Categoría: EDUCACION Y UNIVERSIDAD

Por Nulfo Yala

En este contexto, es inevitable cuestionar si la autonomía universitaria, concebida originalmente como una garantía de independencia académica, no ha sido malinterpretada y utilizada como un escudo para perpetuar prácticas nocivas. En lugar de fomentar la innovación y la excelencia, muchas universidades públicas han caído en un estado de autocomplacencia y corrupción estructural, donde las transformaciones son vistas como amenazas al equilibrio de poder existente.

Un congreso institucional de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en teoría, se perfila como un hito trascendental en la historia de esta institución. Se trata de un evento que tiene la responsabilidad de redefinir sus políticas académicas, investigativas y de extensión, además de establecer su estructura organizacional, modelo educativo, sistema curricular y política económica. Con la creación de comisiones de cogobierno docente-estudiantil, se promete garantizar una participación inclusiva en los procesos decisorios. Sin embargo, detrás de estas atribuciones aparentemente prometedoras se oculta un conjunto de dinámicas y contradicciones que ponen en entredicho la posibilidad real de alcanzar un cambio significativo y sustentable.

En los discursos oficiales, los congresos son presentados como mecanismos democratizadores, capaces de canalizar las demandas de la comunidad universitaria hacia una transformación institucional. Pero, ¿hasta qué punto estos espacios pueden cumplir con sus propósitos cuando los actores principales son parte inherente del problema? La idoneidad, la integridad y el compromiso son virtudes escasas entre quienes, a lo largo de los años, han contribuido a la descomposición de la universidad como institución. Así, las esperanzas depositadas en el congreso se ven diluidas por la realidad de una institucionalidad que, en lugar de aspirar a transformar, busca perpetuar de una manera incomprensible perpetuar sus modos y formas de control, para heredarlas ¿tal vez a una nueva camada?

La politización de la universidad es una de las principales problemáticas que comprometen su misión académica. En las últimas décadas, las estructuras universitarias han sido manipuladas hasta convertirse en espacios donde la mediocridad, la corrupción y el intercambio de prebendas prevalecen y se normalizan en el día a día. Lejos de ser un espacio de formación y generación de conocimiento, la universidad ha devenido en un reflejo de las mismas patologías que aquejan al sistema político nacional y a sus funestos actores: ¿es posible esperar un cambio genuino de quienes, en su mayoría, han instrumentalizado a la universidad como un medio para extender sus beneficios personales alargando indefinidamente sus tentáculos de poder?

La situación es aún más preocupante cuando se analiza el impacto de estas dinámicas en los estudiantes, quienes ingresan con la intención de formarse académicamente pero terminan siendo cooptados por una cultura de politiquería prebendal. Los llamados «estudiantes dinosaurios», que son de conocimiento público, aquellos que han prolongado su vida universitaria más allá de lo razonable, representan un síntoma visible de esta degeneración. Estas figuras, lejos de contribuir al desarrollo intelectual y profesional de la comunidad estudiantil, perpetúan un sistema corrupto que privilegia el oportunismo sobre el mérito. Así, los ideales de ciencia y conocimiento quedan relegados, mientras que las becas y otros beneficios estudiantiles son utilizados como herramientas de control y perpetuación del mal llamado cogobierno. O en el otro extremo los “docentes dinosaurios” que les interesa un comino si enseñan bien o no y que gracias a este sistema corrupto y prebendal, de la mano de las autoridades que apoyaron políticamente, logran distribuirse a su gusto y antojo materias, horarios y demás beneficios para mantenerse seguros, indefinidos, buscando el máximo rédito económico posible en lo que les queda de actividad, hasta que les de la gana de liberar al fin a la universidad del yugo asfixiante de esta suerte a la que han sido sometidos no solo los estudiantes, que en muchos casos son cómplices directos o indirectos, sino de otros docentes de vocación que por cansancio terminan agotándolos, aislándolos o llevándolos a abandonar la enseñanza.

En este contexto, es inevitable cuestionar si la autonomía universitaria, concebida originalmente como una garantía de independencia académica, no ha sido malinterpretada y utilizada como un escudo para perpetuar prácticas nocivas. En lugar de fomentar la innovación y la excelencia, muchas universidades públicas han caído en un estado de autocomplacencia y corrupción estructural, donde las transformaciones son vistas como amenazas al equilibrio de poder existente.

La instrumentalización política de las universidades públicas alcanza su clímax en momentos de crisis nacional, como el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. En lugar de desempeñar un rol mediador y reflexivo, éstas se convirtieron en actores activos de la confrontación y la violencia. De la mano de sectores radicales como los comités cívicos, estas universidades fueron utilizadas como plataformas para exacerbar el caos, socavando aún más su legitimidad y alejándose de su propósito educativo. La universidad, lejos de ser un bastión de pensamiento crítico, ha sido cooptada por intereses externos que la han reducido a un instrumento más de la fratricida y malograda politiquería en la que está sumergido este país.

