Mes: junio 2026

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NARCOMADERA, BOLIVIA Y EL SILENCIO DE ESTADOS UNIDOS: CUANDO MÁS DE CIEN TONELADAS DE DROGA VALEN MENOS QUE UNA SOSPECHA EN UN PAÍS ENEMIGO

Por: Nulfo Yala

El caso Narcomadera ha puesto al descubierto una contradicción difícil de ocultar: mientras Estados Unidos convirtió durante años a Venezuela en símbolo mundial del narcotráfico a partir de acusaciones, sanciones, recompensas y una intensa campaña de estigmatización internacional, hoy guarda un llamativo silencio frente a uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas registrados en América Latina, más de cien toneladas ocultas en cargamentos de madera que revelan la existencia de una estructura criminal de enorme capacidad logística y operativa. Lejos de responder cómo semejante operación pudo desarrollarse bajo la vigilancia de las instituciones estatales, el gobierno boliviano intentó inicialmente desplazar el debate hacia cuestiones temporales que posteriormente fueron desmentidas por las autoridades chilenas. Sin embargo, lo más revelador no es la reacción oficial boliviana, sino la ausencia de indignación de Washington. Allí donde antes bastaban sospechas para construir la imagen de un narcoestado, hoy la evidencia material parece insuficiente para despertar la misma severidad. La conclusión resulta incómoda pero inevitable: la llamada guerra contra las drogas parece depender menos de la magnitud de los hechos que de la utilidad política del gobierno involucrado, confirmando una vez más que los principios imperiales suelen ser universales para los adversarios y excepcionalmente flexibles para los aliados.

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Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y hay silencios que, además, desnudan una hipocresía tan evidente que resulta imposible ignorarla. El caso Narcomadera parece pertenecer a esta última categoría.

Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado como el sheriff planetario de la lucha contra el narcotráfico. Desde Washington se ha repetido hasta el cansancio que la droga constituye una amenaza global, que ningún gobierno puede ser tolerante con las organizaciones criminales y que cualquier indicio de complicidad estatal debe ser perseguido con todo el peso de la ley internacional. La retórica ha sido siempre la misma: tolerancia cero, firmeza absoluta y compromiso inquebrantable con la justicia.

Sin embargo, la experiencia latinoamericana ha enseñado que esas nobles convicciones suelen aplicarse con una elasticidad sorprendente. Cuando el gobierno señalado es un adversario geopolítico, las sospechas adquieren categoría de verdad revelada. Cuando el gobierno señalado es un aliado, las certezas más contundentes se transforman milagrosamente en asuntos que requieren prudencia, paciencia y serenidad institucional.

Venezuela fue durante años el laboratorio perfecto de esta lógica. Desde Washington se construyó una narrativa permanente que vinculaba al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Las acusaciones ocuparon titulares durante años. Las sanciones se multiplicaron. Las recompensas por información sobre Maduro alcanzaron cifras extraordinarias. El mensaje era inequívoco: Venezuela no era simplemente un país con problemas de narcotráfico, sino una amenaza para la seguridad hemisférica. La sospecha bastaba para justificar una ofensiva política, diplomática y mediática de alcance global.

Ahora bien, resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando los reflectores apuntan hacia otro lado.

El denominado caso Narcomadera ha revelado algo más que un hecho policial. Según las investigaciones desarrolladas por las autoridades chilenas, más de cien toneladas de cocaína, pasta base y ketamina fueron detectadas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. No se trata de una maleta abandonada en un aeropuerto ni de una banda improvisada operando desde un galpón clandestino. Estamos hablando de una estructura que habría utilizado empresas exportadoras, contenedores internacionales, procesos industriales y complejas cadenas logísticas para mover droga a escala global.

Más de cien toneladas.

Conviene detenerse un instante en la cifra.

Cien toneladas no son un accidente administrativo. Cien toneladas no son un error burocrático. Cien toneladas no son la travesura de un puñado de delincuentes ingeniosos. Cien toneladas sugieren infraestructura, financiamiento, planificación, protección, logística y una capacidad operativa extraordinaria. Sugieren, en otras palabras, la existencia de una economía criminal de gran escala funcionando dentro del territorio nacional.

Y es precisamente allí donde la reacción oficial comenzó a adquirir tintes llamativos.

