Este «gran» modelo económico no solo está diseñado para colapsar, sino para hacerlo de manera espectacular, dejando tras de sí una estela de injusticia social, pobreza y degradación ambiental. Pero hasta que ese momento llegue, al menos podremos disfrutar de la ironía de ver cómo se celebra un sistema que, en el fondo, no es más que una maquinaria de desigualdad disfrazada de éxito.
En una tierra tan bendecida como Santa Cruz, Bolivia, donde parece que la naturaleza ha conspirado para ofrecerlo todo, ¿quién podría cuestionar el magnífico “modelo económico cruceño”? Un modelo tan brillante que ha logrado erigirse como el motor de Bolivia, dejando en el polvo cualquier preocupación por el bienestar social, el medio ambiente o incluso la sostenibilidad a largo plazo. Claro, ¿para qué pensar en el futuro cuando se dice que el presente puede ser tan lucrativo como el modelo promete?
El modelo cruceño, con su deslumbrante visión de crecimiento a toda costa, ha convertido el capitalismo en un deporte extremo, donde solo los más fuertes sobreviven. Y, ¿qué mejor manera de asegurar ese crecimiento que a través de la explotación intensiva de los recursos naturales? Si Santa Cruz tiene tierras fértiles, lo lógico es arrasar con ellas. Después de todo, ¿quién necesita biodiversidad cuando se tiene soya y caña de azúcar? En un mundo tan generoso, los suelos nunca se agotan, y los ecosistemas, ¡pues claro que se regeneran solos!
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Y ahí está, por supuesto, el verdadero héroe de esta epopeya: el capitalista cruceño, con su espíritu emprendedor que tanto se celebra en el modelo. ¡Qué fascinante es que este “espíritu” se traduzca en un capitalismo salvaje, depredador, que no se detiene ante nada! Para ellos, las montañas son minas, los bosques simples campos de cultivo a la espera de ser explotados, y el agua… bueno en el futuro, lo que quede, se la mercantilizará, y si no, se la disputará. El cambio climático tiene sus propios planes. En este cuento, el progreso no se mide en bienestar humano, sino en toneladas de exportación.
Pero, ¿quién necesita preocuparse por el desarrollo humano y social cuando el crecimiento económico es el único indicador que importa? En esta tierra prometida, los migrantes que llegan no vienen en busca de oportunidades, sino, al parecer, como simples peones de un granero global. ¿Y qué decir de las comunidades indígenas, esas que han vivido durante siglos en armonía con la naturaleza? ¿anticuados? No entienden que la modernidad requiere sacrificios. Seguro agradecerán ver sus tierras convertidas en monocultivos.
Y en cuanto a la visión de futuro, ¡qué admirable es su ambición! Un plan que se proyecta a 2061, pero que parece ignorar que el cambio climático podría convertir todo ese suelo fértil en desiertos. Quizás en ese entonces se descubra un nuevo recurso que explotar, porque en este “modelo” siempre hay una próxima gran oportunidad, una próxima hectárea que talar, un próximo río que desviar. Es fascinante cómo el discurso de progreso parece estar en contradicción con el hecho evidente de que, sin un medio ambiente saludable, no habrá futuro que sostener.
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Ah, y por supuesto, la sostenibilidad. Esa palabra tan de moda. Pero en Santa Cruz, ¿para qué complicarse con términos que suenan a restricciones? Mejor dejar que la tierra y los recursos den todo lo que puedan hasta que ya no quede nada. Total, siempre habrá algún otro lugar por conquistar, algún otro recurso por agotar. Y si no, siempre está la posibilidad de echarle la culpa al cambio climático, como si este fuera un fenómeno que ocurre aislado de las prácticas que tanto defiende el modelo cruceño.
Es que, realmente, ¿quién necesita preocuparse por la sobreexplotación de los recursos cuando el crecimiento económico es tan rápido y aparentemente inagotable? La deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ríos… todo esto parece un pequeño precio a pagar por el éxito económico de la región. Después de todo, ¿qué es más importante, preservar el planeta o mantener las exportaciones de soya? Al parecer, la respuesta es obvia para los defensores de este modelo y aunque pese, también al gobierno de Bolivia, que no solo se creyó el cuento, sino que lo asume como propio como una consecuencia del modelo capitalista del actual gobierno; que, aunque jure y perjure, los hechos pesan más que las promesas y las ficciones utópicas de un socialismo que nos vender y que falazmente dicen defender.
Lo más encantador de todo es cómo este modelo perpetúa la idea de que todos tienen las mismas oportunidades de éxito. ¡Qué mentira tan bien contada! En realidad, el supuesto “modelo cruceño” no es más que un sistema diseñado para favorecer a los que ya tienen el poder económico, mientras que el resto, los campesinos, los trabajadores, las comunidades indígenas, son dejados de lado, convertidos en meros engranajes de una máquina que los explota para beneficio de unos pocos. Y por supuesto, en nombre del «desarrollo», porque todo vale cuando se trata de hacer crecer la economía.
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Este «gran» modelo económico no solo está diseñado para colapsar, sino para hacerlo de manera espectacular, dejando tras de sí una estela de injusticia social, pobreza y degradación ambiental. Pero hasta que ese momento llegue, al menos podremos disfrutar de la ironía de ver cómo se celebra un sistema que, en el fondo, no es más que una maquinaria de desigualdad disfrazada de éxito.
Finalmente, uno no puede evitar preguntarse: ¿será que este brillante modelo de desarrollo, con su enfoque en el extractivismo y el capital por encima de todo, es realmente sostenible? ¿O estamos presenciando una ilusión que, aunque próspera en el presente, está destinada a colapsar en el futuro cuando ya no queden recursos que explotar? Quizás el «modelo cruceño» no sea más que un espejismo de éxito económico, que ignora la inviabilidad de su enfoque frente al desarrollo humano, social y ambiental. Pero, claro, ¿quién necesita esas preocupaciones cuando se necesita que el dinero fluya, al menos por ahora, cuando como anillo al dedo, no existen los dólares que son la gasolina para poner en funcionamiento el motor de la maquinaria expoliadora capitalista?
Una clase acaudalada minera privilegiada que se posiciona en altas esferas de poder, guardando lealtad solamente a sus intereses económicos y políticos. Una clase que surgió de una lucha revolucionaria, transformada ahora en la antítesis de todo aquello por lo que luchó. Triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado.
El ciclo irónico de la historia se manifiesta de manera sorprendente en el caso de los ahora llamados empresarios acaudalados mineros, quienes alguna vez lideraron luchas por los derechos humanos contra la explotación capitalista. Sin embargo, en un giro inesperado, muchos de estos mineros se han convertido en los mismos explotadores que antes combatían. Ahora, como grandes empresarios mineros, justifican sus acciones bajo el pretexto de contribuir con regalías al departamento de Potosí. Pero detrás de esta fachada de progreso económico, se esconden realidades devastadoras: la contaminación, la degradación ambiental y los desastres que se desencadenan afectan no solo el entorno natural, sino que también perpetúan la explotación humana. En los oscuros socavones de angustia, otros seres humanos son explotados hasta el punto del aniquilamiento, una tragedia que refleja la paradoja de aquellos que antes luchaban por sus derechos, ahora siendo sus perpetradores.
Esta transformación no solo refleja una ironía histórica, sino que también plantea cuestionamientos profundos sobre el poder y la responsabilidad. ¿Cómo es posible que aquellos que alguna vez fueron oprimidos puedan convertirse en opresores? ¿Qué fuerzas sociales y económicas impulsan esta transformación?
La metamorfosis de estos grupos mineros de poder desde la esencia revolucionaria de movimientos de izquierda hasta la más rancia clase pudiente minera es un testimonio impactante de la dinámica del poder y la ideología. Lo que alguna vez representó la lucha por la justicia social y la equidad se ha desvirtuado en una encarnación del capitalismo más crudo y despiadado. Bajo el manto de la minería, el capitalismo se disfraza y se adapta, encontrando formas de perpetuar su dominio y explotación. Es particularmente insidioso cómo estos nuevos poderes mineros se apropian del discurso del «pobrecito minero» para justificar sus acciones. Utilizan esta narrativa para manipular a sus propios trabajadores, incitándolos a participar en movimientos de convulsión, bloqueo y hasta el uso y abuso de explosivos y dinamitas, todo en aras de sus mezquinos intereses de poder político y económico.
Esta estratagema es astuta y calculada. Al enmascarar sus verdaderas intenciones bajo la apariencia de preocupación por los trabajadores mineros, estos poderes logran movilizar fuerzas en su beneficio, creando una fachada de solidaridad que oculta su explotación y opresión. Esta situación resalta la complejidad de la lucha por la justicia social y la importancia de desenmascarar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia.
