ARGENTINA EN CRISIS: LA LUCHA CONTRA EL POPULISMO LIBERTARIO FASCISTA Y ULTRACAPITALISTA

Por: Nulfo Yala

Argentina se enfrenta actualmente a uno de los momentos más desafiantes de su historia, donde la resistencia se presenta como la única opción ante un escenario de crisis compleja. Este desafío se ve agravado por la presencia de un líder alineado con doctrinas que combinan el fascismo populista y el ultracapitalismo, acentuando aún más las tensiones y dificultades que enfrenta el país.

El presidente Javier Milei emergió victorioso en su campaña electoral al capitalizar hábilmente la creciente frustración del pueblo argentino, ofreciendo una visión de cambio radical basada en una ideología de odio y discriminación hacia las tendencias políticas de izquierda, a las cuales se refirió despectivamente como «zurdos de mierda» y otros calificativos despectivos. Dotado de un carisma habilidad retórica, equiparable a la de líderes fascistas históricos, Milei supo conectar con las masas y ganar seguidores al canalizar el descontento generalizado hacia chivos expiatorios como es el caso de políticos socialistas de su país y del continente. Al dirigir el enojo popular hacia los grupos de izquierda, prometió una ruptura radical con el statu quo político, ofreciendo soluciones demagógicas a problemas complejos y generando una sensación de falsa esperanza en una población desilusionada y harta de tanta crisis sin solución.

En su estrategia política, hizo hincapié en la libertad individual, proclamando la defensa de la libertad de expresión y la propiedad privada como valores fundamentales. Sin embargo, este énfasis en la libertad individual se ve matizado por una limitación selectiva de la libertad para aquellos considerados enemigos del estado o que estén en contra de las políticas impuestas por el régimen. Organizaciones sociales y sindicales de Argentina han denunciado que el gobierno intimó a pagar sumas millonarias por los operativos de seguridad durante manifestaciones, lo que puede interpretarse como un intento de limitar la libertad de protesta y de asociación. Además, el gobierno ha propuesto reforzar la «ley ómnibus» con penas de hasta seis años de prisión para los promotores de protestas, lo que indica un enfoque autoritario hacia la disidencia política y social.

Milei, refuerza su plataforma política con una defensa apasionada del capitalismo laissez-faire, promoviendo un sistema económico de libre mercado sin regulaciones gubernamentales significativas. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos del 2024, hizo una enérgica apología del capitalismo, lo que generó un gran impacto. En sus discursos, criticó incluso a los capitalistas presentes en el foro, considerándolos «demasiado izquierdistas» según su perspectiva. Una postura de fanatismo peligroso del tipo anarcocapitalista hacia una economía de mercado sin restricciones; que, incluso los economistas de la rancia y aristocrática ultraderecha, ven como irrealizable e impracticable en la actualidad.

A pesar de su aparente defensa selectiva de ciertas libertades individuales, muestra un desprecio evidente por los derechos humanos cuando éstos entran en conflicto con sus objetivos políticos o económicos. Sus declaraciones públicas, como «corran zurdos de mierda» o «al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro», reflejan su actitud despectiva hacia aquellos que se identifican con tendencias políticas de izquierda. Estas expresiones no solo revelan su intolerancia hacia las ideas opuestas, sino que también demuestran un discurso de odio hacia aquellos que discrepan con su visión ideológica. Esto plantea serias preocupaciones que vienen socavando la cohesión social y la democracia en Argentina.

Además, se observa en el presidente argentino una sumisión ideológica alineada con potencias imperiales geopolíticas, como Estados Unidos, promoviendo agendas que pueden entrar en conflicto con los valores democráticos y los intereses nacionales de Argentina. Un ejemplo destacado de esta sumisión ideológica es el reciente anuncio realizado por Milei de establecer una base militar estadounidense en Tierra del Fuego, en medio de una crisis interna y con fuertes protestas sociales. Esta acción subraya su prioridad de alinearse con los intereses imperiales extranjeros, incluso a expensas de la soberanía nacional y el bienestar de su propio pueblo.

