Mes: mayo 2026

Por: Nulfo Yala

Lo que se perfila en Bolivia no es simplemente un conflicto político, sino una estrategia calculada de desgaste social donde el gobierno de Rodrigo Paz parece apostar al cansancio, al miedo y a la militarización para quebrar la capacidad de resistencia de los movimientos sociales y consolidar un modelo subordinado a empresarios y terratenientes. Bajo discursos de “orden” y “pacificación”, se normaliza la posibilidad de un estado de excepción mientras sectores de extrema derecha celebran desde el extranjero la represión como mecanismo de control. El problema es que la historia demuestra que humillar y silenciar al pueblo nunca garantiza estabilidad duradera: solo acumula rabia, radicalización y fractura social. Subestimar a un líder con rasgos autoritarios, dispuesto a embestir sin medir consecuencias, puede ser un error histórico, porque cuando un gobierno convierte a la protesta en enemigo interno y reemplaza el diálogo por la fuerza, deja de gobernar una democracia y comienza a administrar el miedo.

La estrategia de Rodrigo Paz no parece improvisada ni producto del nerviosismo político de un gobierno acorralado. Tiene más bien la lógica fría de quien entiende que el desgaste social no siempre se derrota con argumentos, sino con agotamiento, miedo y fragmentación. Primero se deja que la crisis madure hasta pudrirse; luego se permite que los conflictos se acumulen, que las organizaciones populares se desgasten entre bloqueos interminables, divisiones internas y hambre cotidiana; finalmente, cuando el cansancio colectivo ya ha erosionado la capacidad de resistencia, aparece la amenaza de un estado de excepción como si fuera un acto inevitable de “orden”. La vieja fórmula latinoamericana vuelve a desfilar con traje nuevo: fabricar caos para justificar disciplina. Y mientras los voceros empresariales hablan de estabilidad económica desde oficinas climatizadas, miles de familias cargan sobre la espalda el costo real de esa estabilidad, una estabilidad que curiosamente siempre exige sacrificios de abajo hacia arriba y nunca al revés.

Lo más inquietante es que el discurso oficial intenta vender esta operación como un acto de responsabilidad histórica. Se habla de “pacificación”, de “recuperar el país”, de “poner límites a la violencia”, como si las élites económicas fueran monjes tibetanos obligados a defenderse de hordas irracionales. La ironía grotesca: quienes controlan bancos, agroindustrias, exportaciones y grandes medios aparecen representándose a sí mismos como víctimas indefensas frente a campesinos, obreros y sectores populares que apenas poseen la capacidad de movilizar sus cuerpos en las calles. El lenguaje político se invierte de manera obscena. El rico se disfraza de perseguido y el pobre termina convertido en amenaza nacional. No es casualidad que ciertos operadores políticos bolivianos de extrema derecha, instalados cómodamente en Estados Unidos mientras juegan a dirigir la patria por redes sociales y programas digitales, hablen abiertamente del respaldo del llamado “escudo de las Américas”, casi como si anunciaran con orgullo que Bolivia debe administrarse bajo tutela ideológica extranjera. Resulta curioso ver a quienes se llenan la boca con soberanía nacional celebrando cualquier guiño geopolítico proveniente del norte continental.

El problema es que sacar militares a reprimir no es un videojuego táctico ni una fotografía heroica para redes sociales. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que creyeron poder controlar la violencia una vez abierta la puerta de los cuarteles, y casi todos terminaron descubriendo demasiado tarde que el miedo puede disciplinar momentáneamente, pero también radicaliza. Un estado de excepción no neutraliza necesariamente el conflicto; muchas veces lo profundiza, lo desplaza y lo vuelve más impredecible. Cuando una población percibe que las vías políticas tradicionales dejan de servir, el resentimiento se acumula debajo de la superficie institucional como presión tectónica. La aparente calma puede ser simplemente silencio forzado. Y los silencios impuestos suelen incubar explosiones mucho más peligrosas que las protestas originales. Un gobierno que apuesta a humillar movimientos sociales en lugar de comprenderlos termina sembrando generaciones enteras de desconfianza hacia cualquier forma de institucionalidad.

