Mes: agosto 2026

Por: Nulfo Yala

Bolivia vuelve a mostrar que la corrupción no siempre necesita dinero sobre la mesa: a veces le basta con poder sin cargo, influencia sin nombre y decisiones tomadas fuera de la mirada pública. El caso Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller no prueban por sí solos una trama, pero exponen algo más inquietante: un poder rodeado de silencios, intermediarios y explicaciones que no terminan de explicar nada. Mientras el Gobierno calla extrañamente, la sociedad se divide entre defensores y acusadores, y las redes fabrican trincheras para todos, las preguntas esenciales quedan intactas: ¿quién financia, quién decide, quién intermedia y quién se beneficia? Quizá esa sea la forma más eficaz de corrupción: no aquella que se descubre robando, sino aquella que consigue que nadie sepa exactamente quién está gobernando, desde dónde y para quién. Y mientras el país discute el escándalo, el poder aprende una vez más la vieja lección: cuando la sociedad pelea por los relatos, deja de mirar las manos que mueven los hilos.

Hay algo más grave que la corrupción descubierta: la corrupción que consigue confundirse con la normalidad. En Bolivia hemos llegado a un punto en que el poder puede habitar zonas de penumbra y, cuando alguien pregunta quién decidió, quién pagó, quién ordenó o quién se benefició, la respuesta suele ser una variación burocrática del vacío: nadie sabe, nadie vio, nadie firmó. El poder, curiosamente, siempre parece tener responsables cuando se trata de inaugurar una obra y ninguna cuando aparece un escándalo.

El caso de Fernando Cerimedo ha vuelto a abrir esa herida. Su detención, vinculada a la investigación por el ataque contra Nadia Beller, ha quedado rodeada de denuncias sobre presuntas redes de corrupción que alcanzan al entorno del presidente Rodrigo Paz. Beller ha señalado negocios vinculados con combustible, seguros y otros intereses económicos, además de atribuir a Cerimedo una capacidad de influencia dentro de estructuras estatales. Son acusaciones que deben probarse, no convertirse en condenas por anticipado. Pero precisamente por eso deben investigarse hasta el final.

Lo inquietante no es solamente lo que Beller afirma. Es el lugar desde donde lo afirma y las preguntas que deja abiertas. Porque cuando una mujer sobrevive a un ataque armado y, desde una cama de hospital, comienza a señalar presuntos vínculos entre operadores políticos, negocios privados y estructuras del Estado, la respuesta de una democracia no puede ser simplemente desacreditarla o convertirla en protagonista de otra batalla mediática. Hay que abrir los archivos. Hay que seguir el dinero. Hay que reconstruir las relaciones. Hay que saber quién habló con quién, quién contrató a quién, quién recibió qué y por qué determinadas personas podían acercarse al poder sin que el poder pareciera reconocerlas formalmente.

Ahí aparece Cerimedo como algo más que un individuo. Aparece como síntoma de una transformación más profunda del poder. Un hombre que puede ser presentado como asesor, consultor, amigo o “profesor”, pero cuya influencia parece exceder cualquiera de esas categorías. El propio debate público ha oscilado entre reconocerlo como asesor personal y negar que exista formalmente tal cargo. Esa contradicción no es un detalle semántico: es precisamente el problema.

Porque el poder contemporáneo ya no necesita necesariamente un despacho. Puede ejercerse desde la cercanía. Desde el teléfono. Desde una base de datos. Desde una campaña digital. Desde un grupo de WhatsApp. Desde un empresario que conoce al ministro que conoce al asesor que conoce al Presidente. La autoridad formal continúa siendo visible, mientras la influencia real puede desplazarse hacia lugares donde no existe control público.

Y allí comienza la corrupción en su forma más sofisticada: no necesariamente cuando alguien recibe un soborno, sino cuando lo público empieza a ser administrado por relaciones que nadie puede fiscalizar.

Lo verdaderamente peligroso es que esa forma de poder puede producir una ilusión de democracia mientras vacía lentamente sus instituciones. Se vota, se posesiona un gobierno, se nombran ministros, se anuncian decretos. Todo parece estar en su sitio. Pero detrás de la escenografía institucional pueden operar intereses que no fueron elegidos, no responden ante nadie y no necesitan explicar sus decisiones.

