Por: Nulfo Yala
Bolivia vuelve a mostrar que la corrupción no siempre necesita dinero sobre la mesa: a veces le basta con poder sin cargo, influencia sin nombre y decisiones tomadas fuera de la mirada pública. El caso Cerimedo y las denuncias de Nadia Beller no prueban por sí solos una trama, pero exponen algo más inquietante: un poder rodeado de silencios, intermediarios y explicaciones que no terminan de explicar nada. Mientras el Gobierno calla extrañamente, la sociedad se divide entre defensores y acusadores, y las redes fabrican trincheras para todos, las preguntas esenciales quedan intactas: ¿quién financia, quién decide, quién intermedia y quién se beneficia? Quizá esa sea la forma más eficaz de corrupción: no aquella que se descubre robando, sino aquella que consigue que nadie sepa exactamente quién está gobernando, desde dónde y para quién. Y mientras el país discute el escándalo, el poder aprende una vez más la vieja lección: cuando la sociedad pelea por los relatos, deja de mirar las manos que mueven los hilos.
Hay algo más grave que la corrupción descubierta: la corrupción que consigue confundirse con la normalidad. En Bolivia hemos llegado a un punto en que el poder puede habitar zonas de penumbra y, cuando alguien pregunta quién decidió, quién pagó, quién ordenó o quién se benefició, la respuesta suele ser una variación burocrática del vacío: nadie sabe, nadie vio, nadie firmó. El poder, curiosamente, siempre parece tener responsables cuando se trata de inaugurar una obra y ninguna cuando aparece un escándalo.
El caso de Fernando Cerimedo ha vuelto a abrir esa herida. Su detención, vinculada a la investigación por el ataque contra Nadia Beller, ha quedado rodeada de denuncias sobre presuntas redes de corrupción que alcanzan al entorno del presidente Rodrigo Paz. Beller ha señalado negocios vinculados con combustible, seguros y otros intereses económicos, además de atribuir a Cerimedo una capacidad de influencia dentro de estructuras estatales. Son acusaciones que deben probarse, no convertirse en condenas por anticipado. Pero precisamente por eso deben investigarse hasta el final.
Lo inquietante no es solamente lo que Beller afirma. Es el lugar desde donde lo afirma y las preguntas que deja abiertas. Porque cuando una mujer sobrevive a un ataque armado y, desde una cama de hospital, comienza a señalar presuntos vínculos entre operadores políticos, negocios privados y estructuras del Estado, la respuesta de una democracia no puede ser simplemente desacreditarla o convertirla en protagonista de otra batalla mediática. Hay que abrir los archivos. Hay que seguir el dinero. Hay que reconstruir las relaciones. Hay que saber quién habló con quién, quién contrató a quién, quién recibió qué y por qué determinadas personas podían acercarse al poder sin que el poder pareciera reconocerlas formalmente.
Ahí aparece Cerimedo como algo más que un individuo. Aparece como síntoma de una transformación más profunda del poder. Un hombre que puede ser presentado como asesor, consultor, amigo o “profesor”, pero cuya influencia parece exceder cualquiera de esas categorías. El propio debate público ha oscilado entre reconocerlo como asesor personal y negar que exista formalmente tal cargo. Esa contradicción no es un detalle semántico: es precisamente el problema.
Porque el poder contemporáneo ya no necesita necesariamente un despacho. Puede ejercerse desde la cercanía. Desde el teléfono. Desde una base de datos. Desde una campaña digital. Desde un grupo de WhatsApp. Desde un empresario que conoce al ministro que conoce al asesor que conoce al Presidente. La autoridad formal continúa siendo visible, mientras la influencia real puede desplazarse hacia lugares donde no existe control público.
Y allí comienza la corrupción en su forma más sofisticada: no necesariamente cuando alguien recibe un soborno, sino cuando lo público empieza a ser administrado por relaciones que nadie puede fiscalizar.
Lo verdaderamente peligroso es que esa forma de poder puede producir una ilusión de democracia mientras vacía lentamente sus instituciones. Se vota, se posesiona un gobierno, se nombran ministros, se anuncian decretos. Todo parece estar en su sitio. Pero detrás de la escenografía institucional pueden operar intereses que no fueron elegidos, no responden ante nadie y no necesitan explicar sus decisiones.