Hay además un componente simbólico particularmente perturbador en la figura presidencial. Los artículos anteriores ya habíamos advertido ciertos guiños autoritarios, ciertas obsesiones con el enemigo interno, cierta fascinación por el orden entendido como obediencia absoluta. No se trata únicamente de decisiones concretas, sino de una forma de concebir la política como confrontación permanente donde el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en obstáculo a destruir. La frase pronunciada por su padre, aquella donde lo define como “un toro”, termina funcionando casi como una confesión involuntaria de carácter. El toro no dialoga; embiste. El toro no mide consecuencias; avanza. Y el problema aparece cuando un país entero queda atrapado dentro de esa psicología de confrontación. Gobernar como si toda crítica fuera una amenaza existencial puede conducir a escenarios extremadamente peligrosos, porque la administración del Estado termina reducida a una lógica de enemigos y castigos.

Subestimarlo sería ingenuo. Existe una tendencia cómoda dentro de ciertos sectores progresistas a caricaturizar a figuras de derecha como simples incompetentes o productos pasajeros del marketing electoral. Pero las experiencias históricas muestran que los proyectos más peligrosos suelen crecer precisamente cuando sus adversarios los toman a la ligera. Mientras algunos todavía creen estar frente a un político tradicional preocupado únicamente por encuestas, el aparato ideológico alrededor suyo parece operar con una visión mucho más profunda: desmontar lentamente la capacidad de presión social (utilizando estrategias de ataque legal como la reciente abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción), criminalizar la protesta y consolidar un modelo económico completamente subordinado a grupos empresariales y terratenientes. No es únicamente una disputa electoral; es una disputa sobre qué sectores tendrán derecho a existir políticamente en Bolivia y cuáles deberán aceptar obediencia silenciosa como condición de supervivencia.

Las consecuencias económicas y sociales de ese escenario podrían ser devastadoras. Una represión prolongada no traerá inversión milagrosa ni estabilidad automática. Lo más probable es que produzca fuga de capitales pequeños, deterioro del consumo interno, mayor polarización regional y una fractura irreversible entre el Estado y amplios sectores populares. Los empresarios que hoy celebran mano dura desde sus círculos privados olvidan que ningún mercado funciona sanamente sobre cadáveres políticos permanentes. La violencia institucional termina contaminándolo todo: destruye legitimidad, paraliza diálogo y convierte cada conflicto cotidiano en una posible detonación nacional. La aparente victoria inmediata puede terminar siendo el inicio de una larga decadencia política.

Bolivia ya conoce demasiado bien el costo histórico de los gobiernos que creen que la fuerza puede reemplazar indefinidamente al consenso. El país arrastra memorias de masacres, persecuciones y militarizaciones que nunca desaparecieron del todo de la conciencia colectiva. Pensar que una nueva generación aceptará dócilmente un modelo de disciplinamiento permanente es no entender la estructura profunda de la sociedad boliviana. Aquí las derrotas nunca son definitivas; se acumulan como memoria social. Y cuando esa memoria encuentra nuevamente condiciones para organizarse, suele regresar con mucha más intensidad. Por eso el escenario actual no debería analizarse únicamente como una coyuntura de “unos pocos vándalos” como el gobierno trata de hacer ver, sino como el posible ingreso a una etapa de radicalización política donde el gobierno, obsesionado con aplastar toda resistencia, podría terminar alimentando exactamente aquello que pretende destruir.

Por: Nulfo Yala

Bolivia atraviesa una de las horas más oscuras de su historia reciente: un país agotado, atrapado entre la escasez, la inflación y el miedo, mientras un gobierno sin rumbo intenta sobrevivir administrando la miseria cotidiana como si todavía gobernara. Las filas por combustible, el encarecimiento de los alimentos, el hambre silenciosa y la pérdida del poder adquisitivo ya no son episodios aislados, sino señales de un colapso estructural que el poder pretende ocultar entre discursos vacíos, persecuciones judiciales y falsas mesas de diálogo. Incapaz de conectar con la población y subordinado a intereses empresariales, terratenientes y agroexportadores, el gobierno de Rodrigo Paz parece avanzar hacia una deriva peligrosa donde la desesperación social, el desgaste político y la fragilidad institucional podrían abrir paso a escenarios extremos, desde estados de excepción hasta intentos de ruptura democrática impulsados por sectores conservadores y militares. Lo más inquietante no es solamente la crisis económica, sino la sensación creciente de que Bolivia ha comenzado a perder la certeza de tener todavía un futuro.

