Por Nulfo Yala
El verdadero peligro para Bolivia no está solamente en la declaración de un estado de excepción, sino en que un Gobierno políticamente débil descubra en la excepcionalidad una forma de compensar su incapacidad para gobernar mediante consenso. Cuando la protesta se convierte en amenaza, la crisis en justificación y la fuerza en sustituto de la política, la excepción deja de ser una respuesta temporal y comienza a convertirse en método de gobierno. En ese escenario, las reformas económicas impulsadas bajo presión externa pueden avanzar mientras se reduce la capacidad de resistencia de los sectores más vulnerables y se amplían los márgenes de acción del poder y de los grupos económicos. No significa que Bolivia sea ya un Estado fascista, pero sí que la combinación de emergencia permanente, criminalización del conflicto social, concentración de poder y subordinación de la política al orden constituye una deriva autoritaria que, si se normaliza, puede abrir la puerta a formas cada vez más profundas de dominación.
El Gobierno boliviano está convirtiendo la excepción en una forma de gobierno. Ese es el problema central y conviene decirlo sin eufemismos. El estado de excepción nació jurídicamente como una herramienta extraordinaria para enfrentar una situación extraordinaria, no como una plataforma desde la cual un gobierno políticamente débil pueda prolongar su autoridad, contener la protesta social y ejecutar transformaciones económicas que, en condiciones normales, tendrían que enfrentar una deliberación mucho más amplia. La ampliación aprobada por la Asamblea Legislativa durante otros noventa días demuestra que la excepcionalidad ya no aparece como una respuesta breve frente a una crisis puntual, sino como parte del escenario desde el cual el Ejecutivo pretende gobernar. El peligro no está solamente en la duración de la medida. Está en que el poder comienza a acostumbrarse a ella.
La debilidad del Gobierno no significa que carezca de poder. Significa algo más preciso y más peligroso: que no dispone de suficiente capacidad política para gobernar mediante acuerdos, convencer a los sectores sociales, absorber el conflicto y construir legitimidad alrededor de sus decisiones. Y cuando un gobierno carece de esa capacidad, puede buscar otra cosa: aumentar su capacidad de imponer. Allí la excepción se vuelve políticamente útil. Lo que el Gobierno no consigue mediante consenso intenta conseguirlo mediante autoridad extraordinaria. Lo que no logra resolver políticamente intenta controlarlo policialmente. Lo que no puede justificar suficientemente ante la sociedad intenta protegerlo mediante la lógica de la emergencia.
Ese es el verdadero problema de Bolivia. No estamos hablando de un Gobierno demasiado fuerte que decide voluntariamente limitar sus poderes. Estamos hablando de un Gobierno que puede descubrir que su debilidad política tiene una salida mucho más peligrosa: gobernar bajo condiciones excepcionales. La debilidad para construir acuerdos puede transformarse en fortaleza coercitiva. La incapacidad para negociar puede convertirse en una política de control. La falta de legitimidad suficiente puede compensarse con la invocación permanente del orden. Y cuanto más difícil resulte gobernar en condiciones normales, mayor será la tentación de declarar que las condiciones normales ya no existen.
La fórmula es conocida y políticamente eficaz. Primero aparece una crisis real. Después se identifica una amenaza. Luego se presenta esa amenaza como un peligro para toda la sociedad. Finalmente, el Gobierno se coloca como único garante de la seguridad frente a ese peligro. En Bolivia, los bloqueos, el desabastecimiento y la crisis económica cumplen perfectamente esa función. Nadie puede negar que un bloqueo prolongado perjudica a la población. Nadie puede negar que la falta de combustible afecta al transporte y a la producción. Nadie puede negar que la escasez de alimentos o medicamentos constituye un problema grave. Pero una cosa es reconocer esos problemas y otra muy distinta es utilizarlos para convertir toda protesta social en una amenaza contra el Estado.