Con todo esto, surge una pregunta que resuena con fuerza: ¿puede algo viejo, decadente y corrupto construir algo nuevo, vital y sano? La respuesta, por desalentadora que sea, es un contundente NO. Los procesos de cambio, tal como están planteados, no solo carecen de la capacidad para generar una transformación auténtica, sino que podrían consolidar aún más las dinámicas autoritarias y corruptas que han caracterizado a la institución. En lugar de emerger como un espacio renovador, la universidad corre el riesgo de convertirse en el epítome de lo que debería combatir: un ente caduco, incapaz de responder a las demandas de una sociedad en crisis.

Lo más irónico de este panorama es que, bajo el pretexto de buscar transformaciones, se perpetúa la decadencia. Aquellos que han contribuido a la degradación de la universidad buscan ahora erigirse como los grandes reformadores, como si su legado no fuese ya un testimonio elocuente de su incapacidad. En este ciclo de corrupción y mediocridad, las nuevas generaciones quedan atrapadas, privadas de la oportunidad de reimaginar y reconstruir la institución desde fundamentos éticos y académicos.

La reflexión final no puede sino ser amarga: los resultados de este congreso, lejos de inaugurar una nueva era, probablemente reforzarán las viejas prácticas, consolidando un sistema que no solo ha fallado en cumplir con su propósito, sino que ha contribuido activamente a su propia descomposición.

nulfoyala@gmail.com

Por: Nulfo Yala

La mercantilización de la universidad pública en Bolivia no es solo una tragedia educativa, sino una traición a los ideales que alguna vez la definieron. Lo que queda es una institución vacía, moldeada por intereses personales y desprovista de su misión original: formar ciudadanos y no clientes.

Desde hace un tiempo atrás, las universidades públicas en Bolivia han comenzado a mercantilizarse. No se trata de un fenómeno abrupto o sorprendente, sino más bien de un proceso insidioso, donde la educación superior se ha convertido en un lucrativo negocio, especialmente a través de los posgrados. Es irónico, considerando que estas mismas universidades están subvencionadas por el Estado boliviano, pero ¿qué más se puede esperar en un país donde la paradoja es la norma?

En este nuevo mercado, los posgrados son la joya de la corona. Desde diplomados—los cuales abundan como si fueran pan caliente—hasta maestrías, doctorados y hasta posdoctorados, se ofrecen a precios de mercado, como si el conocimiento fuera un simple bien de consumo. El precio, por supuesto, depende de la universidad que los promocione, creando una suerte de subasta educativa donde los estudiantes, cual postores, compiten por acceder a la mejor oferta. ¿La educación como un bien universal? No, eso es cosa del pasado. Ahora, la ley de la oferta y la demanda rige incluso en los claustros que deberían ser sagrados.

Pero, seamos justos, los defensores de esta mercantilización tienen sus argumentos. Se dice, con la convicción de quien cuenta una mentira que ya se cree, que estos recursos son necesarios para subvencionar los gastos de funcionamiento de las universidades. Estos gastos, conviene recordar, han crecido hasta convertirse en un monstruo ingobernable, resultado de épocas de derroche y contrataciones irresponsables. La moda de los «docentes consultores», a precio de rebaja en el mercado, que engrosan las planillas salariales para cubrir la desenfrenada creación de carreras con títulos tan rimbombantes como inútiles, ha llegado para quedarse.

Y en este escenario de austeridad, impuesto con la frialdad de una daga por el Ministerio de Economía, las universidades públicas se ven obligadas a pedir recursos extraordinarios, no para mejorar la calidad educativa, sino para cubrir los gastos descontrolados del pasado. En lugar de fiscalizar estos excesos o auditar las cuentas para identificar a los responsables, el gobierno ha optado por mirar hacia otro lado. Es más fácil dejar que las universidades continúen en su espiral descendente, aceptando este plan de austeridad que, de hecho, es un tiro de gracia a la autonomía universitaria y una rendición absoluta al fracaso en la administración eficiente de los recursos.

Este desmoronamiento de la universidad pública ha legitimado, por fin, lo que muchos temían: el inicio de una privatización velada. Hoy, se evalúa la pertinencia de las carreras no por su valor académico o su contribución al bien común, sino por los recursos que generan. Así, el mercantilismo de los cursos de posgrado se ha convertido en la tabla de salvación para cubrir los derroches pasados, transformando a las universidades en empresas que persiguen el lucro a cualquier costo.