La escena política boliviana atraviesa uno de esos momentos donde el poder ya no gobierna, apenas administra el deterioro. El lenguaje oficial continúa hablando de estabilidad, coordinación y diálogo, mientras las calles hablan otro idioma: filas interminables por combustible, alimentos cada vez más caros, salarios pulverizados, mercados vacíos y una población que empieza a comprender que el problema ya no es coyuntural sino estructural. Allí aparece el verdadero drama del gobierno de Rodrigo Paz: no solamente su incapacidad para resolver la crisis, sino su absoluta imposibilidad de comprenderla.

El síntoma más revelador no es la escasez de gasolina. Tampoco la inflación. Mucho menos el deterioro de carreteras o el colapso del abastecimiento. El síntoma más inquietante es otro: un gobierno obligado a negociar la supervivencia cotidiana como si administrar la precariedad fuese una política pública. El acuerdo firmado con algunos sectores no transmite fortaleza estatal, transmite agotamiento. Cuando el Estado empieza a reunirse para discutir horarios de surtidores, mecanismos de distribución de diésel y estrategias de contención social, el problema deja de ser económico y se convierte en una cuestión de legitimidad. El poder ya no organiza el país, apenas intenta retrasar el momento de su descomposición.

Durante años, Bolivia vivió sostenida por la ilusión de abundancia derivada del gas, los subsidios y el gasto público expansivo. El modelo permitía alimentar la narrativa de crecimiento mientras el excedente energético cubría ineficiencias estructurales, corrupción administrativa y dependencia importadora. Pero toda maquinaria clientelar necesita recursos para sostener fidelidades. Cuando esos recursos comienzan a desaparecer, el discurso revolucionario muta rápidamente en administración policial de la escasez. Entonces aparecen los controles, las amenazas judiciales, las campañas de disciplinamiento mediático y el viejo reflejo latinoamericano de convertir el conflicto social en problema de orden público.

El gobierno de Rodrigo Paz parece atrapado exactamente en ese punto histórico: demasiado débil para resolver la crisis y demasiado comprometido con grupos de poder para transformarla. La pretendida “concertación política” terminó convertida en una alianza funcional con sectores empresariales agroexportadores y élites terratenientes, particularmente vinculadas al eje económico cruceño, donde la lógica del mercado se volvió más importante que cualquier horizonte nacional. El resultado es grotesco: un gobierno que habla en nombre del pueblo mientras gobierna para quienes jamás harán fila por gasolina, jamás sentirán el aumento del aceite y jamás calcularán si alcanza el salario para llegar a fin de mes.

La ironía es brutal. Durante décadas el discurso político boliviano denunció a las oligarquías, al neoliberalismo y a las élites empresariales como responsables históricos de la desigualdad. Hoy el mismo aparato estatal termina subordinado a las exigencias de esos sectores bajo el elegante nombre de “estabilidad económica”. Se gobierna para tranquilizar mercados mientras la población aprende a sobrevivir en mercados vacíos. El ciudadano común ya no escucha proyectos históricos, escucha recomendaciones para madrugar más temprano si quiere encontrar combustible.

Y allí emerge otro elemento decisivo: la ruptura simbólica entre el poder y la vida cotidiana. El gobierno ya no logra interpretar el malestar social porque vive encapsulado en la lógica burocrática del informe, la conferencia y el acuerdo institucional. Mientras la población experimenta hambre, incertidumbre y desgaste psicológico, la respuesta oficial continúa reducida a mesas de diálogo, actas y anuncios técnicos. Es la política convertida en simulacro administrativo. El poder ya no produce esperanza; produce comunicados.

La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el desgaste comienza a derivar en mecanismos autoritarios de conservación. Todo gobierno incapaz de reconstruir legitimidad termina tentado por la coerción. Primero aparecen las acusaciones de desestabilización. Después la judicialización de opositores, dirigentes y críticos. Finalmente surge el fantasma del estado de excepción como herramienta para administrar el descontento. Pero la paradoja es evidente: cuanto más intenta endurecerse un gobierno débil, más expone su fragilidad. La represión puede contener temporalmente el conflicto, pero jamás resolver la crisis material que lo origina.

