Por: Nulfo Yala
La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.
Lo que alguna vez fue un ambiente académico centrado en el aprendizaje y la investigación se ha convertido en un caldo de cultivo político, donde las alianzas y las prebendas son moneda corriente para aquellos que buscan acceder a los espacios de poder y obtener beneficios económicos. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura de corrupción que permea todos los niveles de la institución.
Los estudiantes, que ingresan con la esperanza de adquirir conocimientos y habilidades, se encuentran atrapados en un entorno donde la política corrupta es omnipresente. La mal utilizada autonomía universitaria ha generado un sistema en el que la impunidad reina para aquellos que están dispuestos a sucumbir a las tentaciones de los espacios de poder del cogobierno. Como resultado, muchos jóvenes, en lugar de graduarse con una educación enriquecedora, se gradúan con sus valores y principios comprometidos por la maquinaria de corrupción que opera dentro de la institución.
Esta situación plantea un desafío significativo en el sentido del ser de la universidad, sino también para el futuro de la sociedad en su conjunto. Si no se aborda de manera efectiva, la corrupción en el ámbito universitario no solo socavará aún más su credibilidad que ya está de por sí cuestionada, sino que también perpetuará un ciclo de deshonestidad y falta de ética que afectará negativamente a las generaciones futuras.
La mayoría de los estudiantes se ven obligados al silencio, paralizados por el temor a la censura y las represalias de estas alianzas corruptas que operan como una suerte de dictadura disfrazada bajo pactos de mediocridad y contubernio. Esta opresión sofoca cualquier intento de disentir o de expresar descontento, desviando así el sentido histórico de la lucha universitaria por la reivindicación y la formación de valores humanos y desarrollo científico. En lugar de ser espacios de debate abierto y crítico, las aulas se convierten en escenarios de complicidad y conformismo, donde la voz del estudiante se ve ahogada por el peso de la corrupción institucional.
Esta dinámica perversa mina el potencial transformador que la educación superior debería tener en la sociedad. En lugar de ser motores de cambio y progreso, las instituciones universitarias se convierten en cómplices pasivos de un sistema corrupto que perpetúa la injusticia y la desigualdad en el que lamentablemente se encuentra sumergido todo el país.
La situación se agrava al considerar la vasta cantidad de recursos financieros que fluyen hacia la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las Federaciones Universitarias Locales (FULes), provenientes de un porcentaje de las matrículas pagadas por los propios estudiantes al inscribirse. Además, el artículo 2° inciso I del Decreto Supremo 1322, de agosto del 2012, otorga a las universidades públicas la autorización para utilizar hasta un 5% de los fondos percibidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar actividades y representaciones estudiantiles relacionadas con la Extensión Universitaria, Cultura y Deportes a nivel local, nacional e internacional.
A pesar de esta evidente dependencia financiera de los fondos públicos, los llamados «líderes» universitarios bolivianos se proclaman como «independientes». Desde hace dos décadas, se han refugiado en la histórica e intocable autonomía universitaria para eludir la rendición de cuentas y evitar la fiscalización de los recursos que reciben, muchas veces avalados con el silencio cómplice de las autoridades universitarias, pues fueron elegidas gracias a alianzas con estos líderes y al final, como es normal en Bolivia “se debe pagar la factura”. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas mina la confianza en las universidades y socava los principios fundamentales de la democracia y defenestra la tan desgastada autonomía universitaria.
En Bolivia, los dirigentes universitarios están cada vez más enfocados en satisfacer intereses personales y de grupo, lo que ha dado lugar a un creciente prebendalismo, clientelismo, chantaje y corrupción generalizada dentro de las instituciones educativas. No es ningún secreto que estas prácticas corruptas se originen en grupos docentes y autoridades que utilizan a estos líderes estudiantiles para obtener beneficios personales y grupales, así como para consolidar sus propios intereses políticos. Estos intereses suelen visibilizarse con mayor nitidez en épocas electorales para la elección de autoridades universitarias, recurriendo a pactos y alianzas prebendales que alimenta aún más el ciclo de corrupción en el sistema universitario.
La corrupción se ha arraigado en estas instituciones porque, entre otros factores, los dirigentes universitarios manejan considerables recursos económicos y han logrado cooptar el sistema universitario, reflejando así las prácticas corruptas que imperan a nivel nacional en el Estado boliviano. Lamentablemente la corrupción endémica que prevalece en el Estado sirve de modelo para otras instituciones, como las universidades, donde la impunidad, la falta de transparencia han permitido que estas prácticas continúen sin control.
Las peleas por espacios de poder y la corrupción que prevalecen en las casas de estudios superiores en Bolivia no solo son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, sino que también tienen consecuencias trágicas como sucedió en aquel suceso funesto, en una asamblea estudiantil, que cobró la muerte de cuatro estudiantes universitarias y más de 80 heridos durante una avalancha humana en una asamblea de la Universidad Tomás Frías en 2022. A pesar de la magnitud de este trágico evento, dos años después ha caído en el olvido y las condiciones que lo propiciaron apenas han cambiado. La corruptela del poder en el interior de las universidades públicas permanece inalterable, y lo más preocupante es que se ha normalizado en la sociedad.
La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.