MILEI CONTRA KARL MARX: IGNORANCIA CON PODER Y ALTAVOZ

Por Nulfo Yala:

Cuando el poder renuncia a la razón y se refugia en la condena moral, el debate público deja de existir y es sustituido por un espectáculo de exorcismos ideológicos donde pensar se vuelve sospechoso; convertir a Karl Marx en figura demoníaca no solo evidencia ignorancia, sino una estrategia deliberada para clausurar toda crítica al orden económico vigente, y cuando esa operación es ejecutada desde la tribuna de Javier Milei con la solemnidad de un reconocimiento académico, lo que se revela no es fortaleza intelectual sino una profunda fragilidad: la incapacidad de sostener un sistema sin fabricar enemigos absolutos, sin distorsionar ideas y sin convertir la política en una cruzada donde la complejidad es sacrificada en nombre de consignas tan ruidosas como vacías.

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El poder, cuando percibe amenazada su arquitectura simbólica, rara vez responde con argumentos; prefiere producir figuras del enemigo que permitan clausurar la discusión antes de que esta comience. En ese gesto, la crítica se transforma en un ritual de purificación y el lenguaje en un instrumento de excomunión. Así ocurre cuando Javier Milei decide nombrar a Karl Marx no como interlocutor, sino como encarnación de lo demoníaco. La operación no es ingenua ni anecdótica: es profundamente funcional. Convertir a un autor en figura satánica implica desplazarlo fuera del campo de lo discutible. Ya no se trata de debatir categorías, ni de refutar hipótesis, ni de confrontar diagnósticos sobre el capitalismo; se trata de erradicar simbólicamente una amenaza. El pensamiento, en ese contexto, deja de ser un ejercicio crítico para convertirse en un campo de batalla moral donde todo disenso es sospechoso de impureza.

La acusación de “satanismo” dirigida al marxismo revela más sobre la fragilidad del discurso que la enuncia que sobre el objeto que pretende condenar. Allí donde la teoría exige rigor conceptual, se introduce una retórica teológica que simplifica, distorsiona y finalmente anula la complejidad. El marxismo, con toda su densidad histórica, filosófica y económica, es reducido a una caricatura moral construida a partir de emociones primarias como el miedo y la repulsión. En ese desplazamiento, el campo político se vacía de contenido analítico y se llena de categorías religiosas: bien y mal, pureza y corrupción, salvación y condena. La ironía es brutal: quien se presenta como adalid de la racionalidad económica termina recurriendo a un lenguaje que pertenece al ámbito de la fe, no del análisis.

Pero el problema no se agota en la ignorancia conceptual; adquiere una dimensión más inquietante cuando se observa su función estratégica. Nombrar al marxismo como una teoría de “exterminio” no es simplemente un error, sino una forma de construir una amenaza absoluta que justifique cualquier forma de exclusión. El lenguaje se convierte en un dispositivo de poder que produce realidades: instala la idea de que toda crítica al orden económico vigente es potencialmente violenta, irracional o destructiva. En ese marco, el debate queda cancelado antes de iniciarse, porque nadie discute con aquello que ha sido previamente definido como maligno. La política se reduce entonces a una gestión de miedos, donde el enemigo no debe ser comprendido, sino eliminado del horizonte de lo pensable.

La escena en la que estas afirmaciones son pronunciadas añade una capa adicional de gravedad. No se trata de una declaración marginal o improvisada, sino de un discurso emitido en un contexto de legitimación académica, bajo la investidura de un reconocimiento honorífico. La universidad, históricamente concebida como espacio de crítica y producción de conocimiento, aparece aquí convertida en escenario de validación ideológica. La paradoja es evidente: en el lugar donde debería fomentarse el pensamiento complejo, se celebra la simplificación extrema; donde debería incentivarse el debate, se consagra la condena. El título honorífico no legitima el discurso, pero sí evidencia la capacidad del poder para colonizar incluso los espacios que deberían resistirlo.

