Potosí, en Bolivia, es un territorio sacrificado históricamente por intereses económicos y de poder, no solo en la esfera boliviana, sino también en beneficio de lógicas de acumulación que operan a escala global.
Esto ha derivado en la naturalización de alrededor de 104 pasivos ambientales en el departamento, inventariados por el Servicio Geológico Minero de Bolivia en 2014; de actividades mineras dentro de la ciudad, al lado de colegios, con afectaciones por metales tóxicos incluso dentro de las instalaciones educativas; de diques de colas de actividades mineras actuales ubicados en todo el departamento —incluso al interior de las manchas urbanas—; de personas con plomo en la sangre; de especies vegetales con niveles alarmantes y tóxicos de metales pesados; y de ríos con niveles altísimos de contaminación. En suma, existe una crisis departamental de contaminación minera crónica.
Esto evidencia que el problema ambiental derivado de la actividad minera no es un tema abstracto, como se pretende hacer creer en las esferas potosinas.
A pesar de todo lo anterior, en los últimos tiempos ha surgido una singular estrategia de marketing de varios operadores mineros que buscan «salvar Potosí» y proyectar ante la población una imagen de alta responsabilidad ambiental, mediante estrategias de lavado de imagen destinadas a desviar el debate y las responsabilidades, utilizando como bandera el ecoblanqueo o greenwashing.
El ecoblanqueo o greenwashing consiste en que una empresa, organización o producto proyecta una imagen falsa o exagerada de responsabilidad ecológica para parecer más «verde» de lo que realmente es, o incluso de lo que realmente puede ser. Básicamente, se crea una cortina de humo verde que busca presentar a empresarios mineros, operadores mineros y empresas mineras transnacionales como buenos ciudadanos, con un alto compromiso ambiental, para ocultar un impacto ambiental real. Esta estrategia encuentra un terreno fértil en el discurso político y en la búsqueda de la desinformación.
Estas manifestaciones de greenwashing se expresan en Potosí de diversas maneras: desde la donación de contenedores de basura para Chutillos —fiesta patronal judeocristiana potosina— por parte de empresarios mineros, acompañada incluso de actos formales y públicos de entrega, con la complicidad de algunos medios de comunicación y la presencia y validación de autoridades de turno; hasta la realización de campañas de recolección de tapitas de refrescos promovidas por empresarios mineros para niños que sufren cáncer, mientras el arsénico que se emana de las actividades mineras es un elemento rigurosamente catalogado como cancerígeno para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cuyas siglas son IARC (por su nombre en inglés, International Agency for Research on Cancer).
La estrategia también alcanza la adopción, por parte de empresas transnacionales, de un lenguaje asociado a conceptos como «minería responsable», «minería sostenible», criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) y «huella de carbono», acompañada de la contratación de consultores de «alto nivel», por lo general extranjeros, que publican informes con gráficos verdes. Mientras tanto, en los tribunales, una sentencia ordena restaurar lagunas contaminadas con cianuro.
Por otro lado, desde el relato de los operadores mineros se entrevén discursos como: «Agradezcan que estamos invirtiendo en Potosí; vean los edificios que estamos construyendo» o «Estamos comprometidos para que el centro histórico de la ciudad tenga una buena imagen para los turistas y esté libre de basura».
Frente a ello, habría que preguntar si construir edificios millonarios es sinónimo de desarrollo y, sobre todo, ¿desarrollo para quién? ¿Potosí será solamente el centro histórico? Si una persona se desplaza hacia las zonas de la ciudad donde existe actividad minera, encontrará un paisaje plomizo, disoluto y desolador.
Entonces, el ecoblanqueo en Potosí se articula sobre varios pilares: desde el rol de los medios de comunicación, que priorizan la cobertura de estas manifestaciones, muchas veces desde la noticia sensacionalista; pasando por una identidad minera potosina que evita cuestionamientos a la actividad minera o la naturaliza, distorsionando la imagen de los operadores mineros hasta el punto de presentarlos como salvadores de Potosí, con relatos como: «¡Qué persona más comprometida con su tierra es el empresario X!» o «El Concejo Municipal debería condecorarlo».
Este fenómeno también se extrapola a discursos oficiales provenientes de entidades públicas, como las empresas de aseo, que lanzan conferencias de prensa para alabar el gesto del empresario y su «preocupación por la basura en Potosí», denotando una evidente debilidad institucional. A ello se suman las retardaciones procesales y la falta de reacción de las autoridades ante hechos como el colapso de diques de colas, como el ocurrido en la Federación de Cooperativas Mineras en 2021 y el colapso del dique de colas de El Kenko, en Llallagua, en 2025.
Pero, por sobre todo, la paradoja de que una región tan rica en minerales sea, al mismo tiempo, una de las más pobres y contaminadas constituye una forma de greenwashing estructural.
Todo esto sucede mientras los ríos de Potosí mueren y se convierten en espacios vacíos, con olor a mineral, lo que evidencia un sistema económico y político que prioriza la extracción y el lucro por encima de la vida y del medio ambiente.