El caso del ex-viceministro Illanes ejemplifica de manera trágica hasta dónde pueden llegar los acaudalados mineros disfrazados de proletariado en su búsqueda desesperada por mantener y expandir su control sobre la industria. El brutal desenlace de las movilizaciones, que culminaron en la pérdida de vidas humanas, incluida la de una autoridad nacional, revela la magnitud de la violencia y el abuso de poder inherentes a estas dinámicas. El asesinato del ex-viceministro Illanes, quien intentaba en vano dialogar con los mineros para resolver pacíficamente el conflicto, pone de manifiesto la falta de escrúpulos y la crueldad de aquellos que se benefician de la explotación minera. La brutalidad con la que Illanes fue golpeado y torturado por los mineros es un recordatorio escalofriante de la deshumanización que puede surgir cuando el poder y los intereses económicos están en juego. La creación de sindicatos dentro de las cooperativas mineras desató una crisis que reveló las tensiones profundas y la resistencia feroz de aquellos que temían perder su dominio sobre la fuerza laboral.
La búsqueda de poder político por parte de los empresarios mineros acaudalados, ya sean cooperatizidados o no, constituye un componente fundamental de su estrategia para consolidar y ampliar su dominio económico. Estos empresarios han tejido alianzas estrechas con el partido gobernante MAS-IPSP, asegurando así un acceso privilegiado a espacios políticos de gran influencia. Esta alianza ha engendrado una nueva élite señorial minera que opera con una impunidad virtual en su búsqueda por asegurar y proteger sus intereses económicos y políticos. Ahora, senadores, diputados, gobernadores y otros cargos de poder político son ocupados por individuos afines a estas élites mineras, permitiéndoles ejercer su influencia de manera desproporcionada en Bolivia. Este entrelazamiento entre el poder económico y político no solo refuerza las desigualdades estructurales en el país, sino que también socava la democracia al privilegiar los intereses de una élite poderosa sobre los derechos y necesidades del pueblo boliviano en general.
Los verdaderos propósitos de los acaudalados empresarios mineros van mucho más allá de lo que muestran públicamente. La revelación gradual de estas intenciones pone de relieve su ambición por imponer una legislación favorable a sus intereses, que les permita ampliar sus áreas de explotación minera, incluso adentrándose en zonas protegidas como las reservas fiscales. Este intento de privatización de los recursos mineros del país refleja su deseo de consolidar su dominio sobre la riqueza mineral boliviana y perpetuar su control sobre la industria minera. La búsqueda de leyes que legitimen estas prácticas revela una estrategia calculada para legalizar lo que ya realizan de facto: el manejo arbitrario de los yacimientos mineros a su antojo.
Estas exigencias desmedidas no son nuevas, ya que desde hace años estas élites mineras han buscado legitimar sus acciones a través de una nueva Ley Minera. Su objetivo último es erigirse como una casta privilegiada capaz de disponer de los recursos mineros del país como si fueran propios. Además, se resisten vehementemente a la organización sindical de sus trabajadores, ya que esto pondría en riesgo su capacidad para sobreexplotar a la fuerza laboral sin ningún tipo de control. Esta resistencia a la sindicalización revela su intención de mantener un control absoluto sobre las condiciones laborales y de explotación en beneficio de sus propios intereses económicos.
Asimismo, los intereses políticos de la clase acaudalada minera en Bolivia han perdido cualquier atisbo de principios ideológicos de lucha que pudieran haber tenido en el pasado. Ya no se trata de una resistencia revolucionaria contra dictaduras o de la defensa de los derechos de los trabajadores mineros, como en épocas anteriores. Un ejemplo contundente de esta transformación es la participación de un representante de esta clase minera en el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Luis Fernando Camacho admite abiertamente la colaboración de su padre en las negociaciones para el golpe de Estado. En sus propias palabras, relata cómo un minero, representante de estos intereses, ofreció la fuerza de 6.000 trabajadores mineros armados con dinamita para sacar a Morales del poder.
Esto no solo ilustra la pérdida de los ideales revolucionarios que alguna vez caracterizaron al movimiento minero boliviano, sino que también revela la alianza entre la clase empresarial minera y sectores políticos dispuestos a utilizar cualquier medio (se descubrió por ejemplo que ese representante minero jugaba a los dos bandos), incluida la violencia, para alcanzar el poder. La disposición de estos empresarios acaudalados mineros a recurrir a la fuerza bruta y la coerción para lograr sus objetivos políticos y económicos subraya la naturaleza depredadora de su influencia en la sociedad boliviana. En lugar de ser defensores de los derechos y la justicia, estos actores privilegiados se han convertido en instrumentos de la desestabilización y la opresión, en detrimento del bienestar del pueblo boliviano en su conjunto.
La clase acaudalada minera en Bolivia se ha consolidado como una élite privilegiada que ocupa posiciones prominentes en las altas esferas de poder político y económico del país. Sin embargo, su lealtad se reduce únicamente a sus propios intereses, dejando de lado cualquier principio ideológico o compromiso con la justicia social que alguna vez pudieron haber tenido. Esta transformación representa la antítesis de la lucha revolucionaria que dio origen a esta clase, marcando un triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado. En lugar de ser agentes de cambio y progreso, estos empresarios mineros se han convertido en símbolos del oportunismo político y la explotación despiadada, traicionando así el legado de aquellos que lucharon valientemente por un futuro más justo y equitativo. Es un recordatorio sombrío de cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso las aspiraciones más nobles, y de cómo los ideales revolucionarios pueden desvanecerse en la vorágine de la codicia y el oportunismo.
Debemos plantearnos si estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación. ¿Es aceptable que las ganancias de la actividad minera sigan primando sobre la seguridad y el bienestar de las personas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la salud de nuestros ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones futuras en aras de un beneficio económico a corto plazo?
En el horizonte se cierne una amenaza silente pero devastadora: la posibilidad de una sequía catastrófica que podría desencadenar consecuencias impredecibles en las regiones afectadas en la actualidad. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo la falta de agua potable se ha convertido en un problema creciente, extendiendo sus garras en diferentes rincones del mundo. En particular, el occidente boliviano, y más específicamente Potosí; regiones que sufren una grave crisis que nos lleva a cuestionar las causas subyacentes de esta emergencia.
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Si bien es innegable que la escasez de agua tiene raíces multifacéticas y complejas, en este artículo exploraremos uno de los factores principales que contribuye a esta crisis: la actividad minera y su impacto en el recurso hídrico. La explotación, concentración y comercialización de minerales, entre otras formas de actividad minera (caso de los ingenios mineras, empresas comercializadoras, empresas acopiadoras y concentradores, etc.), han demostrado ser un factor determinante en la disminución de la calidad y cantidad del agua disponible para consumo humano.
La relación entre la actividad minera y la contaminación del agua es un tema que merece una atención especial. A menudo, las ganancias económicas generadas por la minería fluyen directamente hacia el interés económico de las instancias gubernamentales a través de las denominadas “regalías” y las arcas de las mismas empresas y/o cooperativas. Mientras que los costos sociales y ambientales son asumidos por poblaciones enteras y ecosistemas vulnerables. Esta desigualdad en la relación costo-beneficio plantea cuestionamientos éticos y morales fundamentales.
La actividad minera, en su búsqueda incansable de producción de minerales, libera una serie de contaminantes que terminan en los cuerpos de agua cercanos. Sustancias como metales pesados, productos químicos tóxicos y desechos sólidos contaminan fuentes de agua subterránea y superficial. Esta contaminación no solo reduce la disponibilidad de agua potable sino que también la hace peligrosa para el consumo humano y perjudica gravemente los ecosistemas.
La realidad es que, en la mayoría de los casos, bajo la excusa y a veces chantaje de que la economía de la región (entiéndase como supuesto medio de supervivencia por sus defensores) las poblaciones locales que albergan actividades mineras no obtienen los beneficios que podrían esperarse de esta industria. La mayoría de las ganancias económicas se concentran en manos de los inversionistas y empresarios, mientras que la mayoría de la gente sufre de la degradación de su entorno natural y la disminución de la calidad de vida. Esta inequidad económica y social se agrava aún más cuando se trata de comunidades indígenas que tienen un profundo vínculo cultural y espiritual con la tierra y el agua.
La minería es una de las actividades humanas más intensivas en el uso del agua. Cada etapa de la cadena productiva minera requiere enormes cantidades de agua. Esta demanda hídrica es particularmente preocupante en regiones donde el agua ya es un recurso escaso y preciado.
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Un aspecto adicional a considerar es la pérdida de agua a través de procesos naturales como la evaporación y la infiltración, así como el aumento del consumo de agua a medida que la calidad de los yacimientos disminuye con su explotación continua. La escasez de agua es un problema que se retroalimenta en el ámbito minero, ya que a medida que los recursos hídricos se agotan, la industria minera se ve obligada a buscar fuentes de agua cada vez más distantes y costosas de obtener.
Sin embargo, el alto consumo de agua no es el único problema asociado a la actividad minera. Uno de los mayores riesgos que plantea esta industria es la contaminación del agua, un tema de preocupación creciente en todo el mundo. Los productos químicos utilizados en los procesos mineros pueden infiltrarse en el suelo y las fuentes de agua, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a la salud humana.
Estos productos químicos, que incluyen compuestos tóxicos, tienen el potencial de causar estragos en los cuerpos de agua y en las poblaciones que dependen de ellos para su abastecimiento. La exposición a estas sustancias puede provocar una serie de problemas de salud graves, como enfermedades neurológicas, trastornos reproductivos y cáncer. Este problema es particularmente preocupante, con el caso de la contaminación por el plomo, en la ciudad de Potosí, Bolivia.
