Por: Nulfo Yala
El caso Narcomadera ha puesto al descubierto una contradicción difícil de ocultar: mientras Estados Unidos convirtió durante años a Venezuela en símbolo mundial del narcotráfico a partir de acusaciones, sanciones, recompensas y una intensa campaña de estigmatización internacional, hoy guarda un llamativo silencio frente a uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas registrados en América Latina, más de cien toneladas ocultas en cargamentos de madera que revelan la existencia de una estructura criminal de enorme capacidad logística y operativa. Lejos de responder cómo semejante operación pudo desarrollarse bajo la vigilancia de las instituciones estatales, el gobierno boliviano intentó inicialmente desplazar el debate hacia cuestiones temporales que posteriormente fueron desmentidas por las autoridades chilenas. Sin embargo, lo más revelador no es la reacción oficial boliviana, sino la ausencia de indignación de Washington. Allí donde antes bastaban sospechas para construir la imagen de un narcoestado, hoy la evidencia material parece insuficiente para despertar la misma severidad. La conclusión resulta incómoda pero inevitable: la llamada guerra contra las drogas parece depender menos de la magnitud de los hechos que de la utilidad política del gobierno involucrado, confirmando una vez más que los principios imperiales suelen ser universales para los adversarios y excepcionalmente flexibles para los aliados.
Hay silencios que dicen más que mil discursos. Y hay silencios que, además, desnudan una hipocresía tan evidente que resulta imposible ignorarla. El caso Narcomadera parece pertenecer a esta última categoría.
Durante décadas, Estados Unidos se ha presentado como el sheriff planetario de la lucha contra el narcotráfico. Desde Washington se ha repetido hasta el cansancio que la droga constituye una amenaza global, que ningún gobierno puede ser tolerante con las organizaciones criminales y que cualquier indicio de complicidad estatal debe ser perseguido con todo el peso de la ley internacional. La retórica ha sido siempre la misma: tolerancia cero, firmeza absoluta y compromiso inquebrantable con la justicia.
Sin embargo, la experiencia latinoamericana ha enseñado que esas nobles convicciones suelen aplicarse con una elasticidad sorprendente. Cuando el gobierno señalado es un adversario geopolítico, las sospechas adquieren categoría de verdad revelada. Cuando el gobierno señalado es un aliado, las certezas más contundentes se transforman milagrosamente en asuntos que requieren prudencia, paciencia y serenidad institucional.
Venezuela fue durante años el laboratorio perfecto de esta lógica. Desde Washington se construyó una narrativa permanente que vinculaba al gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico internacional. Las acusaciones ocuparon titulares durante años. Las sanciones se multiplicaron. Las recompensas por información sobre Maduro alcanzaron cifras extraordinarias. El mensaje era inequívoco: Venezuela no era simplemente un país con problemas de narcotráfico, sino una amenaza para la seguridad hemisférica. La sospecha bastaba para justificar una ofensiva política, diplomática y mediática de alcance global.
Ahora bien, resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando los reflectores apuntan hacia otro lado.
El denominado caso Narcomadera ha revelado algo más que un hecho policial. Según las investigaciones desarrolladas por las autoridades chilenas, más de cien toneladas de cocaína, pasta base y ketamina fueron detectadas ocultas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. No se trata de una maleta abandonada en un aeropuerto ni de una banda improvisada operando desde un galpón clandestino. Estamos hablando de una estructura que habría utilizado empresas exportadoras, contenedores internacionales, procesos industriales y complejas cadenas logísticas para mover droga a escala global.
Más de cien toneladas.
Conviene detenerse un instante en la cifra.
Cien toneladas no son un accidente administrativo. Cien toneladas no son un error burocrático. Cien toneladas no son la travesura de un puñado de delincuentes ingeniosos. Cien toneladas sugieren infraestructura, financiamiento, planificación, protección, logística y una capacidad operativa extraordinaria. Sugieren, en otras palabras, la existencia de una economía criminal de gran escala funcionando dentro del territorio nacional.
Y es precisamente allí donde la reacción oficial comenzó a adquirir tintes llamativos.
En lugar de responder inmediatamente a la pregunta fundamental, cómo una operación de semejante magnitud pudo desarrollarse sin ser detectada oportunamente por los sistemas de control estatales, desde sectores gubernamentales se intentó inicialmente desplazar el debate hacia el calendario. La discusión parecía orientarse menos a esclarecer responsabilidades que a determinar si los cargamentos correspondían a periodos anteriores. Era una maniobra curiosa: el problema ya no parecía ser la existencia de más de cien toneladas de droga vinculadas a exportaciones bolivianas, sino la fecha exacta en que habían salido los contenedores.
La situación se volvió todavía más incómoda cuando las autoridades chilenas precisaron que los decomisos correspondían a operaciones detectadas durante 2026. De pronto, el refugio temporal comenzó a derrumbarse. La pregunta regresó con más fuerza que antes: ¿cómo pudo funcionar una estructura de semejante dimensión sin que el Estado advirtiera lo que estaba ocurriendo?
Pero quizás el aspecto más revelador del caso no se encuentra en La Paz ni en Santiago.
Se encuentra en Washington.
Porque mientras uno de los mayores decomisos de droga vinculados a exportaciones bolivianas sacude la región, la autoproclamada potencia líder de la guerra mundial contra el narcotráfico parece haber descubierto las virtudes del silencio contemplativo. No hay discursos encendidos. No hay advertencias dramáticas. No hay informes especiales describiendo una amenaza continental. No hay conferencias de prensa denunciando la captura criminal de las instituciones bolivianas. No hay llamados urgentes a la comunidad internacional.
Nada.
Absolutamente nada.
Y es aquí donde la ironía alcanza niveles casi artísticos.
Durante años, Washington sostuvo que incluso indicios o sospechas de conexiones entre poder político y narcotráfico justificaban campañas internacionales de presión. Hoy existe un caso que involucra decomisos masivos, investigaciones binacionales, allanamientos, empresas bajo sospecha y evidencia material concreta. Sin embargo, la indignación parece haberse extraviado en algún despacho diplomático.
La diferencia, al parecer, no está en la magnitud del problema.
La diferencia está en quién gobierna.
Cuando el país señalado desafía los intereses geopolíticos estadounidenses, el narcotráfico se convierte en una amenaza civilizatoria. Cuando el país señalado forma parte del círculo de aliados, el mismo fenómeno se transforma en un asunto técnico que debe resolverse con calma y sin sobresaltos. Los principios permanecen intactos; únicamente cambia el destinatario de su aplicación.
Es la vieja historia del imperio que se proclama árbitro universal mientras modifica las reglas según la identidad de los jugadores.
Por eso el caso Narcomadera no solamente pone bajo la lupa a las organizaciones criminales que puedan estar detrás de esta operación. También coloca bajo escrutinio la credibilidad de quienes han construido durante décadas una narrativa moral sobre la lucha antidrogas. Porque si más de cien toneladas de droga no provocan la misma alarma que en otros países provocaban simples acusaciones, entonces la conclusión resulta difícil de evitar.
Tal vez la guerra contra las drogas nunca fue únicamente una guerra contra las drogas.
Tal vez siempre fue también una guerra por definir quién merece ser acusado y quién merece ser disculpado.
Y si eso es cierto, el escándalo más grande no se encuentra escondido en la madera.
Se encuentra escondido en el doble rasero.