El caso adquiere todavía mayor gravedad porque existen reportes recientes que atribuyen a Cerimedo participación como asesor externo en la redacción o modificación de decretos y una ley vinculados a decisiones estratégicas del Ejecutivo. Si ello se confirma, la cuestión deja de ser anecdótica: habría que preguntar bajo qué autoridad, con qué acceso y bajo qué mecanismos de control un extranjero sin cargo público habría intervenido en la elaboración de normas estatales.

Pero quizá el problema más profundo no sea Cerimedo. Somos nosotros.

Una sociedad sometida durante años a la polarización aprende una extraña pedagogía: cada gobierno enseña a sus adversarios a denunciar la corrupción y a sus propios seguidores a justificarla. Lo que ayer era escándalo hoy se convierte en “estrategia política”; lo que ayer exigía cárcel hoy necesita “contextualización”; lo que ayer era tráfico de influencias hoy es simplemente “asesoría”. Cambian los nombres, cambian los colores, cambian los discursos, pero permanece la misma maquinaria de indulgencia.

Así se fabrica una sociedad políticamente cansada y moralmente tolerante con el abuso. No hace falta censurarla. Basta con saturarla. Basta con dividirla hasta que cada ciudadano defienda una verdad distinta y nadie tenga tiempo para preguntarse quién está ganando mientras todos discuten.

Ese es quizá el poder más perverso: aquel que no obliga a callar, sino que consigue que la sociedad hable tanto que deje de escuchar lo esencial.

Por eso las denuncias de Beller no deberían convertirse en una bandera partidaria ni en una excusa para condenar anticipadamente a nadie. Deberían convertirse en preguntas. ¿Quién financió realmente la actividad de Cerimedo en Bolivia? ¿Qué relación económica existía entre operadores políticos y empresas privadas? ¿Quién intervino en decisiones sobre combustible, seguros u otros sectores estratégicos? ¿Qué funcionarios tuvieron contacto con esas operaciones? ¿Qué contratos existen? ¿Qué comunicaciones pueden verificarse? ¿Qué parte de las denuncias es cierta, qué parte es falsa y qué parte todavía permanece deliberadamente en la oscuridad?

Y hay una pregunta todavía más incómoda: si Cerimedo no tenía un cargo formal, ¿por qué parecía tener poder?

Tal vez allí esté el verdadero escándalo.

Porque la corrupción no necesita siempre una conspiración perfectamente organizada. A veces basta con una cultura política donde nadie pregunta demasiado, donde los amigos del poder consiguen acceso, donde los intermediarios se vuelven indispensables y donde las instituciones llegan siempre después de los hechos.

Entonces el Estado sigue existiendo, pero empieza a parecerse a una fachada.

La corrupción, en ese escenario, deja de ser solamente apropiación ilegal de recursos. Se convierte en una forma de gobierno de las relaciones, de los silencios y de las lealtades. El poder decide quién entra, quién sale, quién habla, quién es escuchado y quién debe ser desacreditado. Y cuando la sociedad intenta mirar detrás de esa arquitectura, encuentra una sucesión de puertas cerradas y explicaciones incompletas.

Quizá por eso este caso debería ser seguido con una atención que vaya mucho más allá de Cerimedo, Beller o Rodrigo Paz. Porque si las denuncias son falsas, corresponde demostrarlo. Si son verdaderas, corresponde desmantelar la red y establecer responsabilidades. Pero si existen zonas de poder que nadie puede explicar, entonces el problema es todavía mayor: significa que la corrupción no está solamente en aquello que se roba, sino en la posibilidad misma de gobernar sin rendir cuentas.

Y una sociedad que acepta eso termina viviendo bajo una forma particularmente triste de dominación: aquella en la que ya no necesita que le oculten el poder porque ha aprendido a mirar hacia otro lado.

Bolivia no necesita otra guerra de relatos. Necesita algo mucho más incómodo: saber quién manda cuando el poder dice que nadie manda.

Porque quizá el verdadero problema no sea descubrir al corrupto.

Sea descubrir el sistema que hace posible que el corrupto pueda gobernar sin parecerlo.