En lo que respecta a la cantidad de agua disponible, la minería puede agotar significativamente los recursos hídricos locales. Grandes volúmenes de agua son extraídos para satisfacer las necesidades de la industria minera, lo que contribuye a reducir la disponibilidad de agua para la población cercana, produciendo desabastecimiento y sequías como sucede actualmente. Esta disminución de la cantidad de agua afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables que dependen del acceso al agua para su supervivencia.
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La minería, al afectar la calidad y disponibilidad del agua, viola también otros derechos humanos fundamentales. El Derecho Humano a la Salud se ve amenazado cuando la exposición a sustancias químicas tóxicas en el agua conduce a afecciones graves en la población afectada. Del mismo modo, el Derecho Humano a un Ambiente Sano se ve comprometido cuando los ecosistemas se ven perjudicados por la contaminación minera, lo que afecta negativamente la flora y fauna locales.
De esta manera estas formas de actividades mineras se transforman insostenibles, representando por tanto un riesgo flagrante para el Derecho Humano al Acceso al Agua Potable y Saneamiento. Derecho, ampliamente respaldado por las Naciones Unidas en la Resolución 64/292 que reconoce la importancia fundamental del acceso a agua limpia y segura para todas las personas. Sin embargo, la actividad minera desenfrenada pone en peligro tanto la cantidad como la calidad de las fuentes de agua, socavando así este derecho humano esencial.
Debemos plantearnos si estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación. ¿Es aceptable que las ganancias de la actividad minera sigan primando sobre la seguridad y el bienestar de las personas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la salud de nuestros ecosistemas y la calidad de vida de las generaciones futuras en aras de un beneficio económico a corto plazo?
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Es fundamental que abordemos esta problemática con seriedad y urgencia. La protección de nuestras fuentes de agua son imperativos para garantizar un futuro sostenible. El desafío de la escasez de agua para el consumo humano y su relación con la actividad minera nos exige una profunda reflexión y la toma de medidas concretas. No podemos permitir que la sed de lucro y un enfoque de desarrollo basado en la generación de riqueza como fuente y destino último de la sociedad, socave la esencia misma de nuestra existencia: el acceso a agua limpia y segura. Es hora de que las voces se alcen y que se promueva acciones constructivas que nos lleve hacia soluciones que respeten tanto el derecho humano al agua como el equilibrio de nuestro planeta. De manera que se tomen medidas efectivas para proteger este derecho humano esencial, garantizar y priorizar el acceso de los recursos hídricos para consumo humano y en el entorno natural.
Pero no solo se apropian del agua, sino que después de sus procesos productivos violentos, nos la devuelven contaminada, con una carga social, económica y ambiental acumulada en las espaldas de los menos poderosos.
La crisis ambiental y del agua a nivel mundial tiene una connotación trágica, no solo para los seres humanos, sino también para los sistemas ecológicos. Potosí, Bolivia, no está exenta de esta problemática. En resumen, es el resultado de la agudización de la tensión ecológica, política y económica en la región. Hoy en día, esta región andina está atravesando una crisis del agua debido a la sequía producto del rompimiento de los ciclos del fenómeno del niño y el cambio climático implícito. Pero no solo eso, existe una suerte de competencia entre los usuarios del agua, intereses sectarios, económicos y hasta políticos, donde el agua fluye hacia quienes tienen más poder.
En este texto, no pretendo caer en el esencialismo y analizar esta crisis desde una dinámica de petición, sensacionalismo y hacerlo como resultado de la coyuntura actual. Potosí, al ser una de las regiones donde el avance del extractivismo supone la expansión y el patrocinio de proyectos de extracción a toda costa, sin importar la fractura de los sistemas ecológicos, las vidas ni su subsistencia. Además, se piensa que el territorio de la ciudad de Potosí está exento de los efectos del Cambio Climático. Esto supone entonces caer en una lucha de poder de quienes manejan a la sociedad potosina, donde la producción del agua en la ciudad responde a negociaciones para su uso, y las «decisiones» en última instancia las toman los poderosos que «mantienen económicamente el sistema de distribución», como ellos quieren hacer creer a los pobladores de la ciudad.
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Los titulares en el periódico local mencionan: «Recursos de regalías mineras atenderán necesidades de agua en Potosí», de la voz del nuevo Gobernador de Potosí, cuando en realidad la actividad minera en Potosí es la que despoja de los recursos hídricos a la población y a los sistemas ecológicos. Este despojo se denomina despojo hídrico por contaminación, pues los empresarios mineros que operan ingenios utilizan ingentes cantidades de agua para sus operaciones de beneficio de minerales. Aguas que les son robadas no solo a los pobladores, sino también a la naturaleza. Este despojo es violento, pues mientras las madres de familia hacen fila por unos cuantos cubos de agua o esperan a que el agua salga del grifo a las 3 de la madrugada, los poderosos la reciben canalizada y segura en sus instalaciones.
Pero no solo se apropian del agua, sino que después de sus procesos productivos violentos, nos la devuelven contaminada, con una carga social, económica y ambiental acumulada en las espaldas de los menos poderosos. Bajo esas premisas, existiría la privatización del agua en Potosí en pro de los empresarios mineros, afectando el acceso justo de los pobladores de la ciudad de Potosí. Se ha llegado a vender de forma ilegal incluso a 200 bolivianos o 28.8 dólares americanos el barril de agua de 200 litros, en una suerte de colonialidad de la naturaleza, esta vez por los propios, en la denominada colonialidad interna. Este poder cruento en este caso es ejercido por poderosos patriarcales que se traducen en las cooperativas mineras, transnacionales mineras, tecnócratas y burócratas estatales.
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Esto sucede en la ciudad de Potosí porque es un escenario de inacción social; el territorio está despolitizado respecto a temas ambientales, sobre todo relacionados con la minería. En ese contexto, la búsqueda efectiva de la justicia ambiental, ecológica y social es urgente, en sociedades como la potosina que priorizan el «desarrollo económico» ante todo. El agua debe fluir en un ciclo, no hacia el poder. El agua es un bien común, y fomentar la universalización de los valores de la ética de su cuidado hacia los humanos y la naturaleza es apremiante, tan imperante y central como apostar por la sostenibilidad y continuidad de la vida como categoría de análisis. Abordar una nueva y transformada cultura ambiental en la ciudad de Potosí.
Dejar de feminizar la naturaleza y sobreser su subordinación, repensar y cuestionar los conceptos y construcciones sobre lo que se considera feminidad y masculinidad, pues en este contexto están jugando un rol crucial en cómo las sociedades ocupan y transforman los territorios. De lo contrario, Potosí seguirá transitando hacia un territorio vacío, que se ha incluido de manera forzada en la economía mundial, donde prima el capitalismo no solo como sistema económico, sino político, social y hasta cultural, que antepone los intereses del capital sobre cualquier forma de vida, dejando de lado nuestras relaciones de interdependencia y ecodependencia con el agua.
Los viajes son giros memoriales. ¡Son memorias de fuego! Cada uno de ellos devela olores, brisas, sabores, pensares y repensares. La vuelta será caótica, con interrogantes y quizá soluciones.
Los viajes dentro de Bolivia son, sin duda, giros memoriales por su amplia diversidad de vida, geografía, pisos ecológicos y culturas. Dentro de esa amplia pluralidad, están las áreas protegidas, pero con un condimento exquisito y a la vez amargo.
Entonces, para comprender mejor esta dinámica, hablaremos del Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Cotapata. Es importante comprender que, al ser un ANMI, se busca compatibilizar la conservación de la biodiversidad y buscar el desarrollo sostenible de sus poblaciones. Ubicado en el Departamento de La Paz, en la Cordillera Oriental y el flanco que inicia los yungas o subandino, en los municipios de La Paz, Palca y Coroico, razón por la cual está a escasas horas y media de la ciudad de La Paz. Declarada área protegida desde 1993, en la época neoliberal en Bolivia como República.
¡Es inmenso!, pues abarca 40 000 hectáreas, y dentro de esa superficie hay diferentes altitudes que van desde los 5300 msnm en el sector de la cumbre, hasta los 1250 msnm en los Yungas en Puente Elena y el río del mismo nombre; por tanto, tiene diferentes pisos ecológicos en total 5, consiguientemente una amplia diversidad de especies de flora, fauna, microorganismos (aunque no hay una base referencial de sus poblaciones y especies) y diversidad genética. Respecto a las especies de fauna se encuentran un total de 1152 especies, de las cuales 545 son invertebrados, 85 son mamíferos, 455 aves, 29 reptiles, 11 peces y 27 anfibios.
De las cuales una de las especies más representativas es: El oso de anteojos o Jucumari (Tremarctos ornatus) y el cóndor de los Andes (Vultur gryphus) que, de acuerdo al Libro Rojo de Vertebrados de Fauna Silvestre en Bolivia de 2003, tanto el Jucumari como el Cóndor se encuentran en una categoría de amenaza: vulnerable, por tanto, es importante su conservación.