La transformación del conflicto social en un relato moralizante constituye quizás el núcleo más problemático de esta retórica. Las tensiones estructurales del capitalismo, la desigualdad persistente, la concentración de riqueza y la precarización de la vida desaparecen del análisis. En su lugar, emergen categorías afectivas que individualizan y despolitizan el problema: envidia, odio, resentimiento. La crítica al sistema deja de ser una posición racional para convertirse en una patología emocional. De este modo, se invierte la carga del problema: no es el sistema el que produce desigualdad, sino los individuos los que reaccionan de manera “incorrecta” frente a él. La operación es eficaz porque desactiva cualquier posibilidad de cuestionamiento estructural y la reemplaza por un juicio moral sobre los sujetos.

El sarcasmo de la situación alcanza niveles casi grotescos. En nombre de la libertad, se construyen discursos que eliminan la pluralidad; en defensa de la racionalidad, se recurre a categorías místicas; en oposición al totalitarismo, se produce un lenguaje que no admite matices ni diferencias. La figura del enemigo absoluto se vuelve indispensable para sostener una narrativa que no tolera la ambigüedad. Y en ese proceso, el pensamiento crítico es desplazado por la repetición de consignas que operan más como actos de fe que como argumentos. Lo que se presenta como una defensa de valores termina siendo, en realidad, una estrategia de simplificación que empobrece el debate público.

Lo que queda al final no es una discusión sobre ideas, sino una evidencia inquietante: la política contemporánea, en ciertos sectores, ha renunciado a la complejidad y ha optado por la dramatización moral como forma de control. Porque discutir a Marx exige leerlo, comprenderlo, situarlo históricamente y confrontar sus tesis con argumentos sólidos. Acusarlo de satanismo, en cambio, solo requiere convicción y un auditorio dispuesto a aceptar la simplificación. Y es precisamente ahí donde se revela la dimensión trágica del fenómeno: no en la existencia de ideas que incomodan al poder, sino en la incapacidad de ese poder para enfrentarlas sin recurrir a la demonización.

LA FIESTA DEL FÚTBOL EN LA ERA DEL GENOCIDIO Y LA DEVASTACIÓN MUNDIAL POR EL IMPERIALISMO

Por: Nulfo Yala

La organización de un Mundial de fútbol en medio de guerras, genocidios y tensiones geopolíticas revela la coherencia de un orden global que convierte el espectáculo en un mecanismo para gestionar emociones y desviar la atención de la violencia estructural. El fútbol se inserta en una lógica económica y política dominada por intereses imperiales, con Estados Unidos como eje y figuras como Donald Trump que explicitan esa voluntad de control, mientras conflictos como Gaza o la agresión a Irán se normalizan en segundo plano. En este contexto, organismos como la FIFA operan como actores clave de una economía del entretenimiento que transforma el deporte en un dispositivo de distracción masiva, capaz de canalizar afectos y sostener un sistema donde la celebración y la devastación conviven sin ruptura aparente.

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En la escena global contemporánea, el poder ya no se esconde detrás de discursos solemnes ni de promesas civilizatorias; se exhibe con una tranquilidad casi obscena, como si la evidencia de su funcionamiento ya no requiriera justificación alguna. En ese paisaje, la organización de un Mundial de fútbol no aparece como una anomalía frente a la crisis planetaria, sino como una de sus expresiones más coherentes. Mientras regiones enteras son devastadas por guerras, desplazamientos forzados y economías de muerte, la maquinaria internacional se moviliza con precisión milimétrica para garantizar que el calendario del espectáculo no se altere. No se trata de un descuido ni de una desconexión accidental, sino de una forma específica de ordenar el mundo: producir simultáneamente la tragedia y la distracción, administrar el dolor y, a la vez, asegurar que este no interrumpa el flujo del entretenimiento.

La gestión de las emociones colectivas se ha convertido en un campo estratégico. El Mundial no es únicamente una competencia deportiva, sino un dispositivo capaz de reconfigurar la sensibilidad global. Se produce una suerte de desplazamiento en la jerarquía de lo importante: lo urgente deja de ser la vida amenazada en territorios en conflicto, para convertirse en el resultado de un partido, en la expectativa de una final, en la discusión interminable sobre decisiones arbitrales. Este cambio no es ingenuo. Se instala una temporalidad paralela donde la intensidad afectiva se canaliza hacia objetos seguros, previsibles, consumibles. El grito en el estadio sustituye al grito ante la injusticia; la euforia colectiva desplaza la indignación política. No porque las personas sean incapaces de percibir la realidad, sino porque el entorno está saturado de estímulos que reorganizan la atención, que diluyen la posibilidad de fijar la mirada en aquello que incomoda.

