Por: Milenka Almanza López
A un mes de la “ruptura” del dique de colas de la Federación departamental de Cooperativas Mineras del Departamento de Potosí, ubicado en la localidad de Agua Dulce del Municipio de Yocalla (21 de julio del 2022), no se evidencian acciones concretas ni efectivas en pro de la restauración de las áreas afectadas; lo cual devela una política imperante en el departamento, de un ejercicio de presión sobre el territorio, que se acrecentó en la ciudad de Potosí, a causa de actividades mineras crecientes y no planificadas.
Para comprender mejor la envergadura de la problemática de este desastre ambiental, al decir colas se refiere o los “desechos” de los procesos de beneficio de minerales en los ingenios mineros; y se hace énfasis en desechos, porque muchas de estas colas tienen aún minerales que con otro tipo de tecnología más eficiente se podrían recuperar en mayor cantidad.
Pero, porque este suceso del colapso del dique de colas, se considera un desastre ambiental, que por las características descritas no puede ser el último. Para esto se ha buscado información en las páginas web de los Instancias Ambientales competentes. Lamentablemente no se ha podido encontrar información -sobre el grado de contaminación, los agentes contaminantes y la permanencia de dichos contaminantes en el medio ambiente – en las páginas web en la Instancia Ambiental Competente del Gobierno Municipal de Potosí, Gobierno Municipal de Yocalla, ni en la Página del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; tampoco en las Páginas del Ministerio de Minería y Metalurgia y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. No obstante que, dentro del marco del Acuerdo de Escazu, se debería garantizar la disponibilidad y el acceso a la información ambiental (acuerdo ratificado por Bolivia mediante Ley 1182).
Ante la ausencia de datos públicos de las intancias competentes mencionadas se ha recurrido a analizar el discurso de varias autoridades, empezando por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal, Magin Herrera; donde manifiesta que 13 millones de toneladas de colas con carga contaminantes han sido esparcidas en cursos de agua aledaños al incidente. Por su parte, el Secretario Departamental de la Madre Tierra de Potosí, Nelsón Sacaca, las colas habrían llegado hasta el rio de la Rivera y éste habría confluido con la quebrada del Rio Tarapaya. Y de acuerdo al informe técnico emanado por técnicos de esta repartición pública: “ Fedecomin Potosí debe realizar el recojo de sedimentos desde el punto de incidencias hasta los 32 kilómetros agua abajo, hasta lo que se denominada localidad de Cabañías, tomando en cuenta el retiro del suelo afectado en un plazo no mayor a 60 días calendario” (sic); pero no menciona que tareas de restauración se realizarán ni tampoco en base a qué línea base, de las características previas de las áreas afectadas, se tendrá que trabajar, tal como menciona la Ley Marco de La Madre Tierra “Para Vivir Bien”. Lo cual muestra nuevamente la importancia de los estudios previos con relación a las áreas de influencia directa e indirecta. Pese a ello el personal de la Alcaldía de Potosí solo mencionó que el área de San Antonio está “totalmente contaminada y afectada de sobremanera”, sin mencionar el grado de afectación y ni qué factores ambientales están afectados, menos las proyecciones de dicha afectación (Correo del Sur, de fecha 19 de agosto 2022).
Lo que no se evidencia en los reportes de los técnicos de las Instancias Ambientales correspondientes, son estudios integrales de la afectación; pues la problemática es integral y no solo un análisis comparativo de resultados de ensayo laboratorial sobre parámetros inexistentes para determinar grado de afectación en suelos. La misma problemática para el caso de la vegetación. De la misma manera, los sedimentos de las colas liberadas en el colapso del dique, no solo están dispuestas en lecho de rio, también lo están en riveras, en suelos aledaños, lo cual aumenta el riesgo de suspensión de esas partículas por el viento en caso de estar secas. Posteriormente serán sedimentados por deposición húmeda tanto a suelos, cuerpos de agua, y arrastrados por el rio; que, no olvidemos confluye con el rio Pilcomayo, que a su vez es parte de una cuenca de curso internacional; y aguas abajo, los medios de vida no son los mismos que las que se pregonan en Potosí Ciudad. Aguas abajo, los medios de vida son la pesca, la agricultura, la recreación y no solamente la actividad minera, tan profundamente enraizada en lo cultural y social en la población potosina.
Por otro lado, cuando se habla respecto de la afectación a suelos, no se puede aseverar que existe contaminación solamente en base a los análisis laboratoriales. Por su complejidad, los suelos requieren de un análisis más exhaustivo considerando incluso la especiación de los compuestos y elementos contaminantes. Por tanto, en los reportes de las instancias ambientales y Autoridades Ambientales Competentes tampoco se evidencia este tratamiento y análisis.
