revelan la existencia de una estructura criminal de enorme capacidad logística y operativa. Lejos de responder cómo semejante operación pudo desarrollarse bajo la vigilancia de las instituciones estatales, el gobierno boliviano intentó inicialmente desplazar el debate hacia cuestiones temporales que posteriormente fueron desmentidas por las autoridades chilenas. Sin embargo, lo más revelador no es la reacción oficial boliviana, sino la ausencia de indignación de Washington. Allí donde antes bastaban sospechas para construir la imagen de un narcoestado, hoy la evidencia material parece insuficiente para despertar la misma severidad. La conclusión resulta incómoda pero inevitable: la llamada guerra contra las drogas parece depender menos de la magnitud de los hechos que de la utilidad política del gobierno involucrado, confirmando una vez más que los principios imperiales suelen ser universales para los adversarios y excepcionalmente flexibles para los aliados.

Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y hay silencios que, además, desnudan una hipocresía tan evidente que resulta imposible ignorarla. El caso Narcomadera parece pertenecer a esta última categoría.

Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado como el sheriff planetario de la lucha contra el narcotráfico. Desde Washington se ha repetido hasta el cansancio que la droga constituye una amenaza global, que ningún gobierno puede ser tolerante con las organizaciones criminales y que cualquier indicio de complicidad estatal debe ser perseguido con todo el peso de la ley internacional. La retórica ha sido siempre la misma: tolerancia cero, firmeza absoluta y compromiso inquebrantable con la justicia.

Sin embargo, la experiencia latinoamericana ha enseñado que esas nobles convicciones suelen aplicarse con una elasticidad sorprendente. Cuando el gobierno señalado es un adversario geopolítico, las sospechas adquieren categoría de verdad revelada. Cuando el gobierno señalado es un aliado, las certezas más contundentes se transforman milagrosamente en asuntos que requieren prudencia, paciencia y serenidad institucional.

Venezuela fue durante años el laboratorio perfecto de esta lógica. Desde Washington se construyó una narrativa permanente que vinculaba al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Las acusaciones ocuparon titulares durante años. Las sanciones se multiplicaron. Las recompensas por información sobre Maduro alcanzaron cifras extraordinarias. El mensaje era inequívoco: Venezuela no era simplemente un país con problemas de narcotráfico, sino una amenaza para la seguridad hemisférica. La sospecha bastaba para justificar una ofensiva política, diplomática y mediática de alcance global.

Ahora bien, resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando los reflectores apuntan hacia otro lado.

El denominado caso Narcomadera ha revelado algo más que un hecho policial. Según las investigaciones desarrolladas por las autoridades chilenas, más de cien toneladas de cocaína, pasta base y ketamina fueron detectadas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. No se trata de una maleta abandonada en un aeropuerto ni de una banda improvisada operando desde un galpón clandestino. Estamos hablando de una estructura que habría utilizado empresas exportadoras, contenedores internacionales, procesos industriales y complejas cadenas logísticas para mover droga a escala global.

Más de cien toneladas.

Conviene detenerse un instante en la cifra.

Cien toneladas no son un accidente administrativo. Cien toneladas no son un error burocrático. Cien toneladas no son la travesura de un puñado de delincuentes ingeniosos. Cien toneladas sugieren infraestructura, financiamiento, planificación, protección, logística y una capacidad operativa extraordinaria. Sugieren, en otras palabras, la existencia de una economía criminal de gran escala funcionando dentro del territorio nacional.

Y es precisamente allí donde la reacción oficial comenzó a adquirir tintes llamativos.

En lugar de responder inmediatamente a la pregunta fundamental, cómo una operación de semejante magnitud pudo desarrollarse sin ser detectada oportunamente por los sistemas de control estatales, desde sectores gubernamentales se intentó inicialmente desplazar el debate hacia el calendario. La discusión parecía orientarse menos a esclarecer responsabilidades que a determinar si los cargamentos correspondían a periodos anteriores. Era una maniobra curiosa: el problema ya no parecía ser la existencia de más de cien toneladas de droga vinculadas a exportaciones bolivianas, sino la fecha exacta en que habían salido los contenedores.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando las autoridades chilenas precisaron que los decomisos correspondían a operaciones detectadas durante 2026. De pronto, el refugio temporal comenzó a derrumbarse. La pregunta regresó con más fuerza que antes: ¿cómo pudo funcionar una estructura de semejante dimensión sin que el Estado advirtiera lo que estaba ocurriendo?

Pero quizás el aspecto más revelador del caso no se encuentra en La Paz ni en Santiago.

Se encuentra en Washington.

Porque mientras uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas sacude la región, la autoproclamada potencia líder de la guerra mundial contra el narcotráfico parece haber descubierto las virtudes del silencio contemplativo. No hay discursos encendidos. No hay advertencias dramáticas. No hay informes especiales describiendo una amenaza continental. No hay conferencias de prensa denunciando la captura criminal de las instituciones bolivianas. No hay llamados urgentes a la comunidad internacional.

Nada.

Absolutamente nada.

Y es aquí donde la ironía alcanza niveles casi artísticos.

Durante años, Washington sostuvo que incluso indicios o sospechas de conexiones entre poder político y narcotráfico justificaban campañas internacionales de presión. Hoy existe un caso que involucra decomisos masivos, investigaciones binacionales, allanamientos, empresas bajo sospecha y evidencia material concreta. Sin embargo, la indignación parece haberse extraviado en algún despacho diplomático.

La diferencia, al parecer, no está en la magnitud del problema.

La diferencia está en quién gobierna.

Cuando el país señalado desafía los intereses geopolíticos estadounidenses, el narcotráfico se convierte en una amenaza civilizatoria. Cuando el país señalado forma parte del círculo de aliados, el mismo fenómeno se transforma en un asunto técnico que debe resolverse con calma y sin sobresaltos. Los principios permanecen intactos; únicamente cambia el destinatario de su aplicación.

Es la vieja historia del imperio que se proclama árbitro universal mientras modifica las reglas según la identidad de los jugadores.

Por eso el caso Narcomadera no solamente pone bajo la lupa a las organizaciones criminales que puedan estar detrás de esta operación. También coloca bajo escrutinio la credibilidad de quienes han construido durante décadas una narrativa moral sobre la lucha antidrogas. Porque si más de cien toneladas de droga no provocan la misma alarma que en otros países provocaban simples acusaciones, entonces la conclusión resulta difícil de evitar.

Tal vez la guerra contra las drogas nunca fue únicamente una guerra contra las drogas.

Tal vez siempre fue también una guerra por definir quién merece ser acusado y quién merece ser disculpado.