En lugar de responder inmediatamente a la pregunta fundamental, cómo una operación de semejante magnitud pudo desarrollarse sin ser detectada oportunamente por los sistemas de control estatales, desde sectores gubernamentales se intentó inicialmente desplazar el debate hacia el calendario. La discusión parecía orientarse menos a esclarecer responsabilidades que a determinar si los cargamentos correspondían a periodos anteriores. Era una maniobra curiosa: el problema ya no parecía ser la existencia de más de cien toneladas de droga vinculadas a exportaciones bolivianas, sino la fecha exacta en que habían salido los contenedores.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando las autoridades chilenas precisaron que los decomisos correspondían a operaciones detectadas durante 2026. De pronto, el refugio temporal comenzó a derrumbarse. La pregunta regresó con más fuerza que antes: ¿cómo pudo funcionar una estructura de semejante dimensión sin que el Estado advirtiera lo que estaba ocurriendo?

Pero quizás el aspecto más revelador del caso no se encuentra en La Paz ni en Santiago.

Se encuentra en Washington.

Porque mientras uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas sacude la región, la autoproclamada potencia líder de la guerra mundial contra el narcotráfico parece haber descubierto las virtudes del silencio contemplativo. No hay discursos encendidos. No hay advertencias dramáticas. No hay informes especiales describiendo una amenaza continental. No hay conferencias de prensa denunciando la captura criminal de las instituciones bolivianas. No hay llamados urgentes a la comunidad internacional.

Nada.

Absolutamente nada.

Y es aquí donde la ironía alcanza niveles casi artísticos.

Durante años, Washington sostuvo que incluso indicios o sospechas de conexiones entre poder político y narcotráfico justificaban campañas internacionales de presión. Hoy existe un caso que involucra decomisos masivos, investigaciones binacionales, allanamientos, empresas bajo sospecha y evidencia material concreta. Sin embargo, la indignación parece haberse extraviado en algún despacho diplomático.

La diferencia, al parecer, no está en la magnitud del problema.

La diferencia está en quién gobierna.

Cuando el país señalado desafía los intereses geopolíticos estadounidenses, el narcotráfico se convierte en una amenaza civilizatoria. Cuando el país señalado forma parte del círculo de aliados, el mismo fenómeno se transforma en un asunto técnico que debe resolverse con calma y sin sobresaltos. Los principios permanecen intactos; únicamente cambia el destinatario de su aplicación.

Es la vieja historia del imperio que se proclama árbitro universal mientras modifica las reglas según la identidad de los jugadores.

Por eso el caso Narcomadera no solamente pone bajo la lupa a las organizaciones criminales que puedan estar detrás de esta operación. También coloca bajo escrutinio la credibilidad de quienes han construido durante décadas una narrativa moral sobre la lucha antidrogas. Porque si más de cien toneladas de droga no provocan la misma alarma que en otros países provocaban simples acusaciones, entonces la conclusión resulta difícil de evitar.

Tal vez la guerra contra las drogas nunca fue únicamente una guerra contra las drogas.

Tal vez siempre fue también una guerra por definir quién merece ser acusado y quién merece ser disculpado.

Y si eso es cierto, el escándalo más grande no se encuentra escondido en la madera.

Se encuentra escondido en el doble rasero.

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LAS CONTRADICCIONES OPORTUNISTAS DE COMCIPO: CABILDOS PARA BLOQUEAR AYER, CABILDOS PARA CONDENAR LOS BLOQUEOS HOY

Por: Nulfo Yala

Resulta difícil tomar en serio el cabildo convocado por COMCIPO contra los bloqueos cuando fue la propia institución la que, durante años, convocó cabildos para legitimar bloqueos maratónicos que aislaron a Potosí durante semanas, exigiendo entonces sacrificio, disciplina y resistencia a una población que hoy dice defender. La contradicción es evidente: lo que ayer era presentado como una herramienta legítima de lucha regional, hoy es denunciado como una amenaza a la democracia y la economía. Esta repentina conversión revela menos un cambio de principios que un cambio de posición política. La experiencia además obliga a desconfiar de quienes pretenden hablar en nombre de todo el pueblo potosino, pues ya se vio cómo dirigentes surgidos bajo el discurso cívico terminaron ocupando espacios de poder municipal con resultados ampliamente cuestionados, dejando tras de sí denuncias, escándalos y un profundo desencanto ciudadano. Por ello, más que un acto de defensa de la población, el cabildo corre el riesgo de convertirse en una nueva instrumentalización de la ciudadanía para fines políticos coyunturales, apelando a una memoria selectiva que espera que los potosinos olviden que quienes hoy condenan los bloqueos fueron ayer algunos de sus más fervientes promotores.