La ironía no puede ser más evidente. La Constitución Política del Estado asume como un principio fundamental el derecho de las personas a recibir una educación gratuita, en condiciones de igualdad y equidad, orientada a eliminar las diferencias sociales y económicas entre bolivianos. Pero, ¿acaso este principio tiene algún valor cuando las universidades públicas, que deberían garantizar ese derecho, están inmersas en un comercio descarado de la educación superior? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen los recursos para acceder a estos costosos programas de posgrado? Parece que la igualdad y la equidad son conceptos que se evaporan en el aire cuando el dinero entra en escena.

Resulta entonces incoherente que universidades públicas, parte integral de la institucionalidad del Estado, se conviertan en entidades con fines de lucro, ahora incluso en carreras de posgrado, que el negocio ha llamado convenientemente con el título mercantil de “programas”. ¿Cómo puede justificarse que los estudiantes deban pagar matrículas para «contratar docentes consultores privados»? Esto no es más que una contradicción flagrante, un sinsentido que desdibuja la esencia misma de lo que debería ser la educación pública.

La universidad pública en Bolivia, antaño un bastión de lucha ideológica contestataria y de desarrollo intelectual, ha cedido ante las presiones del capitalismo, transformándose en una empresa que lucra con la necesidad de especialización de la educación superior. Irónicamente, parece que el destino de estas instituciones es convertirse en lo que siempre combatieron: un engranaje más en la maquinaria mercantilista que reduce todo a la búsqueda de lucro, como lo hacen las empresas privadas y corporaciones dedicadas al negocio de la educación. Solo que, a diferencia de estas últimas, las universidades públicas están subvencionadas por el Estado. Qué conveniente, ¿no?

Las consecuencias de esta transformación son múltiples, pero la causa principal es clara: la misma gente que compone estas universidades. Docentes y estudiantes, movidos por prebendas, contubernios y corrupción—cosas que ya no son secretos—, han erosionado la autonomía universitaria, convirtiéndola en un escudo de impunidad. Este proceso ha resquebrajado no solo la institucionalidad, sino la esencia misma de la universidad pública, transformándola a imagen y semejanza de quienes, al tomar el poder, han visto en ella una oportunidad para consolidar un salvaje mercantilismo que solo busca lucrar, sin importar el costo.

Entonces, ¿es este el final de la educación pública en Bolivia? Todo parece indicar que el daño es irremediable y que estamos en un punto de no retorno. La educación superior, convertida en un negocio de certificación profesional al que solo pueden acceder aquellos que tienen dinero para pagar, ha perdido su propósito original. Y todo esto sin siquiera entrar en el debate sobre la calidad, pertinencia y la corrupción que acechan detrás de estos cursos—un tema que, sin duda, merecería otro ensayo.

nulfoyala@gmail.com

Por: Nulfo Yala

Las universidades deberían ser centros de excelencia y transparencia, donde la calidad de la educación sea la máxima prioridad. Es imperativo que se adopten políticas y prácticas que promuevan la integridad, la objetividad y la transparencia en los procesos de acreditación. Solo así se podrá garantizar que las acreditaciones reflejen verdaderamente el nivel académico y el compromiso con la educación de calidad, beneficiando a estudiantes, docentes y a la sociedad en general.

En la búsqueda de una educación superior de calidad, se ha implementado un sistema de acreditación por parte de la CEUB que presenta serias deficiencias, reflejado en algunas universidades y carreras del sistema universitario público boliviano. Este sistema, basado en una autovalidación cuestionable, carece de transparencia y objetividad. Está sujeto a presiones internas y externas, frecuentemente influenciadas por intereses políticos y, en muchos casos, por la corrupción. Estos aspectos problemáticos serán analizados a continuación.

Uno de los principales problemas es la falta de objetividad, imparcialidad e idoneidad en el proceso de evaluación. Las evaluaciones se centran más en la apariencia que en el fondo de la educación impartida. Se prioriza la calificación de infraestructuras, equipamiento y señalética, sin tomar en cuenta el aprendizaje real de los estudiantes. Así, estudiantes que ingresan con deficiencias graves en comprensión lectora, lenguaje y matemáticas, terminan graduándose con las mismas carencias, mientras que sus carreras son acreditadas sin que esté aspecto fundamental importe en lo más mínimo.

Otro aspecto crítico es la manipulación de la información. En algunos casos, las acreditaciones se basan en documentación improvisada que bajo presiones de que “la carrera debe acreditarse si o sí” se busca muchas veces tratar de justificar lo injustificable a fin de cumplir indicadores de manera improvisada y forzada, generando por ejemplo, documentos retroactivos que nunca existieron. Este tipo de prácticas no solo distorsionan la realidad, sino que también desacreditan el proceso mismo de la acreditación.