Y si eso es cierto, el escándalo más grande no se encuentra escondido en la madera.

Se encuentra escondido en el doble rasero.

Por: Nulfo Yala

Resulta difícil tomar en serio el cabildo convocado por COMCIPO contra los bloqueos cuando fue la propia institución la que, durante años, convocó cabildos para legitimar bloqueos maratónicos que aislaron a Potosí durante semanas, exigiendo entonces sacrificio, disciplina y resistencia a una población que hoy dice defender. La contradicción es evidente: lo que ayer era presentado como una herramienta legítima de lucha regional, hoy es denunciado como una amenaza a la democracia y la economía. Esta repentina conversión revela menos un cambio de principios que un cambio de posición política. La experiencia además obliga a desconfiar de quienes pretenden hablar en nombre de todo el pueblo potosino, pues ya se vio cómo dirigentes surgidos bajo el discurso cívico terminaron ocupando espacios de poder municipal con resultados ampliamente cuestionados, dejando tras de sí denuncias, escándalos y un profundo desencanto ciudadano. Por ello, más que un acto de defensa de la población, el cabildo corre el riesgo de convertirse en una nueva instrumentalización de la ciudadanía para fines políticos coyunturales, apelando a una memoria selectiva que espera que los potosinos olviden que quienes hoy condenan los bloqueos fueron ayer algunos de sus más fervientes promotores.

La convocatoria de COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) a un cabildo contra los bloqueos constituye uno de los episodios más paradójicos de la historia política reciente de Potosí. No porque los bloqueos actuales no generen perjuicios reales para la población, sino porque quienes hoy convocan a la ciudadanía para rechazar esa medida fueron precisamente quienes, durante años, promovieron cabildos destinados a legitimar extensos bloqueos que paralizaron al propio departamento. La contradicción es tan evidente que resulta imposible ignorarla.

Durante los grandes conflictos regionales, COMCIPO apeló reiteradamente al discurso del sacrificio colectivo. Se pidió a la población soportar semanas de aislamiento, escasez, perjuicios económicos y restricciones a la circulación bajo la premisa de que los intereses superiores de la región justificaban cualquier costo. En aquellos momentos, los cabildos eran presentados como la máxima expresión de la voluntad popular y los bloqueos como instrumentos legítimos de lucha. El sufrimiento de la población era interpretado como una contribución necesaria a una causa mayor. Sin embargo, cuando la misma herramienta es utilizada por otros actores políticos y sociales, el discurso cambia radicalmente. Lo que antes era heroísmo cívico se convierte en atentado contra la democracia. Lo que antes era resistencia legítima ahora aparece como amenaza al estado de derecho.

La pregunta que surge naturalmente es por qué COMCIPO descubre recién ahora los daños que provocan los bloqueos. ¿Acaso las familias potosinas no sufrieron durante los bloqueos impulsados y respaldados por los cabildos del pasado? ¿Acaso no existieron entonces pérdidas económicas, desabastecimiento y afectaciones a la vida cotidiana? ¿Acaso los sectores más vulnerables no fueron también perjudicados? Si los bloqueos son condenables por sus consecuencias sobre la población, la condena debería alcanzar tanto a los actuales como a los promovidos anteriormente desde el propio espacio cívico. De lo contrario, la defensa de principios se convierte simplemente en una defensa de conveniencias.

Lo que se observa es una preocupante tendencia a redefinir los valores democráticos según la posición que se ocupa dentro de la disputa política. Cuando COMCIPO dirigía o respaldaba medidas de presión, el bloqueo era presentado como una expresión legítima de la voluntad popular. Cuando la iniciativa proviene de otros sectores, el mismo mecanismo pasa a ser descrito como una amenaza que incluso justificaría medidas excepcionales del Estado. No parece cambiar el método. Lo que cambia es quién tiene el control del método.

Esta situación obliga también a reflexionar sobre el papel que ha desempeñado COMCIPO en la construcción de determinadas narrativas políticas. Históricamente, la institución se ha presentado como la voz del pueblo potosino, como si existiera una identidad automática entre las decisiones de sus dirigentes y la voluntad de toda la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia demuestra que ninguna institución posee un mandato permanente para hablar en nombre de todos. Menos aún cuando sus posicionamientos terminan coincidiendo de manera recurrente con determinados intereses políticos coyunturales.

La historia reciente de Potosí ofrece suficientes razones para observar con cautela esta situación. Diversos dirigentes que construyeron liderazgo y legitimidad desde COMCIPO terminaron posteriormente ocupando espacios de poder institucional, particularmente en el gobierno municipal. Aquellas figuras que se presentaban como representantes desinteresados de los intereses regionales pasaron a administrar recursos públicos y a participar directamente en la lucha política. El problema no fue únicamente ese tránsito desde el activismo cívico hacia la función pública, sino el profundo desencanto que siguió posteriormente.

Gran parte de la ciudadanía recuerda que varias de esas experiencias terminaron rodeadas de denuncias, controversias y cuestionamientos que deterioraron severamente la credibilidad de quienes habían construido su liderazgo bajo el discurso de la moralización de la política. El contraste entre las promesas de renovación y los resultados obtenidos generó una profunda desconfianza social. Aquellos que habían pedido sacrificios al pueblo en nombre de la transparencia y la defensa regional terminaron enfrentando severos cuestionamientos públicos durante sus gestiones. La distancia entre el discurso y la práctica se volvió demasiado evidente para ser ignorada.

Por eso resulta legítimo sospechar cuando COMCIPO intenta presentar el actual cabildo como una expresión puramente cívica y desinteresada. La experiencia histórica demuestra que detrás de los discursos sobre democracia, unidad y defensa del pueblo suelen coexistir proyectos de influencia política, disputas por espacios de poder y estrategias destinadas a fortalecer determinadas posiciones dentro del escenario nacional y local. No se trata de negar la existencia de problemas reales ocasionados por los bloqueos actuales. Se trata de cuestionar la autoridad moral de quienes denuncian hoy prácticas que ayer promovieron y legitimaron.

La mayor ironía de toda esta situación es que COMCIPO parece haber convocado un cabildo contra aquello que durante años ayudó a convertir en una herramienta política normalizada. En otras palabras, el cabildo actual no solamente cuestiona a quienes bloquean hoy; también cuestiona involuntariamente a quienes enseñaron durante décadas que bloquear era una forma legítima de hacer política. El resultado es un espectáculo político singular: una institución que parece enfrentarse no tanto a sus adversarios como a su propia historia.