Bolivia entra así en una zona históricamente peligrosa. Porque cuando la institucionalidad pierde legitimidad y la economía pierde estabilidad, el sistema político entero comienza a abrir espacios para salidas extraordinarias. La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese libreto. Las élites económicas que hoy sostienen al gobierno podrían mañana abandonarlo si consideran que dejó de ser funcional a sus intereses. El empresariado jamás tiene lealtades ideológicas permanentes; tiene correlaciones de utilidad. Y si la figura de Rodrigo Paz termina siendo percibida como un obstáculo para la estabilización del capital y el control social, sectores conservadores podrían empezar a reorganizar alternativas más agresivas.

Allí aparece el escenario más delicado: la posibilidad de articulaciones golpistas impulsadas desde sectores de derecha con participación o presión sobre las fuerzas armadas. No sería una anomalía histórica. Sería, precisamente, la repetición de una tradición continental donde las crisis económicas profundas suelen convertirse en oportunidades para reconfigurar el poder mediante mecanismos extrademocráticos. Cuando las clases dominantes sienten amenazada la estabilidad de acumulación, la democracia suele convertirse en un lujo secundario.

El problema es que el gobierno tampoco puede retirarse fácilmente. Hay demasiados intereses económicos, redes clientelares y estructuras políticas comprometidas en la preservación del aparato estatal. El poder ya no se conserva únicamente por convicción ideológica, sino por necesidad material. Perder el gobierno implicaría perder contratos, protección judicial, espacios burocráticos, privilegios económicos y capacidad de negociación. Por eso el oficialismo parece jugar al desgaste, esperando que la población se acostumbre gradualmente a vivir peor. Una pedagogía de la resignación nacional.

Pero existe un límite para toda normalización de la precariedad. La gente puede tolerar discursos vacíos durante un tiempo. Puede incluso soportar corrupción, incompetencia o cinismo. Lo que rara vez soporta indefinidamente es el deterioro simultáneo de la vida cotidiana. Cuando el combustible falta, la comida se encarece, el salario pierde valor y el horizonte desaparece, el malestar deja de ser ideológico y se vuelve existencial. Allí las sociedades entran en estados de volatilidad impredecible.

Lo verdaderamente inquietante es que Bolivia parece haber perdido no solo estabilidad económica, sino dirección histórica. Ya no existe un horizonte político reconocible. El gobierno improvisa, la oposición especula y las élites calculan costos. Mientras tanto, la población observa cómo el país empieza a acostumbrarse a negociar la escasez como si fuese una condición natural. Y quizá esa sea la señal más clara de la crisis: cuando la decadencia deja de percibirse como excepción y empieza a administrarse como normalidad.

Por Nulfo Yala

Bajo el discurso aparentemente incuestionable de “reactivar la economía” y “modernizar el Estado”, el nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano revela una reconfiguración silenciosa del poder orientada a fortalecer a sectores empresariales, agroindustriales, terratenientes y grupos económicos históricamente privilegiados, convirtiendo la crisis en un mecanismo de legitimación para flexibilizar derechos, concentrar poder y disciplinar socialmente a la población mediante el miedo económico. Mientras se habla en nombre del pueblo y del desarrollo nacional, el Estado parece desplazarse progresivamente desde una lógica de protección colectiva hacia una función técnica de administración de intereses corporativos, donde la eficiencia, la inversión y la seguridad jurídica terminan funcionando como eufemismos de subordinación política al capital. La ironía más brutal reside en que este proceso avanza envuelto en una narrativa popular y soberanista, mientras consolida precisamente aquello que durante décadas se prometió combatir: la restauración de un orden conservador donde las élites económicas recuperan capacidad de conducción sobre el Estado y la sociedad, y donde incluso quienes resultan perjudicados terminan defendiendo las estructuras que profundizan su propia subordinación.