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La convocatoria de COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) a un cabildo contra los bloqueos constituye uno de los episodios más paradójicos de la historia política reciente de Potosí. No porque los bloqueos actuales no generen perjuicios reales para la población, sino porque quienes hoy convocan a la ciudadanía para rechazar esa medida fueron precisamente quienes, durante años, promovieron cabildos destinados a legitimar extensos bloqueos que paralizaron al propio departamento. La contradicción es tan evidente que resulta imposible ignorarla.

Durante los grandes conflictos regionales, COMCIPO apeló reiteradamente al discurso del sacrificio colectivo. Se pidió a la población soportar semanas de aislamiento, escasez, perjuicios económicos y restricciones a la circulación bajo la premisa de que los intereses superiores de la región justificaban cualquier costo. En aquellos momentos, los cabildos eran presentados como la máxima expresión de la voluntad popular y los bloqueos como instrumentos legítimos de lucha. El sufrimiento de la población era interpretado como una contribución necesaria a una causa mayor. Sin embargo, cuando la misma herramienta es utilizada por otros actores políticos y sociales, el discurso cambia radicalmente. Lo que antes era heroísmo cívico se convierte en atentado contra la democracia. Lo que antes era resistencia legítima ahora aparece como amenaza al estado de derecho.

La pregunta que surge naturalmente es por qué COMCIPO descubre recién ahora los daños que provocan los bloqueos. ¿Acaso las familias potosinas no sufrieron durante los bloqueos impulsados y respaldados por los cabildos del pasado? ¿Acaso no existieron entonces pérdidas económicas, desabastecimiento y afectaciones a la vida cotidiana? ¿Acaso los sectores más vulnerables no fueron también perjudicados? Si los bloqueos son condenables por sus consecuencias sobre la población, la condena debería alcanzar tanto a los actuales como a los promovidos anteriormente desde el propio espacio cívico. De lo contrario, la defensa de principios se convierte simplemente en una defensa de conveniencias.

Lo que se observa es una preocupante tendencia a redefinir los valores democráticos según la posición que se ocupa dentro de la disputa política. Cuando COMCIPO dirigía o respaldaba medidas de presión, el bloqueo era presentado como una expresión legítima de la voluntad popular. Cuando la iniciativa proviene de otros sectores, el mismo mecanismo pasa a ser descrito como una amenaza que incluso justificaría medidas excepcionales del Estado. No parece cambiar el método. Lo que cambia es quién tiene el control del método.

Esta situación obliga también a reflexionar sobre el papel que ha desempeñado COMCIPO en la construcción de determinadas narrativas políticas. Históricamente, la institución se ha presentado como la voz del pueblo potosino, como si existiera una identidad automática entre las decisiones de sus dirigentes y la voluntad de toda la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia demuestra que ninguna institución posee un mandato permanente para hablar en nombre de todos. Menos aún cuando sus posicionamientos terminan coincidiendo de manera recurrente con determinados intereses políticos coyunturales.

La historia reciente de Potosí ofrece suficientes razones para observar con cautela esta situación. Diversos dirigentes que construyeron liderazgo y legitimidad desde COMCIPO terminaron posteriormente ocupando espacios de poder institucional, particularmente en el gobierno municipal. Aquellas figuras que se presentaban como representantes desinteresados de los intereses regionales pasaron a administrar recursos públicos y a participar directamente en la lucha política. El problema no fue únicamente ese tránsito desde el activismo cívico hacia la función pública, sino el profundo desencanto que siguió posteriormente.