La memoria colectiva constituye un obstáculo incómodo para este tipo de operaciones discursivas. Porque mientras COMCIPO denuncia los daños de los bloqueos actuales, muchos potosinos recuerdan que esos mismos argumentos habrían podido formularse durante los largos bloqueos promovidos desde los cabildos del pasado. Y esa memoria revela una verdad difícil de ocultar: cuando los principios cambian según quién ejerce la presión política, lo que está en juego no es la defensa de la democracia, sino la disputa por el poder de definir qué intereses merecen ser considerados legítimos y cuáles deben ser condenados.

Por: Nulfo Yala

Lo que se perfila en Bolivia no es simplemente un conflicto político, sino una estrategia calculada de desgaste social donde el gobierno de Rodrigo Paz parece apostar al cansancio, al miedo y a la militarización para quebrar la capacidad de resistencia de los movimientos sociales y consolidar un modelo subordinado a empresarios y terratenientes. Bajo discursos de “orden” y “pacificación”, se normaliza la posibilidad de un estado de excepción mientras sectores de extrema derecha celebran desde el extranjero la represión como mecanismo de control. El problema es que la historia demuestra que humillar y silenciar al pueblo nunca garantiza estabilidad duradera: solo acumula rabia, radicalización y fractura social. Subestimar a un líder con rasgos autoritarios, dispuesto a embestir sin medir consecuencias, puede ser un error histórico, porque cuando un gobierno convierte a la protesta en enemigo interno y reemplaza el diálogo por la fuerza, deja de gobernar una democracia y comienza a administrar el miedo.

La estrategia de Rodrigo Paz no parece improvisada ni producto del nerviosismo político de un gobierno acorralado. Tiene más bien la lógica fría de quien entiende que el desgaste social no siempre se derrota con argumentos, sino con agotamiento, miedo y fragmentación. Primero se deja que la crisis madure hasta pudrirse; luego se permite que los conflictos se acumulen, que las organizaciones populares se desgasten entre bloqueos interminables, divisiones internas y hambre cotidiana; finalmente, cuando el cansancio colectivo ya ha erosionado la capacidad de resistencia, aparece la amenaza de un estado de excepción como si fuera un acto inevitable de “orden”. La vieja fórmula latinoamericana vuelve a desfilar con traje nuevo: fabricar caos para justificar disciplina. Y mientras los voceros empresariales hablan de estabilidad económica desde oficinas climatizadas, miles de familias cargan sobre la espalda el costo real de esa estabilidad, una estabilidad que curiosamente siempre exige sacrificios de abajo hacia arriba y nunca al revés.

Lo más inquietante es que el discurso oficial intenta vender esta operación como un acto de responsabilidad histórica. Se habla de “pacificación”, de “recuperar el país”, de “poner límites a la violencia”, como si las élites económicas fueran monjes tibetanos obligados a defenderse de hordas irracionales. La ironía grotesca: quienes controlan bancos, agroindustrias, exportaciones y grandes medios aparecen representándose a sí mismos como víctimas indefensas frente a campesinos, obreros y sectores populares que apenas poseen la capacidad de movilizar sus cuerpos en las calles. El lenguaje político se invierte de manera obscena. El rico se disfraza de perseguido y el pobre termina convertido en amenaza nacional. No es casualidad que ciertos operadores políticos bolivianos de extrema derecha, instalados cómodamente en Estados Unidos mientras juegan a dirigir la patria por redes sociales y programas digitales, hablen abiertamente del respaldo del llamado “escudo de las Américas”, casi como si anunciaran con orgullo que Bolivia debe administrarse bajo tutela ideológica extranjera. Resulta curioso ver a quienes se llenan la boca con soberanía nacional celebrando cualquier guiño geopolítico proveniente del norte continental.

El problema es que sacar militares a reprimir no es un videojuego táctico ni una fotografía heroica para redes sociales. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que creyeron poder controlar la violencia una vez abierta la puerta de los cuarteles, y casi todos terminaron descubriendo demasiado tarde que el miedo puede disciplinar momentáneamente, pero también radicaliza. Un estado de excepción no neutraliza necesariamente el conflicto; muchas veces lo profundiza, lo desplaza y lo vuelve más impredecible. Cuando una población percibe que las vías políticas tradicionales dejan de servir, el resentimiento se acumula debajo de la superficie institucional como presión tectónica. La aparente calma puede ser simplemente silencio forzado. Y los silencios impuestos suelen incubar explosiones mucho más peligrosas que las protestas originales. Un gobierno que apuesta a humillar movimientos sociales en lugar de comprenderlos termina sembrando generaciones enteras de desconfianza hacia cualquier forma de institucionalidad.

Hay además un componente simbólico particularmente perturbador en la figura presidencial. Los artículos anteriores ya habíamos advertido ciertos guiños autoritarios, ciertas obsesiones con el enemigo interno, cierta fascinación por el orden entendido como obediencia absoluta. No se trata únicamente de decisiones concretas, sino de una forma de concebir la política como confrontación permanente donde el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en obstáculo a destruir. La frase pronunciada por su padre, aquella donde lo define como “un toro”, termina funcionando casi como una confesión involuntaria de carácter. El toro no dialoga; embiste. El toro no mide consecuencias; avanza. Y el problema aparece cuando un país entero queda atrapado dentro de esa psicología de confrontación. Gobernar como si toda crítica fuera una amenaza existencial puede conducir a escenarios extremadamente peligrosos, porque la administración del Estado termina reducida a una lógica de enemigos y castigos.

Subestimarlo sería ingenuo. Existe una tendencia cómoda dentro de ciertos sectores progresistas a caricaturizar a figuras de derecha como simples incompetentes o productos pasajeros del marketing electoral. Pero las experiencias históricas muestran que los proyectos más peligrosos suelen crecer precisamente cuando sus adversarios los toman a la ligera. Mientras algunos todavía creen estar frente a un político tradicional preocupado únicamente por encuestas, el aparato ideológico alrededor suyo parece operar con una visión mucho más profunda: desmontar lentamente la capacidad de presión social (utilizando estrategias de ataque legal como la reciente abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción), criminalizar la protesta y consolidar un modelo económico completamente subordinado a grupos empresariales y terratenientes. No es únicamente una disputa electoral; es una disputa sobre qué sectores tendrán derecho a existir políticamente en Bolivia y cuáles deberán aceptar obediencia silenciosa como condición de supervivencia.

