Por: Nulfo Yala
La estrategia de una deriva fascistizante no consiste en aplastar inmediatamente a la sociedad, sino en vaciarla lentamente de su capacidad de resistencia. Primero desarticula los movimientos sociales mediante la fragmentación, la cooptación y la persecución judicial; después administra el agotamiento colectivo hasta convertir el cansancio en resignación y el miedo en autocensura. Una vez debilitada la oposición, las medidas económicas más favorables a las élites empresariales y financieras pueden imponerse como si fueran inevitables, mientras el costo del ajuste recae sobre las mayorías empobrecidas. El resultado es una democracia que conserva sus formas, pero cuyo contenido se erosiona progresivamente: el poder económico amplía su influencia sobre el Estado, la pobreza se normaliza, la protesta se criminaliza y la ciudadanía termina aceptando como destino aquello que antes habría considerado intolerable. La dominación alcanza entonces su expresión más sofisticada, porque ya no necesita imponerse mediante la fuerza permanente; le basta con una sociedad exhausta que, convencida de que resistir es inútil, termina administrando su propia obediencia.
Las formas más eficaces de dominación no irrumpen anunciando el fin de la democracia. Llegan proclamando exactamente lo contrario: orden, estabilidad, responsabilidad, unidad nacional y defensa del interés colectivo. Ningún proyecto autoritario comienza confesando su verdadera naturaleza. Su primer triunfo consiste en lograr que el lenguaje deje de nombrar la realidad para comenzar a ocultarla.
La historia política enseña que el fascismo no constituye únicamente un régimen histórico determinado, sino una racionalidad del poder que puede reaparecer bajo nuevas formas. Su esencia no reside exclusivamente en uniformes, desfiles o símbolos, sino en un conjunto de prácticas orientadas a vaciar progresivamente la capacidad de resistencia de la sociedad hasta convertir la obediencia en una condición aparentemente voluntaria. No necesita eliminar de inmediato las instituciones democráticas; le basta con conservarlas mientras desactiva el contenido político que les da sentido.
Toda estrategia de esta naturaleza responde a una secuencia reconocible.
El primer momento consiste en neutralizar a los sujetos capaces de organizar el conflicto social. Ningún poder dispuesto a transformar radicalmente el equilibrio entre Estado, mercado y sociedad puede avanzar mientras existan organizaciones con suficiente capacidad para movilizar a la población. Por ello, la fragmentación de los movimientos sociales, la pérdida de confianza en sus dirigencias, la cooptación de liderazgos, las disputas internas y la creciente judicialización de quienes mantienen posiciones críticas dejan de ser fenómenos aislados para convertirse en condiciones políticas indispensables para una posterior reestructuración del poder.
La derrota decisiva nunca ocurre cuando desaparece una organización. Ocurre cuando la sociedad deja de creer que organizarse todavía tiene sentido.
Una vez debilitada la capacidad colectiva de resistencia, aparece un segundo mecanismo mucho más sofisticado: la administración del agotamiento. El poder descubre que la población puede soportar niveles de sacrificio muy superiores a los imaginados siempre que ese sacrificio sea progresivo y permanente. No necesita resolver rápidamente las crisis; puede administrarlas. Cada semana de incertidumbre, cada jornada de filas interminables, cada incremento del costo de vida y cada dificultad para acceder a bienes esenciales producen un desgaste psicológico que reduce la capacidad de reacción política.
Los prolongados bloqueos que atravesó Bolivia constituyen, desde esta perspectiva, mucho más que un conflicto coyuntural. También revelaron el extraordinario nivel de resistencia pasiva que puede desarrollar una sociedad. Mientras el deterioro económico y social se profundizaba, el debate público tendía a concentrarse principalmente en los actores visibles del conflicto inmediato, desplazando hacia un segundo plano las decisiones estructurales del poder político. La frustración encontró un objeto inmediato; la estructura del poder permaneció relativamente protegida.
Allí reside uno de los mecanismos más refinados de dominación: convertir el sufrimiento colectivo en una fuente de información política. Cada día sin una reacción social capaz de modificar sustancialmente la correlación de fuerzas amplía el margen de acción del poder. El cansancio deja de ser una consecuencia de la crisis para transformarse en una tecnología de gobierno. Una sociedad que soporta cincuenta días de privaciones termina revelando, sin proponérselo, cuáles son los límites de su capacidad de resistencia.
