Por: Nulfo Yala
El bloqueo de carreteras, lejos de ser una herramienta legítima de protesta, se ha convertido en un símbolo de la dictadura de sectores sociales que priorizan sus intereses particulares sobre el bien común. Esta práctica no solo interrumpe el comercio y afecta la economía, sino que también restringe la libre circulación de las personas, viola el derecho a la salud, la educación y la seguridad, y genera un ambiente de violencia y desorden. El estado al permitir estos bloqueos, ya sea por omisión o por acción directa, da una señal clara de un sistema que prioriza la conveniencia política sobre la justicia y los derechos humanos.
El cierre de carreteras en Bolivia ha vulnerado y sigue vulnerando los derechos de los ciudadanos bolivianos. Esta medida, lejos de estar constituida como un derecho, se tipifica como un delito. Enfrentarse a tales acciones permite la implementación de acciones populares y penales, dirigidas a identificar y procesar a los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, el problema se profundiza cuando, en nombre de una interpretación errónea de los derechos de protesta y el populismo político, se conculcan los derechos fundamentales de la libre locomoción de las personas.
Hace casi dos décadas, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), utilizó los bloqueos de caminos como una herramienta crucial para ascender al poder. Esta medida, sumada a la ineficacia de los gobiernos anteriores y el cansancio de la población ante los conflictos, facilitó que el MAS consolidara su dominio político en Bolivia. Sin embargo, las consecuencias de esta práctica han sido profundas y variadas, afectando gravemente los derechos humanos.
Uno de los derechos más afectados ha sido el derecho a la libre circulación. Impedir el libre desplazamiento de las personas no solo afecta su capacidad para trabajar y estudiar, sino también para recibir atención médica y realizar otras actividades esenciales.
Además, los bloqueos han dado lugar a violencia y enfrentamientos. Las confrontaciones entre manifestantes, fuerzas de seguridad y otras personas afectadas han resultado en lesiones y, en algunos casos, muertes. La gravedad del asunto es palpable, con personas fallecidas en puntos de bloqueo o en terminales de autobuses sin que, hasta la fecha, se haya procesado a los responsables. Existe una alarmante impunidad en Bolivia, donde el proteccionismo estatal favorece la vulneración de derechos humanos con tal de mantener la popularidad política.
El derecho a la salud también ha sido severamente comprometido. Obstaculizar el tránsito impide que las personas lleguen a centros de salud, afectando tanto la atención de emergencia como los tratamientos continuos. La escasez de alimentos y agua, resultado de la interrupción del suministro de bienes esenciales, pone en riesgo la salud y la vida de la población, violando el derecho a la alimentación y al agua.
Asimismo, el derecho al trabajo se ve afectado cuando las personas no pueden llegar a sus lugares de empleo, derivando en pérdida de ingresos y empleo, lo que impacta directamente en su derecho a un sustento digno. La educación también sufre interrupciones, impidiendo que estudiantes y profesores lleguen a las instituciones educativas, afectando gravemente el derecho a la educación.
La inseguridad y violencia generada por los bloqueos crea un ambiente de conflicto y desorden, aumentando los riesgos de criminalidad y afectando el derecho a la seguridad. Las condiciones creadas por los bloqueos afectan en las personas, el derecho a una vida digna y segura. La destrucción o daño a propiedades públicas (véase el caso de las carreteras deterioradas por el constante movimiento de piedas y tierra con maquinarias pesadas) y privadas, consecuencia directa de los bloqueos, viola el derecho de las personas a la protección de sus bienes.
Este permanente cierre de carreteras en Bolivia, más allá de las transgresiones a los derechos humanos, ha tenido profundas consecuencias económicas que han afectado gravemente la estabilidad y el desarrollo del país. Los bloqueos de caminos han interrumpido el comercio y el transporte, impactando el flujo de bienes y servicios. Esta interrupción no solo ha provocado una escasez de productos esenciales, sino que también ha resultado en un aumento de precios, exacerbando la inflación y afectando el poder adquisitivo de la población.