Las consecuencias económicas y sociales de ese escenario podrían ser devastadoras. Una represión prolongada no traerá inversión milagrosa ni estabilidad automática. Lo más probable es que produzca fuga de capitales pequeños, deterioro del consumo interno, mayor polarización regional y una fractura irreversible entre el Estado y amplios sectores populares. Los empresarios que hoy celebran mano dura desde sus círculos privados olvidan que ningún mercado funciona sanamente sobre cadáveres políticos permanentes. La violencia institucional termina contaminándolo todo: destruye legitimidad, paraliza diálogo y convierte cada conflicto cotidiano en una posible detonación nacional. La aparente victoria inmediata puede terminar siendo el inicio de una larga decadencia política.

Bolivia ya conoce demasiado bien el costo histórico de los gobiernos que creen que la fuerza puede reemplazar indefinidamente al consenso. El país arrastra memorias de masacres, persecuciones y militarizaciones que nunca desaparecieron del todo de la conciencia colectiva. Pensar que una nueva generación aceptará dócilmente un modelo de disciplinamiento permanente es no entender la estructura profunda de la sociedad boliviana. Aquí las derrotas nunca son definitivas; se acumulan como memoria social. Y cuando esa memoria encuentra nuevamente condiciones para organizarse, suele regresar con mucha más intensidad. Por eso el escenario actual no debería analizarse únicamente como una coyuntura de “unos pocos vándalos” como el gobierno trata de hacer ver, sino como el posible ingreso a una etapa de radicalización política donde el gobierno, obsesionado con aplastar toda resistencia, podría terminar alimentando exactamente aquello que pretende destruir.

Por: Nulfo Yala

Bolivia atraviesa una de las horas más oscuras de su historia reciente: un país agotado, atrapado entre la escasez, la inflación y el miedo, mientras un gobierno sin rumbo intenta sobrevivir administrando la miseria cotidiana como si todavía gobernara. Las filas por combustible, el encarecimiento de los alimentos, el hambre silenciosa y la pérdida del poder adquisitivo ya no son episodios aislados, sino señales de un colapso estructural que el poder pretende ocultar entre discursos vacíos, persecuciones judiciales y falsas mesas de diálogo. Incapaz de conectar con la población y subordinado a intereses empresariales, terratenientes y agroexportadores, el gobierno de Rodrigo Paz parece avanzar hacia una deriva peligrosa donde la desesperación social, el desgaste político y la fragilidad institucional podrían abrir paso a escenarios extremos, desde estados de excepción hasta intentos de ruptura democrática impulsados por sectores conservadores y militares. Lo más inquietante no es solamente la crisis económica, sino la sensación creciente de que Bolivia ha comenzado a perder la certeza de tener todavía un futuro.

La escena política boliviana atraviesa uno de esos momentos donde el poder ya no gobierna, apenas administra el deterioro. El lenguaje oficial continúa hablando de estabilidad, coordinación y diálogo, mientras las calles hablan otro idioma: filas interminables por combustible, alimentos cada vez más caros, salarios pulverizados, mercados vacíos y una población que empieza a comprender que el problema ya no es coyuntural sino estructural. Allí aparece el verdadero drama del gobierno de Rodrigo Paz: no solamente su incapacidad para resolver la crisis, sino su absoluta imposibilidad de comprenderla.

El síntoma más revelador no es la escasez de gasolina. Tampoco la inflación. Mucho menos el deterioro de carreteras o el colapso del abastecimiento. El síntoma más inquietante es otro: un gobierno obligado a negociar la supervivencia cotidiana como si administrar la precariedad fuese una política pública. El acuerdo firmado con algunos sectores no transmite fortaleza estatal, transmite agotamiento. Cuando el Estado empieza a reunirse para discutir horarios de surtidores, mecanismos de distribución de diésel y estrategias de contención social, el problema deja de ser económico y se convierte en una cuestión de legitimidad. El poder ya no organiza el país, apenas intenta retrasar el momento de su descomposición.

Durante años, Bolivia vivió sostenida por la ilusión de abundancia derivada del gas, los subsidios y el gasto público expansivo. El modelo permitía alimentar la narrativa de crecimiento mientras el excedente energético cubría ineficiencias estructurales, corrupción administrativa y dependencia importadora. Pero toda maquinaria clientelar necesita recursos para sostener fidelidades. Cuando esos recursos comienzan a desaparecer, el discurso revolucionario muta rápidamente en administración policial de la escasez. Entonces aparecen los controles, las amenazas judiciales, las campañas de disciplinamiento mediático y el viejo reflejo latinoamericano de convertir el conflicto social en problema de orden público.

El gobierno de Rodrigo Paz parece atrapado exactamente en ese punto histórico: demasiado débil para resolver la crisis y demasiado comprometido con grupos de poder para transformarla. La pretendida “concertación política” terminó convertida en una alianza funcional con sectores empresariales agroexportadores y élites terratenientes, particularmente vinculadas al eje económico cruceño, donde la lógica del mercado se volvió más importante que cualquier horizonte nacional. El resultado es grotesco: un gobierno que habla en nombre del pueblo mientras gobierna para quienes jamás harán fila por gasolina, jamás sentirán el aumento del aceite y jamás calcularán si alcanza el salario para llegar a fin de mes.

La ironía es brutal. Durante décadas el discurso político boliviano denunció a las oligarquías, al neoliberalismo y a las élites empresariales como responsables históricos de la desigualdad. Hoy el mismo aparato estatal termina subordinado a las exigencias de esos sectores bajo el elegante nombre de “estabilidad económica”. Se gobierna para tranquilizar mercados mientras la población aprende a sobrevivir en mercados vacíos. El ciudadano común ya no escucha proyectos históricos, escucha recomendaciones para madrugar más temprano si quiere encontrar combustible.

Y allí emerge otro elemento decisivo: la ruptura simbólica entre el poder y la vida cotidiana. El gobierno ya no logra interpretar el malestar social porque vive encapsulado en la lógica burocrática del informe, la conferencia y el acuerdo institucional. Mientras la población experimenta hambre, incertidumbre y desgaste psicológico, la respuesta oficial continúa reducida a mesas de diálogo, actas y anuncios técnicos. Es la política convertida en simulacro administrativo. El poder ya no produce esperanza; produce comunicados.

La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el desgaste comienza a derivar en mecanismos autoritarios de conservación. Todo gobierno incapaz de reconstruir legitimidad termina tentado por la coerción. Primero aparecen las acusaciones de desestabilización. Después la judicialización de opositores, dirigentes y críticos. Finalmente surge el fantasma del estado de excepción como herramienta para administrar el descontento. Pero la paradoja es evidente: cuanto más intenta endurecerse un gobierno débil, más expone su fragilidad. La represión puede contener temporalmente el conflicto, pero jamás resolver la crisis material que lo origina.