Gran parte de la ciudadanía recuerda que varias de esas experiencias terminaron rodeadas de denuncias, controversias y cuestionamientos que deterioraron severamente la credibilidad de quienes habían construido su liderazgo bajo el discurso de la moralización de la política. El contraste entre las promesas de renovación y los resultados obtenidos generó una profunda desconfianza social. Aquellos que habían pedido sacrificios al pueblo en nombre de la transparencia y la defensa regional terminaron enfrentando severos cuestionamientos públicos durante sus gestiones. La distancia entre el discurso y la práctica se volvió demasiado evidente para ser ignorada.

Por eso resulta legítimo sospechar cuando COMCIPO intenta presentar el actual cabildo como una expresión puramente cívica y desinteresada. La experiencia histórica demuestra que detrás de los discursos sobre democracia, unidad y defensa del pueblo suelen coexistir proyectos de influencia política, disputas por espacios de poder y estrategias destinadas a fortalecer determinadas posiciones dentro del escenario nacional y local. No se trata de negar la existencia de problemas reales ocasionados por los bloqueos actuales. Se trata de cuestionar la autoridad moral de quienes denuncian hoy prácticas que ayer promovieron y legitimaron.

La mayor ironía de toda esta situación es que COMCIPO parece haber convocado un cabildo contra aquello que durante años ayudó a convertir en una herramienta política normalizada. En otras palabras, el cabildo actual no solamente cuestiona a quienes bloquean hoy; también cuestiona involuntariamente a quienes enseñaron durante décadas que bloquear era una forma legítima de hacer política. El resultado es un espectáculo político singular: una institución que parece enfrentarse no tanto a sus adversarios como a su propia historia.

La memoria colectiva constituye un obstáculo incómodo para este tipo de operaciones discursivas. Porque mientras COMCIPO denuncia los daños de los bloqueos actuales, muchos potosinos recuerdan que esos mismos argumentos habrían podido formularse durante los largos bloqueos promovidos desde los cabildos del pasado. Y esa memoria revela una verdad difícil de ocultar: cuando los principios cambian según quién ejerce la presión política, lo que está en juego no es la defensa de la democracia, sino la disputa por el poder de definir qué intereses merecen ser considerados legítimos y cuáles deben ser condenados.

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LA MADRE DE LAS BATALLAS: DESGASTE, CRIMINALIZACIÓN Y ESTADO DE EXCEPCIÓN EN BOLIVIA

Por: Nulfo Yala

Las declaraciones del gobierno revelan una estrategia política orientada a desplazar el conflicto social del terreno de las demandas y reivindicaciones hacia el terreno de la seguridad y la criminalidad, construyendo una narrativa en la que los sectores movilizados dejan de aparecer como actores políticos para convertirse en amenazas contra el Estado y la democracia. La constante asociación entre protesta, narcotráfico, terrorismo y desestabilización permite justificar el endurecimiento de las medidas de control, la creciente participación de las fuerzas de seguridad, la judicialización de la disidencia y la aceptación social de mecanismos extraordinarios de poder presentados como necesarios para restablecer el orden. En ese contexto, la creación de enemigos internos, la personalización del conflicto en determinadas figuras políticas y el uso sistemático del miedo operan como herramientas destinadas a legitimar decisiones que en circunstancias normales encontrarían una mayor resistencia ciudadana. La mayor paradoja es que, en nombre de la defensa de la democracia, puede terminar debilitándose el espacio mismo donde la democracia existe: el disenso, la crítica, la pluralidad política y el derecho de los sectores sociales a cuestionar al poder sin ser automáticamente identificados como enemigos del Estado.

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Las declaraciones del ministro de Defensa y del presidente permiten observar un fenómeno que trasciende ampliamente los acontecimientos concretos de San Julián. Lo que emerge en sus palabras no es únicamente una interpretación de determinados hechos violentos, sino una estrategia discursiva mediante la cual un conflicto político y social es progresivamente trasladado al terreno de la seguridad nacional. Este desplazamiento constituye una de las operaciones fundamentales del poder moderno: transformar la protesta en amenaza, la disidencia en peligro y el conflicto político en problema de seguridad.

El poder no gobierna solamente mediante la coerción física. Su eficacia depende de su capacidad para producir discursos, clasificaciones y verdades socialmente aceptadas. Antes de movilizar tropas, desplegar policías o activar mecanismos judiciales, el poder debe construir una narrativa capaz de legitimar esas acciones. Debe convencer a la sociedad de que aquello que enfrenta no es un adversario político, sino un enemigo.