También se refleja un apoyo incondicional a grupos o naciones que se consideran como el «pueblo elegido de Dios», influenciando así las alianzas internacionales y las políticas exteriores del país, priorizando los intereses de estos grupos aún a sabiendas que pone a la Argentina en una posición de conflicto. Este respaldo incondicional se evidencia en el alineamiento teológico con Israel, presentado como la fase superior de su nueva doctrina en política exterior, validando el apoyo incondicional a Israel desde una perspectiva religiosa, utilizando incluso la Torá como justificación. Esta postura lleva a que la Argentina no contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas, como el caso de los recientes ataques entre Irán e Israel, que en cualquier momento puede desencadenar en una nueva guerra.  Esto de seguro tendrá serias implicaciones para la estabilidad regional y la diplomacia internacional de Argentina.

Al alinearse de manera incondicional con naciones y grupos de poder imperial, el presidente argentino sacrifica los intereses nacionales en aras de satisfacer su propia necesidad personal de aprobación y reconocimiento por parte del mundo judeo-occidental capitalista; que, no obstante, sigue mirándolo con reojo, sorpresa y desconfianza por este tipo de vasallaje nunca antes visto por un presidente de un país tan grande como la Argentina. Este tipo de subordinación ha sido reconocida y premiada recientemente, con títulos honoríficos religiosos (véase el reconocimiento de la congregación judía ortodoxa  Jabad Lubavitch, como “embajador internacional de la luz”, juntamente con su hermana) lo cual socava  la legitimidad y la eficacia de la diplomacia argentina en el escenario internacional y que amenaza con polarizar aún más al pueblo argentino comprometiendo su capacidad para tomar decisiones soberanas y responsables en el ámbito nacional e internacional.

Mientras el país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, con una inflación descontrolada del 288% y una actividad económica en declive debido a las políticas restrictivas impuestas al país para satisfacer los designios de los instrumentos financieros capitalistas, Milei se va de gira para reunirse con sus amigos ultraricos, como Musk, en lugar de abordar las necesidades urgentes de su pueblo. La afinidad ideológica entre Milei y Musk, trasciende la defensa del libre mercado y se ve también reflejada en su apoyo conjunto a Israel en el conflicto en Gaza. Mientras el Ejército israelí continúa cometiendo atrocidades y violaciones flagrantes de los derechos humanos en Gaza, donde han perdido la vida más de 33.000 palestinos, Milei y Musk, se pasean alegremente por una de las fábricas de Tesla reafirmando su “bromance”y ratificando su apoyo incondicional a Israel, pese a la masacre en curso del pueblo palestino.

Argentina se enfrenta actualmente a uno de los momentos más desafiantes de su historia, donde la resistencia se presenta como la única opción ante un escenario de crisis compleja. Este desafío se ve agravado por la presencia de un líder alineado con doctrinas que combinan el fascismo populista y el ultracapitalismo, acentuando aún más las tensiones y dificultades que enfrenta el país. En este contexto, es fundamental recordar que Argentina es parte integral de la patria grande latinoamericana, una región unida por la historia, la cultura y la lucha compartida por la justicia y la dignidad. Es en la solidaridad y la unidad de los pueblos latinoamericanos donde reside la fuerza para superar estos desafíos y peligros que se ciernen hoy tristemente en el horizonte.

nulfoyala@gmail.com

LA TRANSFORMACIÓN TRÁGICA: DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA AL PODER DESPIADADO DE LA CLASE OPULENTA MINERA EN BOLIVIA

Por Nulfo Yala

Una clase acaudalada minera privilegiada que se posiciona en altas esferas de poder, guardando lealtad solamente a sus intereses económicos y políticos. Una clase que surgió de una lucha revolucionaria, transformada ahora en la antítesis de todo aquello por lo que luchó. Triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado. 

El ciclo irónico de la historia se manifiesta de manera sorprendente en el caso de los ahora llamados empresarios acaudalados mineros, quienes alguna vez lideraron luchas por los derechos humanos contra la explotación capitalista. Sin embargo, en un giro inesperado, muchos de estos mineros se han convertido en los mismos explotadores que antes combatían. Ahora, como grandes empresarios mineros, justifican sus acciones bajo el pretexto de contribuir con regalías al departamento de Potosí. Pero detrás de esta fachada de progreso económico, se esconden realidades devastadoras: la contaminación, la degradación ambiental y los desastres que se desencadenan afectan no solo el entorno natural, sino que también perpetúan la explotación humana. En los oscuros socavones de angustia, otros seres humanos son explotados hasta el punto del aniquilamiento, una tragedia que refleja la paradoja de aquellos que antes luchaban por sus derechos, ahora siendo sus perpetradores.