En este entramado, la lógica imperial se despliega sin necesidad de máscaras. Estados Unidos continúa operando como eje estructurante de un orden global que privilegia sus intereses económicos y estratégicos, y figuras como Donald Trump no hacen más que condensar y exhibir esa voluntad de dominio en su forma más explícita. La pretensión de someter al mundo a una racionalidad empresarial, donde todo es negociable, donde incluso la guerra puede leerse en términos de rentabilidad, encuentra en el fútbol un aliado inesperadamente eficaz. El balón se convierte en mercancía, en símbolo y en herramienta. No es solo un juego, es un nodo dentro de una red de negocios, patrocinios, derechos de transmisión y posicionamientos geopolíticos. Bajo la superficie de la competencia deportiva, circulan capitales y se consolidan jerarquías.

Mientras tanto, la violencia extrema continúa su curso con una regularidad que roza la normalización. El genocidio en Gaza se inscribe en una dinámica donde la repetición de la tragedia termina por erosionar su capacidad de conmover. La agresión a Irán responde a la misma lógica de intervención y control, donde los territorios se convierten en piezas dentro de un tablero estratégico más amplio. Lo verdaderamente perturbador no es solo la existencia de estos conflictos, sino su convivencia con la celebración global del espectáculo. Como si el mundo hubiera aprendido a vivir en una doble dimensión: una donde la muerte se contabiliza y otra donde se festeja un gol con una intensidad que parece negar todo lo demás.

En este contexto, los administradores del fútbol global dejan de ser simples organizadores de torneos para convertirse en actores centrales de una economía del entretenimiento que funciona como engranaje del poder. La FIFA, lejos de encarnar valores deportivos universales, opera como una corporación que articula intereses económicos, políticos y mediáticos. Su capacidad para convocar audiencias masivas la convierte en un instrumento privilegiado para canalizar la atención global. Se vende la idea de unidad entre naciones, de fraternidad en la competencia, mientras se silencian las asimetrías profundas que atraviesan ese mismo sistema internacional. El espectáculo se presenta como neutral, pero su neutralidad es precisamente lo que lo hace funcional.

El Mundial se configura así como un ritual contemporáneo que no elimina el conflicto, sino que lo encubre bajo una capa de celebración permanente. No es que el pueblo sea engañado de manera simple; es que participa activamente en una dinámica que le ofrece sentido, pertenencia y emoción en medio de un entorno incierto. El problema no radica en disfrutar del fútbol, sino en la facilidad con la que ese disfrute puede ser instrumentalizado para neutralizar la crítica, para desplazar la mirada, para convertir la indignación en ruido de fondo. La banalidad del mundo no se manifiesta en la existencia del espectáculo, sino en su capacidad para coexistir sin fricción aparente con la devastación. En esa convivencia, en ese equilibrio inquietante entre fiesta y tragedia, se revela una de las formas más sofisticadas de dominación: aquella que no necesita imponerse por la fuerza constante, porque ha aprendido a gobernar a través de lo que entretiene.

LEY 157: LA RECONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA TIERRA AL SERVICIO DEL PODER TERRATENIENTE EMPRESARIAL

Por: Nulfo Yala

La operación es tan simple como brutal: el Estado nombra “pequeña propiedad” a lo que en la práctica son extensiones agroempresariales millonarias, y con ese gesto convierte la ilegalidad en derecho, la concentración en normalidad y el despojo en política pública; la Función Económico Social se vacía de contenido, las verificaciones se aplazan, y en pocos días se consolida un régimen agrario con un gobierno, que, en nombre del desarrollo, consolida el poder de terratenientes que acumulan tierras más grandes que algunos países europeos; la ironía es obscena, en un país donde la mayoría no posee ni un metro cuadrado, la ley no redistribuye, protege, no corrige, legitima, no equilibra, profundiza una desigualdad estructural sostenida por un aparato jurídico que no falla, sino que funciona exactamente como fue diseñado.

