Por Nulfo Yala:
El caso del tiktoker parece enviar un mensaje claro: cualquier desliz contra lo que se considera sagrado por el conservadurismo social y cultural será severamente castigado. Este incidente sirve como una “advertencia” para aquellos que se atrevan a profanar lo “sagrado”, pues enfrentarán consecuencias legales y sociales con la censura y el encarcelamiento. El precio a pagar por cualquier transgresión en este sentido.
El ahora famoso tiktoker boliviano Rubén Blanco, se lanzó a la fama utilizando la confrontación mediática contra lo que la crema y nata del conservadurismo de mucha gente en la ciudad de Potosí y algunos sectores de Bolivia, incluidas instituciones gubernamentales y departamentales, no se lo iba a perdonar. Al intentar ganar popularidad y rating, decidió montar un espectáculo sin prever las reacciones de indignación que sus palabras desafortunadas provocaron en el público. Este acto no solo afectó a sus seguidores, sino que también generó una ola de críticas y resentimiento entre muchas personas que se sintieron profundamente agraviadas.
La situación tomó un giro más serio cuando los medios de comunicación nacionales y locales en la ciudad de Potosí y en Bolivia comenzaron a cubrir el incidente extensamente. La cobertura no solo amplificó la controversia, sino que también fue utilizada con fines políticos, especialmente por algunos políticos, recuérdese que uno de los denunciantes fue un diputado nacional, tal vez buscando colarse de la fama pasajera del tiktoker. La maquinaria judicial se puso en marcha rápidamente, con gastos considerables en términos de procesos judiciales, transporte y otros recursos para llevar al acusado a declarar en Potosí, para satisfacción de la gente que pedía castigo por tan “imperdonable” acto tipificado por la justifica boliviana como incitación al racismo y la discriminación contra “la danza los mineritos”.
La velocidad con la que se manejó este caso, resultó sorprendente si se compara con otros asuntos de mayor gravedad que afectan a la región. Por ejemplo, los efectos devastadores de la contaminación minera en la salud de las personas, con niveles alarmantes de plomo que causan daños irreversibles, que desafortunadamente no han recibido la misma celeridad judicial. Como tampoco los deslaves de colas mineras que invadieron viviendas en Cantumarca en la ciudad de Potosí, afectando el derecho a la vida de la población afectada, casos en los cuales no solo los medios de comunicación y políticos dejaron de hablar luego del día catastrófico, sino que la justicia también calló y olvidó.
Como es bien sabido, la justicia en Bolivia enfrenta una crisis de credibilidad, agravada por la percepción de corrupción. Y esto se ratifica nuevamente cuando casos tan peculiares e incluso tan poco sustanciales como el del tiktoker reciben toda la atención legal, mientras otros mucho más graves, como los anteriormente señalados o los problemas de siempre como los bloqueos de carreteras que violan derechos humanos fundamentales, pasan desapercibidos o se normalizan. Bloqueos; que, dicho sea de paso, no solo afectan el derecho a la libre circulación y al trabajo, sino que también han resultado en la pérdida de vidas, sin que los responsables enfrenten consecuencias legales o peor aún ni siquiera han sido identificados como tales.
La actitud de los medios de comunicación y de los políticos también resulta contradictoria y sorprendente. Mientras que se apresuran a procesar al tiktoker, no muestran la misma diligencia frente a los bloqueadores o los responsables por los daños irreversibles a la salud de la población afectada por la contaminación minera. Esta disparidad en la aplicación de la justicia refleja claramente la intencionalidad y oportunismo político y que, de una manera o de otra, resulta en una justificación y normalización de otros actos ilegales de vulneración de derechos humanos fundamentales de las personas.
Por otra parte, esta controversia abre un debate sobre la libertad de expresión y el papel de la cultura en la sociedad boliviana y particularmente potosina. Al examinar las reacciones y consecuencias de este caso, surge la pregunta de si ahora se deberá evitar cualquier crítica a las tradiciones culturales, especialmente aquellas que, de manera directa o indirecta, evocan un pasado colonialista y esclavista lleno de sufrimiento, muerte e injusticia, como es el caso de la danza «los negritos». Una representación cultural que rememora la condición del esclavo afrodescendiente sometido al capataz y al patrón esclavista o colonialista, quien a punta de látigo debe bailar al son de los tambores. Este tipo de expresiones artísticas, aunque forman parte del patrimonio cultural, llevan consigo un trasfondo histórico doloroso. Si alguien se atreviera a cuestionar la sacralidad cultural de esta danza, ¿se enfrentaría también a una persecución mediática y judicial, utilizada oportunistamente por políticos para sus propios fines? La indignación de los conservadores podría ser exacerbada, y cualquier crítica podría ser vista como un ataque a las tradiciones que ellos consideran intocables.
Este escenario plantea el peligro de una posible dictadura conservadora, apoyada por intereses políticos oportunistas, donde la censura y el castigo se aplicarían de manera desproporcionada contra aquellos que se atrevan a cuestionar la cultura y el sacrosanto posicionamiento asumido por los conservadores. Estos grupos, ante el silencio y la incertidumbre de gran parte de la sociedad, podrían arrogarse el derecho de hablar en nombre de todos, dictando lo que se puede o no se puede decir sobre las tradiciones culturales.
La posibilidad de que estemos entrando en una nueva etapa de censura y represión contra los transgresores culturales es factible y con posibilidades de recrudecer, por los antecedentes del caso del tiktoker. Las leyes, al ser interpretadas por quienes detentan el poder social y político, pueden convertirse en herramientas peligrosas para silenciar cualquier disidencia. Más allá de los motivos frívolos del tiktoker, su caso sienta un precedente que podría instaurar el miedo a cuestionar lo sagrado, bajo la amenaza de cárcel, censura y marginación social. Este tipo de represión podría derivar fácilmente en una forma de «muerte civil», donde el castigo podría poco apoco ir allá de lo legal y restringir, vía censura y miedo al terrorismo judicial, la libertad individual y la diversidad de pensamiento.
El debate sobre la libertad de expresión y la protección de las tradiciones culturales tiene una complejidad que de por sí resulta problemático. Si bien es fundamental respetar y valorar el patrimonio cultural, también es crucial permitir un espacio para el cuestionamiento y la reflexión crítica. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar injusticias históricas y de silenciar voces que buscan una sociedad más democrática, libre, inclusiva y justa.
nulfoyala@gmail.com