Esta transformación no solo refleja una ironía histórica, sino que también plantea cuestionamientos profundos sobre el poder y la responsabilidad. ¿Cómo es posible que aquellos que alguna vez fueron oprimidos puedan convertirse en opresores? ¿Qué fuerzas sociales y económicas impulsan esta transformación?

La metamorfosis de estos grupos mineros de poder desde la esencia revolucionaria de movimientos de izquierda hasta la más rancia clase pudiente minera es un testimonio impactante de la dinámica del poder y la ideología. Lo que alguna vez representó la lucha por la justicia social y la equidad se ha desvirtuado en una encarnación del capitalismo más crudo y despiadado. Bajo el manto de la minería, el capitalismo se disfraza y se adapta, encontrando formas de perpetuar su dominio y explotación. Es particularmente insidioso cómo estos nuevos poderes mineros se apropian del discurso del «pobrecito minero» para justificar sus acciones. Utilizan esta narrativa para manipular a sus propios trabajadores, incitándolos a participar en movimientos de convulsión, bloqueo y hasta el uso y abuso de explosivos y dinamitas, todo en aras de sus mezquinos intereses de poder político y económico.

Esta estratagema es astuta y calculada. Al enmascarar sus verdaderas intenciones bajo la apariencia de preocupación por los trabajadores mineros, estos poderes logran movilizar fuerzas en su beneficio, creando una fachada de solidaridad que oculta su explotación y opresión. Esta situación resalta la complejidad de la lucha por la justicia social y la importancia de desenmascarar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia.

El caso del ex-viceministro Illanes ejemplifica de manera trágica hasta dónde pueden llegar los acaudalados mineros disfrazados de proletariado en su búsqueda desesperada por mantener y expandir su control sobre la industria. El brutal desenlace de las movilizaciones, que culminaron en la pérdida de vidas humanas, incluida la de una autoridad nacional, revela la magnitud de la violencia y el abuso de poder inherentes a estas dinámicas. El asesinato del ex-viceministro Illanes, quien intentaba en vano dialogar con los mineros para resolver pacíficamente el conflicto, pone de manifiesto la falta de escrúpulos y la crueldad de aquellos que se benefician de la explotación minera. La brutalidad con la que Illanes fue golpeado y torturado por los mineros es un recordatorio escalofriante de la deshumanización que puede surgir cuando el poder y los intereses económicos están en juego. La creación de sindicatos dentro de las cooperativas mineras desató una crisis que reveló las tensiones profundas y la resistencia feroz de aquellos que temían perder su dominio sobre la fuerza laboral.

La búsqueda de poder político por parte de los empresarios mineros acaudalados, ya sean cooperatizidados o no, constituye un componente fundamental de su estrategia para consolidar y ampliar su dominio económico. Estos empresarios han tejido alianzas estrechas con el partido gobernante MAS-IPSP, asegurando así un acceso privilegiado a espacios políticos de gran influencia. Esta alianza ha engendrado una nueva élite señorial minera que opera con una impunidad virtual en su búsqueda por asegurar y proteger sus intereses económicos y políticos. Ahora, senadores, diputados, gobernadores y otros cargos de poder político son ocupados por individuos afines a estas élites mineras, permitiéndoles ejercer su influencia de manera desproporcionada en Bolivia. Este entrelazamiento entre el poder económico y político no solo refuerza las desigualdades estructurales en el país, sino que también socava la democracia al privilegiar los intereses de una élite poderosa sobre los derechos y necesidades del pueblo boliviano en general.

Los verdaderos propósitos de los acaudalados empresarios mineros van mucho más allá de lo que muestran públicamente. La revelación gradual de estas intenciones pone de relieve su ambición por imponer una legislación favorable a sus intereses, que les permita ampliar sus áreas de explotación minera, incluso adentrándose en zonas protegidas como las reservas fiscales. Este intento de privatización de los recursos mineros del país refleja su deseo de consolidar su dominio sobre la riqueza mineral boliviana y perpetuar su control sobre la industria minera. La búsqueda de leyes que legitimen estas prácticas revela una estrategia calculada para legalizar lo que ya realizan de facto: el manejo arbitrario de los yacimientos mineros a su antojo.