 

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La racionalidad del poder no se manifiesta en su forma más cruda, sino en su capacidad de nombrar. Llamar “pequeña propiedad ganadera” a un predio de 400 hectáreas no es un error técnico ni una simple distorsión administrativa; es una operación discursiva cuidadosamente diseñada. El acto de nombrar produce realidad, legitima prácticas y ordena jerarquías. En este caso, el Estado no solo clasifica la tierra, sino que reconfigura el campo social al convertir unidades agroempresariales en ficciones jurídicas de subsistencia familiar. La ironía es evidente: la ley, que en apariencia limita la acumulación, se convierte en el instrumento más eficaz para expandirla.

La Función Económico-Social, ese principio que debería operar como mecanismo de control, aparece aquí como un ritual vacío. No importa si hay ganado o no, si la tierra cumple o no su función declarada; lo relevante es que el dispositivo legal ha sido capturado. La imagen satelital, fría e irrefutable, muestra monocultivos mecanizados donde debería haber prácticas tradicionales. Pero el poder no necesita ocultar la evidencia, basta con reinterpretarla. La verdad deja de ser un problema técnico y se convierte en una cuestión de administración política: lo que se ve no importa, lo que se reconoce sí.

En este escenario, el proyecto de ley que propone la conversión automática de estas propiedades no introduce una ruptura, sino que perfecciona el dispositivo. Diez días bastan para transformar lo que antes requería justificación en un derecho consolidado. La velocidad del trámite no es eficiencia administrativa, es una tecnología de normalización. Lo ilegal no se sanciona, se regulariza; lo irregular no se corrige, se institucionaliza. Se trata de un gesto elegante del poder: en lugar de perseguir la ilegalidad, la absorbe.

La comparación con las cooperativas auríferas no es casual. En ambos casos, la lógica es idéntica: fragmentar jurídicamente lo que en la práctica opera como concentración económica. La figura de la “pequeña unidad” funciona como un escudo fiscal y político. Así, millones de dólares circulan bajo la apariencia de economías de subsistencia. La pregunta no es por qué ocurre, sino para quién está diseñado el sistema. La respuesta se vuelve incómodamente evidente.

Mientras tanto, la mayor parte del pueblo boliviano permanece al margen de este juego semántico. No se trata solo de desigualdad en la distribución de la tierra, sino de exclusión en el acceso a los mecanismos que la producen. Para quienes no poseen ni un metro cuadrado, la ley no es una herramienta, es un límite. La promesa de redistribución se disuelve en procedimientos que, en teoría, deberían garantizarla. La paradoja es brutal: en un país que constitucionalmente reconoce la función social de la tierra, la acumulación se consolida bajo la protección del propio orden jurídico.

La dimensión territorial de esta desigualdad adquiere proporciones casi absurdas. Existen propiedades cuya extensión supera la de varios países europeos, pero que siguen siendo, en el papel, “pequeñas”. No es un error de escala, es una decisión política. El territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero, administrado bajo lógicas empresariales y protegido por el aparato estatal. La concentración no solo es económica, es también simbólica: quien controla la tierra controla el relato sobre ella.

En este contexto, la corrupción no aparece como una desviación del sistema, sino como su condición de posibilidad. El “negociado de tierras” no es una anomalía, es la forma en que el poder se reproduce. Legalizar lo ilegal, aplazar verificaciones, omitir controles, todo forma parte de una misma arquitectura. El Estado no es un árbitro neutral, es un actor que participa activamente en la redistribución desigual de los recursos.

La ironía final es que todo esto se realiza en nombre del desarrollo, de la productividad, del crecimiento económico. Conceptos que, en su aparente neutralidad técnica, encubren decisiones profundamente políticas. Se promueve una modernización agraria que, lejos de democratizar la tierra, la concentra aún más. Se habla de eficiencia mientras se legitima la exclusión. Se invoca la legalidad para consolidar la desigualdad.

Así, el poder no necesita imponerse mediante la fuerza. Opera a través de leyes, categorías y procedimientos que parecen razonables. La violencia no es visible, pero es efectiva. No se expulsa a los sin tierra, simplemente se les deja fuera del lenguaje que distribuye derechos. Y en ese silencio, cuidadosamente administrado, se construye una de las formas más sofisticadas de dominación.