Resulta revelador que las autoridades no recurran prioritariamente a categorías como protesta social, movilización, reivindicación sectorial o conflicto político. En su lugar aparecen conceptos como «alzamiento armado», «ataque al Estado», «terrorismo», «grupos irregulares» y «narcoterrorismo». Estas expresiones no son neutrales. Funcionan como tecnologías de poder. Quien controla el lenguaje controla parcialmente la percepción de la realidad. Cuando una movilización es definida como una demanda política, la respuesta esperada es el diálogo. Cuando es redefinida como terrorismo, la respuesta legítima pasa a ser la fuerza.

La construcción discursiva del narcoterrorismo constituye probablemente el elemento más significativo de esta estrategia. Desde hace décadas, esta categoría ha desempeñado un papel central en diversos dispositivos de seguridad hemisférica. Su eficacia radica en que fusiona dos figuras particularmente temidas por la opinión pública: el narcotraficante y el terrorista. Una vez establecida esa asociación, desaparecen los matices. El conflicto deja de ser político y se convierte en una amenaza existencial para el Estado. En ese momento, cualquier cuestionamiento a la respuesta gubernamental puede ser interpretado como una forma de complicidad con el enemigo.

La coincidencia entre este discurso y las declaraciones emitidas por altos funcionarios estadounidenses merece una reflexión particular. El respaldo expresado por el secretario de Guerra de Estados Unidos no constituye necesariamente una prueba de coordinación operativa ni de intervención directa. Sin embargo, sí revela la convergencia de marcos interpretativos. Cuando desde Washington se habla de «narcoterroristas» que buscan desestabilizar Bolivia y desde La Paz se utilizan categorías similares para explicar el conflicto interno, se observa la circulación de una racionalidad política compartida. Se trata de una visión según la cual los problemas sociales dejan de ser cuestiones políticas susceptibles de negociación para convertirse en amenazas que deben ser neutralizadas.

La historia latinoamericana demuestra que esta lógica no es nueva. A lo largo de distintas épocas, múltiples gobiernos han recurrido a la figura del enemigo interno para justificar la ampliación de facultades extraordinarias. Lo que cambia son los nombres. Ayer fue el comunista, después el subversivo, más tarde el insurgente, posteriormente el narcotraficante y hoy el narcoterrorista. La estructura del discurso permanece sorprendentemente intacta. Siempre existe una amenaza excepcional que exige respuestas excepcionales.

Quizás el aspecto más sofisticado de esta estrategia sea la forma en que prepara culturalmente a la sociedad para aceptar medidas que, en circunstancias normales, generarían resistencia. El estado de excepción no aparece de manera repentina. Antes debe ser imaginado, discutido y normalizado. La población debe ser convencida de que ciertas restricciones de derechos constituyen sacrificios necesarios para preservar bienes superiores como la seguridad, el orden o la democracia. La genialidad política consiste en lograr que la demanda de excepcionalidad surja desde la propia sociedad. El poder ya no aparece imponiendo restricciones. Aparece respondiendo a una necesidad colectiva.

En este punto emerge una de las ironías más profundas del momento político boliviano. El gobierno insiste en presentarse como defensor de la democracia, el diálogo y las instituciones, mientras simultáneamente construye un escenario donde la militarización creciente, la expansión de facultades coercitivas y la excepcionalidad jurídica aparecen como respuestas inevitables. Cuanto más se invoca el diálogo, más se amplían las condiciones para justificar el uso de la fuerza. Cuanto más se habla de democracia, más se despliega un lenguaje propio de la guerra interna.

La expresión utilizada por el propio presidente al referirse al conflicto como «la madre de las batallas» resulta particularmente reveladora. Las palabras nunca son inocentes. Quien habla de batallas no está pensando en negociación. Quien imagina un campo de batalla no busca interlocutores, sino adversarios. Y quien concibe la política como guerra inevitablemente termina organizando sus instituciones en función de la victoria y no de la deliberación.

La dimensión judicial de este proceso merece una atención especial. El poder moderno ha aprendido que la fuerza física suele generar resistencia, mientras que la legalidad produce obediencia. Allí donde los fusiles pueden crear mártires, los expedientes generan desgaste. Allí donde la represión abierta provoca indignación, la persecución judicial aparece revestida de formalidad institucional. Por ello, numerosos analistas contemporáneos han advertido cómo los sistemas judiciales pueden convertirse en instrumentos privilegiados de disciplinamiento político.