Lo que llama la atención es que no se cuenta con una línea base referencial de las poblaciones de estas especies, a fin de evaluar la salud de los ecosistemas y sus indicadores de las poblaciones, lo cual limita su seguimiento correcto.
El Área Protegida Cotapata cuenta con áreas arqueológicas como el camino del Choro, siendo uno de los caminos precolombinos incas más antiguos ubicados en Bolivia. También el Camino Precolombino Sillutinkara, Camino Precolombino Chojllapata, Camino Precolombino Umapalca-Tiquimani Sendero Turístico Yucupi, Ruinas Arqueológicas de Socosani y los bosques de Queñua (Polylepis besseri) de Pongo, localidad donde además se sirve pescado que es el medio de vida de sus pobladores.
Dentro de todo el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Cotapata, que tiene un total de 40,000 hectáreas, se cuenta con un total de 8 guardaparques, de los cuales 6 están siempre activos y dos están en descanso correspondiente. Esto, aunado a que muchos de ellos están bajo la modalidad de contrato, hace que no exista continuidad en los trabajos y menos seguridad laboral.
De acuerdo con Daniel, uno de los guardaparques, debido a las características del área protegida como Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, se abre un abanico de posibilidades para el funcionamiento o incorporación de actividades humanas dentro del PN y ANMI. Por lo general, los pobladores priorizan sus ingresos económicos y no la conservación. Dentro de sus competencias, los guardaparques informan a la máxima autoridad ejecutiva del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) sobre diferentes actividades, obras o proyectos (AOPs) que estarían influyendo negativamente en la conservación del área protegida, pero estos informes quedan, por lo general, sin efecto.
Las principales actividades humanas de producción dentro del área protegida y, sobre todo, en el ANMI son las actividades mineras de oro, el monocultivo de coca (Erythroxylum coca), la siembra de palta (Persea americana) y las actividades de instalación de torres y antenas para telecomunicaciones. Estas actividades están en aumento, por lo que es importante establecer dentro de los criterios de delimitación de las áreas protegidas la integralidad de la naturaleza y sus interacciones. Por ejemplo, en el Área del Parque Nacional, los comunarios del lugar tristemente han procedido a desecar bofedales, que, si bien no están dentro de la delimitación del Parque, están conectados con los ciclos hidrológicos y sus zonas de recarga. Esto ha repercutido negativamente en los volúmenes de agua en las lagunas que abastecen a la ciudad de La Paz. Este es uno de los mayores problemas ambientales identificados en la visita. Es alarmante que no exista una política de protección de esos bofedales o humedales altiplánicos, cuya función en el ecosistema es tan crucial y decisiva, pues va desde el filtrado de toxinas, el abastecimiento de agua, la producción y el hábitat de la vida silvestre, la retención de sedimentos y nutrientes hasta actuar como filtros naturales.
Pero otro de los efectos visibles y no menos importantes es el progresivo avance del deshielo de los nevados de las cumbres altoandinas, producto del cambio climático global, pero además, por las cenizas que alcanzan mayores alturas. Debido a esto, los chaqueos para habilitar áreas de cultivo de coca están poniendo en alto peligro las reservas de agua dulce que se encuentran en ellos, pues sus reservas son destruidas. Pero otra de las fuentes que favorecen también el deshielo de la cumbre es la alta circulación de vehículos carburantes, que como producto de su combustión emanan gases que opacan los nevados, reduciendo su capacidad para reflejar la luz y por ende acelerando su deshielo.
Dentro de la amplia diversidad se encuentra también la diversidad cultural, que está vinculada adicionalmente con los paisajes fisiográficos, como las montañas y sus memorias de fuego, en un triste adiós a los ponchos y mantos blancos que configuran el paisaje y el imaginario cultural de la vida. Montañas desnudas y petrificadas que muestran las marcas de otrora líquido vital solidificado, la ausencia de lo cotidiano, la ausencia de la memoria cultural arraigada al tiempo.
Todo esto se acentuó aún más en los escenarios donde Bolivia, en general, y menos aún en el PM ANMI Cotapata, no cuenta con un plan o un programa de adaptación al cambio climático, lo cual aumenta el escenario de vulnerabilidad ambiental y de los ecosistemas al área protegida. Tampoco se evidencia el monitoreo de los procesos de retroceso de glaciares en la cumbre altoandina dentro del área protegida, además de los reportes del Instituto Boliviano de Montaña, en un registro privilegiado de los principales destinos andinistas, que sin duda requieren de registros comparativos para ese fin. Para lo cual es necesario una actualización y monitoreo constante de los Planes de Manejo y Conservación del Área Protegida.
No existe una política de protección de fuentes de agua, tampoco una política de monetizar los servicios ambientales que ofrecen estos, como realizar un cobro mínimo a las EPSAS (Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario). Pues a estas alturas de la civilización humana, es inconcebible que se siga realizando conservaciones sin incorporar un valor a su conservación.
Por último, si bien las Áreas Protegidas son uno de los ejemplos fundamentales de la posibilidad de alcanzar un Desarrollo Sostenible, no obstante, muchas de las categorías de manejo en Bolivia permiten actividades extractivas que están lejos de favorecer el desarrollo sostenible, como el caso de la minería de oro y el monocultivo de coca. Entonces, muchas de las soluciones pasan por darle la importancia que merece e implican las Áreas Protegidas, instaurar sistemas de monitoreo y seguimiento de los procesos de conservación dentro del Área Protegida, empapar a la población de la importancia de la conservación desde su patrimonio de saberes ancestrales y locales, y delimitar las Áreas Protegidas dentro de la integralidad de sus componentes. Aunque suene trillado, llenar la gestión y manejo de las Áreas Protegidas con personas que comprendan la importancia de estas, políticos, pero no partidistas, nos acerca cada vez más a la utopía.
Empero, si nos adentramos más su explotación, su extracción en Bolivia, es una de las formas más cruentas de explotación de la naturaleza, pero esta idea y realidad es escasamente conocido por la sociedad boliviana, ejemplo claro de que el acceso a la información precisa no es de fácil acceso para los ciudadanos.
El oro en Bolivia está concentrado principalmente en el Departamento de La Paz en el flanco oriental de la cordillera de los andes y en los yacimientos secundarios y primarios, en la cuenca de Tipuani – Mapiri (Miranda et al, 1991), pero también en parte del altiplano, la Llanura Beniana y el Escudo Brazilero (Herail, 1988)
El Oro contenido en los placeres procede de la erosión de vetas de cuarzo aurífero emplazados en el Ordovícico superior de la región de Tacacoma-Ananea-Aucapata (Miranda et al, 1991. Pág. 175)
Gran parte de los yacimientos primario de oro se encuentran en el ordovícico epimetamorfico, en estos yacimientos el oro se encuentra en forma de granos libres y en accesorios de microinclusiones en los sulfuros, estos últimos al estar en contacto con el agua y el aire producen lo que se denomina drenaje ácido, altamente contaminantes, porque los metales en ese medio se encuentran en disolución.
En cuanto a los Yacimientos secundario o Placeres, proceden de procesos geodinámicos recientes, es decir, el terciario y el cuaternario. Explotados principalmente en ríos y quebradas.
Luego de la narrativa de propiedades inherentes a la presencia del oro en Bolivia, es necesario comprender por qué es tan cotizado por la sociedad, su posesión representa mantenimiento de valor, considerando además que el Clark del oro es bastante bajo; es decir, es uno de los elementos químicos con menos abundancia en la naturaleza, por lo tanto, es preciado.
Empero, si nos adentramos más su explotación, su extracción en Bolivia, es una de las formas más cruentas de explotación de la naturaleza, pero esta idea y realidad es escasamente conocido por la sociedad boliviana, ejemplo claro de que el acceso a la información precisa no es de fácil acceso para los ciudadanos.
Esa explotación cruenta tiene mucho que ver con la deforestación desmedida para habilitar áreas de dragado, antes incluso de obtener los contratos mineros de forma legal y concluida; además, lo más funesto el uso incontrolado de mercurio. Todo esto amenaza contantemente a la estabilidad ecológica de una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, como es el Amazonas, donde pocos han llegado, pero si los han hechos los avaros del oro. Siendo el área de mayor preocupación el área protegida del Parque Nacional Madidi. Si se sigue este rumbo de avaricia y poder en los próximos años los daños pueden ser irreversibles, ¿Cuánta biodiversidad se estará perdiendo en los ríos dragados? ¿En los áreas deforestadas?.
Además en una Bolivia donde la única regulación a estas actividades “productivas”, de menoscabo es: la Licencia Ambiental, que por un lado es un trámite ultra burocrático, y de amplio entendimiento de grupos de poder dentro de la cúpula del revisor, mientras los mineros cooperativizados que explotan el oro, pueden adecuar su actividad en cualquier momento, momento en el cual ya muchos de ellos han devastado el entorno natural y lo han cambiado para siempre.
Pero adicionalmente existen explotadores extranjeros, como del país asiático China, que cuentan con tecnologías “para aumentar la producción” e incluso proveen de insumos como el mercurio, pero ninguna tecnología para hacerla ambientalmente más responsable. Estos explotadores extranjeros existen a pesar de que la Ley minera, establece que solo los bolivianos pueden acceder a estas áreas y lo hacen en complicidad de las cooperativas mineras que los ven como socios inversionistas. La interrogante es: ¿Quién se hace cargo del daño ambiental, el cooperativista o el inversionista extranjero?, en resumidas cuantas bajo la dinámica actual ninguno.
