Por Nulfo Yala:
La universidad pública parece estar profundamente afectada por los «amarres» y las alianzas de poder del denominado cogobierno, que ejerce su influencia incluso dentro de cada carrera. Este fenómeno legitima una suerte de alianzas políticas que, impulsadas por intereses de grupos de poder, buscan mantenerse en el poder y seguir disfrutando de los privilegios resultantes.
En la actualidad, a través de distintos medios de comunicación y en las entrevistas realizadas a las autoridades universitarias, especialmente en el contexto de la Universidad Pública Potosina, se sugiere que la institución está encaminada hacia la mejora de la calidad educativa mediante la implementación de exámenes de competencia para la titularidad docente. Este aspecto, más allá de su difusión mediática y del posible interés de las autoridades por proyectar una imagen positiva, requiere un análisis más detallado y crítico.
Se plantea la mejora de la calidad educativa en la universidad, pero surge la pregunta sobre si la titularización de docentes realmente conducirá a dicho mejoramiento, especialmente cuando muchos de estos docentes ya formaban parte del cuerpo docente y simplemente han cambiado su estatus dentro del escalafón. Esta situación nos lleva a cuestionar la efectividad real de este proceso y por ende surgen varias preguntas: ¿Es que acaso la sola titularización de docentes garantizará el mejoramiento de la calidad, que dicho de esa manera suena tan importante pero tan vacía cuando el argumento solamente se convierte en una declaración eufemística y mediática? Pero siendo más específicos, ¿será que el proceso de titularización ha sido realmente transparente, probado, íntegro y sobre todo coherente con los requisitos exigidos para dar la categoría de titular o docente de carrera, establecidos en los estándares internacionales como garantía para ejercer la docencia?
Para dilucidar este asunto con mayor detalle, es esencial analizar las convocatorias emitidas por la Universidad Pública Potosina para la gestión 2024. Sorprendentemente, estas convocatorias resultaron ser idénticas para todas las carreras, con la única variación de los detalles específicos de cada una. Esta homogeneidad plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso de titularización. ¿Será que estas convocatorias se ajustaron a las necesidades y particularidades de cada área científica en la particularidad y el contexto de cada Carrera?
Dentro de los requisitos mínimos habilitantes, resulta desconcertante observar que no se ha contemplado un aspecto fundamental, incluso de sentido común, que normalmente no se omitiría en ninguna convocatoria a docencia especializada en cualquier parte del mundo: la exigencia de poseer títulos de especialidad posgraduales en las asignaturas para las cuales se postula. ¿Acaso no es relevante que el futuro docente titular sea un especialista en el área en la que enseñará? ¿Se trata de una omisión involuntaria? La complicación aumenta aún más al preguntarnos cómo se verificará si el postulante es un experto en el área de conocimiento que está solicitando. Esta omisión constituye un error grave en el proceso. Si se sigue este criterio, se iguala al neófito con el experto, tal como lo confirma el tango «Cambalache» de Santos Discépolo: «Da lo mismo Don chico que Napoleón».
Para empeorar la situación, resulta que solo se exige una experiencia mínima de dos años a partir del título profesional. En otras palabras, estamos considerando postulantes que podrían ingresar a la carrera docente como docentes titulares sin especialidad y con tan solo dos años de experiencia. ¿No es acaso increíble?
Otro aspecto observado es que, dentro de los requisitos mínimos habilitantes de la convocatoria, se exija un curso de manejo de entornos virtuales, certificado con una carga mínima de 40 horas. Resulta sorprendente porque, a diferencia de los títulos posgraduales de especialidad, que ni siquiera son requisitos según lo establecido en la convocatoria, el incumplimiento de este certificado de entornos virtuales haya sido motivo de inhabilitación para los postulantes. ¿Será que se considera que un curso breve sobre entornos virtuales es más relevante que una especialidad posgradual? Además, se exigió que este curso debería ser dictado necesariamente por una universidad del sistema de la universidad boliviana. Surge la duda si esta exigencia hace referencia al curso publicado por la unidad de Posgrado de la universidad semanas antes de las convocatorias; es decir si estaba planificado exigirlo para fines de titularización. También queda la incertidumbre sobre cuántos postulantes con especialidad fueron inhabilitados o no se presentaron debido a la falta de este requisito, dado que, según lo establecido en la convocatoria, el curso breve sobre manejo de entornos virtuales parece tener más peso que un título posgradual de especialidad. ¿No es acaso extraño?