Pero lo más preocupante es que las autoridades no mencionan en sus discursos el cumplimiento el principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra, de la Ley Marco de la Madre Tierra 300, que versa: “El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o planificada sobre los componentes, zonas y sistemas de ‘vida de la Madre Tierra, esta obligada a realizar una integral y efectiva restauración, rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproxime a las condiciones pre existentes del daño, independientemente de las otras responsabilidades que puedan determinarse. En ese sentido, es menester que se garantice dicha restauración y rehabilitación; acciones que incluyan no solo el retiro de colas esparcidas, que dicho se ha de paso tiene que ser de tonelaje similar a las vertidas; sino también, de ser necesario, recuperación de cursos de agua, suelos y las que correspondan.
También llama la atención el número de muestras tomadas. Se tomaron 7 muestras de agua y 4 de sedimentos en un recorrido de 32 kilómetros; pero se desconoce los criterios seleccionados para solo tomar cuatro muestras de sedimentos en una longitud tan extensa; considerando, además, que las colas o relaves son considerados como fluidos no newtoneanos, donde aparecen fenómenos de segregación y existe precipitación y separación sólido líquido en diferentes puntos del trayecto, debido principalmente, a que la viscosidad no es constante en estos fluidos y que se requiere adicionalmente determinar la morfología del lecho de los causes o ríos.
Es importante destacar, también, que las colas tienen una alta carga contaminante, con minerales no recuperados por la tecnología empleada; restos de reactivos, como el cianuro, xantatos, sulfato de cobre, entre otros como contaminantes críticos. Pero los más preocupante son los metales pesados, que, en un lenguaje más coloquial, son elementos químicos pesados, considerados tóxicos, por ende, son unos enemigos invisibles, que pueden permanecer por bastante tiempo en el ambiente. Y a partir de los resultados emanados por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal, se ha determinado que las aguas afectadas en cercanías al incidente son ácidas; lo cual debela que existen metales pesados en disolución; pero lo que más sorprende es que el viceministro muestra un estudio de contaminación de aguas basado solo en un parámetro, que en este caso es el pH, siendo que la misma legislación ambiental boliviana, a través de su Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica en su ANEXO 1, determina que son varios los parámetros para establecer la calidad de los cuerpos de agua. De la misma manera, la Autoridad Ambiental Competente Nacional tampoco ha considerado en sus resultados al cianuro como parámetro de análisis, aunque por oxidación o hidrólisis es fácilmente degradado; ello a pesar de que el cianuro es utilizado en labores de beneficio de minerales en la Operación minera del Ingenio de FEDECOMIN.
Por todo lo expuesto, precedentemente, es imperante y urgente la realización de esta restauración y recuperación ambiental efectiva de las áreas afectadas antes de que comiencen las épocas de lluvias, que pueden ocurrir más pronto de lo habitual por los efectos del cambio climático (las lluvias se pueden adelantar). Lo que provocará eventos precipitación, escorrentía, erosión y arrastre de sedimentos en los tributarios del rio Pilcomayo, y si no se toman acciones pertinentes y urgentes, el panorama de la afectación puede intensificarse dramáticamente.
Esta problemática muestra que las acciones de las Autoridades están orientadas a apagar el fuego después de que el incendio ya ha sido sofocado; es decir, después que los ríos ya han sido afectados, contaminados y dañados. Esto devela, una problemática ambiental estructural de la minería en Bolivia, y en particular en Potosí, ya que existe conformidad en las acciones de gestión ambiental orientadas solamente a mitigar impactos, escasamente a establecer medidas de prevención en las tecnologías empleadas. Adicionalmente, este colapso del dique de colas refleja, una total falta de aplicación del principio precautorio de la ley 300 (Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien); pues muchos de los pequeños productores, mineros y cooperativas mineras realizan estas acciones con la inacción de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Es altamente probable que a la hora de aprobar este apartado en la Ley 300, pudo haber existido injerencia y presión del sistema Cooperativo Minero en Bolivia.
En este mismo orden de ideas, si hablamos de prevención en las políticas ambientales relacionadas a la minería, los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco de sus competencias y atribuciones, deberían elaborar un plan de Ordenamiento Territorial, donde se evalúen las características de vulnerabilidad de los sitios más aptos donde se pretenden emplazar las actividades mineras, y emplazarse en los lugares menos vulnerables a la contaminación ambiental; debiendo considerarse la vulnerabilidad de los acuíferos, ubicación topográfica, cercanía a cuerpos de agua, etc.; Y no como sucede actualmente, donde las operaciones de ingenios mineros se emplazan dónde pueden, compran el terreno sin determinar o considerar previamente si éstas áreas son aptas para su emplazamiento. Tampoco existe el control previo por parte de los Gobiernos Municipales; estos últimos, a lo sumo, realizan efímeras acciones de “control y vigilancia”. Una vez estos ingenios ya se han emplazados simplemente se “adecúan” a partir de las licencias ambientales emitidas por las Autoridades Ambientales Competentes, adecuación que responde más a los intereses de los operadores, muchas veces, en desmedro del Medio Ambiente.