Bolivia entra así en una zona históricamente peligrosa. Porque cuando la institucionalidad pierde legitimidad y la economía pierde estabilidad, el sistema político entero comienza a abrir espacios para salidas extraordinarias. La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese libreto. Las élites económicas que hoy sostienen al gobierno podrían mañana abandonarlo si consideran que dejó de ser funcional a sus intereses. El empresariado jamás tiene lealtades ideológicas permanentes; tiene correlaciones de utilidad. Y si la figura de Rodrigo Paz termina siendo percibida como un obstáculo para la estabilización del capital y el control social, sectores conservadores podrían empezar a reorganizar alternativas más agresivas.

Allí aparece el escenario más delicado: la posibilidad de articulaciones golpistas impulsadas desde sectores de derecha con participación o presión sobre las fuerzas armadas. No sería una anomalía histórica. Sería, precisamente, la repetición de una tradición continental donde las crisis económicas profundas suelen convertirse en oportunidades para reconfigurar el poder mediante mecanismos extrademocráticos. Cuando las clases dominantes sienten amenazada la estabilidad de acumulación, la democracia suele convertirse en un lujo secundario.

El problema es que el gobierno tampoco puede retirarse fácilmente. Hay demasiados intereses económicos, redes clientelares y estructuras políticas comprometidas en la preservación del aparato estatal. El poder ya no se conserva únicamente por convicción ideológica, sino por necesidad material. Perder el gobierno implicaría perder contratos, protección judicial, espacios burocráticos, privilegios económicos y capacidad de negociación. Por eso el oficialismo parece jugar al desgaste, esperando que la población se acostumbre gradualmente a vivir peor. Una pedagogía de la resignación nacional.

Pero existe un límite para toda normalización de la precariedad. La gente puede tolerar discursos vacíos durante un tiempo. Puede incluso soportar corrupción, incompetencia o cinismo. Lo que rara vez soporta indefinidamente es el deterioro simultáneo de la vida cotidiana. Cuando el combustible falta, la comida se encarece, el salario pierde valor y el horizonte desaparece, el malestar deja de ser ideológico y se vuelve existencial. Allí las sociedades entran en estados de volatilidad impredecible.

Lo verdaderamente inquietante es que Bolivia parece haber perdido no solo estabilidad económica, sino dirección histórica. Ya no existe un horizonte político reconocible. El gobierno improvisa, la oposición especula y las élites calculan costos. Mientras tanto, la población observa cómo el país empieza a acostumbrarse a negociar la escasez como si fuese una condición natural. Y quizá esa sea la señal más clara de la crisis: cuando la decadencia deja de percibirse como excepción y empieza a administrarse como normalidad.

Por Nulfo Yala

Bajo el discurso aparentemente incuestionable de “reactivar la economía” y “modernizar el Estado”, el nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano revela una reconfiguración silenciosa del poder orientada a fortalecer a sectores empresariales, agroindustriales, terratenientes y grupos económicos históricamente privilegiados, convirtiendo la crisis en un mecanismo de legitimación para flexibilizar derechos, concentrar poder y disciplinar socialmente a la población mediante el miedo económico. Mientras se habla en nombre del pueblo y del desarrollo nacional, el Estado parece desplazarse progresivamente desde una lógica de protección colectiva hacia una función técnica de administración de intereses corporativos, donde la eficiencia, la inversión y la seguridad jurídica terminan funcionando como eufemismos de subordinación política al capital. La ironía más brutal reside en que este proceso avanza envuelto en una narrativa popular y soberanista, mientras consolida precisamente aquello que durante décadas se prometió combatir: la restauración de un orden conservador donde las élites económicas recuperan capacidad de conducción sobre el Estado y la sociedad, y donde incluso quienes resultan perjudicados terminan defendiendo las estructuras que profundizan su propia subordinación.

Hay algo profundamente revelador cuando un gobierno comienza a hablar obsesivamente de “reactivar”, “modernizar”, “destrabar”, “aliviar” y “reformar”. Las palabras nunca llegan solas. Llegan acompañadas de técnicos, empresarios, consultoras, cámaras industriales, promesas de inversión extranjera y discursos sobre eficiencia. Y detrás de esa retórica casi quirúrgica aparece siempre la misma pregunta incómoda: ¿reactivar para quién?, ¿modernizar qué?, ¿destrabar a costa de quién?, ¿aliviar la carga de quiénes mientras otros siguen cargando el peso entero del país?

El nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano se presenta públicamente como una necesidad histórica para enfrentar la crisis económica, atraer inversiones y “reformar el Estado”. El discurso parece impecable. Nadie podría oponerse, en apariencia, a combatir la crisis. Nadie podría declararse enemigo de la producción o del crecimiento económico. Allí reside precisamente la eficacia del lenguaje del poder: convertir intereses particulares en necesidades universales. La operación es elegante. Primero se instala la idea de catástrofe económica permanente; luego se convence a la población de que cualquier resistencia a las reformas equivale a sabotear el futuro nacional. Finalmente, las medidas favorables a sectores empresariales y grandes capitales aparecen no como privilegios, sino como sacrificios inevitables por el bien común.

El problema es que la historia latinoamericana tiene memoria. Y esa memoria reconoce demasiado bien el libreto. Cada vez que se habla de “seguridad jurídica” para inversionistas, alguien pierde soberanía sobre sus territorios. Cada vez que se promete “flexibilización” normativa, alguna comunidad termina flexibilizando su derecho al agua, a la tierra o a la supervivencia. Cada vez que se invoca la palabra “competitividad”, miles de trabajadores descubren que la competitividad consiste básicamente en trabajar más por menos mientras los grandes grupos económicos reciben exenciones, alivios tributarios y garantías estatales.

La ironía es brutal. Durante décadas, el discurso político boliviano se construyó alrededor de la defensa de la soberanía popular, la descolonización y la resistencia frente al neoliberalismo. Ahora el nuevo horizonte parece ser seducir inversionistas extranjeros con promesas de “apertura absoluta”, alivio tributario y reformas estructurales destinadas a generar confianza empresarial. El lenguaje cambió de piel, pero no de dirección. El mercado vuelve a ocupar el lugar del antiguo dios republicano: invisible, incuestionable y siempre hambriento.

Se afirma que estas leyes buscan “formalizar la economía”. Qué expresión tan interesante. Formalizar suele significar disciplinar. Registrar. Vigilar. Incorporar a las poblaciones informales dentro de circuitos de control financiero, tributario y administrativo. El Estado aparece entonces no como garante de derechos colectivos, sino como administrador técnico de flujos económicos. El ciudadano deja de ser sujeto político y se convierte progresivamente en unidad económica cuantificable. Lo importante ya no es la vida digna, sino la productividad medible.