La corrupción es un problema que surge también dentro de estos procesos de acreditación. Las sugerencias de contratación de consultores, propuestos por las mismas instancias de la CEUB, para revisar la documentación son un claro ejemplo de esta corrupción. Estos consultores, cuyos costos son exorbitantes, están condicionados a validar la documentación a cambio de pagos por “servicios de consultoría de revisión”. Este sistema no solo genera gastos para las universidades, sino que también produce un ciclo de corrupción que erosiona la integridad del proceso de acreditación.

La transparencia en el proceso de acreditación es un aspecto crítico que ha sido seriamente cuestionado. Las evaluaciones a menudo implican gastos significativos por parte de las carreras para cubrir viáticos, pasajes y honorarios de los evaluadores. Este hecho compromete la credibilidad de las evaluaciones, ya que, si las compensaciones económicas provienen de la misma carrera evaluada, se genera un claro conflicto de intereses. ¿Qué garantiza la imparcialidad en la evaluación si los evaluadores reciben honorarios de las mismas entidades que deben evaluar? La objetividad queda en entredicho y, con ella, la validez del proceso de acreditación.

Además de los conflictos de intereses, las presiones externas ejercidas por la CEUB también juegan un papel importante en la distorsión de la realidad educativa. La institución tiende a justificar una imagen de buen estado de las universidades, tratando de maquillar la cruda realidad de estas instituciones. Esta fachada oculta problemas graves, como la corrupción endémica y la ineficiencia en la docencia, tanto pedagógica como científica. La política, a través del cogobierno docente estudiantil, utiliza la autonomía universitaria como una excusa para perpetuar la corrupción y la mediocridad.

Las universidades, bajo este sistema, se convierten en espacios donde la política interna y los intereses particulares predominan sobre la búsqueda de la excelencia académica. La mal llamada autonomía se ha distorsionado hasta convertirse en un escudo para proteger prácticas corruptas y mediocres. En lugar de ser un instrumento para mejorar la calidad educativa, la autonomía se ha transformado en un mecanismo para mantener el statu quo, beneficiando a aquellos que están en el poder y perjudicando a la comunidad académica en su conjunto.

Este panorama desalentador plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema de acreditación actual. La falta de transparencia y la presencia de conflictos de intereses, junto con las presiones externas para mantener una fachada de eficiencia, subrayan una problemática profunda, que merma y cuestionar la credibilidad de las universidades como espacios de excelencia y transparencia.

En este contexto, las presiones internas para lograr la acreditación se han convertido en un medio para obtener réditos políticos. Las autoridades y grupos de poder dentro de estas instituciones de educación superior utilizan las acreditaciones como herramientas demagógicas para mejorar su imagen y mantener o ganar privilegios. Así, las acreditaciones se transforman en trofeos políticos que sirven a intereses y ambiciones individuales o de grupo, desviándose de su propósito original de garantizar la calidad educativa.

Este uso político de las acreditaciones conduce a evaluaciones express, donde la información se prepara apresuradamente en pocos días, a pesar de que el proceso debería involucrar años de sistematización. Este enfoque apresurado resulta en la producción de información falseada y disfrazada para presentar una realidad inexistente. La prisa por obtener acreditaciones y el deseo de aparentar éxito académico llevan a la creación de datos que no reflejan la verdadera situación de las universidades, comprometiendo la integridad del proceso de acreditación.

Las instancias gubernamentales, en su afán por mostrar números favorables y apariencias positivas, han contribuido a estos escenarios, convirtiéndose a menudo en cómplices, ya sea voluntarios o involuntarios. La exigencia gubernamental se centra en cifras superficiales como el número de estudiantes ingresados y graduados, en lugar de enfocarse en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y en los resultados reales de la educación impartida. Este énfasis en la cantidad sobre la calidad subraya una desconexión entre los objetivos declarados de mejorar la educación y las prácticas reales que prevalecen en las instituciones.

El resultado de estas prácticas es un sistema de acreditación que falla en su misión de mejorar la calidad educativa. Las universidades, bajo la presión de autoridades internas y externas, priorizan las apariencias sobre la sustancia. Las acreditaciones, en lugar de ser una medida de excelencia académica, se convierten en símbolos de logro político y manipulación administrativa. Los estudiantes, que deberían ser los principales beneficiarios de un proceso educativo riguroso y de alta calidad, terminan siendo los más perjudicados en un sistema que valora más las cifras infladas y las acreditaciones políticas que el aprendizaje genuino y el desarrollo intelectual.

Para revertir esta situación, es crucial implementar un enfoque de acreditación que enfatice la calidad educativa real sobre los logros superficiales. Las evaluaciones deben ser llevadas a cabo de manera meticulosa y exhaustiva, con información auténtica y basada en un análisis prolongado y detallado. Además, las autoridades gubernamentales y universitarias deben reevaluar sus prioridades, enfocándose en la mejora continua de la educación y en la formación integral de los estudiantes, en lugar de en los números y las apariencias.