Por: Nulfo Yala

En la Bolivia que se mira en el espejo de Santa Cruz, hasta el escándalo parece haber encontrado pasarela: basta con cambiar el contexto, añadir belleza, modelaje, fiesta y una dosis suficiente de exposición pública para que aquello que antes habría provocado distancia pueda terminar convertido en reconocimiento. El reciente episodio de una figura vinculada familiarmente a un conocido entorno del narcotráfico, incorporada al circuito del modelaje y proyectada como figura de una comparsa carnavalera, resulta revelador no por establecer culpabilidades que corresponden a la justicia, sino por lo que deja al descubierto sobre los criterios sociales de prestigio. Mientras el narcotráfico continúa produciendo violencia, muerte y estructuras criminales, sus signos exteriores pueden aparecer convenientemente maquillados hasta adquirir la apariencia del éxito, y entonces la pregunta incómoda por el origen del dinero, del poder o de las relaciones parece perder importancia frente a una fotografía bien producida. La ironía es brutal: una sociedad que condena el crimen puede terminar ofreciendo pasarela a algunos de sus entornos, no porque haya decidido defender el delito, sino porque ha aprendido a admirar aquello que el delito consigue comprar. Cuando la belleza, la fama, el dinero y la visibilidad pesan más que la trayectoria y la legitimidad, quizá el problema ya no sea que lo intolerable haya dejado de existir, sino que ha aprendido a desfilar con suficiente elegancia como para que nadie quiera reconocerlo.

Hay una forma silenciosa de decadencia social que resulta más peligrosa que la transgresión abierta: aquella en la que una sociedad conserva sus leyes, sus discursos morales y sus instituciones, pero comienza a perder la capacidad de distinguir aquello que merece respeto de aquello que debería provocar rechazo. No desaparecen las palabras bien y mal; desaparece, poco a poco, su capacidad de producir consecuencias. Entonces puede condenarse públicamente el narcotráfico y, al mismo tiempo, admirarse la riqueza, la influencia, el lujo y la visibilidad que determinadas estructuras criminales son capaces de producir. El delito continúa siendo condenado en abstracto, pero algunos de sus signos comienzan a ser aceptados en concreto.

Los acontecimientos conocidos públicamente en Santa Cruz ofrecen un episodio revelador de esta contradicción. La incorporación a espacios de reconocimiento social de personas pertenecientes al entorno de figuras investigadas por vínculos con el narcotráfico no permite, por sí misma, establecer responsabilidad penal alguna; hacerlo sería confundir sospecha con condena y desconocer principios elementales del Estado de derecho. Pero la cuestión social es otra y resulta mucho más incómoda: ¿por qué una proximidad públicamente conocida con un universo criminal puede dejar de ser un motivo de distancia y convertirse, incluso, en una circunstancia compatible con el prestigio, la celebración y la exposición pública?

La pregunta no debería dirigirse únicamente hacia quienes reciben ese reconocimiento, sino hacia la sociedad que lo concede. Allí aparece un fenómeno más profundo: la progresiva separación entre el valor de una persona y aquello que realmente representa. En determinados espacios, ya no parece importar demasiado cómo se obtuvo la riqueza, de dónde proviene el poder o qué trayectoria existe detrás de la imagen. Importa que exista riqueza, que exista poder y, sobre todo, que sean visibles. La apariencia comienza a funcionar como una forma de legitimidad. El dinero deja de ser una condición material y se transforma en argumento moral: si alguien tiene mucho, debe ser importante; si es importante, debe merecerlo; y si lo merece, preguntar por el origen de aquello que posee empieza a parecer una impertinencia.

Esta lógica resulta especialmente peligrosa en una sociedad donde el consumo y la exhibición del éxito ocupan un lugar central en la construcción de identidad. El dinero posee una capacidad extraordinaria para borrar las huellas de su procedencia. Una vez convertido en automóvil, propiedad, empresa, fiesta o prestigio, deja de mostrar la historia que lo produjo. El capital ilícito encuentra allí una posibilidad de integración particularmente eficaz: no necesita que todos aprueben su origen; necesita solamente que sus resultados sean admirados. La violencia puede quedar fuera de la fotografía, mientras dentro de ella permanecen el lujo, la belleza, la fiesta y la sensación de éxito.