Mientras tanto, los sectores históricamente dominantes recuperan centralidad con una velocidad asombrosa. Agroindustriales, exportadores, inversionistas extranjeros y grandes propietarios son nuevamente presentados como los verdaderos salvadores nacionales. La narrativa es conocida: si ellos prosperan, el país prosperará. Si ellos ganan confianza, habrá empleo. Si ellos acumulan más capital, eventualmente algo “derramará” hacia abajo. Curiosa teoría esa del derrame: lleva décadas prometiendo lluvias y casi siempre termina inundando únicamente los mismos jardines privados.

El trasfondo más inquietante no está solamente en las leyes concretas, sino en la racionalidad que las sostiene. Ya no se gobierna apelando a proyectos colectivos emancipatorios, sino administrando el miedo económico. La crisis se transforma en instrumento pedagógico. Se enseña a la población que debe aceptar sacrificios, pérdida de derechos y concentración económica porque la alternativa sería el caos absoluto. El miedo funciona mejor que cualquier decreto. Un pueblo económicamente angustiado termina aceptando como inevitables medidas que en otro contexto serían consideradas escandalosas.

Y allí aparece el verdadero núcleo del problema: la consolidación silenciosa de una nueva arquitectura de poder. No se trata únicamente de beneficiar empresarios o terratenientes. Se trata de reconstruir un orden social donde ciertos grupos económicos adquieran capacidad estructural para definir políticas públicas, orientar reformas estatales y establecer los límites de lo políticamente posible. El Estado deja gradualmente de representar tensiones sociales para convertirse en operador administrativo de intereses estratégicos.

Por eso el discurso gubernamental insiste tanto en la “eficiencia”. Porque la eficiencia, despojada de cualquier contenido ético o político, suele ser simplemente el nombre elegante de la obediencia económica. Un Estado eficiente para los mercados puede resultar profundamente violento para las comunidades indígenas, para los trabajadores precarizados o para las regiones periféricas. Pero esa violencia rara vez aparece en los informes técnicos. Las estadísticas macroeconómicas poseen una extraordinaria capacidad para ocultar cuerpos concretos.

Resulta incluso sarcástico observar cómo ciertos sectores conservadores, históricamente enfrentados al discurso estatal plurinacional, ahora convergen cómodamente alrededor de estas reformas económicas. El capital posee una virtud extraordinaria: logra reconciliar enemigos ideológicos cuando las oportunidades de acumulación son suficientemente atractivas. La vieja tensión entre nacionalismo popular y élites económicas comienza a diluirse en nombre de la gobernabilidad, la inversión y la estabilidad.

Entonces surge una sospecha incómoda: quizá el objetivo final nunca fue únicamente superar la crisis económica. Quizá la crisis es también una oportunidad privilegiada para reorganizar relaciones de poder, recentralizar decisiones estratégicas y consolidar un modelo donde los sectores económicos dominantes recuperen capacidad de conducción histórica. Las leyes aparecen así no solo como instrumentos jurídicos, sino como dispositivos para fabricar un nuevo tipo de sociedad: más disciplinada, más empresarial, más obediente al mercado y menos capaz de imaginar alternativas colectivas.

La tragedia es que todo esto ocurre mientras se sigue hablando en nombre del pueblo. Siempre en nombre del pueblo. Porque el poder contemporáneo rara vez se presenta como dominación abierta. Prefiere disfrazarse de modernización, estabilidad, consenso técnico o inevitabilidad económica. Ya no necesita imponer silencios violentamente; le basta con administrar discursos, producir necesidades y convencer a la sociedad de que no existe otro camino posible.

Y quizás allí reside el triunfo más sofisticado del nuevo orden: lograr que las propias víctimas de la concentración económica terminen defendiendo las estructuras que profundizan su subordinación, creyendo que proteger los privilegios de las élites equivale a defender la salvación nacional. Una obra maestra del poder. Tan refinada que incluso quienes pierden terminan aplaudiendo mientras se firma su derrota.

Por Nulfo Yala

La ejecución de un magistrado en el corazón del conflicto agrario no es un hecho aislado, sino la irrupción visible de un poder que ya no se oculta: redes criminales que atraviesan tierra, dinero e instituciones y que comienzan a disputar la soberanía misma del Estado. Lo que emerge no es solo violencia, sino un orden paralelo que infiltra, condiciona y reemplaza al derecho, donde la ley pierde fuerza frente a la bala y la riqueza deja de ser cuestionada para convertirse en símbolo incuestionable de éxito. Bajo esta lógica, el crecimiento económico puede esconder capitales oscuros, la corrupción deja de ser excepción para volverse estructura, y la sociedad entera participa, consciente o no, en la normalización del origen ilícito del poder. El asesinato no solo elimina a un individuo: instala el miedo como regla, advierte a quienes deciden y revela un tránsito peligroso hacia un escenario donde el Estado se vacía desde dentro, acercándose a una forma de colapso silencioso en medio de violencia y crisis.

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El asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, en Santa Cruz, no puede ser leído como un hecho policial más. Fue atacado por presuntos sicarios cerca de la medianoche del 30 de abril de 2026, cuando se encontraba en su vehículo; medios nacionales reportan que recibió disparos y que una de las líneas investigativas apunta a posibles conflictos de tierras. ¿Qué significa que un alto miembro del órgano encargado de resolver controversias agrarias sea ejecutado en una región donde la tierra, el dinero y el poder se cruzan de forma tan opaca? ¿Qué clase de mensaje se instala cuando la violencia deja de ocultarse y comienza a hablar en público, con motocicletas, balas y cuerpos expuestos?

La pregunta incómoda no es solo quién mató al magistrado, sino qué estructura hizo posible que ese crimen aparezca como verosímil dentro del paisaje boliviano actual. Santa Cruz ya venía registrando asesinatos a bala que el Ministerio Público y la Policía asociaron, preliminarmente, con organizaciones criminales y posibles ajustes de cuentas. Entonces, ¿se trata de una anomalía o de una gramática nueva del poder criminal? ¿No será que el crimen organizado dejó de actuar como sombra económica y ahora comienza a actuar como soberanía paralela, capaz de administrar miedo, castigo y advertencia?

El problema es que Bolivia ha preferido durante años hablar del narcotráfico como si fuera una enfermedad externa, importada, marginal, casi accidental. Pero los indicios recientes obligan a mirar de frente una hipótesis más dura: las redes criminales no llegaron ayer, sino que pudieron haber convivido largamente con circuitos de dinero, tierra, comercio, protección política, corrupción judicial y tolerancia social. Un reportaje internacional de 2025 describió a Bolivia como un país que pasó de ser principalmente tránsito de droga a un posible enclave de operación criminal, con presencia de redes extranjeras, asesinatos, secuestros y extorsiones vinculadas al narcotráfico. ¿No será que el país está descubriendo tarde lo que ya estaba administrado silenciosamente desde hace años?