Lo que diversos sectores denominan terrorismo judicial no consiste necesariamente en la fabricación burda de acusaciones falsas. Su funcionamiento es mucho más sofisticado. Opera mediante investigaciones selectivas, procesos prolongados, amenazas permanentes de imputación, incertidumbre jurídica y desgaste psicológico. El objetivo no siempre es encarcelar. Muchas veces basta con convertir la actividad política en una práctica de alto riesgo. El mensaje es simple: quien desafíe determinadas estructuras de poder deberá asumir costos crecientes.

La eficacia de este mecanismo reside en su capacidad pedagógica. No es necesario perseguir a todos. Basta con algunos casos emblemáticos para que el resto comprenda los límites de lo permitido. El castigo deja de actuar exclusivamente sobre los cuerpos y comienza a operar sobre las expectativas, los cálculos y las decisiones futuras de los individuos. Se gobierna mediante el miedo anticipado.

En este contexto, la Asamblea Legislativa adquiere un papel fundamental. Foucault observó que el poder moderno rara vez gobierna contra la ley. Prefiere gobernar mediante la ley. Las instituciones legislativas permiten transformar decisiones políticas en normas dotadas de legitimidad formal. De esta manera, herramientas extraordinarias pueden adquirir apariencia de normalidad jurídica. Lo que podría percibirse como expansión del poder coercitivo es presentado como fortalecimiento institucional. Lo que podría interpretarse como concentración de poder aparece como defensa de la democracia.

La figura de Evo Morales cumple una función política que trasciende su eventual responsabilidad en los acontecimientos. En períodos de crisis prolongada, los sistemas políticos suelen producir chivos expiatorios capaces de condensar múltiples tensiones sociales en una sola figura. La complejidad estructural desaparece y es sustituida por una explicación personalizada. El problema ya no es económico, institucional o político. El problema tiene un nombre propio. Una vez construida esa narrativa, la neutralización de esa figura puede ser presentada como la solución del conflicto.

Desde esta perspectiva, la eventual captura o neutralización política de Morales tendría un valor simbólico que supera ampliamente las cuestiones jurídicas involucradas. Permitirá afirmar que el origen del problema ha sido eliminado y que, por tanto, cualquier persistencia del conflicto carecería de justificación. El enemigo se convierte así en un recurso narrativo indispensable para restaurar la legitimidad del poder.

Todo este proceso se desarrolla sobre un trasfondo geopolítico que no puede ser ignorado. Bolivia posee recursos estratégicos, una institucionalidad históricamente vulnerable y una posición relevante dentro de los equilibrios regionales. En consecuencia, las disputas internas inevitablemente generan interés en actores internacionales. Sin embargo, el problema central no radica únicamente en la influencia externa. La verdadera cuestión es la convergencia entre intereses económicos, sectores empresariales, élites políticas, grupos de poder regionales y discursos de seguridad que encuentran beneficios comunes en la estabilización de un determinado orden político.

Lo más inquietante de este fenómeno es que no requiere necesariamente una conspiración perfecta. Los distintos actores pueden actuar por motivaciones diferentes y aun así reforzar mutuamente la misma racionalidad de poder. El resultado es una estructura donde la seguridad desplaza a la política, el miedo reemplaza al debate y la obediencia comienza a presentarse como virtud democrática.

La ironía final es quizás la más amarga. Los gobiernos suelen afirmar que actúan para salvar la democracia precisamente cuando comienzan a restringir las condiciones que hacen posible una democracia auténtica. El poder raramente se presenta como dominación. Se presenta como responsabilidad. Se presenta como necesidad. Se presenta como protección. Y es precisamente por ello que debe ser examinado críticamente.

Cuando la protesta se convierte en terrorismo, cuando la oposición se convierte en amenaza existencial, cuando la excepción comienza a transformarse en normalidad y cuando el miedo se convierte en principio organizador de la vida política, la pregunta ya no es quién gobierna. La verdadera pregunta es qué tipo de sociedad está siendo producida por ese gobierno y cuánto de la libertad colectiva se está sacrificando en nombre de su propia defensa.