Por: Nulfo Yala
Bolivia atraviesa una de las horas más oscuras de su historia reciente: un país agotado, atrapado entre la escasez, la inflación y el miedo, mientras un gobierno sin rumbo intenta sobrevivir administrando la miseria cotidiana como si todavía gobernara. Las filas por combustible, el encarecimiento de los alimentos, el hambre silenciosa y la pérdida del poder adquisitivo ya no son episodios aislados, sino señales de un colapso estructural que el poder pretende ocultar entre discursos vacíos, persecuciones judiciales y falsas mesas de diálogo. Incapaz de conectar con la población y subordinado a intereses empresariales, terratenientes y agroexportadores, el gobierno de Rodrigo Paz parece avanzar hacia una deriva peligrosa donde la desesperación social, el desgaste político y la fragilidad institucional podrían abrir paso a escenarios extremos, desde estados de excepción hasta intentos de ruptura democrática impulsados por sectores conservadores y militares. Lo más inquietante no es solamente la crisis económica, sino la sensación creciente de que Bolivia ha comenzado a perder la certeza de tener todavía un futuro.
La escena política boliviana atraviesa uno de esos momentos donde el poder ya no gobierna, apenas administra el deterioro. El lenguaje oficial continúa hablando de estabilidad, coordinación y diálogo, mientras las calles hablan otro idioma: filas interminables por combustible, alimentos cada vez más caros, salarios pulverizados, mercados vacíos y una población que empieza a comprender que el problema ya no es coyuntural sino estructural. Allí aparece el verdadero drama del gobierno de Rodrigo Paz: no solamente su incapacidad para resolver la crisis, sino su absoluta imposibilidad de comprenderla.
El síntoma más revelador no es la escasez de gasolina. Tampoco la inflación. Mucho menos el deterioro de carreteras o el colapso del abastecimiento. El síntoma más inquietante es otro: un gobierno obligado a negociar la supervivencia cotidiana como si administrar la precariedad fuese una política pública. El acuerdo firmado con algunos sectores no transmite fortaleza estatal, transmite agotamiento. Cuando el Estado empieza a reunirse para discutir horarios de surtidores, mecanismos de distribución de diésel y estrategias de contención social, el problema deja de ser económico y se convierte en una cuestión de legitimidad. El poder ya no organiza el país, apenas intenta retrasar el momento de su descomposición.
Durante años, Bolivia vivió sostenida por la ilusión de abundancia derivada del gas, los subsidios y el gasto público expansivo. El modelo permitía alimentar la narrativa de crecimiento mientras el excedente energético cubría ineficiencias estructurales, corrupción administrativa y dependencia importadora. Pero toda maquinaria clientelar necesita recursos para sostener fidelidades. Cuando esos recursos comienzan a desaparecer, el discurso revolucionario muta rápidamente en administración policial de la escasez. Entonces aparecen los controles, las amenazas judiciales, las campañas de disciplinamiento mediático y el viejo reflejo latinoamericano de convertir el conflicto social en problema de orden público.
El gobierno de Rodrigo Paz parece atrapado exactamente en ese punto histórico: demasiado débil para resolver la crisis y demasiado comprometido con grupos de poder para transformarla. La pretendida “concertación política” terminó convertida en una alianza funcional con sectores empresariales agroexportadores y élites terratenientes, particularmente vinculadas al eje económico cruceño, donde la lógica del mercado se volvió más importante que cualquier horizonte nacional. El resultado es grotesco: un gobierno que habla en nombre del pueblo mientras gobierna para quienes jamás harán fila por gasolina, jamás sentirán el aumento del aceite y jamás calcularán si alcanza el salario para llegar a fin de mes.
La ironía es brutal. Durante décadas el discurso político boliviano denunció a las oligarquías, al neoliberalismo y a las élites empresariales como responsables históricos de la desigualdad. Hoy el mismo aparato estatal termina subordinado a las exigencias de esos sectores bajo el elegante nombre de “estabilidad económica”. Se gobierna para tranquilizar mercados mientras la población aprende a sobrevivir en mercados vacíos. El ciudadano común ya no escucha proyectos históricos, escucha recomendaciones para madrugar más temprano si quiere encontrar combustible.