Hay algo profundamente revelador cuando un gobierno comienza a hablar obsesivamente de “reactivar”, “modernizar”, “destrabar”, “aliviar” y “reformar”. Las palabras nunca llegan solas. Llegan acompañadas de técnicos, empresarios, consultoras, cámaras industriales, promesas de inversión extranjera y discursos sobre eficiencia. Y detrás de esa retórica casi quirúrgica aparece siempre la misma pregunta incómoda: ¿reactivar para quién?, ¿modernizar qué?, ¿destrabar a costa de quién?, ¿aliviar la carga de quiénes mientras otros siguen cargando el peso entero del país?

El nuevo paquete de leyes impulsado por el gobierno boliviano se presenta públicamente como una necesidad histórica para enfrentar la crisis económica, atraer inversiones y “reformar el Estado”. El discurso parece impecable. Nadie podría oponerse, en apariencia, a combatir la crisis. Nadie podría declararse enemigo de la producción o del crecimiento económico. Allí reside precisamente la eficacia del lenguaje del poder: convertir intereses particulares en necesidades universales. La operación es elegante. Primero se instala la idea de catástrofe económica permanente; luego se convence a la población de que cualquier resistencia a las reformas equivale a sabotear el futuro nacional. Finalmente, las medidas favorables a sectores empresariales y grandes capitales aparecen no como privilegios, sino como sacrificios inevitables por el bien común.

El problema es que la historia latinoamericana tiene memoria. Y esa memoria reconoce demasiado bien el libreto. Cada vez que se habla de “seguridad jurídica” para inversionistas, alguien pierde soberanía sobre sus territorios. Cada vez que se promete “flexibilización” normativa, alguna comunidad termina flexibilizando su derecho al agua, a la tierra o a la supervivencia. Cada vez que se invoca la palabra “competitividad”, miles de trabajadores descubren que la competitividad consiste básicamente en trabajar más por menos mientras los grandes grupos económicos reciben exenciones, alivios tributarios y garantías estatales.

La ironía es brutal. Durante décadas, el discurso político boliviano se construyó alrededor de la defensa de la soberanía popular, la descolonización y la resistencia frente al neoliberalismo. Ahora el nuevo horizonte parece ser seducir inversionistas extranjeros con promesas de “apertura absoluta”, alivio tributario y reformas estructurales destinadas a generar confianza empresarial. El lenguaje cambió de piel, pero no de dirección. El mercado vuelve a ocupar el lugar del antiguo dios republicano: invisible, incuestionable y siempre hambriento.

Se afirma que estas leyes buscan “formalizar la economía”. Qué expresión tan interesante. Formalizar suele significar disciplinar. Registrar. Vigilar. Incorporar a las poblaciones informales dentro de circuitos de control financiero, tributario y administrativo. El Estado aparece entonces no como garante de derechos colectivos, sino como administrador técnico de flujos económicos. El ciudadano deja de ser sujeto político y se convierte progresivamente en unidad económica cuantificable. Lo importante ya no es la vida digna, sino la productividad medible.

Mientras tanto, los sectores históricamente dominantes recuperan centralidad con una velocidad asombrosa. Agroindustriales, exportadores, inversionistas extranjeros y grandes propietarios son nuevamente presentados como los verdaderos salvadores nacionales. La narrativa es conocida: si ellos prosperan, el país prosperará. Si ellos ganan confianza, habrá empleo. Si ellos acumulan más capital, eventualmente algo “derramará” hacia abajo. Curiosa teoría esa del derrame: lleva décadas prometiendo lluvias y casi siempre termina inundando únicamente los mismos jardines privados.

El trasfondo más inquietante no está solamente en las leyes concretas, sino en la racionalidad que las sostiene. Ya no se gobierna apelando a proyectos colectivos emancipatorios, sino administrando el miedo económico. La crisis se transforma en instrumento pedagógico. Se enseña a la población que debe aceptar sacrificios, pérdida de derechos y concentración económica porque la alternativa sería el caos absoluto. El miedo funciona mejor que cualquier decreto. Un pueblo económicamente angustiado termina aceptando como inevitables medidas que en otro contexto serían consideradas escandalosas.

Y allí aparece el verdadero núcleo del problema: la consolidación silenciosa de una nueva arquitectura de poder. No se trata únicamente de beneficiar empresarios o terratenientes. Se trata de reconstruir un orden social donde ciertos grupos económicos adquieran capacidad estructural para definir políticas públicas, orientar reformas estatales y establecer los límites de lo políticamente posible. El Estado deja gradualmente de representar tensiones sociales para convertirse en operador administrativo de intereses estratégicos.

