Por: Milenka Almanza

Acontravia.com
Potosí, en Bolivia, es un territorio sacrificado históricamente por intereses económicos y de poder, no solo en la esfera boliviana, sino también en beneficio de lógicas de acumulación que operan a escala global.
Esto ha derivado en la naturalización de alrededor de 104 pasivos ambientales en el departamento, inventariados por el Servicio Geológico Minero de Bolivia en 2014; de actividades mineras dentro de la ciudad, al lado de colegios, con afectaciones por metales tóxicos incluso dentro de las instalaciones educativas; de diques de colas de actividades mineras actuales ubicados en todo el departamento —incluso al interior de las manchas urbanas—; de personas con plomo en la sangre; de especies vegetales con niveles alarmantes y tóxicos de metales pesados; y de ríos con niveles altísimos de contaminación. En suma, existe una crisis departamental de contaminación minera crónica.
Esto evidencia que el problema ambiental derivado de la actividad minera no es un tema abstracto, como se pretende hacer creer en las esferas potosinas.
A pesar de todo lo anterior, en los últimos tiempos ha surgido una singular estrategia de marketing de varios operadores mineros que buscan «salvar Potosí» y proyectar ante la población una imagen de alta responsabilidad ambiental, mediante estrategias de lavado de imagen destinadas a desviar el debate y las responsabilidades, utilizando como bandera el ecoblanqueo o greenwashing.
El ecoblanqueo o greenwashing consiste en que una empresa, organización o producto proyecta una imagen falsa o exagerada de responsabilidad ecológica para parecer más «verde» de lo que realmente es, o incluso de lo que realmente puede ser. Básicamente, se crea una cortina de humo verde que busca presentar a empresarios mineros, operadores mineros y empresas mineras transnacionales como buenos ciudadanos, con un alto compromiso ambiental, para ocultar un impacto ambiental real. Esta estrategia encuentra un terreno fértil en el discurso político y en la búsqueda de la desinformación.
Estas manifestaciones de greenwashing se expresan en Potosí de diversas maneras: desde la donación de contenedores de basura para Chutillos —fiesta patronal judeocristiana potosina— por parte de empresarios mineros, acompañada incluso de actos formales y públicos de entrega, con la complicidad de algunos medios de comunicación y la presencia y validación de autoridades de turno; hasta la realización de campañas de recolección de tapitas de refrescos promovidas por empresarios mineros para niños que sufren cáncer, mientras el arsénico que se emana de las actividades mineras es un elemento rigurosamente catalogado como cancerígeno para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cuyas siglas son IARC (por su nombre en inglés, International Agency for Research on Cancer).
La estrategia también alcanza la adopción, por parte de empresas transnacionales, de un lenguaje asociado a conceptos como «minería responsable», «minería sostenible», criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y «huella de carbono», acompañada de la contratación de consultores de «alto nivel», por lo general extranjeros, que publican informes con gráficos verdes. Mientras tanto, en los tribunales, una sentencia ordena restaurar lagunas contaminadas con cianuro.
Por otro lado, desde el relato de los operadores mineros se entrevén discursos como: «Agradezcan que estamos invirtiendo en Potosí; vean los edificios que estamos construyendo» o «Estamos comprometidos para que el centro histórico de la ciudad tenga una buena imagen para los turistas y esté libre de basura».
Frente a ello, habría que preguntar si construir edificios millonarios es sinónimo de desarrollo y, sobre todo, ¿desarrollo para quién? ¿Potosí será solamente el centro histórico? Si una persona se desplaza hacia las zonas de la ciudad donde existe actividad minera, encontrará un paisaje plomizo, disoluto y desolador.
Entonces, el ecoblanqueo en Potosí se articula sobre varios pilares: desde el rol de los medios de comunicación, que priorizan la cobertura de estas manifestaciones, muchas veces desde la noticia sensacionalista; pasando por una identidad minera potosina que evita cuestionamientos a la actividad minera o la naturaliza, distorsionando la imagen de los operadores mineros hasta el punto de presentarlos como salvadores de Potosí, con relatos como: «¡Qué persona más comprometida con su tierra es el empresario X!» o «El Concejo Municipal debería condecorarlo».
Este fenómeno también se extrapola a discursos oficiales provenientes de entidades públicas, como las empresas de aseo, que lanzan conferencias de prensa para alabar el gesto del empresario y su «preocupación por la basura en Potosí», denotando una evidente debilidad institucional. A ello se suman las retardaciones procesales y la falta de reacción de las autoridades ante hechos como el colapso de diques de colas, como el ocurrido en la Federación de Cooperativas Mineras en 2021 y el colapso del dique de colas de El Kenko, en Llallagua, en 2025.
Pero, por sobre todo, la paradoja de que una región tan rica en minerales sea, al mismo tiempo, una de las más pobres y contaminadas constituye una forma de greenwashing estructural.
Todo esto sucede mientras los ríos de Potosí mueren y se convierten en espacios vacíos, con olor a mineral, lo que evidencia un sistema económico y político que prioriza la extracción y el lucro por encima de la vida y del medio ambiente.
Mientras el modelo económico extractivista boliviano continúa exportando naturaleza, falla en ofrecer horizontes alternativos y alimenta la vorágine mundial por las materias primas, manteniendo abiertas e infectadas las venas de una deuda ambiental aparentemente eterna en Potosí.