Las operaciones mineras actuales, particularmente en muchas cooperativas mineras, demuestran una total falta de compromiso hacia el cuidado del medio ambiente, como el caso del colapso de su dique, que demuestra la insostenibilidad de las tecnologías empleadas, falta de seguimiento y control efectivo por parte de las instancias ambientales de los Gobiernos Municipales, y Autoridad Ambiental Competente Departamental, con políticas altamente permisibles.
También se muestra que, un desastre ambiental de esta envergadura requiere acciones normadas de restauración y recuperación de sitios afectados; lo que en definitiva significa inversión económica por parte del operador minero y que con seguridad no ha presupuestado en su planificación. Clara muestra que el tema ambiental para estas operaciones mineras es intrascendente, lo cual se refleja en una pobre gestión ambiental y técnica
El incidente del Dique de Colas de FEDECOMIN, es sola la punta del Iceberg en la problemática ambiental relacionada a la actividad minera el Potosí, que desde hace más de 500 años es una zona de sacrificio ambiental, donde se prioriza el capital económico antes que la naturaleza. Donde se evidencia emplazamientos de operaciones mineras de beneficio de minerales, comúnmente llamados Ingenios Mineros, sin previos estudios de vulnerabilidad a la afectación de las áreas donde se emplazarán las operaciones mineras de este tipo. Esto ocurre tanto en el Municipio de Yocalla (donde ocurrió el hecho), como en el Municipio de Potosí, donde las actividades de este tipo se concentran dentro de la mancha urbana y en un distrito municipal Rural como es el Distrito 16 Concepción, donde en otrora, incluso, existían bojedales (humedales altoandinos).
Pero esta problemática no acaba ahí, considerando las reservas probables y probadas de minerales del Departamento de Potosí; existe, aún, muchos minerales por explotar con la insostenibilidad ambiental a cuestas. Por lo que, se hace imprescindible una urgente necesidad de aplicación de políticas y tecnologías limpias en la minería en Potosí, que apunten al desarrollo sostenible, como corresponsabilidad de los operadores mineros. Al Estado, en sus diferentes niveles y la sociedad civil como defensores de la naturaleza en el marco del acuerdo de Escazú, que enmarca y prioriza las dinámicas de presión social sobre el extractivismo.
La academia (universidades, institutos, etc.) también tendrá que tomar un rol protagónico en la solución de esta problemática; pues estas tecnologías nuevas y limpias, tendrían que enmarcarse en los ejes de investigación científica y tecnológica de las universidades del sistema boliviano, que puedan garantizar la estabilidad de los residuos minero metalúrgico y reducir al mínimo los procesos de licuefacción de las colas (factor causal del colapso del dique de colas de FEDECOMIN)
También es urgente cumplir y hacer cumplir lo que se pregona en la agenda 2030 del país, la Ley Marco De La Medre Tierra, Para Vivir Bien, que plantea un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. Cuestionar y cambiar los marcos regulatorios que tienden solamente a controlar, y no a prevenir. Es mejor prevenir la contaminación que restaurar, luego, medios contaminados.
Además, es importante el rol de la sociedad civil para exigir que, dentro de las categorías de minería ilegal, se incluya el cumplimiento tácito de todos los mecanismos y regulaciones para la obtención de licencias ambientales, priorizando la implementación de medidas de prevención antes que las medidas de mitigación.
Es urgente que, las poblaciones afectadas, se articulen y realicen un control social efectivo a estas operaciones mineras, formación de defensores de derechos de la madre tierra en Potosí, donde sus acciones de defensa estén salvaguardadas y libres de represalias, censuras y persecuciones por intereses sectarios y grupos de poder.
A partir de problemática debe trabajarse una política pública, con una profunda toma de conciencia de la sociedad y las instituciones del estado, en sus diferentes niveles y luego pasar a la ejecución y posterior evaluación. Las prioridades deberían centrarse en las políticas de desarrollo. Aboliendo el beneficio de algunos a costa de la afectación a muchos.
Es necesario exigir a FEDECOMIN, que asuma los costos de la restauración y recuperación de las áreas afectadas. Además, es necesario que esta información se difunda públicamente, para que la población comprenda y palpe la envergadura de la problemática. La descontaminación es urgente, pues al igual que una intoxicación humana, se requiere atención inmediata, ética, profesional y justa.
Por último, es urgente que la temática de la Gestión ambiental Minera Sostenible, sea priorizada como “agenda país”; generando, a la par, una cultura ciudadana de reivindicación de la salud del medio ambiente y la autogestión del territorio como derechos fundamentales de la sociedad. Es menester articular a los defensores de la naturaleza. Que la sociedad en su conjunto se apropie del valor de la naturaleza; de lo contrario Potosí seguirá siendo una zona de sacrificio perpetuada por sus propios hijos e hijas, una tóxica dependencia de una economía contaminada por los desastres ambientales de la minería.
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