Ahí se produce la maniobra política. El Gobierno deja de preguntarse por qué la sociedad protesta y comienza a preguntarse cómo impedir que proteste. La discusión sobre las causas desaparece detrás de la discusión sobre el control. Los sectores movilizados dejan de ser ciudadanos con demandas y empiezan a ser tratados como obstáculos para la circulación, la economía o la seguridad. El conflicto social deja de ser un asunto político y comienza a ser presentado como un asunto policial. El Gobierno gana entonces algo fundamental: ya no tiene que convencer a sus adversarios. Puede intentar neutralizarlos.
La lógica es especialmente conveniente porque permite que el poder se presente como víctima de aquello que debería resolver. Si existen bloqueos, el Gobierno puede decir que necesita poderes extraordinarios. Si existen protestas, puede decir que necesita más control. Si existe malestar económico, puede decir que necesita acelerar las reformas. Si las reformas generan resistencia, puede utilizar esa resistencia como prueba de que la situación continúa siendo excepcional. Así se construye un círculo perverso en el que la crisis deja de ser solamente un problema que el Gobierno debe solucionar y empieza a convertirse en una fuente de legitimidad para ampliar sus propias facultades.
La verdadera gravedad aparece cuando esta lógica de excepción coincide con el programa económico del Gobierno. Bolivia enfrenta una crisis fiscal, falta de divisas, dificultades en el abastecimiento de combustibles y una fuerte presión para estabilizar sus cuentas públicas. En ese contexto, el Ejecutivo ha asumido compromisos con el Fondo Monetario Internacional y ha avanzado hacia la eliminación de subsidios, la reducción del déficit y una política destinada a atraer inversión privada. También ha anunciado reformas en sectores estratégicos como hidrocarburos y minería. Nada de esto debería analizarse como si fueran simples medidas técnicas. Son decisiones políticas que modificarán quién paga la crisis, quién obtiene nuevas oportunidades económicas y quién tendrá capacidad para beneficiarse del proceso de recuperación.
El problema es que el Gobierno puede utilizar la propia crisis para presentar estas decisiones como inevitables. La frase es sencilla: no hay alternativa. El país está quebrado, por tanto hay que ajustar. No hay combustible suficiente, por tanto hay que eliminar subsidios. No hay inversión suficiente, por tanto hay que abrir espacios al capital privado. No hay recursos fiscales, por tanto hay que reducir el gasto. No hay estabilidad, por tanto hay que garantizar el orden. Cada afirmación puede contener una parte de verdad, pero juntas construyen una política peligrosa: convierten decisiones que deberían ser discutidas democráticamente en supuestas necesidades técnicas frente a las cuales solamente quedaría obedecer.
Y aquí aparece la pregunta que el poder evita: ¿quién paga la reconstrucción?
Porque la crisis no se distribuye democráticamente. El empresario con capital, abogados y capacidad de negociación no enfrenta la crisis de la misma manera que el trabajador informal, el campesino, la pequeña productora, la comunidad rural o la familia que depende de un ingreso diario. Cuando aumenta el combustible, aumentan los costos de transporte y producción. Cuando suben los precios, el pobre pierde capacidad de consumo. Cuando disminuye el gasto público, alguien deja de recibir un servicio. Cuando se modifica una regulación minera, una empresa puede encontrar una oportunidad de inversión mientras una comunidad puede enfrentar contaminación, pérdida de agua o transformación de su territorio.
Por eso resulta profundamente sospechoso que el discurso oficial hable permanentemente de estabilizar la economía sin hablar con la misma fuerza de estabilizar las desigualdades producidas por esa estabilización. El sacrificio aparece como una obligación nacional, pero rara vez se explica con precisión quién deberá sacrificar más. El capital es presentado como motor de la recuperación y las poblaciones vulnerables como sectores que deberán ser protegidos mediante compensaciones. Esa diferencia revela una relación de poder. Unos reciben condiciones favorables para invertir y otros reciben promesas de que los efectos sociales serán compensados.