Por eso el discurso gubernamental insiste tanto en la “eficiencia”. Porque la eficiencia, despojada de cualquier contenido ético o político, suele ser simplemente el nombre elegante de la obediencia económica. Un Estado eficiente para los mercados puede resultar profundamente violento para las comunidades indígenas, para los trabajadores precarizados o para las regiones periféricas. Pero esa violencia rara vez aparece en los informes técnicos. Las estadísticas macroeconómicas poseen una extraordinaria capacidad para ocultar cuerpos concretos.

Resulta incluso sarcástico observar cómo ciertos sectores conservadores, históricamente enfrentados al discurso estatal plurinacional, ahora convergen cómodamente alrededor de estas reformas económicas. El capital posee una virtud extraordinaria: logra reconciliar enemigos ideológicos cuando las oportunidades de acumulación son suficientemente atractivas. La vieja tensión entre nacionalismo popular y élites económicas comienza a diluirse en nombre de la gobernabilidad, la inversión y la estabilidad.

Entonces surge una sospecha incómoda: quizá el objetivo final nunca fue únicamente superar la crisis económica. Quizá la crisis es también una oportunidad privilegiada para reorganizar relaciones de poder, recentralizar decisiones estratégicas y consolidar un modelo donde los sectores económicos dominantes recuperen capacidad de conducción histórica. Las leyes aparecen así no solo como instrumentos jurídicos, sino como dispositivos para fabricar un nuevo tipo de sociedad: más disciplinada, más empresarial, más obediente al mercado y menos capaz de imaginar alternativas colectivas.

La tragedia es que todo esto ocurre mientras se sigue hablando en nombre del pueblo. Siempre en nombre del pueblo. Porque el poder contemporáneo rara vez se presenta como dominación abierta. Prefiere disfrazarse de modernización, estabilidad, consenso técnico o inevitabilidad económica. Ya no necesita imponer silencios violentamente; le basta con administrar discursos, producir necesidades y convencer a la sociedad de que no existe otro camino posible.

Y quizás allí reside el triunfo más sofisticado del nuevo orden: lograr que las propias víctimas de la concentración económica terminen defendiendo las estructuras que profundizan su subordinación, creyendo que proteger los privilegios de las élites equivale a defender la salvación nacional. Una obra maestra del poder. Tan refinada que incluso quienes pierden terminan aplaudiendo mientras se firma su derrota.

Por Nulfo Yala

La ejecución de un magistrado en el corazón del conflicto agrario no es un hecho aislado, sino la irrupción visible de un poder que ya no se oculta: redes criminales que atraviesan tierra, dinero e instituciones y que comienzan a disputar la soberanía misma del Estado. Lo que emerge no es solo violencia, sino un orden paralelo que infiltra, condiciona y reemplaza al derecho, donde la ley pierde fuerza frente a la bala y la riqueza deja de ser cuestionada para convertirse en símbolo incuestionable de éxito. Bajo esta lógica, el crecimiento económico puede esconder capitales oscuros, la corrupción deja de ser excepción para volverse estructura, y la sociedad entera participa, consciente o no, en la normalización del origen ilícito del poder. El asesinato no solo elimina a un individuo: instala el miedo como regla, advierte a quienes deciden y revela un tránsito peligroso hacia un escenario donde el Estado se vacía desde dentro, acercándose a una forma de colapso silencioso en medio de violencia y crisis.

Acontravia.com

El asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, en Santa Cruz, no puede ser leído como un hecho policial más. Fue atacado por presuntos sicarios cerca de la medianoche del 30 de abril de 2026, cuando se encontraba en su vehículo; medios nacionales reportan que recibió disparos y que una de las líneas investigativas apunta a posibles conflictos de tierras. ¿Qué significa que un alto miembro del órgano encargado de resolver controversias agrarias sea ejecutado en una región donde la tierra, el dinero y el poder se cruzan de forma tan opaca? ¿Qué clase de mensaje se instala cuando la violencia deja de ocultarse y comienza a hablar en público, con motocicletas, balas y cuerpos expuestos?

