Por: Nulfo Yala
Lo que se perfila en Bolivia no es simplemente un conflicto político, sino una estrategia calculada de desgaste social donde el gobierno de Rodrigo Paz parece apostar al cansancio, al miedo y a la militarización para quebrar la capacidad de resistencia de los movimientos sociales y consolidar un modelo subordinado a empresarios y terratenientes. Bajo discursos de “orden” y “pacificación”, se normaliza la posibilidad de un estado de excepción mientras sectores de extrema derecha celebran desde el extranjero la represión como mecanismo de control. El problema es que la historia demuestra que humillar y silenciar al pueblo nunca garantiza estabilidad duradera: solo acumula rabia, radicalización y fractura social. Subestimar a un líder con rasgos autoritarios, dispuesto a embestir sin medir consecuencias, puede ser un error histórico, porque cuando un gobierno convierte a la protesta en enemigo interno y reemplaza el diálogo por la fuerza, deja de gobernar una democracia y comienza a administrar el miedo.
La estrategia de Rodrigo Paz no parece improvisada ni producto del nerviosismo político de un gobierno acorralado. Tiene más bien la lógica fría de quien entiende que el desgaste social no siempre se derrota con argumentos, sino con agotamiento, miedo y fragmentación. Primero se deja que la crisis madure hasta pudrirse; luego se permite que los conflictos se acumulen, que las organizaciones populares se desgasten entre bloqueos interminables, divisiones internas y hambre cotidiana; finalmente, cuando el cansancio colectivo ya ha erosionado la capacidad de resistencia, aparece la amenaza de un estado de excepción como si fuera un acto inevitable de “orden”. La vieja fórmula latinoamericana vuelve a desfilar con traje nuevo: fabricar caos para justificar disciplina. Y mientras los voceros empresariales hablan de estabilidad económica desde oficinas climatizadas, miles de familias cargan sobre la espalda el costo real de esa estabilidad, una estabilidad que curiosamente siempre exige sacrificios de abajo hacia arriba y nunca al revés.
Lo más inquietante es que el discurso oficial intenta vender esta operación como un acto de responsabilidad histórica. Se habla de “pacificación”, de “recuperar el país”, de “poner límites a la violencia”, como si las élites económicas fueran monjes tibetanos obligados a defenderse de hordas irracionales. La ironía grotesca: quienes controlan bancos, agroindustrias, exportaciones y grandes medios aparecen representándose a sí mismos como víctimas indefensas frente a campesinos, obreros y sectores populares que apenas poseen la capacidad de movilizar sus cuerpos en las calles. El lenguaje político se invierte de manera obscena. El rico se disfraza de perseguido y el pobre termina convertido en amenaza nacional. No es casualidad que ciertos operadores políticos bolivianos de extrema derecha, instalados cómodamente en Estados Unidos mientras juegan a dirigir la patria por redes sociales y programas digitales, hablen abiertamente del respaldo del llamado “escudo de las Américas”, casi como si anunciaran con orgullo que Bolivia debe administrarse bajo tutela ideológica extranjera. Resulta curioso ver a quienes se llenan la boca con soberanía nacional celebrando cualquier guiño geopolítico proveniente del norte continental.
El problema es que sacar militares a reprimir no es un videojuego táctico ni una fotografía heroica para redes sociales. La historia latinoamericana está llena de gobiernos que creyeron poder controlar la violencia una vez abierta la puerta de los cuarteles, y casi todos terminaron descubriendo demasiado tarde que el miedo puede disciplinar momentáneamente, pero también radicaliza. Un estado de excepción no neutraliza necesariamente el conflicto; muchas veces lo profundiza, lo desplaza y lo vuelve más impredecible. Cuando una población percibe que las vías políticas tradicionales dejan de servir, el resentimiento se acumula debajo de la superficie institucional como presión tectónica. La aparente calma puede ser simplemente silencio forzado. Y los silencios impuestos suelen incubar explosiones mucho más peligrosas que las protestas originales. Un gobierno que apuesta a humillar movimientos sociales en lugar de comprenderlos termina sembrando generaciones enteras de desconfianza hacia cualquier forma de institucionalidad.
Hay además un componente simbólico particularmente perturbador en la figura presidencial. Los artículos anteriores ya habíamos advertido ciertos guiños autoritarios, ciertas obsesiones con el enemigo interno, cierta fascinación por el orden entendido como obediencia absoluta. No se trata únicamente de decisiones concretas, sino de una forma de concebir la política como confrontación permanente donde el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en obstáculo a destruir. La frase pronunciada por su padre, aquella donde lo define como “un toro”, termina funcionando casi como una confesión involuntaria de carácter. El toro no dialoga; embiste. El toro no mide consecuencias; avanza. Y el problema aparece cuando un país entero queda atrapado dentro de esa psicología de confrontación. Gobernar como si toda crítica fuera una amenaza existencial puede conducir a escenarios extremadamente peligrosos, porque la administración del Estado termina reducida a una lógica de enemigos y castigos.
Subestimarlo sería ingenuo. Existe una tendencia cómoda dentro de ciertos sectores progresistas a caricaturizar a figuras de derecha como simples incompetentes o productos pasajeros del marketing electoral. Pero las experiencias históricas muestran que los proyectos más peligrosos suelen crecer precisamente cuando sus adversarios los toman a la ligera. Mientras algunos todavía creen estar frente a un político tradicional preocupado únicamente por encuestas, el aparato ideológico alrededor suyo parece operar con una visión mucho más profunda: desmontar lentamente la capacidad de presión social (utilizando estrategias de ataque legal como la reciente abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción), criminalizar la protesta y consolidar un modelo económico completamente subordinado a grupos empresariales y terratenientes. No es únicamente una disputa electoral; es una disputa sobre qué sectores tendrán derecho a existir políticamente en Bolivia y cuáles deberán aceptar obediencia silenciosa como condición de supervivencia.
Las consecuencias económicas y sociales de ese escenario podrían ser devastadoras. Una represión prolongada no traerá inversión milagrosa ni estabilidad automática. Lo más probable es que produzca fuga de capitales pequeños, deterioro del consumo interno, mayor polarización regional y una fractura irreversible entre el Estado y amplios sectores populares. Los empresarios que hoy celebran mano dura desde sus círculos privados olvidan que ningún mercado funciona sanamente sobre cadáveres políticos permanentes. La violencia institucional termina contaminándolo todo: destruye legitimidad, paraliza diálogo y convierte cada conflicto cotidiano en una posible detonación nacional. La aparente victoria inmediata puede terminar siendo el inicio de una larga decadencia política.
Bolivia ya conoce demasiado bien el costo histórico de los gobiernos que creen que la fuerza puede reemplazar indefinidamente al consenso. El país arrastra memorias de masacres, persecuciones y militarizaciones que nunca desaparecieron del todo de la conciencia colectiva. Pensar que una nueva generación aceptará dócilmente un modelo de disciplinamiento permanente es no entender la estructura profunda de la sociedad boliviana. Aquí las derrotas nunca son definitivas; se acumulan como memoria social. Y cuando esa memoria encuentra nuevamente condiciones para organizarse, suele regresar con mucha más intensidad. Por eso el escenario actual no debería analizarse únicamente como una coyuntura de “unos pocos vándalos” como el gobierno trata de hacer ver, sino como el posible ingreso a una etapa de radicalización política donde el gobierno, obsesionado con aplastar toda resistencia, podría terminar alimentando exactamente aquello que pretende destruir.