La tierra aparece aquí como una superficie material, pero también como archivo político. En Santa Cruz, la expansión agroindustrial y la disputa por áreas boscosas han sido señaladas como factores de tensión económica, social y territorial, especialmente por sus efectos sobre poblaciones indígenas y comunidades locales. La historia agraria boliviana tampoco es inocente: documentos del INRA recuerdan que, en determinados periodos, una pequeña minoría de propietarios concentraba una enorme proporción de la propiedad agraria. ¿Hasta qué punto la gran propiedad ha sido solamente producción, modernidad y eficiencia? ¿Hasta qué punto ha sido también una tecnología de captura, de blanqueamiento, de silencio y de prestigio social?

Sería ingenuo negar que las economías criminales buscan precisamente sectores donde grandes flujos de capital puedan mezclarse con negocios legales, activos territoriales, crédito, exportación, ganado, maquinaria, construcción y redes de influencia. El lavado de dinero tiene efectos económicos y sociales precisamente porque introduce recursos ilícitos dentro del flujo formal de la economía. Entonces, la pregunta queda abierta y molesta: ¿cuántas fortunas son realmente el resultado de productividad y cuántas son monumentos contables levantados sobre dinero sin origen confesable?

El llamado “modelo cruceño” ha sido presentado muchas veces como relato de éxito, emprendimiento, crecimiento y modernización. Pero ¿qué ocurre si parte de ese brillo fuese también una ilusión sostenida por capitales opacos? ¿Qué ocurre si el deseo social de “hacerse rico” en un país pobre terminó volviendo irrelevante la pregunta moral más básica: de dónde viene el dinero? En una sociedad donde el prestigio se mide por camionetas, urbanizaciones, estancias, ganado, edificios y consumo, el dinero deja de ser interrogado y empieza a ser venerado. Allí opera la forma más eficaz del poder: no necesita prohibir, solo necesita producir deseo, admiración y obediencia.

La corrupción estructural del Estado boliviano agrava este escenario. Si la Policía, la justicia, los registros, las instituciones agrarias y las autoridades políticas son percibidas como comprables o intimidables, entonces el crimen organizado no necesita destruir el Estado: le basta con habitarlo. Ese es el punto más oscuro. El Estado fallido no siempre aparece como ausencia total de instituciones, sino como presencia institucional vaciada, donde hay oficinas, sellos, jueces, policías, fiscales y discursos, pero el mando real circula por otros canales. ¿Qué vale una investigación si los investigadores pueden estar condicionados? ¿Qué vale una sentencia si la justicia puede ser sitiada por intereses económicos? ¿Qué vale la ley si la bala empieza a imponerse como lenguaje de decisión?

La ejecución del magistrado introduce un desplazamiento inquietante: ya no se trata únicamente de economías ilegales que buscan proteger sus circuitos, sino de estructuras que parecen dispuestas a intervenir en los espacios donde se define la propiedad, la legalidad y el conflicto. ¿Qué implica que un juez vinculado al ámbito agrario sea asesinado en un contexto donde las hipótesis giran alrededor de tierras y posibles ajustes de cuentas? ¿No se está insinuando, de manera brutal, que la disputa territorial ya no reconoce mediaciones institucionales y comienza a resolverse por fuera del derecho? En ese punto, la violencia no es desorden, sino reorganización del poder.

La experiencia comparada latinoamericana ofrece un espejo incómodo. En países como México, la escalada de violencia vinculada al narcotráfico no comenzó con grandes cárteles plenamente visibles, sino con fases progresivas de infiltración, corrupción, cooptación institucional y normalización social del dinero ilícito. Solo después emergió la violencia abierta como espectáculo disciplinario: cuerpos, mensajes, ejecuciones selectivas. ¿Está Bolivia transitando un umbral similar o aún se encuentra en una fase reversible? La pregunta no es retórica; es estratégica.

Lo que inquieta es que los signos comienzan a alinearse: asesinatos con características de sicariato, circulación de armas, disputas territoriales, economías ilegales con capacidad logística, redes internacionales, percepción social de impunidad y, sobre todo, una progresiva indiferencia colectiva frente al origen del capital. ¿Hasta qué punto la sociedad boliviana ha naturalizado esta lógica? ¿Hasta qué punto la promesa de ascenso económico ha reemplazado cualquier escrutinio ético? Allí se configura un campo de poder donde el dinero no solo compra bienes, sino también legitimidad simbólica.

El problema no se agota en la criminalidad, sino en la forma en que esta reconfigura el ejercicio mismo del poder estatal. Cuando la violencia deja de ser excepcional y se vuelve un instrumento comunicativo, lo que se está disputando es la soberanía. ¿Quién decide en última instancia sobre la vida, la propiedad, el territorio y el castigo? ¿El Estado o estructuras paralelas que operan con mayor eficacia y menor restricción normativa? Si la respuesta comienza a inclinarse hacia estas últimas, la noción de Estado deja de ser una realidad y se convierte en una ficción administrativa.

En este escenario, la idea de “Estado fallido” debe ser pensada con precisión. No se trata de una caída súbita, sino de una erosión gradual donde las funciones esenciales son capturadas o neutralizadas. El control territorial se fragmenta, la justicia pierde autoridad, la policía pierde legitimidad y la violencia se privatiza. ¿No es precisamente ese el proceso que comienza a insinuarse cuando un magistrado puede ser ejecutado sin que el hecho produzca una reacción institucional contundente capaz de restituir confianza? El silencio o la respuesta débil también comunican: indican límites, muestran incapacidad, habilitan nuevas acciones.

A su vez, la violencia tiene una dimensión pedagógica. No solo elimina a un individuo, sino que envía un mensaje a todos los demás: jueces, fiscales, políticos, empresarios, campesinos, dirigentes, ciudadanos. Enseña qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y cuáles son las consecuencias de intervenir en ciertos conflictos. En ese sentido, el asesinato del magistrado no es únicamente un crimen; es un acto de producción de miedo, una advertencia que busca reorganizar comportamientos. ¿Cuántas decisiones futuras serán condicionadas por ese hecho? ¿Cuántos actores optarán por callar, negociar o retirarse?