La pregunta incómoda no es solo quién mató al magistrado, sino qué estructura hizo posible que ese crimen aparezca como verosímil dentro del paisaje boliviano actual. Santa Cruz ya venía registrando asesinatos a bala que el Ministerio Público y la Policía asociaron, preliminarmente, con organizaciones criminales y posibles ajustes de cuentas. Entonces, ¿se trata de una anomalía o de una gramática nueva del poder criminal? ¿No será que el crimen organizado dejó de actuar como sombra económica y ahora comienza a actuar como soberanía paralela, capaz de administrar miedo, castigo y advertencia?

El problema es que Bolivia ha preferido durante años hablar del narcotráfico como si fuera una enfermedad externa, importada, marginal, casi accidental. Pero los indicios recientes obligan a mirar de frente una hipótesis más dura: las redes criminales no llegaron ayer, sino que pudieron haber convivido largamente con circuitos de dinero, tierra, comercio, protección política, corrupción judicial y tolerancia social. Un reportaje internacional de 2025 describió a Bolivia como un país que pasó de ser principalmente tránsito de droga a un posible enclave de operación criminal, con presencia de redes extranjeras, asesinatos, secuestros y extorsiones vinculadas al narcotráfico. ¿No será que el país está descubriendo tarde lo que ya estaba administrado silenciosamente desde hace años?

La tierra aparece aquí como una superficie material, pero también como archivo político. En Santa Cruz, la expansión agroindustrial y la disputa por áreas boscosas han sido señaladas como factores de tensión económica, social y territorial, especialmente por sus efectos sobre poblaciones indígenas y comunidades locales. La historia agraria boliviana tampoco es inocente: documentos del INRA recuerdan que, en determinados periodos, una pequeña minoría de propietarios concentraba una enorme proporción de la propiedad agraria. ¿Hasta qué punto la gran propiedad ha sido solamente producción, modernidad y eficiencia? ¿Hasta qué punto ha sido también una tecnología de captura, de blanqueamiento, de silencio y de prestigio social?

Sería ingenuo negar que las economías criminales buscan precisamente sectores donde grandes flujos de capital puedan mezclarse con negocios legales, activos territoriales, crédito, exportación, ganado, maquinaria, construcción y redes de influencia. El lavado de dinero tiene efectos económicos y sociales precisamente porque introduce recursos ilícitos dentro del flujo formal de la economía. Entonces, la pregunta queda abierta y molesta: ¿cuántas fortunas son realmente el resultado de productividad y cuántas son monumentos contables levantados sobre dinero sin origen confesable?

El llamado “modelo cruceño” ha sido presentado muchas veces como relato de éxito, emprendimiento, crecimiento y modernización. Pero ¿qué ocurre si parte de ese brillo fuese también una ilusión sostenida por capitales opacos? ¿Qué ocurre si el deseo social de “hacerse rico” en un país pobre terminó volviendo irrelevante la pregunta moral más básica: de dónde viene el dinero? En una sociedad donde el prestigio se mide por camionetas, urbanizaciones, estancias, ganado, edificios y consumo, el dinero deja de ser interrogado y empieza a ser venerado. Allí opera la forma más eficaz del poder: no necesita prohibir, solo necesita producir deseo, admiración y obediencia.

La corrupción estructural del Estado boliviano agrava este escenario. Si la Policía, la justicia, los registros, las instituciones agrarias y las autoridades políticas son percibidas como comprables o intimidables, entonces el crimen organizado no necesita destruir el Estado: le basta con habitarlo. Ese es el punto más oscuro. El Estado fallido no siempre aparece como ausencia total de instituciones, sino como presencia institucional vaciada, donde hay oficinas, sellos, jueces, policías, fiscales y discursos, pero el mando real circula por otros canales. ¿Qué vale una investigación si los investigadores pueden estar condicionados? ¿Qué vale una sentencia si la justicia puede ser sitiada por intereses económicos? ¿Qué vale la ley si la bala empieza a imponerse como lenguaje de decisión?