Las universidades deberían ser centros de excelencia y transparencia, donde la calidad de la educación sea la máxima prioridad. Es imperativo que se adopten políticas y prácticas que promuevan la integridad, la objetividad y la transparencia en los procesos de acreditación. Solo así se podrá garantizar que las acreditaciones reflejen verdaderamente el nivel académico y el compromiso con la educación de calidad, beneficiando a estudiantes, docentes y a la sociedad en general.

nulfoyala@gmail.com

Por: Nulfo Yala

La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.

Lo que alguna vez fue un ambiente académico centrado en el aprendizaje y la investigación se ha convertido en un caldo de cultivo político, donde las alianzas y las prebendas son moneda corriente para aquellos que buscan acceder a los espacios de poder y obtener beneficios económicos. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura de corrupción que permea todos los niveles de la institución.

Los estudiantes, que ingresan con la esperanza de adquirir conocimientos y habilidades, se encuentran atrapados en un entorno donde la política corrupta es omnipresente. La mal utilizada autonomía universitaria ha generado un sistema en el que la impunidad reina para aquellos que están dispuestos a sucumbir a las tentaciones de los espacios de poder del cogobierno. Como resultado, muchos jóvenes, en lugar de graduarse con una educación enriquecedora, se gradúan con sus valores y principios comprometidos por la maquinaria de corrupción que opera dentro de la institución.

Esta situación plantea un desafío significativo en el sentido del ser de la universidad, sino también para el futuro de la sociedad en su conjunto. Si no se aborda de manera efectiva, la corrupción en el ámbito universitario no solo socavará aún más su credibilidad que ya está de por sí cuestionada, sino que también perpetuará un ciclo de deshonestidad y falta de ética que afectará negativamente a las generaciones futuras.

La mayoría de los estudiantes se ven obligados al silencio, paralizados por el temor a la censura y las represalias de estas alianzas corruptas que operan como una suerte de dictadura disfrazada bajo pactos de mediocridad y contubernio. Esta opresión sofoca cualquier intento de disentir o de expresar descontento, desviando así el sentido histórico de la lucha universitaria por la reivindicación y la formación de valores humanos y desarrollo científico. En lugar de ser espacios de debate abierto y crítico, las aulas se convierten en escenarios de complicidad y conformismo, donde la voz del estudiante se ve ahogada por el peso de la corrupción institucional.

Esta dinámica perversa mina el potencial transformador que la educación superior debería tener en la sociedad. En lugar de ser motores de cambio y progreso, las instituciones universitarias se convierten en cómplices pasivos de un sistema corrupto que perpetúa la injusticia y la desigualdad en el que lamentablemente se encuentra sumergido todo el país.

La situación se agrava al considerar la vasta cantidad de recursos financieros que fluyen hacia la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y las Federaciones Universitarias Locales (FULes), provenientes de un porcentaje de las matrículas pagadas por los propios estudiantes al inscribirse. Además, el artículo 2° inciso I del Decreto Supremo 1322, de agosto del 2012, otorga a las universidades públicas la autorización para utilizar hasta un 5% de los fondos percibidos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar actividades y representaciones estudiantiles relacionadas con la Extensión Universitaria, Cultura y Deportes a nivel local, nacional e internacional.

A pesar de esta evidente dependencia financiera de los fondos públicos, los llamados «líderes» universitarios bolivianos se proclaman como «independientes». Desde hace dos décadas, se han refugiado en la histórica e intocable autonomía universitaria para eludir la rendición de cuentas y evitar la fiscalización de los recursos que reciben, muchas veces avalados con el silencio cómplice de las autoridades universitarias, pues fueron elegidas gracias a alianzas con estos líderes y al final, como es normal en Bolivia “se debe pagar la factura”. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas mina la confianza en las universidades y socava los principios fundamentales de la democracia y defenestra la tan desgastada autonomía universitaria.

En Bolivia, los dirigentes universitarios están cada vez más enfocados en satisfacer intereses personales y de grupo, lo que ha dado lugar a un creciente prebendalismo, clientelismo, chantaje y corrupción generalizada dentro de las instituciones educativas. No es ningún secreto que estas prácticas corruptas se originen en grupos docentes y autoridades que utilizan a estos líderes estudiantiles para obtener beneficios personales y grupales, así como para consolidar sus propios intereses políticos. Estos intereses suelen visibilizarse con mayor nitidez en épocas electorales para la elección de autoridades universitarias, recurriendo a pactos y alianzas prebendales que alimenta aún más el ciclo de corrupción en el sistema universitario.

