Por Nulfo Yala
Bajo el discurso aparentemente incuestionable de “reactivar la economía” y “modernizar el Estado”, el nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano revela una reconfiguración silenciosa del poder orientada a fortalecer a sectores empresariales, agroindustriales, terratenientes y grupos económicos históricamente privilegiados, convirtiendo la crisis en un mecanismo de legitimación para flexibilizar derechos, concentrar poder y disciplinar socialmente a la población mediante el miedo económico. Mientras se habla en nombre del pueblo y del desarrollo nacional, el Estado parece desplazarse progresivamente desde una lógica de protección colectiva hacia una función técnica de administración de intereses corporativos, donde la eficiencia, la inversión y la seguridad jurídica terminan funcionando como eufemismos de subordinación política al capital. La ironía más brutal reside en que este proceso avanza envuelto en una narrativa popular y soberanista, mientras consolida precisamente aquello que durante décadas se prometió combatir: la restauración de un orden conservador donde las élites económicas recuperan capacidad de conducción sobre el Estado y la sociedad, y donde incluso quienes resultan perjudicados terminan defendiendo las estructuras que profundizan su propia subordinación.
Hay algo profundamente revelador cuando un gobierno comienza a hablar obsesivamente de “reactivar”, “modernizar”, “destrabar”, “aliviar” y “reformar”. Las palabras nunca llegan solas. Llegan acompañadas de técnicos, empresarios, consultoras, cámaras industriales, promesas de inversión extranjera y discursos sobre eficiencia. Y detrás de esa retórica casi quirúrgica aparece siempre la misma pregunta incómoda: ¿reactivar para quién?, ¿modernizar qué?, ¿destrabar a costa de quién?, ¿aliviar la carga de quiénes mientras otros siguen cargando el peso entero del país?
El nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano se presenta públicamente como una necesidad histórica para enfrentar la crisis económica, atraer inversiones y “reformar el Estado”. El discurso parece impecable. Nadie podría oponerse, en apariencia, a combatir la crisis. Nadie podría declararse enemigo de la producción o del crecimiento económico. Allí reside precisamente la eficacia del lenguaje del poder: convertir intereses particulares en necesidades universales. La operación es elegante. Primero se instala la idea de catástrofe económica permanente; luego se convence a la población de que cualquier resistencia a las reformas equivale a sabotear el futuro nacional. Finalmente, las medidas favorables a sectores empresariales y grandes capitales aparecen no como privilegios, sino como sacrificios inevitables por el bien común.
El problema es que la historia latinoamericana tiene memoria. Y esa memoria reconoce demasiado bien el libreto. Cada vez que se habla de “seguridad jurídica” para inversionistas, alguien pierde soberanía sobre sus territorios. Cada vez que se promete “flexibilización” normativa, alguna comunidad termina flexibilizando su derecho al agua, a la tierra o a la supervivencia. Cada vez que se invoca la palabra “competitividad”, miles de trabajadores descubren que la competitividad consiste básicamente en trabajar más por menos mientras los grandes grupos económicos reciben exenciones, alivios tributarios y garantías estatales.
La ironía es brutal. Durante décadas, el discurso político boliviano se construyó alrededor de la defensa de la soberanía popular, la descolonización y la resistencia frente al neoliberalismo. Ahora el nuevo horizonte parece ser seducir inversionistas extranjeros con promesas de “apertura absoluta”, alivio tributario y reformas estructurales destinadas a generar confianza empresarial. El lenguaje cambió de piel, pero no de dirección. El mercado vuelve a ocupar el lugar del antiguo dios republicano: invisible, incuestionable y siempre hambriento.
Se afirma que estas leyes buscan “formalizar la economía”. Qué expresión tan interesante. Formalizar suele significar disciplinar. Registrar. Vigilar. Incorporar a las poblaciones informales dentro de circuitos de control financiero, tributario y administrativo. El Estado aparece entonces no como garante de derechos colectivos, sino como administrador técnico de flujos económicos. El ciudadano deja de ser sujeto político y se convierte progresivamente en unidad económica cuantificable. Lo importante ya no es la vida digna, sino la productividad medible.