Cuando el umbral de tolerancia ha sido medido, comienza la siguiente etapa.
Las medidas que anteriormente habrían encontrado una fuerte oposición empiezan a aparecer como inevitables. La flexibilización del régimen cambiario, los anuncios sobre la eliminación de subsidios a los combustibles y el recurso al endeudamiento externo mediante organismos financieros internacionales dejan de presentarse como decisiones políticas discutibles para convertirse en supuestas exigencias técnicas de la realidad. El mercado aparece como una ley natural y no como una construcción política.
Toda ideología dominante procura exactamente ese efecto: hacer creer que sus decisiones no son decisiones, sino inevitabilidades.
El resultado consiste en desplazar el costo de la crisis hacia quienes poseen menor capacidad económica para soportarlo, mientras los beneficios estructurales tienden a concentrarse en los sectores con mayor influencia sobre el Estado. Bajo el lenguaje de la eficiencia económica, la política deja de orientarse prioritariamente por el bienestar colectivo para aproximarse crecientemente a las necesidades del capital financiero, de los grandes grupos empresariales y de las élites propietarias. El Estado comienza a redefinir silenciosamente a quién protege y para quién gobierna.
La expansión de la pobreza constituye el síntoma más visible de esa transformación. Según estimaciones difundidas por la Fundación Jubileo, la pobreza alcanzaría al 47,7 % de la población boliviana, cerca de seis millones de personas, situación vinculada, entre otros factores, al fuerte incremento del costo de los alimentos. La paradoja resulta evidente: mientras se promete estabilidad futura, el presente se vuelve cada vez más precario para amplios sectores de la población.
Pero ninguna reorganización económica de esta magnitud puede sostenerse únicamente mediante argumentos técnicos. Necesita producir también una nueva subjetividad política.
Por ello aparece la judicialización de dirigentes, la amenaza permanente contra quienes cuestionan al poder y la instalación de un clima donde disentir comienza a percibirse como una actividad potencialmente peligrosa. El objetivo trasciende el castigo individual. Lo que se busca es que el resto de la sociedad incorpore espontáneamente la autocensura. Cuando el miedo logra instalarse como hábito cotidiano, la represión abierta pierde protagonismo porque cada ciudadano comienza a vigilar sus propias palabras.
La forma contemporánea del autoritarismo no necesita encarcelar a todos; le basta con convencer a la mayoría de que hablar demasiado puede resultar inconveniente.
En este punto aparece uno de los rasgos más inquietantes de los procesos de fascistización: la convergencia entre el poder político y los sectores económicos dominantes. La frontera entre interés público e interés privado comienza a desdibujarse. Las prioridades estatales coinciden crecientemente con las demandas de grupos que concentran capital, tierra e influencia. La democracia conserva sus procedimientos formales, pero disminuye progresivamente su capacidad para alterar las relaciones reales de poder.
El ciudadano continúa votando, aunque descubre que las decisiones fundamentales parecen responder cada vez menos a las mayorías sociales y cada vez más a quienes controlan los principales recursos económicos. La política deja entonces de disputar proyectos de sociedad para administrar los límites previamente definidos por el poder económico.
La consecuencia más grave no es únicamente el deterioro material. Es la transformación moral de la sociedad. El miedo reemplaza a la solidaridad. El cansancio sustituye a la organización. La resignación ocupa el lugar de la esperanza. La pobreza deja de interpretarse como una injusticia para convertirse en una condición normal de existencia. La obediencia ya no necesita imponerse; termina siendo interiorizada.
Ése constituye el mayor triunfo de cualquier deriva autoritaria. No conquistar el Estado, sino conquistar la imaginación política de la sociedad. Una ciudadanía que deja de creer en la posibilidad de transformar su realidad termina aceptando como destino aquello que, en otro momento histórico, habría reconocido como una forma de dominación. Cuando el poder logra que la resignación parezca sentido común y que la crítica aparezca como irresponsabilidad, la victoria ya no pertenece únicamente a un gobierno. Pertenece a una estructura de poder que ha conseguido convertir la obediencia en la forma cotidiana de vivir la política.