Todo esto hace que las explotación en sí misma, se haga cada vez más violenta, pues los mineros auríferos en muchos de los casos atacan con explosivo y piedras a los que ellos consideran foráneos (Radwin, 2022), lo mismo pasa con los funcionarios que de acuerdo a norma deben hacer el control ambiental correspondiente, constituyéndose estas explotaciones en un escenario de tiranía minera.
Otro de los impactos fatídicos, es el desplazamiento y afectación de los medios de vida de los pueblos indígena originarios, un repecho de sus territorios ancestrales, de sus aprendizajes milenarios, como la pesca, ahora siendo adsorbidos por los mineros, haciéndolos mineros a ellos; no pueden ni pudieron ofrecer resistencia en un sistema boliviano que promueve el desarrollismo. Donde los territorios son ancestrales para las comunidades y pueblos originarios y temporales y violables para los inversionistas extranjeros y los cooperativistas mineros, que cuando se acabe el oro ahí no dudaran en ir a por otro territorio y destruirlo.
Desde el punto de vista económico se desconoce a quienes beneficia realmente, pues por lo expuesto precedentemente la minería del oro se ha convertido en una actividad ilegal similar al del narcotráfico, donde uno de sus desencadenantes es el lavado de dinero (Saconeta, 2021) y la prostitución y posiblemente la trata de personas. Y al ser una actividad ilegal no se recauda las regalías mineras correspondientes, con un declive de la economía local y nacional.
En última instancia, pero la más preocupante y devastadora es el uso del Mercurio, siendo este un metal pesado de alta densidad, que se adhiere al oro formando una amalgama, que facilita su extracción, los operadores mineros creen que a mayor uso de mercurio mayor extracción de oro de ahí su uso desmedido e irracional. Pero además del uso, es la manipulación inadecuada no solo por los operadores mineros sino también su familia y entorno cercano (Cuestas y Velarde, 2017)
Además desde el punto de vista ambiental la afectación no solo se produce en los ríos o en el agua, sino que se produce también contaminación atmosférica, de suelos, vegetación y fauna nativa y por ende los seres humanos.
Uno de los efectos adversos más conocidos en la denominada enfermedad de Minamata, en refrenda a la ciudad costera de Japón del mismo nombre, donde los gatos comenzaron a comportarse de manera extraña, convulsionaban y de manera progresiva perdían la capacidad de caminar, aves muertas caían del cielo, lo peces vagaban en las aguas saladas y luego se ahogaban; los humanos manifestaban entumecimiento de miembros y dificultad para caminar, escribir y hablar (Erkenswick, 2014). En Bolivia pese al uso desmedido de mercurio no se han reportado estudios que evidencien comportamientos similares y sirvan de base científica para tomar acciones, tampoco las inversiones en la investigación apuntan a ese escenario. Todo esto causado por la forma más toxica del mercurio el metil mercurio, la forma orgánica del mercurio.
A pesar que Bolivia suscribió el Convenio de Minamata en 2013, por tratarse de una problemática mundial, y más aún en el contexto boliviano antes descrito. No obstante, Bolivia ha incumplido con los reportes de emisiones de mercurio al medio ambiente en general y por ende en la definición de áreas vulnerables y consiguientemente en la formulación de políticas públicas para evitar liberaciones incontroladas (Molina, 2016, citado por ANF, 2020), controlar y mitigar sus efectos en el medio ambiente, además que Bolivia es el principal importador de mercurio en Latinoamérica, cuya distribución de importadores y mecanismos de importación no es pública.
Al margen de que el Gobierno Nacional, haya creado una descentralizada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Plan Nacional sobre el mercurio, sus efectos aún son rasguños en la arena, arena de las dragas de los ríos devastados.
En ese marco, las prioridades de inversión pública deben cambiar hacia un control adecuado, equipos de monitoreo permanente desde el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica, control exhaustivo y eficiente de la importaciones y distribución interna de mercurio, cumplimiento y participación de la sociedad civil en los reportes de emisiones de mercurio, la educación ambiental integral en todos los espacios, dejar el doble discurso de cuidado de la madre tierra mientras se la mercantiliza y se la hace servir a los intereses el capitalismo.
Debemos de resaltar el rol que tienen los gobiernos a la hora de tomar decisiones en base a estudios científicos y no desvalidarlos o archivarlos, evitar ambigüedades en las normativas, de lo contrario esta devastación ambiental seguirá en la impunidad cruenta del capitalismo depredador, en un escenario de desigualdad social y ambiental
REFERENCIAS
Herail G, 1988. Los Yacimientos De Oro De Bolivia Contexto Geológico y Genético. Actas del Segundo Simposio de la Investigación Francesa en Bolivia. La Paz Bolivia.
Navidades inmemoriales, familiares, costumbristas, de encuentro, de reconciliación; y más allá de lo teológico, del nacimiento de Jesús – líder nato que luchó por las más desfavorecidos y empobrecidos, por los parias; Jesús no era Cristiano, era un revolucionario ¡cuánto cambio en su cumpleaños¡.
Hoy y más que nunca las navidades han sufrido un proceso de transformación monstruosa de derroche en Bolivia un país sudamericano, donde la economía se basa en el extractivismo de sus recursos naturales, y donde la distribución de la riqueza producida por esta se concentra en pocas manos. Manos que, en fechas de navidades, desbordan de “bondad”, para dar lo que les sobra, para juntarse con los empobrecidos por el sistema que ellos mismos sustentan. Estos días los favorecidos convivirán horas con los desfavorecidos, mirándolos a los rostros, pero sin conocer sus rostros. Y acaso al siguiente año, vuelvan a reflejar su pena y penuria. Donde los niños que reciben caridad no la desean, desea la igualdad, la oportunidad, desean correr en libertad.
¿En qué momento de la historia, se nos met ió tan dentro el consumismo en navidad? – Existe una delgada línea entre el consumo y el consumismo y la diferencia es lo patológico del consumismo – lo triste es que este, no es el producto de una imposición por la fuerza bruta, sino que supone un consentimiento de las personas, como sinónimo de progreso, que hace que la deshumanización sea cada vez más cruenta. De acuerdo a la teoría de las necesidades de Marx, la producción no solo crea los productos, sino el modo de consumo, el impulso de consumo. Por eso que en estas fechas se produce tanto, y mientras más exista los ricos consumen más y los empobrecidos desean consumir más en un escenario donde aún no ha superado las necesidades de las sociedades burguesas. Será que muchas de las necesidades ya están satisfechas, será la insatisfacción constante, o como dijo Agnes Heller estas necesidades son nuevos requerimientos necesarios para sostener y alimentar el modelo económico y un deseo ilimitado de poseer.
Lo que no se ve, no se nota es que este consumismo exacerba la crisis ambiental, por eso es importante detenerse a pensar y analizar el capitalismo industrial, con ello el cambio climático, que cuando se necesario se llevara consigo cual regalo caro o barato anhelado por pobres y ricos.
En las navidades consumistas, parecen predominar las vanidades, necesidades de pertenencia y amor, el reconocimiento y la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes. Sentirse arraigados en lugares e integrados en grupos y redes sociales. Se refiere, por tanto, al ambiente social que debe de posibilitar el contacto, la relación social, la amistad y la asociación; que en resumidas cuentas de acuerdo a la escala de necesidades de Maslow, son estas necesidades subjetivas.
Cosas tan extrañas como: gorras con ventiladores, familias uniformadas en navidad, con basta ropa nueva, presas de la globalización y sus necesidades están ligadas a la occidentalización, al desconocimiento o no importismo de lo contaminante de la industria textil, para recibir a un niño Jesús que si nació pobre, vivió pobre y murió pobre,
Dado un análisis más profundo si nos, preguntémonos ¿cuál es el sentido de vivir?, y esta es una concepción filosófica desde luego, pero para muchos hoy en día el consumismo se ha convertido en el sentido de sus vidas, de ahí el no importismo del impacto ambiental negativo a este. Y este panorama, tiene una amplia influencia con el bombardeo mediático que ingulle a los consumidores y los convence de consumir más y más para ser feliz.
Entonces la pregunta es: ¿cuál es el reto para los ambientalistas y ambientólogos bajo este panorama de una sociedad ensimismada en el consumo?. Una sociedad del consumo donde las tendencias que favor del sistema, olvida EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO a ello, y que adicionalmente no todos pueden participar en equidad del consumismo, principalmente los sectores empobrecidos, y por lo general son estos grupos que en mayor grado sufren las consecuencias de la contaminación ambiental producto del consumismo, por lo tanto se constituye de la misma manera en una problemática social
En Potosí Bolivia, una de las cuestionables consignas cívicas regionales es «alcanzar el tan ansiado desarrollo económico a costa de lo que sea”, en una de las ciudades más hastiadas y de zonas de sacrificio de Latinoamérica, producto de la minería. Imagínense una sociedad desarrollada, donde adicionalmente se exacerbe el consumismo tristemente asociada a esta forma de «desarrollo» donde la directiva es comprar por comprar para llenar una existencia cada vez más vacía y sin sentido.