Y allí emerge otro elemento decisivo: la ruptura simbólica entre el poder y la vida cotidiana. El gobierno ya no logra interpretar el malestar social porque vive encapsulado en la lógica burocrática del informe, la conferencia y el acuerdo institucional. Mientras la población experimenta hambre, incertidumbre y desgaste psicológico, la respuesta oficial continúa reducida a mesas de diálogo, actas y anuncios técnicos. Es la política convertida en simulacro administrativo. El poder ya no produce esperanza; produce comunicados.
La situación se vuelve aún más peligrosa cuando el desgaste comienza a derivar en mecanismos autoritarios de conservación. Todo gobierno incapaz de reconstruir legitimidad termina tentado por la coerción. Primero aparecen las acusaciones de desestabilización. Después la judicialización de opositores, dirigentes y críticos. Finalmente surge el fantasma del estado de excepción como herramienta para administrar el descontento. Pero la paradoja es evidente: cuanto más intenta endurecerse un gobierno débil, más expone su fragilidad. La represión puede contener temporalmente el conflicto, pero jamás resolver la crisis material que lo origina.
Bolivia entra así en una zona históricamente peligrosa. Porque cuando la institucionalidad pierde legitimidad y la economía pierde estabilidad, el sistema político entero comienza a abrir espacios para salidas extraordinarias. La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese libreto. Las élites económicas que hoy sostienen al gobierno podrían mañana abandonarlo si consideran que dejó de ser funcional a sus intereses. El empresariado jamás tiene lealtades ideológicas permanentes; tiene correlaciones de utilidad. Y si la figura de Rodrigo Paz termina siendo percibida como un obstáculo para la estabilización del capital y el control social, sectores conservadores podrían empezar a reorganizar alternativas más agresivas.
Allí aparece el escenario más delicado: la posibilidad de articulaciones golpistas impulsadas desde sectores de derecha con participación o presión sobre las fuerzas armadas. No sería una anomalía histórica. Sería, precisamente, la repetición de una tradición continental donde las crisis económicas profundas suelen convertirse en oportunidades para reconfigurar el poder mediante mecanismos extrademocráticos. Cuando las clases dominantes sienten amenazada la estabilidad de acumulación, la democracia suele convertirse en un lujo secundario.
El problema es que el gobierno tampoco puede retirarse fácilmente. Hay demasiados intereses económicos, redes clientelares y estructuras políticas comprometidas en la preservación del aparato estatal. El poder ya no se conserva únicamente por convicción ideológica, sino por necesidad material. Perder el gobierno implicaría perder contratos, protección judicial, espacios burocráticos, privilegios económicos y capacidad de negociación. Por eso el oficialismo parece jugar al desgaste, esperando que la población se acostumbre gradualmente a vivir peor. Una pedagogía de la resignación nacional.
Pero existe un límite para toda normalización de la precariedad. La gente puede tolerar discursos vacíos durante un tiempo. Puede incluso soportar corrupción, incompetencia o cinismo. Lo que rara vez soporta indefinidamente es el deterioro simultáneo de la vida cotidiana. Cuando el combustible falta, la comida se encarece, el salario pierde valor y el horizonte desaparece, el malestar deja de ser ideológico y se vuelve existencial. Allí las sociedades entran en estados de volatilidad impredecible.
Lo verdaderamente inquietante es que Bolivia parece haber perdido no solo estabilidad económica, sino dirección histórica. Ya no existe un horizonte político reconocible. El gobierno improvisa, la oposición especula y las élites calculan costos. Mientras tanto, la población observa cómo el país empieza a acostumbrarse a negociar la escasez como si fuese una condición natural. Y quizá esa sea la señal más clara de la crisis: cuando la decadencia deja de percibirse como excepción y empieza a administrarse como normalidad.