La corrupción se ha arraigado en estas instituciones porque, entre otros factores, los dirigentes universitarios manejan considerables recursos económicos y han logrado cooptar el sistema universitario, reflejando así las prácticas corruptas que imperan a nivel nacional en el Estado boliviano. Lamentablemente la corrupción endémica que prevalece en el Estado sirve de modelo para otras instituciones, como las universidades, donde la impunidad, la falta de transparencia han permitido que estas prácticas continúen sin control.

Las peleas por espacios de poder y la corrupción que prevalecen en las casas de estudios superiores en Bolivia no solo son un reflejo de lo que sucede a nivel nacional, sino que también tienen consecuencias trágicas como sucedió en aquel suceso funesto, en una asamblea estudiantil, que cobró la muerte de cuatro estudiantes universitarias y más de 80 heridos durante una avalancha humana en una asamblea de la Universidad Tomás Frías en 2022. A pesar de la magnitud de este trágico evento, dos años después ha caído en el olvido y las condiciones que lo propiciaron apenas han cambiado. La corruptela del poder en el interior de las universidades públicas permanece inalterable, y lo más preocupante es que se ha normalizado en la sociedad.

La universidad pública en Bolivia está en agonía. Herida de muerte por la corruptela del poder de las corruptas alianzas del mal llamado cogobierno que legitiman esta suerte trágica en la que se ha transformado el ideal del grito de córdoba que democratizó la universidad y fundó la autonomía universitaria. Todavía resuena en la memoria aquel movimiento estudiantil en 1918 que lucho contra una universidad represiva, autoritaria, corrupta y decadente; pero que al parecer fracasó en Bolivia y como si se tratara de un paradójico final, se ha convertido en todo lo que en un momento luchó. Fatal desenlace de una autonomía descompuesta que devora el ideario que lo engendró.

nulfoyala@gmail.com

 

Por Nulfo Yala

La normalización del abuso y la vulneración del derecho a la educación en la Universidad Potosina, motivadas por los intereses particulares de los bloqueadores, reflejan una profunda crisis institucional.

Durante los últimos años, la Universidad Potosina ha sido testigo de una serie de bloqueos recurrentes a sus instalaciones por parte de estudiantes de diversas carreras, motivados por intereses de grupo y reivindicaciones particulares. Estas acciones han generado un perjuicio considerable en las actividades académicas, donde la suspensión de clases es el pan de cada día, como ocurrió recientemente los días 27 y 28 de marzo.

Esta cultura del bloqueo, arraigada desde hace tiempo, ha prosperado debido a la tolerancia, permisividad y debilidad institucional, así como a la falta de liderazgo por parte de las autoridades universitarias. Sin embargo, lo que agrava la situación es la presencia de una cultura de corrupción política, donde las autoridades, para acceder al poder, negocian o realizan acuerdos con grupos de docentes y estudiantes, muchos de los cuales son precisamente los instigadores de estos bloqueos. Impotentes por su dependencia de estos grupos para mantenerse en el poder, las autoridades son incapaces de poner fin a estos abusos.

La degeneración de la autonomía universitaria a causa de estas alianzas corruptas ha sumido a la Universidad Potosina en un estado de desgobierno constante. Las clases son suspendidas a merced del abuso y la tiranía de los bloqueadores, en ocasiones con la complicidad o la instigación de grupos de docentes que persiguen sus propios intereses políticos. Esta situación representa no solo un grave obstáculo para el derecho a la educación de los estudiantes, sino también una amenaza para la integridad académica y la estabilidad institucional de la universidad.

La normalización del abuso y la vulneración del derecho a la educación en la Universidad Potosina, motivadas por los intereses particulares de los bloqueadores, reflejan una profunda crisis institucional. Esta crisis se alimenta de las ansias de poder y los pactos de mediocridad que caracterizan a aquellos que son elegidos como autoridades universitarias. El costo de esta búsqueda desmedida de poder es la pérdida de la esencia misma de lo que debería ser una institución educativa.

Es importante destacar que estos bloqueos serían impensables en otras universidades alrededor del mundo. Por lo general, los infractores serían castigados con la expulsión, y las autoridades que toleraran tales actos enfrentarían la destitución y procesos legales por incumplimiento de deberes. Sin embargo, en el caso de la Universidad Potosina, estos abusos son premiados e incluso sirven como trampolín para los perpetradores hacia puestos de poder político. Es común ver cómo estudiantes que fueron bloqueadores en algún momento terminan ocupando cargos como diputados, viceministros y otras posiciones de influencia en Bolivia.

La utilización del bloqueo como una herramienta para visibilizarse públicamente no solo responde a intereses estudiantiles, sino que también sirve a las mafias políticas corruptas de los partidos políticos bolivianos. Estas mafias aprovechan la situación para reclutar a estudiantes bloqueadores y sumarlos a sus filas de corrupción, perpetuando así un ciclo de abuso de poder y desviación de recursos públicos.