A un mes de la “ruptura” del dique de colas de la Federación departamental de Cooperativas Mineras del Departamento de Potosí, ubicado en la localidad de Agua Dulce del Municipio de Yocalla (21 de julio del 2022), no se evidencian acciones concretas ni efectivas en pro de la restauración de las áreas afectadas; lo cual devela una política imperante en el departamento, de un ejercicio de presión sobre el territorio, que se acrecentó en la ciudad de Potosí, a causa de actividades mineras crecientes y no planificadas.
Para comprender mejor la envergadura de la problemática de este desastre ambiental, al decir colas se refiere o los “desechos” de los procesos de beneficio de minerales en los ingenios mineros; y se hace énfasis en desechos, porque muchas de estas colas tienen aún minerales que con otro tipo de tecnología más eficiente se podrían recuperar en mayor cantidad.
Pero, porque este suceso del colapso del dique de colas, se considera un desastre ambiental, que por las características descritas no puede ser el último. Para esto se ha buscado información en las páginas web de los Instancias Ambientales competentes. Lamentablemente no se ha podido encontrar información -sobre el grado de contaminación, los agentes contaminantes y la permanencia de dichos contaminantes en el medio ambiente – en las páginas web en la Instancia Ambiental Competente del Gobierno Municipal de Potosí, Gobierno Municipal de Yocalla, ni en la Página del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí; tampoco en las Páginas del Ministerio de Minería y Metalurgia y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. No obstante que, dentro del marco del Acuerdo de Escazu, se debería garantizar la disponibilidad y el acceso a la información ambiental (acuerdo ratificado por Bolivia mediante Ley 1182).
Ante la ausencia de datos públicos de las intancias competentes mencionadas se ha recurrido a analizar el discurso de varias autoridades, empezando por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal, Magin Herrera; donde manifiesta que 13 millones de toneladas de colas con carga contaminantes han sido esparcidas en cursos de agua aledaños al incidente. Por su parte, el Secretario Departamental de la Madre Tierra de Potosí, Nelsón Sacaca, las colas habrían llegado hasta el rio de la Rivera y éste habría confluido con la quebrada del Rio Tarapaya. Y de acuerdo al informe técnico emanado por técnicos de esta repartición pública: “ Fedecomin Potosí debe realizar el recojo de sedimentos desde el punto de incidencias hasta los 32 kilómetros agua abajo, hasta lo que se denominada localidad de Cabañías, tomando en cuenta el retiro del suelo afectado en un plazo no mayor a 60 días calendario” (sic); pero no menciona que tareas de restauración se realizarán ni tampoco en base a qué línea base, de las características previas de las áreas afectadas, se tendrá que trabajar, tal como menciona la Ley Marco de La Madre Tierra “Para Vivir Bien”. Lo cual muestra nuevamente la importancia de los estudios previos con relación a las áreas de influencia directa e indirecta. Pese a ello el personal de la Alcaldía de Potosí solo mencionó que el área de San Antonio está “totalmente contaminada y afectada de sobremanera”, sin mencionar el grado de afectación y ni qué factores ambientales están afectados, menos las proyecciones de dicha afectación (Correo del Sur, de fecha 19 de agosto 2022).
Lo que no se evidencia en los reportes de los técnicos de las Instancias Ambientales correspondientes, son estudios integrales de la afectación; pues la problemática es integral y no solo un análisis comparativo de resultados de ensayo laboratorial sobre parámetros inexistentes para determinar grado de afectación en suelos. La misma problemática para el caso de la vegetación. De la misma manera, los sedimentos de las colas liberadas en el colapso del dique, no solo están dispuestas en lecho de rio, también lo están en riveras, en suelos aledaños, lo cual aumenta el riesgo de suspensión de esas partículas por el viento en caso de estar secas. Posteriormente serán sedimentados por deposición húmeda tanto a suelos, cuerpos de agua, y arrastrados por el rio; que, no olvidemos confluye con el rio Pilcomayo, que a su vez es parte de una cuenca de curso internacional; y aguas abajo, los medios de vida no son los mismos que las que se pregonan en Potosí Ciudad. Aguas abajo, los medios de vida son la pesca, la agricultura, la recreación y no solamente la actividad minera, tan profundamente enraizada en lo cultural y social en la población potosina.
Por otro lado, cuando se habla respecto de la afectación a suelos, no se puede aseverar que existe contaminación solamente en base a los análisis laboratoriales. Por su complejidad, los suelos requieren de un análisis más exhaustivo considerando incluso la especiación de los compuestos y elementos contaminantes. Por tanto, en los reportes de las instancias ambientales y Autoridades Ambientales Competentes tampoco se evidencia este tratamiento y análisis.
Pero lo más preocupante es que las autoridades no mencionan en sus discursos el cumplimiento el principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra, de la Ley Marco de la Madre Tierra 300, que versa: “El Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual, colectiva o comunitaria que ocasione daños de forma accidental o planificada sobre los componentes, zonas y sistemas de ‘vida de la Madre Tierra, esta obligada a realizar una integral y efectiva restauración, rehabilitación de la funcionalidad de los mismos, de manera que se aproxime a las condiciones pre existentes del daño, independientemente de las otras responsabilidades que puedan determinarse. En ese sentido, es menester que se garantice dicha restauración y rehabilitación; acciones que incluyan no solo el retiro de colas esparcidas, que dicho se ha de paso tiene que ser de tonelaje similar a las vertidas; sino también, de ser necesario, recuperación de cursos de agua, suelos y las que correspondan.
También llama la atención el número de muestras tomadas. Se tomaron 7 muestras de agua y 4 de sedimentos en un recorrido de 32 kilómetros; pero se desconoce los criterios seleccionados para solo tomar cuatro muestras de sedimentos en una longitud tan extensa; considerando, además, que las colas o relaves son considerados como fluidos no newtoneanos, donde aparecen fenómenos de segregación y existe precipitación y separación sólido líquido en diferentes puntos del trayecto, debido principalmente, a que la viscosidad no es constante en estos fluidos y que se requiere adicionalmente determinar la morfología del lecho de los causes o ríos.
Es importante destacar, también, que las colas tienen una alta carga contaminante, con minerales no recuperados por la tecnología empleada; restos de reactivos, como el cianuro, xantatos, sulfato de cobre, entre otros como contaminantes críticos. Pero los más preocupante son los metales pesados, que, en un lenguaje más coloquial, son elementos químicos pesados, considerados tóxicos, por ende, son unos enemigos invisibles, que pueden permanecer por bastante tiempo en el ambiente. Y a partir de los resultados emanados por el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo Forestal, se ha determinado que las aguas afectadas en cercanías al incidente son ácidas; lo cual debela que existen metales pesados en disolución; pero lo que más sorprende es que el viceministro muestra un estudio de contaminación de aguas basado solo en un parámetro, que en este caso es el pH, siendo que la misma legislación ambiental boliviana, a través de su Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica en su ANEXO 1, determina que son varios los parámetros para establecer la calidad de los cuerpos de agua. De la misma manera, la Autoridad Ambiental Competente Nacional tampoco ha considerado en sus resultados al cianuro como parámetro de análisis, aunque por oxidación o hidrólisis es fácilmente degradado; ello a pesar de que el cianuro es utilizado en labores de beneficio de minerales en la Operación minera del Ingenio de FEDECOMIN.
Por todo lo expuesto, precedentemente, es imperante y urgente la realización de esta restauración y recuperación ambiental efectiva de las áreas afectadas antes de que comiencen las épocas de lluvias, que pueden ocurrir más pronto de lo habitual por los efectos del cambio climático (las lluvias se pueden adelantar). Lo que provocará eventos precipitación, escorrentía, erosión y arrastre de sedimentos en los tributarios del rio Pilcomayo, y si no se toman acciones pertinentes y urgentes, el panorama de la afectación puede intensificarse dramáticamente.
Esta problemática muestra que las acciones de las Autoridades están orientadas a apagar el fuego después de que el incendio ya ha sido sofocado; es decir, después que los ríos ya han sido afectados, contaminados y dañados. Esto devela, una problemática ambiental estructural de la minería en Bolivia, y en particular en Potosí, ya que existe conformidad en las acciones de gestión ambiental orientadas solamente a mitigar impactos, escasamente a establecer medidas de prevención en las tecnologías empleadas. Adicionalmente, este colapso del dique de colas refleja, una total falta de aplicación del principio precautorio de la ley 300 (Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien); pues muchos de los pequeños productores, mineros y cooperativas mineras realizan estas acciones con la inacción de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Es altamente probable que a la hora de aprobar este apartado en la Ley 300, pudo haber existido injerencia y presión del sistema Cooperativo Minero en Bolivia.