Lo que sigue es de antología. Se incluyó en la convocatoria, entre otros requisitos (no inhabilitantes), la presentación de producción intelectual por parte de los postulantes. Es decir, no importa si los postulantes hacen ciencia o no; o, si publican su producción intelectual o no lo hacen, igual nomás seguirán en carrera para su titularización. Mientras que, en gran parte del mundo, la producción intelectual es un requisito indispensable para ejercer la docencia en las universidades, con exigencias incluso de publicación en revistas científicas indexadas y arbitradas. En Potosí, esta realidad es diferente. Es increíble, pero cierto, y esto está sucediendo actualmente en la Universidad Pública de Potosí. Además, para colmo de males, en la convocatoria se equipara con el requisito de participación en cualquier ámbito de la vida universitaria; lo que significa que para la Universidad Pública Potosina las publicaciones científicas tienen el mismo valor que ser parte de la representación universitaria en un equipo deportivo o formar parte del gremio o sindicato docente. En consecuencia resulta lamentable y desconcertante la falta de valorización que se le otorga a la producción científica en esta universidad.
Finalmente, resulta llamativa la referencia que se hace en los últimos párrafos de las convocatorias, donde se advierte que la categorización o recategorización estará sujeta a la aplicación de la matriz de compromiso suscrita por la universidad con el gobierno boliviano. ¿Qué significa esta aclaración? ¿Acaso estaba previamente planeado que los docentes en categoría de invitados serían titularizados? Considerando la situación de austeridad de la universidad, dado que durante varios años se gastó más allá de los límites presupuestarios asignados por el gobierno, ¿tiene sentido titularizar a estos docentes, lo que implicaría un aumento en sus remuneraciones por la recategorización o, peor aún, contratar nuevos docentes, lo que significaría un incremento en la planilla de gastos? ¿No resulta contradictorio que en época de austeridad se aumenten los gastos de la planilla?
Surgen más preguntas sobre si estos procesos han sido verdaderamente transparentes o si simplemente constituyen promesas de campaña que buscan obtener réditos políticos, ya sea actualmente o en el futuro, por parte de candidatos que buscan ser reelegidos o elegidos para posiciones jerárquicas superiores en las autoridades universitarias. ¿Ha sido el proceso de titulación libre de legitimación de alianzas políticas entre las camarillas de poder funcionales dentro de la universidad? ¿O ha estado sujeto a exigencias y compromisos impuestos a los candidatos seleccionados para titularizarse?
Estas cuestiones plantean dudas fundamentales sobre la integridad y la transparencia de los procesos universitarios en Potosí . La universidad pública parece estar profundamente afectada por los llamados «amarres» (en jerga popular) y las alianzas de poder del denominado cogobierno, que ejerce su influencia incluso dentro de cada carrera. Este fenómeno legitima una suerte de alianzas políticas que, impulsadas por intereses de grupos de poder, buscan mantenerse en el poder y seguir disfrutando de los privilegios que estas alianzas les proporciona. Esta situación, como un cáncer que se reproduce generación tras generación, plantea la preocupación de que muchos de los docentes titularizados eventualmente retornen favores o perpetúen este sistema corrupto arraigado a lo largo del tiempo.
Ante esta situación, la admonición de Ayn Rand, que para muchas sociedades se ha vuelto trágicamente profética, sigue resonando hoy en día con la misma intensidad: «Cuando veas que la corrupción es premiada y la honestidad se convierte en un sacrificio, sabrás que nuestra sociedad está condenada».
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