Mientras tanto, los sectores históricamente dominantes recuperan centralidad con una velocidad asombrosa. Agroindustriales, exportadores, inversionistas extranjeros y grandes propietarios son nuevamente presentados como los verdaderos salvadores nacionales. La narrativa es conocida: si ellos prosperan, el país prosperará. Si ellos ganan confianza, habrá empleo. Si ellos acumulan más capital, eventualmente algo “derramará” hacia abajo. Curiosa teoría esa del derrame: lleva décadas prometiendo lluvias y casi siempre termina inundando únicamente los mismos jardines privados.
El trasfondo más inquietante no está solamente en las leyes concretas, sino en la racionalidad que las sostiene. Ya no se gobierna apelando a proyectos colectivos emancipatorios, sino administrando el miedo económico. La crisis se transforma en instrumento pedagógico. Se enseña a la población que debe aceptar sacrificios, pérdida de derechos y concentración económica porque la alternativa sería el caos absoluto. El miedo funciona mejor que cualquier decreto. Un pueblo económicamente angustiado termina aceptando como inevitables medidas que en otro contexto serían consideradas escandalosas.
Y allí aparece el verdadero núcleo del problema: la consolidación silenciosa de una nueva arquitectura de poder. No se trata únicamente de beneficiar empresarios o terratenientes. Se trata de reconstruir un orden social donde ciertos grupos económicos adquieran capacidad estructural para definir políticas públicas, orientar reformas estatales y establecer los límites de lo políticamente posible. El Estado deja gradualmente de representar tensiones sociales para convertirse en operador administrativo de intereses estratégicos.
Por eso el discurso gubernamental insiste tanto en la “eficiencia”. Porque la eficiencia, despojada de cualquier contenido ético o político, suele ser simplemente el nombre elegante de la obediencia económica. Un Estado eficiente para los mercados puede resultar profundamente violento para las comunidades indígenas, para los trabajadores precarizados o para las regiones periféricas. Pero esa violencia rara vez aparece en los informes técnicos. Las estadísticas macroeconómicas poseen una extraordinaria capacidad para ocultar cuerpos concretos.
Resulta incluso sarcástico observar cómo ciertos sectores conservadores, históricamente enfrentados al discurso estatal plurinacional, ahora convergen cómodamente alrededor de estas reformas económicas. El capital posee una virtud extraordinaria: logra reconciliar enemigos ideológicos cuando las oportunidades de acumulación son suficientemente atractivas. La vieja tensión entre nacionalismo popular y élites económicas comienza a diluirse en nombre de la gobernabilidad, la inversión y la estabilidad.
Entonces surge una sospecha incómoda: quizá el objetivo final nunca fue únicamente superar la crisis económica. Quizá la crisis es también una oportunidad privilegiada para reorganizar relaciones de poder, recentralizar decisiones estratégicas y consolidar un modelo donde los sectores económicos dominantes recuperen capacidad de conducción histórica. Las leyes aparecen así no solo como instrumentos jurídicos, sino como dispositivos para fabricar un nuevo tipo de sociedad: más disciplinada, más empresarial, más obediente al mercado y menos capaz de imaginar alternativas colectivas.
La tragedia es que todo esto ocurre mientras se sigue hablando en nombre del pueblo. Siempre en nombre del pueblo. Porque el poder contemporáneo rara vez se presenta como dominación abierta. Prefiere disfrazarse de modernización, estabilidad, consenso técnico o inevitabilidad económica. Ya no necesita imponer silencios violentamente; le basta con administrar discursos, producir necesidades y convencer a la sociedad de que no existe otro camino posible.
Y quizás allí reside el triunfo más sofisticado del nuevo orden: lograr que las propias víctimas de la concentración económica terminen defendiendo las estructuras que profundizan su subordinación, creyendo que proteger los privilegios de las élites equivale a defender la salvación nacional. Una obra maestra del poder. Tan refinada que incluso quienes pierden terminan aplaudiendo mientras se firma su derrota.