Así, el problema del crimen organizado deja de ser exclusivamente policial. Una estructura criminal necesita armas y dinero, pero también necesita espacios donde ese dinero pueda circular sin producir demasiadas preguntas. Necesita relaciones, reconocimiento, aceptación y normalidad. Cuando consigue que sus signos exteriores sean percibidos como simples signos de éxito, ha avanzado mucho más allá de la clandestinidad. Ha conseguido penetrar en la cultura.

Santa Cruz no puede reducirse a esta realidad. Sería injusto y superficial desconocer su diversidad, su capacidad productiva, su dinamismo y el trabajo de miles de personas que construyen cotidianamente la ciudad desde condiciones completamente distintas. Pero precisamente por su peso económico y cultural, los fenómenos que allí se hacen visibles adquieren una importancia que excede lo local. La ciudad constituye un espacio donde pueden observarse con especial claridad las contradicciones de una modernización en la que el crecimiento material no siempre ha estado acompañado por una reflexión equivalente sobre aquello que se considera socialmente valioso.

El carnaval permite observar esa contradicción de manera casi simbólica. Una fiesta puede parecer solamente una fiesta, pero también representa aquello que una comunidad decide mostrar, celebrar y convertir en prestigio. Por eso el problema no está realmente en una corona ni en una comparsa. Está en lo que una sociedad comunica cuando concede reconocimiento. Cada elección pública contiene, aunque sea involuntariamente, una idea sobre aquello que merece ser admirado.

Y allí aparece una ironía difícil de ignorar: mientras la sociedad afirma rechazar el narcotráfico, puede terminar admirando algunos de los mismos atributos mediante los cuales el poder criminal busca legitimarse: riqueza ostentosa, capacidad económica, influencia, acceso privilegiado, apariencia de éxito. No se necesita defender el delito para contribuir a su normalización. Basta con admirar sus resultados y dejar de preguntar por sus causas.

La banalización comienza precisamente cuando aquello que debería producir inquietud deja de producirla. Primero provoca escándalo, después conversación, luego entretenimiento y finalmente indiferencia. El problema ya no es que alguien justifique el mal; es que el mal, cuando aparece vestido de prosperidad, belleza o poder, deja de ser reconocido como tal. La sociedad aprende a mirar la superficie porque la superficie resulta más cómoda que la historia que existe detrás.

Ese proceso tiene una consecuencia política profunda: una comunidad que mide el valor por la apariencia se vuelve extraordinariamente vulnerable frente a quienes controlan los recursos capaces de producir apariencia. Quien posee dinero puede comprar visibilidad; quien posee visibilidad puede adquirir reconocimiento; quien adquiere reconocimiento puede convertirlo nuevamente en poder. De ese modo, la riqueza produce legitimidad y la legitimidad produce más riqueza, en un circuito donde el origen comienza a importar cada vez menos.

No se trata de condenar la riqueza ni de sospechar de toda persona que la posea. Se trata de algo mucho más elemental: recuperar la capacidad de preguntar. Preguntar de dónde proviene el dinero, qué relaciones sostienen determinado poder, por qué una persona es reconocida, qué valores transmite una celebración y qué modelo de éxito se está ofreciendo a quienes observan. Una sociedad que abandona esas preguntas termina entregando su criterio a los mismos mecanismos que distribuyen prestigio.

Quizá el signo más preocupante de esta banalización no sea que existan personas dispuestas a enriquecerse mediante actividades criminales; eso ha ocurrido siempre. Lo verdaderamente grave es que puedan aparecer circunstancias en las que su mundo deje de parecer incompatible con el mundo respetable. Cuando las fronteras entre el dinero legítimo y el dinero de origen oscuro, entre la fama y el mérito, entre el poder y la dignidad comienzan a diluirse, la sociedad no necesariamente se convierte en criminal. Se convierte en algo más vulnerable: una sociedad que puede ser gobernada por la apariencia.

Y cuando una sociedad llega al punto en que importa más quién parece exitoso que aquello que hizo para serlo, el poder ya no necesita imponerse. Le basta con ser visible.

Porque una sociedad que ha dejado de preguntar de dónde viene el poder termina, tarde o temprano, aprendiendo a admirarlo por el simple hecho de tenerlo.