No hace falta inventar una conspiración para comprender lo que está ocurriendo. Tampoco hace falta afirmar que Washington dicta personalmente cada decisión del Gobierno boliviano. Es suficiente observar que el Ejecutivo se está insertando deliberadamente en una arquitectura económica internacional que tiene determinadas condiciones y determinadas prioridades. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es una simple transferencia de dinero. Está acompañado de compromisos económicos. El acercamiento con Estados Unidos tampoco es una cuestión diplomática aislada. Está vinculado con inversión, comercio, seguridad jurídica y apertura económica. El problema político consiste en determinar cuánto margen queda para que Bolivia decida por sí misma cómo distribuir los costos de la estabilización y qué límites impondrá al capital cuando sus intereses entren en conflicto con los derechos sociales o territoriales.
La situación se vuelve todavía más preocupante cuando el Gobierno utiliza simultáneamente la excepción para controlar el conflicto y la crisis para justificar la reforma económica. Porque entonces la población queda atrapada en una doble presión. Por un lado, se le dice que debe aceptar los sacrificios económicos porque el país está en emergencia. Por otro, se le advierte que protestar contra esos sacrificios puede poner en peligro el abastecimiento, la seguridad y la estabilidad nacional. El resultado es una sociedad sometida a una especie de chantaje político: si acepta, se presenta como responsable; si resiste, puede ser presentada como enemiga de la recuperación.
Eso es precisamente lo que hace peligrosa la excepcionalidad permanente. No porque toda protesta sea legítima ni porque toda política económica sea injusta, sino porque el poder comienza a decidir de antemano qué formas de oposición son aceptables y cuáles serán tratadas como amenazas. Una democracia no se mide solamente por la posibilidad de votar. También se mide por la posibilidad real de resistir, criticar, organizarse y obligar al poder a negociar. Cuando esas capacidades comienzan a ser reducidas mediante la lógica de la seguridad, la democracia empieza a vaciarse desde dentro.
La historia del autoritarismo enseña algo incómodo: el poder rara vez anuncia que quiere convertirse en autoritario. No dice que pretende eliminar la democracia. Dice que quiere salvarla del caos. No dice que quiere proteger intereses empresariales. Dice que quiere atraer inversión y generar empleo. No dice que pretende silenciar a los sectores populares. Dice que quiere garantizar la circulación y proteger a la mayoría. No dice que quiere concentrar poder. Dice que necesita herramientas excepcionales para enfrentar una situación extraordinaria. La perversidad política aparece cuando cada una de esas afirmaciones puede ser defendida por separado mientras todas juntas producen una sociedad en la que el poder tiene cada vez más instrumentos y la ciudadanía cada vez menos capacidad para enfrentarlo.
Por eso hablar de una deriva fascistizante no debería convertirse en un simple insulto político. El concepto tiene sentido cuando se utiliza para identificar una combinación concreta de prácticas: la construcción permanente de amenazas, la identificación de enemigos internos, la exaltación del orden por encima del conflicto democrático, la utilización creciente de la fuerza, la reducción de la protesta a un problema de seguridad y la subordinación de los derechos sociales a una idea de estabilidad nacional. Bolivia no necesita haber llegado a un régimen fascista para que estas tendencias deban ser observadas críticamente. Los procesos autoritarios no comienzan necesariamente cuando desaparecen las instituciones. Pueden comenzar mucho antes, cuando las instituciones continúan funcionando pero dejan de limitar eficazmente al poder.
Y el mayor peligro está precisamente en la debilidad del Gobierno. Un Gobierno que no puede gobernar mediante acuerdos puede terminar gobernando mediante amenazas. Un Gobierno que no logra convencer puede terminar administrando el miedo a la crisis. Un Gobierno que no puede construir consenso puede intentar construir obediencia. Esa transformación es mucho más peligrosa que una simple disputa entre oficialismo y oposición porque cambia la naturaleza de la relación entre Estado y sociedad.