El caso adquiere todavía mayor gravedad porque existen reportes recientes que atribuyen a Cerimedo participación como asesor externo en la redacción o modificación de decretos y una ley vinculados a decisiones estratégicas del Ejecutivo. Si ello se confirma, la cuestión deja de ser anecdótica: habría que preguntar bajo qué autoridad, con qué acceso y bajo qué mecanismos de control un extranjero sin cargo público habría intervenido en la elaboración de normas estatales.
Pero quizá el problema más profundo no sea Cerimedo. Somos nosotros.
Una sociedad sometida durante años a la polarización aprende una extraña pedagogía: cada gobierno enseña a sus adversarios a denunciar la corrupción y a sus propios seguidores a justificarla. Lo que ayer era escándalo hoy se convierte en “estrategia política”; lo que ayer exigía cárcel hoy necesita “contextualización”; lo que ayer era tráfico de influencias hoy es simplemente “asesoría”. Cambian los nombres, cambian los colores, cambian los discursos, pero permanece la misma maquinaria de indulgencia.
Así se fabrica una sociedad políticamente cansada y moralmente tolerante con el abuso. No hace falta censurarla. Basta con saturarla. Basta con dividirla hasta que cada ciudadano defienda una verdad distinta y nadie tenga tiempo para preguntarse quién está ganando mientras todos discuten.
Ese es quizá el poder más perverso: aquel que no obliga a callar, sino que consigue que la sociedad hable tanto que deje de escuchar lo esencial.
Por eso las denuncias de Beller no deberían convertirse en una bandera partidaria ni en una excusa para condenar anticipadamente a nadie. Deberían convertirse en preguntas. ¿Quién financió realmente la actividad de Cerimedo en Bolivia? ¿Qué relación económica existía entre operadores políticos y empresas privadas? ¿Quién intervino en decisiones sobre combustible, seguros u otros sectores estratégicos? ¿Qué funcionarios tuvieron contacto con esas operaciones? ¿Qué contratos existen? ¿Qué comunicaciones pueden verificarse? ¿Qué parte de las denuncias es cierta, qué parte es falsa y qué parte todavía permanece deliberadamente en la oscuridad?
Y hay una pregunta todavía más incómoda: si Cerimedo no tenía un cargo formal, ¿por qué parecía tener poder?
Tal vez allí esté el verdadero escándalo.
Porque la corrupción no necesita siempre una conspiración perfectamente organizada. A veces basta con una cultura política donde nadie pregunta demasiado, donde los amigos del poder consiguen acceso, donde los intermediarios se vuelven indispensables y donde las instituciones llegan siempre después de los hechos.
Entonces el Estado sigue existiendo, pero empieza a parecerse a una fachada.
La corrupción, en ese escenario, deja de ser solamente apropiación ilegal de recursos. Se convierte en una forma de gobierno de las relaciones, de los silencios y de las lealtades. El poder decide quién entra, quién sale, quién habla, quién es escuchado y quién debe ser desacreditado. Y cuando la sociedad intenta mirar detrás de esa arquitectura, encuentra una sucesión de puertas cerradas y explicaciones incompletas.
Quizá por eso este caso debería ser seguido con una atención que vaya mucho más allá de Cerimedo, Beller o Rodrigo Paz. Porque si las denuncias son falsas, corresponde demostrarlo. Si son verdaderas, corresponde desmantelar la red y establecer responsabilidades. Pero si existen zonas de poder que nadie puede explicar, entonces el problema es todavía mayor: significa que la corrupción no está solamente en aquello que se roba, sino en la posibilidad misma de gobernar sin rendir cuentas.
Y una sociedad que acepta eso termina viviendo bajo una forma particularmente triste de dominación: aquella en la que ya no necesita que le oculten el poder porque ha aprendido a mirar hacia otro lado.
Bolivia no necesita otra guerra de relatos. Necesita algo mucho más incómodo: saber quién manda cuando el poder dice que nadie manda.
Porque quizá el verdadero problema no sea descubrir al corrupto.
Sea descubrir el sistema que hace posible que el corrupto pueda gobernar sin parecerlo.