En este mismo orden de ideas, si hablamos de prevención en las políticas ambientales relacionadas a la minería, los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco de sus competencias y atribuciones, deberían elaborar un plan de Ordenamiento Territorial, donde se evalúen las características de vulnerabilidad de los sitios más aptos donde se pretenden emplazar las actividades mineras, y emplazarse en los lugares menos vulnerables a la contaminación ambiental; debiendo considerarse la vulnerabilidad de los acuíferos, ubicación topográfica, cercanía a cuerpos de agua, etc.; Y no como sucede actualmente, donde las operaciones de ingenios mineros se emplazan dónde pueden, compran el terreno sin determinar o considerar previamente si éstas áreas son aptas para su emplazamiento. Tampoco existe el control previo por parte de los Gobiernos Municipales; estos últimos, a lo sumo, realizan efímeras acciones de “control y vigilancia”. Una vez estos ingenios ya se han emplazados simplemente se “adecúan” a partir de las licencias ambientales emitidas por las Autoridades Ambientales Competentes, adecuación que responde más a los intereses de los operadores, muchas veces, en desmedro del Medio Ambiente.
Las operaciones mineras actuales, particularmente en muchas cooperativas mineras, demuestran una total falta de compromiso hacia el cuidado del medio ambiente, como el caso del colapso de su dique, que demuestra la insostenibilidad de las tecnologías empleadas, falta de seguimiento y control efectivo por parte de las instancias ambientales de los Gobiernos Municipales, y Autoridad Ambiental Competente Departamental, con políticas altamente permisibles.
También se muestra que, un desastre ambiental de esta envergadura requiere acciones normadas de restauración y recuperación de sitios afectados; lo que en definitiva significa inversión económica por parte del operador minero y que con seguridad no ha presupuestado en su planificación. Clara muestra que el tema ambiental para estas operaciones mineras es intrascendente, lo cual se refleja en una pobre gestión ambiental y técnica
El incidente del Dique de Colas de FEDECOMIN, es sola la punta del Iceberg en la problemática ambiental relacionada a la actividad minera el Potosí, que desde hace más de 500 años es una zona de sacrificio ambiental, donde se prioriza el capital económico antes que la naturaleza. Donde se evidencia emplazamientos de operaciones mineras de beneficio de minerales, comúnmente llamados Ingenios Mineros, sin previos estudios de vulnerabilidad a la afectación de las áreas donde se emplazarán las operaciones mineras de este tipo. Esto ocurre tanto en el Municipio de Yocalla (donde ocurrió el hecho), como en el Municipio de Potosí, donde las actividades de este tipo se concentran dentro de la mancha urbana y en un distrito municipal Rural como es el Distrito 16 Concepción, donde en otrora, incluso, existían bojedales (humedales altoandinos).
Pero esta problemática no acaba ahí, considerando las reservas probables y probadas de minerales del Departamento de Potosí; existe, aún, muchos minerales por explotar con la insostenibilidad ambiental a cuestas. Por lo que, se hace imprescindible una urgente necesidad de aplicación de políticas y tecnologías limpias en la minería en Potosí, que apunten al desarrollo sostenible, como corresponsabilidad de los operadores mineros. Al Estado, en sus diferentes niveles y la sociedad civil como defensores de la naturaleza en el marco del acuerdo de Escazú, que enmarca y prioriza las dinámicas de presión social sobre el extractivismo.
La academia (universidades, institutos, etc.) también tendrá que tomar un rol protagónico en la solución de esta problemática; pues estas tecnologías nuevas y limpias, tendrían que enmarcarse en los ejes de investigación científica y tecnológica de las universidades del sistema boliviano, que puedan garantizar la estabilidad de los residuos minero metalúrgico y reducir al mínimo los procesos de licuefacción de las colas (factor causal del colapso del dique de colas de FEDECOMIN)
También es urgente cumplir y hacer cumplir lo que se pregona en la agenda 2030 del país, la Ley Marco De La Medre Tierra, Para Vivir Bien, que plantea un desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. Cuestionar y cambiar los marcos regulatorios que tienden solamente a controlar, y no a prevenir. Es mejor prevenir la contaminación que restaurar, luego, medios contaminados.
Además, es importante el rol de la sociedad civil para exigir que, dentro de las categorías de minería ilegal, se incluya el cumplimiento tácito de todos los mecanismos y regulaciones para la obtención de licencias ambientales, priorizando la implementación de medidas de prevención antes que las medidas de mitigación.
Es urgente que, las poblaciones afectadas, se articulen y realicen un control social efectivo a estas operaciones mineras, formación de defensores de derechos de la madre tierra en Potosí, donde sus acciones de defensa estén salvaguardadas y libres de represalias, censuras y persecuciones por intereses sectarios y grupos de poder.
A partir de problemática debe trabajarse una política pública, con una profunda toma de conciencia de la sociedad y las instituciones del estado, en sus diferentes niveles y luego pasar a la ejecución y posterior evaluación. Las prioridades deberían centrarse en las políticas de desarrollo. Aboliendo el beneficio de algunos a costa de la afectación a muchos.
Es necesario exigir a FEDECOMIN, que asuma los costos de la restauración y recuperación de las áreas afectadas. Además, es necesario que esta información se difunda públicamente, para que la población comprenda y palpe la envergadura de la problemática. La descontaminación es urgente, pues al igual que una intoxicación humana, se requiere atención inmediata, ética, profesional y justa.
Por último, es urgente que la temática de la Gestión ambiental Minera Sostenible, sea priorizada como “agenda país”; generando, a la par, una cultura ciudadana de reivindicación de la salud del medio ambiente y la autogestión del territorio como derechos fundamentales de la sociedad. Es menester articular a los defensores de la naturaleza. Que la sociedad en su conjunto se apropie del valor de la naturaleza; de lo contrario Potosí seguirá siendo una zona de sacrificio perpetuada por sus propios hijos e hijas, una tóxica dependencia de una economía contaminada por los desastres ambientales de la minería.
La implicancia de la Gestión pública es de amplio abordaje, pues debe responder a las necesidades de sociedades organizadas y retos globales, nacionales y regionales.
Este abordaje ha pasado de ser meramente económico (y su consecuencia inmediata: el desarrollo económico). Las necesidades actuales lo sitúan en un enfoque más amplio, a través de dimensiones sociales y ambientales; para lo cual la cotidianidad exige y demanda un modelo de gestión pública de calidad, donde los gobiernos se hagan cargo de los resultados de sus acciones y promuevan y garanticen una vida digna de sus habitantes y las otras especies que habitan los territorios
Entonces, la historia en definitiva ha demostrado que el modelo de desarrollo actual es insostenible y deriva en múltiples consecuencias en el medio ambiente y la sociedad humana. Para contrarrestar esta situación surge el concepto de sostentabilidad, para equilibrar las principales dimensiones: como el medio ambiental, el desarrollo y la dignidad humana.
En ese marco, los Estados tienen un rol protagónico desde la gestión pública, porque es donde se introducen paradigmas de desarrollo, acertados o no. Entonces, el análisis histórico y de consecuencias de los modelos de desarrollo convencionales, apuntan del desarrollo sostenible, por su implicancia en un desarrollo más inclusivo y con menor impacto ambiental.
Si analizamos el contexto boliviano, se observa claramente que su desarrollo se ve limitado por la deuda histórica de los países “desarrollados”, producto de una economía extractivista y de exportaciones y una obsesión por igualar el desarrollo de los países de centro como una estrategia de acumulación a nivel mundial. Esto sin tener en cuenta que, un país como Bolivia no es necesariamente subdesarrollado, sino que posee una oportunidad innata de adecuarse al modelo del desarrollo sostenible; pues se constituye en un país suculento en recursos naturales; pero que requieren ser conservados para las generaciones futuras y que tendrán como base de su desarrollo, estos recursos.
También, considerando la alta dependencia de Bolivia y otros países de América Latina y el Caribe a la globalización; el desarrollo sostenible ofrece un desarrollo más regional y una alternativa a la división internacional del trabajo que promueve la “especialización” de los países, pero desde una perspectiva meramente de actualidad. Dicha especialización profundiza las relaciones de dominación de los países de centro y los de la periferia, con posiciones divergentes. Con el desarrollo sostenible ofrece una alternativa para ir en contra de las fuerzas concéntricas de la economía mundial, a la par de conservación de los recursos naturales.
Considerando adicionalmente la equidad social que pregona el desarrollo sostenible, las economías más globalizadas que promueven el desarrollo meramente económico – que alimentan al sistema capitalista- profundizan las desigualdades sociales y por ende la pobreza; no obstante, el desarrollo sostenible apuesta porque cada vez existan menos poblaciones relegadas, y Bolivia, es sin duda, una de las regiones donde más se ha profundizado estas desigualdades.
Como mencionó Soros, el imperio del capitalismo genera una cobertura global pero invisible; y tiene como principal limitante para su expansión la soberanía de los estados, sobre todo en términos territoriales. Entonces, el desarrollo sostenible, aparece como una alternativa al crecimiento de ese monstruoso sistema, que haría más de las suyas si los estados no tuvieran soberanía. Por esta razón las naciones, como Bolivia, tienen como política pública y pregonan la autodeterminación de los pueblos a la hora de establecer modelos de desarrollo acordes a su realidad.