Esta lamentable situación perpetúa un ciclo vicioso de impunidad y corrupción, donde aquellos que deberían proteger y promover el derecho a la educación son precisamente quienes lo vulneran en aras de sus propios intereses.

La Universidad Potosina se encuentra a la deriva, sumida en pactos de mediocridad y contubernios políticos de corrupción. En este entorno, la educación y la investigación, que deberían ser las prioridades fundamentales, pasan a un segundo plano. ¿Cómo puede la institución hacer ciencia y formar profesionales de calidad, como les gusta vanagloriarse a las autoridades de turno, si las clases son constantemente interrumpidas y la universidad está sitiada y bloqueada por personas sin escrúpulos?

La complacencia, inacción e incluso complicidad de las autoridades ante estos actos solo agravan la situación, socavando aún más el derecho a la educación de la comunidad estudiantil y el derecho de los docentes al trabajo, que aunque son contados, están comprometidos con la formación y el desarrollo de la educación en el país. Es imprescindible romper con este ciclo de corrupción y abuso de poder para restaurar la integridad y el propósito académico de la universidad. Urge una transformación profunda de la institucionalidad de la Universidad Potosina, donde se promueva la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los derechos fundamentales de la comunidad estudiantil y el derecho al trabajo de docentes y administrativos. Solo así podrá restaurarse la integridad y el prestigio de esta institución académica y garantizar un ambiente propicio para la investigación y la formación de profesionales competentes que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

nulfoyala@gmail.com

Por Nulfo Yala:

La universidad pública parece estar profundamente afectada por los «amarres» y las alianzas de poder del denominado cogobierno, que ejerce su influencia incluso dentro de cada carrera. Este fenómeno legitima una suerte de alianzas políticas que, impulsadas por intereses de grupos de poder, buscan mantenerse en el poder y seguir disfrutando de los privilegios resultantes.

En la actualidad, a través de distintos medios de comunicación y en las entrevistas realizadas a las autoridades universitarias, especialmente en el contexto de la Universidad Pública Potosina, se sugiere que la institución está encaminada hacia la mejora de la calidad educativa mediante la implementación de exámenes de competencia para la titularidad docente. Este aspecto, más allá de su difusión mediática y del posible interés de las autoridades por proyectar una imagen positiva, requiere un análisis más detallado y crítico.

Se plantea la mejora de la calidad educativa en la universidad, pero surge la pregunta sobre si la titularización de docentes realmente conducirá a dicho mejoramiento, especialmente cuando muchos de estos docentes ya formaban parte del cuerpo docente y simplemente han cambiado su estatus dentro del escalafón. Esta situación nos lleva a cuestionar la efectividad real de este proceso y por ende surgen varias preguntas: ¿Es que acaso la sola titularización de docentes garantizará el mejoramiento de la calidad, que dicho de esa manera suena tan importante pero tan vacía cuando el argumento solamente se convierte en una declaración eufemística y mediática? Pero siendo más específicos, ¿será que el proceso de titularización ha sido realmente transparente, probado, íntegro y sobre todo coherente con los requisitos exigidos para dar la categoría de titular o docente de carrera, establecidos en los estándares internacionales como garantía para ejercer la docencia?

Para dilucidar este asunto con mayor detalle, es esencial analizar las convocatorias emitidas por la Universidad Pública Potosina para la gestión 2024. Sorprendentemente, estas convocatorias resultaron ser idénticas para todas las carreras, con la única variación de los detalles específicos de cada una. Esta homogeneidad plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso de titularización. ¿Será que estas convocatorias se ajustaron a las necesidades y particularidades de cada área científica en la particularidad y el contexto de cada Carrera?

Dentro de los requisitos mínimos habilitantes, resulta desconcertante observar que no se ha contemplado un aspecto fundamental, incluso de sentido común, que normalmente no se omitiría en ninguna convocatoria a docencia especializada en cualquier parte del mundo: la exigencia de poseer títulos de especialidad posgraduales en las asignaturas para las cuales se postula. ¿Acaso no es relevante que el futuro docente titular sea un especialista en el área en la que enseñará? ¿Se trata de una omisión involuntaria? La complicación aumenta aún más al preguntarnos cómo se verificará si el postulante es un experto en el área de conocimiento que está solicitando. Esta omisión constituye un error grave en el proceso. Si se sigue este criterio, se iguala al neófito con el experto, tal como lo confirma el tango «Cambalache» de Santos Discépolo: «Da lo mismo Don chico que Napoleón».

Para empeorar la situación, resulta que solo se exige una experiencia mínima de dos años a partir del título profesional. En otras palabras, estamos considerando postulantes que podrían ingresar a la carrera docente como docentes titulares sin especialidad y con tan solo dos años de experiencia. ¿No es acaso increíble?

