Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico, por el Censo en Bolivia, están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final.
Por Nulfo Yala
Nuevamente se cierne el peligro de perder la democracia en Bolivia. Cualquier excusa es válida en el juego político del fascismo. Indudablemente el tema del censo se ha constituido en un nuevo motivo para buscar sembrar el odio y exacerbar los ánimos en base a discursos de supuestas reivindicaciones regionales, e incluso nacionales, a partir de imposición para que el Censo de Población y Vivienda se realice en el año 2023. Cómo bien lo han manifestado diversos actores políticos, tanto de oposición como del oficialismo, se ha generado un falso debate en base al planteamiento de una fecha, que se ha vuelto como una consigna política para debilitar y derrocar al gobierno y en definitiva quebrantar, una vez más, el estado de derecho.
Se arguye que es un falso debate, pues la fecha es irrelevante cuando lo importante son los resultados del censo y que se presenten antes de las elecciones generales del 2025. Por supuesto, esto es lo que menos importa para el poder fascista que gobierna Santa Cruz. El trasfondo del asunto, desde luego, va más allá de esta simple discusión de tiempos. Se trata de generar un escenario donde se demuestre el poder que tiene el fascismo en Bolivia desde su bastión, en la región de Santa Cruz; para ello no se ha dudado en articular fuerzas políticas de la mayoría de los comités cívicos en Bolivia. Sin pensarlo dos veces claman voces de apoyo a este movimiento fascista y desestabilizador, en nombre de supuestas reivindicaciones sociales; sin embargo, lo que articula a todos estos movimientos es el odio a todo aquello que represente al “MAS» que es el partido político gobernante. Sin importar los peligrosos medios a los cuales recurren, estos comités cívicos, al ser funcionales y activistas activos de la acción política fascista, con tal de derrotar y destruir al enemigo. No importa si la democracia conculca y los derechos humanos sucumban, para estos comités cívicos el medio justifica los fines. Esto se demostró claramente en las últimas elecciones nacionales, cuando fueron a clamar incluso de rodillas a los cuarteles militares para que tomen el poder, pregonando que existió un supuesto fraude; excusa que es utilizada hoy en día por muchas corrientes fascistas regionales, como sucede en los bloqueos de carreteras como medida de desconocimiento de los resultados de las elecciones del 2022 del Brasil, donde la ultraderecha fascista trata de deslegitimar y desconocer el triunfo del presidente Lula, bajo la consigna de que existió fraude en las elecciones.
Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico qué lleva a esta fecha ya van alcanzando los 12 días, están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final. Para ello el caudillo fascista que gobierna Santa Cruz y sus acólitos, no dudarán en utilizar cualquier medio y excusa que tengan a la mano para ir ganando terreno en este propósito, la generación del conflicto y la violencia. El fascismo conoce muy bien cómo manipular a las masas exacerbando el espíritu y el sentimiento regionalista. Se observa permanentemente en las redes sociales y también en algunos medios de comunicación cómo, de manera persistente, a través de algunos medios de comunicación funcionales, se va interiorizando en la mente de los cruceños la justificación histórica de supuesto sometimiento de Santa Cruz a lo alto andino u “occidental” de Bolivia. Historiadores, analistas y supuestos intelectuales van construyendo este discurso qué reivindica un nacionalismo regionalista identificado en lo «camba».
Desde luego esta construcción regionalista viene acompañado con un profundo, y poco sutil, discurso racista y de discriminación contra todo aquello que no represente sus intereses o vaya contra su ideología fascista.
La reacción a los “cercos” al Departamento de Santa Cruz, por los denominados “movimientos sociales”, afines al gobierno, en contra del paro cívico; ha evidenciado que este movimiento fascista y regionalista de Santa Cruz estaba articulado y al parecer también apoyado por los grupos de poder y las logias que existen en ese departamento. Estos cercos, han destapado que estos grupos de poder económico: algunos empresarios – dueños de industrias, tenían la vía libre para seguir con su actividad económica. La estrategia fascista de los cívicos en Santa Cruz y del gobernador fue precisamente poner la soga al cuello, con los bloqueos, a las personas de bajos recursos. Es decir, utilizarlos como “carne de cañón” para qué una vez afectados por el hambre y las restricciones de la libre circulación, reaccionen contra el gobierno. Como es típico del fascismo, la gente pobre siempre termina siendo usada y desechada para que los grupos de poder, además de tener el control económico, casi absoluto; tengan ahora, también, el poder político.
Lo novedoso de esta nueva arremetida fascista es que consiguieron, estratégicamente, manipular y someter a la Universidad Pública de Santa Cruz, a través de sus máximas autoridades. Nuevamente, Cómo en el 2019, se trata de repetir el libreto, incorporando a la comunidad universitaria en afanes de desestabilización del orden democrático en el País. Tristemente se observa, una vez más, como algunas universidades públicas bolivianas están al servicio del fascismo cívico regionalista.
Ojalá que en esta oportunidad no sé subestimé al fascismo como se lo hizo en el 2019. Por lo visto el fascismo independentista de Santa Cruz está muy bien articulado y cuenta con apoyo económico y asesoramiento político y técnico, y es muy probable que también desde el exterior del país. No sería sorprendente que hayan infiltrado instituciones militares o policiales como otrora, y que solamente están esperando el momento para dar el zarpazo final para imponer la dictadura de un nuevo golpe de estado.
Está en manos del gobierno democráticamente electo el garantizar y defender la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Este estado de terrorismo cívico amenaza cada vez más, con métodos más radicales y violentos, violando los derechos de las personas más humildes a través de sus denominados «paros cívicos». Violentando el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y a la libertad de las personas. Todo ello a la vista y paciencia de los gobernantes.
Bajo la premisa del “derecho a la protesta” se viene violando sistemáticamente derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Esta permisividad fortalece cada arremetida del fascismo con mayor violencia y mayor odio, de los cuales se alimenta para crecer y adquirir más poder. Sería catastrófico que estos grupos fascistas realmente se hayan armado durante el golpe de estado del 2019; como se vienen advirtiendo en algunas publicaciones en las redes sociales (véase el pronunciamiento de grupos civiles armados que circulan en las redes sociales, a propósito del actual conflicto por el Censo).
Debemos recordar, permanentemente, la advertencia de Aristóteles respecto de la degeneración de la democracia y lo advertido por el historiador griego Polibio (200 – 118 a.c.) «Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder o sea la degeneración de la democracia. La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia» y el fascismo cívico regionalista de Santa Cruz y su gobernador, sabe que esto funciona muy bien para sus fines independentistas. La historia universal y las dos grandes guerras mundiales, demostraron lo inútil y peligroso el intentar cualquier diálogo o negociación con el fascismo. Ya lo dijo, tan acertadamente, Buenaventura Durruti “Al fascismo no se le discute, se le destruye”.
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