La ejecución del magistrado introduce un desplazamiento inquietante: ya no se trata únicamente de economías ilegales que buscan proteger sus circuitos, sino de estructuras que parecen dispuestas a intervenir en los espacios donde se define la propiedad, la legalidad y el conflicto. ¿Qué implica que un juez vinculado al ámbito agrario sea asesinado en un contexto donde las hipótesis giran alrededor de tierras y posibles ajustes de cuentas? ¿No se está insinuando, de manera brutal, que la disputa territorial ya no reconoce mediaciones institucionales y comienza a resolverse por fuera del derecho? En ese punto, la violencia no es desorden, sino reorganización del poder.

La experiencia comparada latinoamericana ofrece un espejo incómodo. En países como México, la escalada de violencia vinculada al narcotráfico no comenzó con grandes cárteles plenamente visibles, sino con fases progresivas de infiltración, corrupción, cooptación institucional y normalización social del dinero ilícito. Solo después emergió la violencia abierta como espectáculo disciplinario: cuerpos, mensajes, ejecuciones selectivas. ¿Está Bolivia transitando un umbral similar o aún se encuentra en una fase reversible? La pregunta no es retórica; es estratégica.

Lo que inquieta es que los signos comienzan a alinearse: asesinatos con características de sicariato, circulación de armas, disputas territoriales, economías ilegales con capacidad logística, redes internacionales, percepción social de impunidad y, sobre todo, una progresiva indiferencia colectiva frente al origen del capital. ¿Hasta qué punto la sociedad boliviana ha naturalizado esta lógica? ¿Hasta qué punto la promesa de ascenso económico ha reemplazado cualquier escrutinio ético? Allí se configura un campo de poder donde el dinero no solo compra bienes, sino también legitimidad simbólica.

El problema no se agota en la criminalidad, sino en la forma en que esta reconfigura el ejercicio mismo del poder estatal. Cuando la violencia deja de ser excepcional y se vuelve un instrumento comunicativo, lo que se está disputando es la soberanía. ¿Quién decide en última instancia sobre la vida, la propiedad, el territorio y el castigo? ¿El Estado o estructuras paralelas que operan con mayor eficacia y menor restricción normativa? Si la respuesta comienza a inclinarse hacia estas últimas, la noción de Estado deja de ser una realidad y se convierte en una ficción administrativa.

En este escenario, la idea de “Estado fallido” debe ser pensada con precisión. No se trata de una caída súbita, sino de una erosión gradual donde las funciones esenciales son capturadas o neutralizadas. El control territorial se fragmenta, la justicia pierde autoridad, la policía pierde legitimidad y la violencia se privatiza. ¿No es precisamente ese el proceso que comienza a insinuarse cuando un magistrado puede ser ejecutado sin que el hecho produzca una reacción institucional contundente capaz de restituir confianza? El silencio o la respuesta débil también comunican: indican límites, muestran incapacidad, habilitan nuevas acciones.

A su vez, la violencia tiene una dimensión pedagógica. No solo elimina a un individuo, sino que envía un mensaje a todos los demás: jueces, fiscales, políticos, empresarios, campesinos, dirigentes, ciudadanos. Enseña qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar y cuáles son las consecuencias de intervenir en ciertos conflictos. En ese sentido, el asesinato del magistrado no es únicamente un crimen; es un acto de producción de miedo, una advertencia que busca reorganizar comportamientos. ¿Cuántas decisiones futuras serán condicionadas por ese hecho? ¿Cuántos actores optarán por callar, negociar o retirarse?

La cuestión final es más inquietante que cualquier diagnóstico: ¿está Bolivia asistiendo al tránsito de un orden donde el poder se legitimaba jurídicamente hacia otro donde el poder se impone por la capacidad de ejercer violencia directa? Si esa transición se consolida, el problema ya no será únicamente el narcotráfico o la corrupción, sino la mutación del propio régimen de verdad que organiza la vida social. La ley dejaría de ser referencia y la fuerza se convertiría en criterio.

Entonces, la muerte del magistrado no puede ser reducida a una estadística más. Funciona como síntoma. Un síntoma que obliga a preguntarse si lo que se observa es el inicio de una nueva fase o la revelación tardía de una realidad que siempre estuvo operando bajo la superficie. ¿Cuánto de lo que hoy aparece como crisis es, en realidad, la visibilidad de un orden que durante años se prefirió no ver? ¿Y cuánto tiempo más puede sostenerse esa negación antes de que la violencia deje de ser señal y se convierta en norma?