Estas exigencias desmedidas no son nuevas, ya que desde hace años estas élites mineras han buscado legitimar sus acciones a través de una nueva Ley Minera. Su objetivo último es erigirse como una casta privilegiada capaz de disponer de los recursos mineros del país como si fueran propios. Además, se resisten vehementemente a la organización sindical de sus trabajadores, ya que esto pondría en riesgo su capacidad para sobreexplotar a la fuerza laboral sin ningún tipo de control. Esta resistencia a la sindicalización revela su intención de mantener un control absoluto sobre las condiciones laborales y de explotación en beneficio de sus propios intereses económicos.

Asimismo, los intereses políticos de la clase acaudalada minera en Bolivia han perdido cualquier atisbo de principios ideológicos de lucha que pudieran haber tenido en el pasado. Ya no se trata de una resistencia revolucionaria contra dictaduras o de la defensa de los derechos de los trabajadores mineros, como en épocas anteriores. Un ejemplo contundente de esta transformación es la participación de un representante de esta clase minera en el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Luis Fernando Camacho admite abiertamente la colaboración de su padre en las negociaciones para el golpe de Estado. En sus propias palabras, relata cómo un minero, representante de estos intereses, ofreció la fuerza de 6.000 trabajadores mineros armados con dinamita para sacar a Morales del poder.

Esto no solo ilustra la pérdida de los ideales revolucionarios que alguna vez caracterizaron al movimiento minero boliviano, sino que también revela la alianza entre la clase empresarial minera y sectores políticos dispuestos a utilizar cualquier medio (se descubrió por ejemplo que ese representante minero jugaba a los dos bandos), incluida la violencia, para alcanzar el poder. La disposición de estos empresarios acaudalados mineros a recurrir a la fuerza bruta y la coerción para lograr sus objetivos políticos y económicos subraya la naturaleza depredadora de su influencia en la sociedad boliviana. En lugar de ser defensores de los derechos y la justicia, estos actores privilegiados se han convertido en instrumentos de la desestabilización y la opresión, en detrimento del bienestar del pueblo boliviano en su conjunto.

La clase acaudalada minera en Bolivia se ha consolidado como una élite privilegiada que ocupa posiciones prominentes en las altas esferas de poder político y económico del país. Sin embargo, su lealtad se reduce únicamente a sus propios intereses, dejando de lado cualquier principio ideológico o compromiso con la justicia social que alguna vez pudieron haber tenido. Esta transformación representa la antítesis de la lucha revolucionaria que dio origen a esta clase, marcando un triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado. En lugar de ser agentes de cambio y progreso, estos empresarios mineros se han convertido en símbolos del oportunismo político y la explotación despiadada, traicionando así el legado de aquellos que lucharon valientemente por un futuro más justo y equitativo. Es un recordatorio sombrío de cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso las aspiraciones más nobles, y de cómo los ideales revolucionarios pueden desvanecerse en la vorágine de la codicia y el oportunismo.

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LA UNIVERSIDAD PÚBLICA BOLIVIANA Y LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN : EL LADO OSCURO DE LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

Por: Nulfo Yala

La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.

Lo que alguna vez fue un ambiente académico centrado en el aprendizaje y la investigación se ha convertido en un caldo de cultivo político, donde las alianzas y las prebendas son moneda corriente para aquellos que buscan acceder a los espacios de poder y obtener beneficios económicos. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura de corrupción que permea todos los niveles de la institución.

Los estudiantes, que ingresan con la esperanza de adquirir conocimientos y habilidades, se encuentran atrapados en un entorno donde la política corrupta es omnipresente. La mal utilizada autonomía universitaria ha generado un sistema en el que la impunidad reina para aquellos que están dispuestos a sucumbir a las tentaciones de los espacios de poder del cogobierno. Como resultado, muchos jóvenes, en lugar de graduarse con una educación enriquecedora, se gradúan con sus valores y principios comprometidos por la maquinaria de corrupción que opera dentro de la institución.