La cuestión final es más inquietante que cualquier diagnóstico: ¿está Bolivia asistiendo al tránsito de un orden donde el poder se legitimaba jurídicamente hacia otro donde el poder se impone por la capacidad de ejercer violencia directa? Si esa transición se consolida, el problema ya no será únicamente el narcotráfico o la corrupción, sino la mutación del propio régimen de verdad que organiza la vida social. La ley dejaría de ser referencia y la fuerza se convertiría en criterio.

Entonces, la muerte del magistrado no puede ser reducida a una estadística más. Funciona como síntoma. Un síntoma que obliga a preguntarse si lo que se observa es el inicio de una nueva fase o la revelación tardía de una realidad que siempre estuvo operando bajo la superficie. ¿Cuánto de lo que hoy aparece como crisis es, en realidad, la visibilidad de un orden que durante años se prefirió no ver? ¿Y cuánto tiempo más puede sostenerse esa negación antes de que la violencia deje de ser señal y se convierta en norma?

Por Nulfo Yala:

Cuando el poder renuncia a la razón y se refugia en la condena moral, el debate público deja de existir y es sustituido por un espectáculo de exorcismos ideológicos donde pensar se vuelve sospechoso; convertir a Karl Marx en figura demoníaca no solo evidencia ignorancia, sino una estrategia deliberada para clausurar toda crítica al orden económico vigente, y cuando esa operación es ejecutada desde la tribuna de Javier Milei con la solemnidad de un reconocimiento académico, lo que se revela no es fortaleza intelectual sino una profunda fragilidad: la incapacidad de sostener un sistema sin fabricar enemigos absolutos, sin distorsionar ideas y sin convertir la política en una cruzada donde la complejidad es sacrificada en nombre de consignas tan ruidosas como vacías.

El poder, cuando percibe amenazada su arquitectura simbólica, rara vez responde con argumentos; prefiere producir figuras del enemigo que permitan clausurar la discusión antes de que esta comience. En ese gesto, la crítica se transforma en un ritual de purificación y el lenguaje en un instrumento de excomunión. Así ocurre cuando Javier Milei decide nombrar a Karl Marx no como interlocutor, sino como encarnación de lo demoníaco. La operación no es ingenua ni anecdótica: es profundamente funcional. Convertir a un autor en figura satánica implica desplazarlo fuera del campo de lo discutible. Ya no se trata de debatir categorías, ni de refutar hipótesis, ni de confrontar diagnósticos sobre el capitalismo; se trata de erradicar simbólicamente una amenaza. El pensamiento, en ese contexto, deja de ser un ejercicio crítico para convertirse en un campo de batalla moral donde todo disenso es sospechoso de impureza.

La acusación de “satanismo” dirigida al marxismo revela más sobre la fragilidad del discurso que la enuncia que sobre el objeto que pretende condenar. Allí donde la teoría exige rigor conceptual, se introduce una retórica teológica que simplifica, distorsiona y finalmente anula la complejidad. El marxismo, con toda su densidad histórica, filosófica y económica, es reducido a una caricatura moral construida a partir de emociones primarias como el miedo y la repulsión. En ese desplazamiento, el campo político se vacía de contenido analítico y se llena de categorías religiosas: bien y mal, pureza y corrupción, salvación y condena. La ironía es brutal: quien se presenta como adalid de la racionalidad económica termina recurriendo a un lenguaje que pertenece al ámbito de la fe, no del análisis.

Pero el problema no se agota en la ignorancia conceptual; adquiere una dimensión más inquietante cuando se observa su función estratégica. Nombrar al marxismo como una teoría de “exterminio” no es simplemente un error, sino una forma de construir una amenaza absoluta que justifique cualquier forma de exclusión. El lenguaje se convierte en un dispositivo de poder que produce realidades: instala la idea de que toda crítica al orden económico vigente es potencialmente violenta, irracional o destructiva. En ese marco, el debate queda cancelado antes de iniciarse, porque nadie discute con aquello que ha sido previamente definido como maligno. La política se reduce entonces a una gestión de miedos, donde el enemigo no debe ser comprendido, sino eliminado del horizonte de lo pensable.

La escena en la que estas afirmaciones son pronunciadas añade una capa adicional de gravedad. No se trata de una declaración marginal o improvisada, sino de un discurso emitido en un contexto de legitimación académica, bajo la investidura de un reconocimiento honorífico. La universidad, históricamente concebida como espacio de crítica y producción de conocimiento, aparece aquí convertida en escenario de validación ideológica. La paradoja es evidente: en el lugar donde debería fomentarse el pensamiento complejo, se celebra la simplificación extrema; donde debería incentivarse el debate, se consagra la condena. El título honorífico no legitima el discurso, pero sí evidencia la capacidad del poder para colonizar incluso los espacios que deberían resistirlo.

La transformación del conflicto social en un relato moralizante constituye quizás el núcleo más problemático de esta retórica. Las tensiones estructurales del capitalismo, la desigualdad persistente, la concentración de riqueza y la precarización de la vida desaparecen del análisis. En su lugar, emergen categorías afectivas que individualizan y despolitizan el problema: envidia, odio, resentimiento. La crítica al sistema deja de ser una posición racional para convertirse en una patología emocional. De este modo, se invierte la carga del problema: no es el sistema el que produce desigualdad, sino los individuos los que reaccionan de manera “incorrecta” frente a él. La operación es eficaz porque desactiva cualquier posibilidad de cuestionamiento estructural y la reemplaza por un juicio moral sobre los sujetos.

El sarcasmo de la situación alcanza niveles casi grotescos. En nombre de la libertad, se construyen discursos que eliminan la pluralidad; en defensa de la racionalidad, se recurre a categorías místicas; en oposición al totalitarismo, se produce un lenguaje que no admite matices ni diferencias. La figura del enemigo absoluto se vuelve indispensable para sostener una narrativa que no tolera la ambigüedad. Y en ese proceso, el pensamiento crítico es desplazado por la repetición de consignas que operan más como actos de fe que como argumentos. Lo que se presenta como una defensa de valores termina siendo, en realidad, una estrategia de simplificación que empobrece el debate público.

Lo que queda al final no es una discusión sobre ideas, sino una evidencia inquietante: la política contemporánea, en ciertos sectores, ha renunciado a la complejidad y ha optado por la dramatización moral como forma de control. Porque discutir a Marx exige leerlo, comprenderlo, situarlo históricamente y confrontar sus tesis con argumentos sólidos. Acusarlo de satanismo, en cambio, solo requiere convicción y un auditorio dispuesto a aceptar la simplificación. Y es precisamente ahí donde se revela la dimensión trágica del fenómeno: no en la existencia de ideas que incomodan al poder, sino en la incapacidad de ese poder para enfrentarlas sin recurrir a la demonización.