Otro aspecto observado es que, dentro de los requisitos mínimos habilitantes de la convocatoria, se exija un curso de manejo de entornos virtuales, certificado con una carga mínima de 40 horas. Resulta sorprendente porque, a diferencia de los títulos posgraduales de especialidad, que ni siquiera son requisitos según lo establecido en la convocatoria, el incumplimiento de este certificado de entornos virtuales haya sido motivo de inhabilitación para los postulantes. ¿Será que se considera que un curso breve sobre entornos virtuales es más relevante que una especialidad posgradual? Además,  se exigió que  este curso debería ser dictado necesariamente por una universidad del sistema de la universidad boliviana. Surge la duda si esta exigencia hace referencia al curso publicado por la unidad de Posgrado de la universidad semanas antes de las convocatorias; es decir si estaba planificado exigirlo para fines de titularización. También queda la incertidumbre sobre cuántos postulantes con especialidad fueron inhabilitados o no se presentaron debido a la falta de este requisito, dado que, según lo establecido en la convocatoria, el curso breve sobre manejo de entornos virtuales parece tener más peso que un título posgradual de especialidad. ¿No es acaso extraño?

Lo que sigue es de antología. Se incluyó en la convocatoria, entre otros requisitos (no inhabilitantes), la presentación de producción intelectual por parte de los postulantes. Es decir, no importa si los postulantes hacen ciencia o no; o, si publican su producción intelectual o no lo hacen, igual nomás seguirán en carrera para su titularización. Mientras que, en gran parte del mundo, la producción intelectual es un requisito indispensable para ejercer la docencia en las universidades, con exigencias incluso de publicación en revistas científicas indexadas y arbitradas. En Potosí, esta realidad es diferente. Es increíble, pero cierto, y esto está sucediendo actualmente en la Universidad Pública de Potosí. Además, para colmo de males, en la convocatoria se equipara con el requisito de participación en cualquier ámbito de la vida universitaria; lo que significa que para la Universidad Pública Potosina las publicaciones científicas tienen el mismo valor que ser parte de la representación universitaria en un equipo deportivo o formar parte del gremio o sindicato docente. En consecuencia resulta lamentable y desconcertante la falta de valorización que se le otorga a la producción científica en esta universidad.

Finalmente, resulta llamativa la referencia que se hace en los últimos párrafos de las convocatorias, donde se advierte que la categorización o recategorización estará sujeta a la aplicación de la matriz de compromiso suscrita por la universidad con el gobierno boliviano. ¿Qué significa esta aclaración? ¿Acaso estaba previamente planeado que los docentes en categoría de invitados serían titularizados? Considerando la situación de austeridad de la universidad, dado que durante varios años se gastó más allá de los límites presupuestarios asignados por el gobierno, ¿tiene sentido titularizar a estos docentes, lo que implicaría un aumento en sus remuneraciones por la recategorización o, peor aún, contratar nuevos docentes, lo que significaría un incremento en la planilla de gastos? ¿No resulta contradictorio que en época de austeridad se aumenten los gastos de la planilla?

Surgen más preguntas sobre si estos procesos han sido verdaderamente transparentes o si simplemente constituyen promesas de campaña que buscan obtener réditos políticos, ya sea actualmente o en el futuro, por parte de candidatos que buscan ser reelegidos o elegidos para posiciones jerárquicas superiores en las autoridades universitarias. ¿Ha sido el proceso de titulación libre de legitimación de alianzas políticas entre las camarillas de poder funcionales dentro de la universidad? ¿O ha estado sujeto a exigencias y compromisos impuestos a los candidatos seleccionados para titularizarse?

Estas cuestiones plantean dudas fundamentales sobre la integridad y la transparencia de los procesos universitarios en Potosí . La universidad pública parece estar profundamente afectada por los llamados «amarres» (en jerga popular) y las alianzas de poder del denominado cogobierno, que ejerce su influencia incluso dentro de cada carrera. Este fenómeno legitima una suerte de alianzas políticas que, impulsadas por intereses de grupos de poder, buscan mantenerse en el poder y seguir disfrutando de los privilegios que estas alianzas les proporciona. Esta situación, como un cáncer que se reproduce generación tras generación, plantea la preocupación de que muchos de los docentes titularizados eventualmente retornen favores o perpetúen este sistema corrupto arraigado a lo largo del tiempo.

Ante esta situación, la admonición de Ayn Rand, que para muchas sociedades se ha vuelto trágicamente profética, sigue resonando hoy en día con la misma intensidad: «Cuando veas que la corrupción es premiada y la honestidad se convierte en un sacrificio, sabrás que nuestra sociedad está condenada».

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