Por: Nulfo Yala
Resulta difícil tomar en serio el cabildo convocado por COMCIPO contra los bloqueos cuando fue la propia institución la que, durante años, convocó cabildos para legitimar bloqueos maratónicos que aislaron a Potosí durante semanas, exigiendo entonces sacrificio, disciplina y resistencia a una población que hoy dice defender. La contradicción es evidente: lo que ayer era presentado como una herramienta legítima de lucha regional, hoy es denunciado como una amenaza a la democracia y la economía. Esta repentina conversión revela menos un cambio de principios que un cambio de posición política. La experiencia además obliga a desconfiar de quienes pretenden hablar en nombre de todo el pueblo potosino, pues ya se vio cómo dirigentes surgidos bajo el discurso cívico terminaron ocupando espacios de poder municipal con resultados ampliamente cuestionados, dejando tras de sí denuncias, escándalos y un profundo desencanto ciudadano. Por ello, más que un acto de defensa de la población, el cabildo corre el riesgo de convertirse en una nueva instrumentalización de la ciudadanía para fines políticos coyunturales, apelando a una memoria selectiva que espera que los potosinos olviden que quienes hoy condenan los bloqueos fueron ayer algunos de sus más fervientes promotores.
La convocatoria de COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) a un cabildo contra los bloqueos constituye uno de los episodios más paradójicos de la historia política reciente de Potosí. No porque los bloqueos actuales no generen perjuicios reales para la población, sino porque quienes hoy convocan a la ciudadanía para rechazar esa medida fueron precisamente quienes, durante años, promovieron cabildos destinados a legitimar extensos bloqueos que paralizaron al propio departamento. La contradicción es tan evidente que resulta imposible ignorarla.
Durante los grandes conflictos regionales, COMCIPO apeló reiteradamente al discurso del sacrificio colectivo. Se pidió a la población soportar semanas de aislamiento, escasez, perjuicios económicos y restricciones a la circulación bajo la premisa de que los intereses superiores de la región justificaban cualquier costo. En aquellos momentos, los cabildos eran presentados como la máxima expresión de la voluntad popular y los bloqueos como instrumentos legítimos de lucha. El sufrimiento de la población era interpretado como una contribución necesaria a una causa mayor. Sin embargo, cuando la misma herramienta es utilizada por otros actores políticos y sociales, el discurso cambia radicalmente. Lo que antes era heroísmo cívico se convierte en atentado contra la democracia. Lo que antes era resistencia legítima ahora aparece como amenaza al estado de derecho.
La pregunta que surge naturalmente es por qué COMCIPO descubre recién ahora los daños que provocan los bloqueos. ¿Acaso las familias potosinas no sufrieron durante los bloqueos impulsados y respaldados por los cabildos del pasado? ¿Acaso no existieron entonces pérdidas económicas, desabastecimiento y afectaciones a la vida cotidiana? ¿Acaso los sectores más vulnerables no fueron también perjudicados? Si los bloqueos son condenables por sus consecuencias sobre la población, la condena debería alcanzar tanto a los actuales como a los promovidos anteriormente desde el propio espacio cívico. De lo contrario, la defensa de principios se convierte simplemente en una defensa de conveniencias.
Lo que se observa es una preocupante tendencia a redefinir los valores democráticos según la posición que se ocupa dentro de la disputa política. Cuando COMCIPO dirigía o respaldaba medidas de presión, el bloqueo era presentado como una expresión legítima de la voluntad popular. Cuando la iniciativa proviene de otros sectores, el mismo mecanismo pasa a ser descrito como una amenaza que incluso justificaría medidas excepcionales del Estado. No parece cambiar el método. Lo que cambia es quién tiene el control del método.
Esta situación obliga también a reflexionar sobre el papel que ha desempeñado COMCIPO en la construcción de determinadas narrativas políticas. Históricamente, la institución se ha presentado como la voz del pueblo potosino, como si existiera una identidad automática entre las decisiones de sus dirigentes y la voluntad de toda la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia demuestra que ninguna institución posee un mandato permanente para hablar en nombre de todos. Menos aún cuando sus posicionamientos terminan coincidiendo de manera recurrente con determinados intereses políticos coyunturales.
La historia reciente de Potosí ofrece suficientes razones para observar con cautela esta situación. Diversos dirigentes que construyeron liderazgo y legitimidad desde COMCIPO terminaron posteriormente ocupando espacios de poder institucional, particularmente en el gobierno municipal. Aquellas figuras que se presentaban como representantes desinteresados de los intereses regionales pasaron a administrar recursos públicos y a participar directamente en la lucha política. El problema no fue únicamente ese tránsito desde el activismo cívico hacia la función pública, sino el profundo desencanto que siguió posteriormente.
Gran parte de la ciudadanía recuerda que varias de esas experiencias terminaron rodeadas de denuncias, controversias y cuestionamientos que deterioraron severamente la credibilidad de quienes habían construido su liderazgo bajo el discurso de la moralización de la política. El contraste entre las promesas de renovación y los resultados obtenidos generó una profunda desconfianza social. Aquellos que habían pedido sacrificios al pueblo en nombre de la transparencia y la defensa regional terminaron enfrentando severos cuestionamientos públicos durante sus gestiones. La distancia entre el discurso y la práctica se volvió demasiado evidente para ser ignorada.
Por eso resulta legítimo sospechar cuando COMCIPO intenta presentar el actual cabildo como una expresión puramente cívica y desinteresada. La experiencia histórica demuestra que detrás de los discursos sobre democracia, unidad y defensa del pueblo suelen coexistir proyectos de influencia política, disputas por espacios de poder y estrategias destinadas a fortalecer determinadas posiciones dentro del escenario nacional y local. No se trata de negar la existencia de problemas reales ocasionados por los bloqueos actuales. Se trata de cuestionar la autoridad moral de quienes denuncian hoy prácticas que ayer promovieron y legitimaron.
La mayor ironía de toda esta situación es que COMCIPO parece haber convocado un cabildo contra aquello que durante años ayudó a convertir en una herramienta política normalizada. En otras palabras, el cabildo actual no solamente cuestiona a quienes bloquean hoy; también cuestiona involuntariamente a quienes enseñaron durante décadas que bloquear era una forma legítima de hacer política. El resultado es un espectáculo político singular: una institución que parece enfrentarse no tanto a sus adversarios como a su propia historia.
La memoria colectiva constituye un obstáculo incómodo para este tipo de operaciones discursivas. Porque mientras COMCIPO denuncia los daños de los bloqueos actuales, muchos potosinos recuerdan que esos mismos argumentos habrían podido formularse durante los largos bloqueos promovidos desde los cabildos del pasado. Y esa memoria revela una verdad difícil de ocultar: cuando los principios cambian según quién ejerce la presión política, lo que está en juego no es la defensa de la democracia, sino la disputa por el poder de definir qué intereses merecen ser considerados legítimos y cuáles deben ser condenados.