Cuando el poder descubre que la excepción funciona, aparece la tentación de prolongarla. Cuando descubre que la protesta puede ser presentada como amenaza, aparece la tentación de criminalizarla. Cuando descubre que la crisis permite imponer sacrificios, aparece la tentación de utilizarla para acelerar reformas. Cuando descubre que la sociedad está demasiado preocupada por sobrevivir para organizar una resistencia efectiva, aparece la oportunidad de avanzar con mayor rapidez. Así se construye un poder que no necesita ser particularmente popular porque dispone de otros mecanismos para sostenerse.
El resultado puede ser devastador para los sectores vulnerables. Las poblaciones pobres pierden poder económico mientras pierden también poder político. Las comunidades afectadas por proyectos extractivos enfrentan mayores dificultades para resistir. Los trabajadores encuentran más obstáculos para movilizarse. Las organizaciones sociales son obligadas a actuar bajo la amenaza de ser presentadas como factores de desestabilización. Mientras tanto, los sectores con mayor capacidad económica pueden adaptarse mejor a las nuevas reglas y aprovechar las oportunidades que abre la liberalización. La desigualdad económica y la desigualdad política empiezan entonces a reforzarse mutuamente.
Ese es el punto que el discurso de la estabilidad intenta ocultar. El orden no es neutral. Siempre hay que preguntar qué orden se está protegiendo y quién se beneficia de él. Cuando el Estado interviene para garantizar la circulación de mercancías, también está protegiendo determinadas relaciones económicas. Cuando interviene para impedir bloqueos, está protegiendo tanto a la población como a las actividades económicas que dependen de esa circulación. Cuando utiliza la fuerza para contener una protesta contra una reforma, no está actuando en un vacío político. Está interviniendo en una disputa concreta entre intereses enfrentados.
Por eso el problema no es simplemente que Bolivia tenga un estado de excepción. El problema es que un Gobierno políticamente débil puede descubrir en el estado de excepción la posibilidad de hacer aquello que no consigue hacer mediante consenso. Y si esa posibilidad coincide con un programa económico que modifica las relaciones entre capital, Estado y sociedad, la excepcionalidad adquiere una función política mucho más profunda. Ya no se trata únicamente de recuperar el orden. Se trata de utilizar el orden como condición para reorganizar el poder.
La amenaza más seria sería que esta lógica termine normalizándose. Que los ciudadanos se acostumbren a la presencia de fuerzas militares en tareas internas. Que las restricciones a la protesta parezcan razonables. Que la crisis económica sea utilizada permanentemente para justificar sacrificios. Que las reformas económicas sean presentadas como inevitables. Que los sectores populares sean convocados a soportar los costos mientras el capital recibe garantías. Que cada nuevo conflicto sea utilizado como argumento para prolongar las facultades extraordinarias.
Cuando todo eso se vuelve normal, ya no estamos frente a una simple emergencia. Estamos frente a una transformación del Estado.
Y allí aparece la verdadera gravedad del momento boliviano. El Gobierno puede ser débil políticamente, pero precisamente por eso puede volverse más peligroso si encuentra en la excepción una forma de compensar su falta de capacidad para gobernar mediante acuerdos. Un poder que no consigue legitimidad puede intentar conseguir obediencia. Un poder que no consigue consenso puede intentar conseguir silencio. Un poder que no puede resolver la crisis puede intentar controlar a quienes cuestionan la manera en que la está resolviendo.
La pregunta que Bolivia debería hacerse no es solamente cuándo terminará este estado de excepción. La pregunta es qué clase de poder estará acostumbrado a ejercer el Gobierno cuando termine. Porque una excepción puede terminar jurídicamente en diciembre y continuar políticamente mucho después. Puede permanecer en las leyes, en las prácticas policiales, en la relación con las organizaciones sociales, en la concepción del orden público y en la manera de entender la protesta.
Entonces la excepción habrá cumplido su verdadera función: no habrá sido simplemente una respuesta temporal a una crisis, sino el laboratorio en el que un Gobierno débil aprendió que podía gobernar con menos consenso y más coerción.
Y cuando un gobierno descubre que puede gobernar de esa manera, el peligro ya no está solamente en la crisis que dice combatir. El peligro empieza a estar en el poder que la crisis le permitió construir.
