Por Nulfo Yala
Bolivia enfrenta un escenario peligroso al alinearse acríticamente con el proyecto geopolítico impulsado por Estados Unidos y respaldado por Israel, una decisión que puede arrastrar al país hacia conflictos internacionales que no le pertenecen y que superan ampliamente sus capacidades estratégicas. El restablecimiento de relaciones con Israel y las declaraciones de su embajador señalando a Irán como una amenaza introducen al territorio boliviano en una narrativa de confrontación global que abre la puerta a dinámicas de inteligencia, presión diplomática y posibles represalias derivadas de la guerra promovida por Washington contra Teherán. Bolivia un país con debilidades institucionales, corrupción estructural y profundas desigualdades sociales, asumir posiciones geopolíticas subordinadas no fortalece la soberanía ni protege a la población, sino que expone al Estado a riesgos innecesarios al convertirlo en aliado menor dentro de disputas imperiales cuyas consecuencias siempre terminan pagándose en las periferias del mundo.
Todo alineamiento político es, antes que una decisión estratégica, una operación de poder. No se trata únicamente de con quién se firman acuerdos o se restablecen embajadas, sino de qué régimen de verdad se acepta como válido y qué lógicas externas comienzan a organizar las decisiones internas del Estado. En ese marco surge una pregunta que debería preceder a cualquier gesto diplomático: ¿qué ocurre cuando un país frágil decide incorporarse, sin reservas ni cálculo prudente, al proyecto geopolítico de una potencia que ha declarado abiertamente su voluntad de confrontación global?
El alineamiento del gobierno boliviano con el bloque encabezado por Donald Trump no puede analizarse como un simple giro ideológico. Se trata de una inserción explícita en una lógica imperial que concibe el mundo como un tablero de amenazas, enemigos y zonas de control. En esa lógica, los países pequeños no son sujetos soberanos, sino espacios funcionales. La pregunta entonces es inevitable: ¿Bolivia está siendo considerada un socio o un territorio disponible dentro de una estrategia mayor?
Este riesgo se vuelve aún más evidente cuando el alineamiento con Estados Unidos se articula con una relación política estrecha con el Estado de Israel. La reanudación de relaciones diplomáticas no es un acto neutro en el contexto actual. Israel no es solo un actor diplomático; es un Estado cuya política exterior está profundamente ligada a operaciones de inteligencia, vigilancia estratégica y confrontación regional. ¿Se ha evaluado seriamente qué implica abrir nuevamente ese canal en un país con instituciones débiles y altos niveles de penetración política y corrupción? ¿O se ha asumido ingenuamente que la diplomacia es un terreno inocuo, ajeno a las lógicas de seguridad y control que acompañan a ciertos Estados?
La cuestión deja de ser abstracta cuando representantes diplomáticos israelíes realizan declaraciones públicas que exceden ampliamente el marco del respeto a la soberanía nacional. Afirmar que “donde está Irán hay peligro” no es una frase diplomática, es una advertencia política cargada de intencionalidad estratégica. Surge entonces una pregunta inquietante: ¿con qué autoridad un embajador extranjero define amenazas dentro del territorio boliviano? ¿Desde cuándo la evaluación de riesgos geopolíticos internos de Bolivia se formula desde discursos importados?
Esa declaración no solo construye un enemigo simbólico, sino que instala a Bolivia dentro de una narrativa de confrontación que no le pertenece. Al sugerir que la presencia diplomática iraní constituye un peligro, se empuja al Estado boliviano a asumir una posición en un conflicto que no ha iniciado y que no puede controlar. La pregunta central es directa: ¿quién decidió que Bolivia debía convertirse en escenario discursivo, y potencialmente operativo, de la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán?
El peligro no es retórico. La guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán no se limita a acciones militares directas. Es una guerra híbrida, económica, diplomática, de inteligencia y de posicionamientos estratégicos. En ese tipo de conflictos, los países alineados funcionan como nodos secundarios, como espacios de presión o de observación. Surge entonces una pregunta que debería alarmar a cualquier gobierno responsable: ¿qué capacidad tiene Bolivia para protegerse de las consecuencias de una confrontación internacional de esa magnitud?
Bolivia no posee sistemas de defensa avanzados, ni infraestructura de inteligencia propia capaz de controlar operaciones externas, ni una diplomacia con peso suficiente para amortiguar represalias. En ese contexto, permitir que actores extranjeros instalen narrativas de amenaza dentro del país equivale a aceptar una pérdida efectiva de control soberano. ¿Quién garantiza que Bolivia no se convierta en un objetivo indirecto de represalias políticas, económicas o incluso estratégicas, simplemente por haber aceptado un alineamiento acrítico?
El problema se profundiza cuando este alineamiento se produce bajo una política exterior improvisada. No hay señales claras de una doctrina diplomática basada en la neutralidad activa o en la prudencia estratégica. Lo que se observa es una sucesión de gestos ideológicos que buscan demostrar lealtad al bloque imperial. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿a quién se está intentando convencer, a la ciudadanía boliviana o a los centros de poder externos?
La historia reciente demuestra que el poder imperial no protege a sus aliados por afinidad moral, sino por conveniencia. Cuando esa conveniencia desaparece, los aliados quedan expuestos. El caso venezolano es ilustrativo: el interés estadounidense fluctúa, los gobiernos pasan a ser fichas intercambiables y las consecuencias recaen sobre las poblaciones. Frente a esa evidencia, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué Bolivia debería asumir los riesgos de una guerra que no es suya, promovida por ambiciones que no controla y sostenida por actores que no garantizan nada a cambio?
El alineamiento con Israel y con la agenda de confrontación contra Irán introduce además un riesgo interno adicional. La presencia de operaciones de inteligencia extranjera en un país con debilidades institucionales no fortalece la democracia, la vulnera. La vigilancia, la recopilación de información y la influencia en decisiones políticas no son hipótesis teóricas, son prácticas conocidas. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿está el Estado boliviano en condiciones de regular, controlar y limitar esas dinámicas o está aceptando pasivamente una intromisión estructural en su soberanía?
En última instancia, el problema no es solamente geopolítico. Es político en el sentido más profundo. Un gobierno que decide someter su política exterior a los intereses de un proyecto imperial redefine el lugar del país en el mundo y, al mismo tiempo, redefine el valor de su propia población. La ciudadanía pasa de ser sujeto de derechos a ser variable de riesgo dentro de estrategias ajenas. La pregunta final, inevitable y perturbadora, permanece abierta: ¿quién asumirá las consecuencias cuando Bolivia descubra que el precio del alineamiento no era diplomático, sino existencial?
Porque los imperios siempre sobreviven a sus guerras. Los países pequeños, en cambio, cargan con las ruinas.