Por: Nulfo Yala
La operación es tan simple como brutal: el Estado nombra “pequeña propiedad” a lo que en la práctica son extensiones agroempresariales millonarias, y con ese gesto convierte la ilegalidad en derecho, la concentración en normalidad y el despojo en política pública; la Función Económico Social se vacía de contenido, las verificaciones se aplazan, y en pocos días se consolida un régimen agrario con un gobierno, que, en nombre del desarrollo, consolida el poder de terratenientes que acumulan tierras más grandes que algunos países europeos; la ironía es obscena, en un país donde la mayoría no posee ni un metro cuadrado, la ley no redistribuye, protege, no corrige, legitima, no equilibra, profundiza una desigualdad estructural sostenida por un aparato jurídico que no falla, sino que funciona exactamente como fue diseñado.
La racionalidad del poder no se manifiesta en su forma más cruda, sino en su capacidad de nombrar. Llamar “pequeña propiedad ganadera” a un predio de 400 hectáreas no es un error técnico ni una simple distorsión administrativa; es una operación discursiva cuidadosamente diseñada. El acto de nombrar produce realidad, legitima prácticas y ordena jerarquías. En este caso, el Estado no solo clasifica la tierra, sino que reconfigura el campo social al convertir unidades agroempresariales en ficciones jurídicas de subsistencia familiar. La ironía es evidente: la ley, que en apariencia limita la acumulación, se convierte en el instrumento más eficaz para expandirla.
La Función Económico-Social, ese principio que debería operar como mecanismo de control, aparece aquí como un ritual vacío. No importa si hay ganado o no, si la tierra cumple o no su función declarada; lo relevante es que el dispositivo legal ha sido capturado. La imagen satelital, fría e irrefutable, muestra monocultivos mecanizados donde debería haber prácticas tradicionales. Pero el poder no necesita ocultar la evidencia, basta con reinterpretarla. La verdad deja de ser un problema técnico y se convierte en una cuestión de administración política: lo que se ve no importa, lo que se reconoce sí.
En este escenario, el proyecto de ley que propone la conversión automática de estas propiedades no introduce una ruptura, sino que perfecciona el dispositivo. Diez días bastan para transformar lo que antes requería justificación en un derecho consolidado. La velocidad del trámite no es eficiencia administrativa, es una tecnología de normalización. Lo ilegal no se sanciona, se regulariza; lo irregular no se corrige, se institucionaliza. Se trata de un gesto elegante del poder: en lugar de perseguir la ilegalidad, la absorbe.
La comparación con las cooperativas auríferas no es casual. En ambos casos, la lógica es idéntica: fragmentar jurídicamente lo que en la práctica opera como concentración económica. La figura de la “pequeña unidad” funciona como un escudo fiscal y político. Así, millones de dólares circulan bajo la apariencia de economías de subsistencia. La pregunta no es por qué ocurre, sino para quién está diseñado el sistema. La respuesta se vuelve incómodamente evidente.
Mientras tanto, la mayor parte del pueblo boliviano permanece al margen de este juego semántico. No se trata solo de desigualdad en la distribución de la tierra, sino de exclusión en el acceso a los mecanismos que la producen. Para quienes no poseen ni un metro cuadrado, la ley no es una herramienta, es un límite. La promesa de redistribución se disuelve en procedimientos que, en teoría, deberían garantizarla. La paradoja es brutal: en un país que constitucionalmente reconoce la función social de la tierra, la acumulación se consolida bajo la protección del propio orden jurídico.
La dimensión territorial de esta desigualdad adquiere proporciones casi absurdas. Existen propiedades cuya extensión supera la de varios países europeos, pero que siguen siendo, en el papel, “pequeñas”. No es un error de escala, es una decisión política. El territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero, administrado bajo lógicas empresariales y protegido por el aparato estatal. La concentración no solo es económica, es también simbólica: quien controla la tierra controla el relato sobre ella.
En este contexto, la corrupción no aparece como una desviación del sistema, sino como su condición de posibilidad. El “negociado de tierras” no es una anomalía, es la forma en que el poder se reproduce. Legalizar lo ilegal, aplazar verificaciones, omitir controles, todo forma parte de una misma arquitectura. El Estado no es un árbitro neutral, es un actor que participa activamente en la redistribución desigual de los recursos.
La ironía final es que todo esto se realiza en nombre del desarrollo, de la productividad, del crecimiento económico. Conceptos que, en su aparente neutralidad técnica, encubren decisiones profundamente políticas. Se promueve una modernización agraria que, lejos de democratizar la tierra, la concentra aún más. Se habla de eficiencia mientras se legitima la exclusión. Se invoca la legalidad para consolidar la desigualdad.
Así, el poder no necesita imponerse mediante la fuerza. Opera a través de leyes, categorías y procedimientos que parecen razonables. La violencia no es visible, pero es efectiva. No se expulsa a los sin tierra, simplemente se les deja fuera del lenguaje que distribuye derechos. Y en ese silencio, cuidadosamente administrado, se construye una de las formas más sofisticadas de dominación.