Las empresas, especialmente aquellas que dependen del transporte de mercancías, han enfrentado pérdidas significativas debido a la interrupción de sus cadenas de suministro. La incapacidad de mover productos de manera eficiente ha llevado a la pérdida de ingresos, afectando la viabilidad económica de muchas empresas. Además, las compañías se han visto obligadas a incurrir en mayores costos operativos al buscar rutas alternativas o gestionar la logística en un entorno incierto, aumentando sus gastos y reduciendo sus márgenes de beneficio.
La inestabilidad y la incertidumbre generadas por los bloqueos han tenido un efecto desalentador sobre la inversión. Tanto la inversión extranjera como la local se han visto afectadas, ya que los inversores son reacios a comprometer capital en un entorno económico impredecible y conflictivo. Esta reducción de la inversión tiene implicaciones a largo plazo para el desarrollo económico, limitando el crecimiento y la creación de empleo, y sumiendo y agravando la crisis económica en Bolivia, en la que lamentablemente, se encuentra el país actualmente.
El impacto en el turismo ha sido igualmente significativo. Las áreas afectadas por los bloqueos han experimentado una disminución en la llegada de turistas, privando a muchas comunidades de una fuente vital de ingresos. El turismo, que a menudo es un pilar económico en diversas regiones del país, ha sufrido debido a la percepción de inseguridad y la dificultad de acceso a destinos turísticos.
Esta medida de intransigencia es producto, en muchos casos de la suerte de la dictadura de sectores sociales en Bolivia, a las que se ha acostumbrado con políticas permisivas de intolerancia por parte del gobierno, utilizando el bloqueo de carreteras como una herramienta para imponer intereses de grupo bajo la bandera de la democracia. En tiempos recientes, esta práctica ha alcanzado niveles absurdos, donde incluso empresas mineras privadas recurren a los bloqueos para exigir reivindicaciones particulares, perjudicando a la población que necesita movilizarse.
El estado boliviano ha mostrado un doble rasero alarmante en la judicialización de estas causas. Mientras que algunas acciones son perseguidas por conveniencia política, otras son ignoradas con una tolerancia que raya en la complicidad. Esta actitud no solo mina la credibilidad del sistema judicial, sino que también fomenta una cultura de impunidad en el estado Boliviano, dejando a la población en un estado de indefensión y vulnerabilidad.
Esta política de conveniencia ha tenido un impacto devastador en la credibilidad internacional del país. La percepción de Bolivia en el escenario global ha sido erosionada, con observadores internacionales cuestionando la seriedad del gobierno en la protección de los derechos humanos y el mantenimiento del estado de derecho. La falta de acciones contundentes contra los bloqueos, independientemente de quienes los ejecuten, socava la confianza en las instituciones del país y en su capacidad para gobernar de manera justa y efectiva.
Además, la permisividad hacia los bloqueos ha encaminado a Bolivia hacia un estado fallido. El estado de derecho se ve gravemente afectado cuando las leyes se aplican de manera selectiva y las violaciones de los derechos humanos se toleran por cálculos políticos. La incapacidad o falta de voluntad para enfrentar y resolver estos problemas amenaza con desintegrar las estructuras básicas de gobernanza y orden social.
El bloqueo de carreteras, lejos de ser una herramienta legítima de protesta, se ha convertido en un símbolo de la dictadura de sectores sociales que priorizan sus intereses particulares sobre el bien común. Esta práctica no solo interrumpe el comercio y afecta la economía, sino que también restringe la libre circulación de las personas, viola el derecho a la salud, la educación y la seguridad, y genera un ambiente de violencia y desorden. La complicidad del estado en permitir estos bloqueos, ya sea por omisión o por acción directa, es una señal clara de un sistema que prioriza la conveniencia política sobre la justicia y los derechos humanos.
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