Adicionalmente Bolivia tiene zonas con altos índices de desertificación, que hacen que existan zonas de alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático; donde las alternativas del extractivismo minero y agrícola, no tienen otra opción en lo futuro, que optar por el desarrollo sostenible; pues de lo contrario, estos ecosistemas extremos tienen una amplia posibilidad de colapsar.
Además, se encuentra presente el aspecto pluricultural de estado boliviano, que se concibe como un escenario propicio para la introducción en la Gestión Pública desde los gobiernos y territorios indígena, originario campesino, ya que el patrimonio de sus saberes locales y ancestrales y su relación con la Pachamana y su cuidado, coinciden con las premisas del desarrollo sostenible.
Por último, la alta biodiversidad presente en Bolivia, tanto desde el punto de vista ecosistemas, especies y genética, hace que la Gestión Pública como país, tenga una mayor responsabilidad sobre su conservación. Y como Bolivia ha ratificado el convenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, el camino para alcanzar sus metas debe transitarse desde el desarrollo sostenible, desde un diseño participativo e integrador de las potencialidades como país, con visión de futuro.
Bolivia, es un país con base extractiva en sus políticas económicas, donde impera la prioridad del crecimiento económico a costa del sacrificio espantoso del medio ambiente.
Una gestión ambiental de manera certera, se constituye en una de las necesidades más imperantes de las sociedades actuales; pero, desde una perspectiva no antropocentrista, no especista; por lo tanto, justa con todas las formas de vida que habitan el planeta y los territorios.
En ese sentido, las sociedades han ido evolucionando en sus dinámicas de interacción con los componentes del medio ambiente, lo cual a lo largo de la historia de la humanidad ha marcado drásticamente el rumbo de la salud del medio ambiente global
Bolivia, es un país con base extractiva en sus políticas económicas, donde impera la prioridad del crecimiento económico a costa del sacrificio espantoso del medio ambiente.
A un nivel territorial más específico, el Municipio de Potosí, no está lejos de esta dinámica de interacción humano – medio ambiente atroz. En ese contexto me permito realizar un análisis del nivel de aplicabilidad e instauración de políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible, como una alternativa al desarrollo depredador y un sistema económico tradicional.
Entonces, para poder evaluar su nivel de aplicabilidad a nivel Municipal, es necesario considerar las dimensiones de la sostenibilidad; es decir, dimensión ecológica, dimensión social, dimensión económica, dimensión territorial, dimensión cultural y dimensión geográfica, todas estas indisociables.
Comencemos por la dimensión económica, considerando que el municipio de Potosí tiene desde hace más de quinientos años como la base de su economía, la actividad depredadora y extractivista minera con una escasa diversificación de sus medios de vida. Asimismo, la riqueza generada de esta actividad se concentra en ciertos sectores, como son los “empresarios mineros” y algunos “cooperativistas”. Si bien las actividades mineras que cuentan con licencia ambiental, presentan sus informes de monitoreo, basada en una norma nacional altamente permisible en los umbrales máximos, y ni que decir de las actividades mineras que operan sin licencia ambiental. Asimismo, los costos ambientales acumulados desde décadas atrás y heredados a las nuevas generaciones, en los pasivos ambientales que duermen en un sueño de terror. Pero no todo pasa por las responsabilidades de las autoridades, la sociedad no ha internalizado la magnitud de esta problemática; por ejemplo, existen actividades mineras clandestinas en cercanías a las fuentes principales de abastecimiento de agua potable de al menos el 50 % de la población, caso laguna Masuni (ubicada en el sistema de las lagunas del Kari Kari). Esas aguas son afectadas en su calidad por una posible contaminación. El costo ambiental, social y de salud pública es incalculable, y con seguridad las instancias llamadas a su protección no han destinado presupuesto, para esta terrible contingencia.
En ese mismo orden de ideas y desde una perspectiva de la planificación del presupuesto a través de los instrumentos de planificación como los planes operativos anuales (POAS), se visibiliza una amplia prioridad a proyectos de infraestructura y acciones que fomentan el consumismo de las poblaciones. Solo como ejemplo, en los últimos años el presupuesto destinado para el barrido de las calles es trece veces mayor que el presupuesto destinado para acciones de educación ambiental, que se constituye en el principal instrumento preventivo en la gestión ambiental. Se aprueban normas, como las del día del peatón y del ciclista en defensa de la Madre Tierra, para fines de concientización de la población de la importancia de la calidad del aire; no obstante, a la hora de su ejecución cualquier motivo es válido y forzosamente justificado para sus recurrentes suspensiones.
Todo lo anterior, se traduce en que la dimensión ecología de la sustentabilidad está muy afectada, pues los límites de la naturaleza han sido rebasados, en inmediaciones a actividades mineras y socavada por su mala intervención e inadecuada gestión, sobre todo por las autoridades y actitud de “normalizar” y “naturalizar” la contaminación, por la sociedad en su conjunto. Considerando que, además, ríos de curso sucesivo e internacional nacen en el Municipio de Potosí.
Dentro de la dimensión ecológica de la sustentabilidad, existen proyectos a nivel municipal, para la promoción de la agricultura ecológica a nivel familiar, tal el caso de la Comunidad de Chiutara (comunidad rural cercana a la ciudad de Potosí); sin embargo, estas actividades si bien están empoderando a las comunidades, estos procesos se encuentran en etapa de transición y no se ha consolidado aún, la inclusión en los mercados, lo cual no está instaurado como política pública que fomente la producción y consumo sostenible.
Respecto a la dimensión social de la sustentabilidad, esta tiene una implicancia amplia juntamente con la económica y cultural, pues los sistemas de dominación de la naturaleza que se ha instaurado y enraizado en la sociedad potosina, ha generado una amplia deuda ecológica en el ecosistema.
La dimensión cultural, es aún más adversa, pues tiene la validación de una sociedad con sujetos pasivos de repetición cultural y de mantenimiento del núcleo familiar minero; lo cual se potencia con la magnificencia de lo histórico que es proporcional al poderío de la degradación ambiental ocasionada por la imperante minería.
Dentro de la dimensión política de la sustentabilidad, ésta se encuentra vinculada a los procesos de democratización y de construcción de la ciudadanía; pero, sobre todo, la instauración de la dimensión de la sustentabilidad en general como política pública. Dentro de las políticas públicas del Municipio de Potosí, no se ha evidenciado ninguna destinada al desarrollo sostenible, quizá solamente a proyectos desde el punto de vista de la temporalidad. Adicionalmente en esta dimensión, en los procesos de democratización de la sociedad potosina existe un escaso fortalecimiento a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en pro del medio ambiente. Tampoco el Municipio ha instaurado procesos o proyectos para el acceso a la información ambiental generada en la institución, como asunto de democracia en el derecho al acceso a la información, y la autodeterminación de los pueblos. De la misma manera, no se visibiliza políticas públicas de fomento del componente género del desarrollo, es más se ha evidenciado que, al contrario de lo esperado, se ha buscado callar la voz de las organizaciones feministas, desde los niveles del ente deliberante, declarando ciudadanas no gratas (colectivo feminista “Mujer de Plata”), en una muestra del machismo misógino, de una sociedad que se refleja en sus gobernantes.
Dentro de la dimensión geográfica de la sustentabilidad, la reducción de los planes de uso de suelo, solamente a ciertas categorías de uso de suelo, en el ámbito urbano; siendo que, en el rural no han abordado la planificación a nivel de territorio o bien las escalas de trabajo que son insuficientes. Y es que como Municipio de Potosí no se ha abordado en una planificación territorial en base a estudios previos de las potencialidades y vulnerabilidades de los territorios. Un ejemplo de lo anterior se traduce en el creciente y desbordante de actividades mineras en un distrito municipal rural, como es el distrito 16 (Concepción), territorios que no han sido evaluados previamente para el emplazamiento de las actividades mineras con impactos ambientales a muy largo plazo, como las plantas de concentración de minerales con diques de colas en pulpa; donde, dicho sea de paso, adicionalmente existen especies endémicas de la región.
En esta misma dimensión, las actividades mineras de acopio de minerales e ingenios mineros se encuentran dentro de zonas y barrios de la mancha urbana. Si bien existen proyectos para relocalizar estas actividades mineras a un parque de ingenios, no existe medios económicos para su concretización, tampoco una política de responsabilidad de los empresarios mineros para su reubicación, lo cual se entrelaza con la dimensión cultural arraigada, que lo viabiliza y legitimiza.
Por tanto, el nivel Municipal en Potosí desde las posturas del Desarrollo sostenible, es débil; por no decir, prematuro o naciente, no internalizado en los gobernantes ni en la sociedad. Algunas iniciativas, como la instauración de huertos familiares, han modificado algunos procesos; sin embargo, las actividades más depredadoras y extractivistas como la minería, no han logrado siquiera modificarse, en el mejor de los casos han instaurado medidas de mitigación, como paliativos forzados. Además, no se están implantado como política pública institucional dentro de sus planes Estratégicos Institucionales y tampoco en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral; por lo tanto, carecen de indicadores para evaluar su evolución y avances. Entonces, tristemente este Municipio es un ejemplo de sustitución del capital humano por el capital natural. Hay mucho por trabajar, invertir, transformar y deconstruir, para una transición justa a lo sustentable.