Esta situación plantea un desafío significativo en el sentido del ser de la universidad, sino también para el futuro de la sociedad en su conjunto. Si no se aborda de manera efectiva, la corrupción en el ámbito universitario no solo socavará aún más su credibilidad que ya está de por sí cuestionada, sino que también perpetuará un ciclo de deshonestidad y falta de ética que afectará negativamente a las generaciones futuras.

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La mayoría de los estudiantes se ven obligados al silencio, paralizados por el temor a la censura y las represalias de estas alianzas corruptas que operan como una suerte de dictadura disfrazada bajo pactos de mediocridad y contubernio. Esta opresión sofoca cualquier intento de disentir o de expresar descontento, desviando así el sentido histórico de la lucha universitaria por la reivindicación y la formación de valores humanos y desarrollo científico. En lugar de ser espacios de debate abierto y crítico, las aulas se convierten en escenarios de complicidad y conformismo, donde la voz del estudiante se ve ahogada por el peso de la corrupción institucional.

Esta dinámica perversa mina el potencial transformador que la educación superior debería tener en la sociedad. En lugar de ser motores de cambio y progreso, las instituciones universitarias se convierten en cómplices pasivos de un sistema corrupto que perpetúa la injusticia y la desigualdad en el que lamentablemente se encuentra sumergido todo el país.

La situación se agrava al considerar la vasta cantidad de recursos financieros que fluyen hacia la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las Federaciones Universitarias Locales (FULes), provenientes de un porcentaje de las matrículas pagadas por los propios estudiantes al inscribirse. Además, el artículo 2° inciso I del Decreto Supremo 1322, de agosto del 2012, otorga a las universidades públicas la autorización para utilizar hasta un 5% de los fondos percibidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar actividades y representaciones estudiantiles relacionadas con la Extensión Universitaria, Cultura y Deportes a nivel local, nacional e internacional.

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A pesar de esta evidente dependencia financiera de los fondos públicos, los llamados «líderes» universitarios bolivianos se proclaman como «independientes». Desde hace dos décadas, se han refugiado en la histórica e intocable autonomía universitaria para eludir la rendición de cuentas y evitar la fiscalización de los recursos que reciben, muchas veces avalados con el silencio cómplice de las autoridades universitarias, pues fueron elegidas gracias a alianzas con estos líderes y al final, como es normal en Bolivia “se debe pagar la factura”. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas mina la confianza en las universidades y socava los principios fundamentales de la democracia y defenestra la tan desgastada autonomía universitaria.

En Bolivia, los dirigentes universitarios están cada vez más enfocados en satisfacer intereses personales y de grupo, lo que ha dado lugar a un creciente prebendalismo, clientelismo, chantaje y corrupción generalizada dentro de las instituciones educativas. No es ningún secreto que estas prácticas corruptas se originen en grupos docentes y autoridades que utilizan a estos líderes estudiantiles para obtener beneficios personales y grupales, así como para consolidar sus propios intereses políticos. Estos intereses suelen visibilizarse con mayor nitidez en épocas electorales para la elección de autoridades universitarias, recurriendo a pactos y alianzas prebendales que alimenta aún más el ciclo de corrupción en el sistema universitario.

La corrupción se ha arraigado en estas instituciones porque, entre otros factores, los dirigentes universitarios manejan considerables recursos económicos y han logrado cooptar el sistema universitario, reflejando así las prácticas corruptas que imperan a nivel nacional en el Estado boliviano. Lamentablemente la corrupción endémica que prevalece en el Estado sirve de modelo para otras instituciones, como las universidades, donde la impunidad, la falta de transparencia han permitido que estas prácticas continúen sin control.

Las peleas por espacios de poder y la corrupción que prevalecen en las casas de estudios superiores en Bolivia no solo son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, sino que también tienen consecuencias trágicas como sucedió en aquel suceso funesto, en una asamblea estudiantil, que cobró la muerte de cuatro estudiantes universitarias y más de 80 heridos durante una avalancha humana en una asamblea de la Universidad Tomás Frías en 2022. A pesar de la magnitud de este trágico evento, dos años después ha caído en el olvido y las condiciones que lo propiciaron apenas han cambiado. La corruptela del poder en el interior de las universidades públicas permanece inalterable, y lo más preocupante es que se ha normalizado en la sociedad.

La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.

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