Mientras el modelo económico extractivista boliviano continúa exportando naturaleza, falla en ofrecer horizontes alternativos y alimenta la vorágine mundial por las materias primas, manteniendo abiertas e infectadas las venas de una deuda ambiental aparentemente eterna en Potosí.
Potosí vuelve a mirar hacia el cielo mientras continúa atrapado en las entrañas de su propia riqueza: el capital minero puede convertirse en aviones, empresas y movilidad, pero la contaminación, los pasivos ambientales y la pobreza permanecen en el territorio. La promesa de una flota aérea puede ser una inversión legítima, pero no debe confundirse con desarrollo colectivo: que la riqueza extraída de Potosí pueda volar no significa que Potosí haya dejado de ser una zona de sacrificio. El avión representa la movilidad del capital; la montaña, la inmovilidad de sus costos. Mientras unos convierten la riqueza minera en poder y patrimonio, la mayoría continúa viviendo sobre el territorio que paga la factura. La riqueza despega; la contaminación se queda.
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La iniciativa privada que pretende devolver la aviación comercial a Potosí puede presentarse como una señal de recuperación económica: capitales provenientes de la actividad minera que ahora buscan convertirse en conectividad, inversión y nuevas oportunidades. Sobre el papel, no hay nada reprochable en ello. Potosí necesita transporte, inversión y mejores conexiones con el resto del país. Pero precisamente por eso la noticia merece una lectura menos complaciente. Porque en Potosí la palabra riqueza nunca es inocente: detrás de ella existe una historia de extracción, concentración y sacrificio que todavía permanece abierta.
La propuesta de comenzar con una aeronave de aproximadamente noventa pasajeros y proyectar una flota de cuatro aviones representa, en cierto sentido, una imagen perfecta de la economía potosina contemporánea. De la montaña se extrae mineral; el mineral se transforma en dinero; el dinero puede convertirse en empresas, propiedades, vehículos o aviones. La riqueza se vuelve móvil, sofisticada, capaz de desplazarse y multiplicarse. Pero existe algo que no sigue ese movimiento: la contaminación. Los residuos mineros, los pasivos ambientales, los desmontes y la degradación del territorio permanecen allí donde fueron producidos. La riqueza puede volar; el costo ambiental no.
Esta es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo minero. No se limita a distribuir de manera desigual los beneficios económicos: también distribuye de manera desigual los riesgos, los daños y las posibilidades de futuro. El capital puede concentrarse en determinadas manos y desplazarse hacia nuevas actividades, mientras los costos de la extracción quedan territorializados y socializados. Quienes acumulan pueden abandonar el lugar de origen de la riqueza; quienes viven allí continúan habitando el paisaje que esa acumulación produjo.
Por eso sería demasiado sencillo convertir esta crítica en un ataque contra el empresario que pretende invertir en aviación. Una compañía aérea puede generar empleo, facilitar el transporte y contribuir a la economía regional. El problema aparece cuando la acumulación privada comienza a presentarse como equivalente al desarrollo colectivo. Que algunos capitales se enriquezcan en Potosí no significa necesariamente que Potosí se haya enriquecido.
La diferencia no es semántica. Una sociedad puede producir empresarios exitosos y continuar siendo profundamente pobre. Puede incrementar sus actividades económicas mientras mantiene comunidades sin condiciones adecuadas de vida. Puede construir nuevas formas de movilidad mientras permanece atrapada en problemas ambientales que llevan décadas sin resolverse. El crecimiento de determinados patrimonios privados no constituye, por sí mismo, una medida del bienestar de la población.
Y en Potosí esta discusión adquiere una gravedad particular porque el costo ambiental de la minería no pertenece al pasado. Investigaciones realizadas en zonas afectadas por la actividad minera han identificado presencia de metales potencialmente tóxicos como arsénico, antimonio, cadmio, plomo y zinc en polvo dentro de unidades educativas. No estamos, por tanto, ante una discusión abstracta sobre medio ambiente. Estamos hablando de territorios donde la riqueza mineral convive con riesgos que afectan incluso espacios destinados a la educación de niños y jóvenes.
Eso es lo que significa vivir en una zona de sacrificio: que un territorio termina soportando daños que son considerados aceptables porque la actividad económica que los produce es considerada necesaria. La montaña puede ser perforada, el suelo degradado, el agua comprometida y el aire contaminado mientras exista una justificación económica suficientemente poderosa. El territorio se convierte así en el lugar donde se deposita aquello que el mercado necesita producir pero que nadie quiere asumir como propio.
La paradoja resulta todavía más dura cuando esa misma riqueza comienza a expresarse en símbolos visibles de prosperidad. Un avión es movilidad, modernidad, capacidad empresarial. Pero también puede convertirse involuntariamente en el símbolo de una riqueza que abandona el territorio mientras sus consecuencias permanecen en él. Arriba se desplaza el capital; abajo queda la contaminación. Arriba circula el dinero; abajo permanecen los pasivos ambientales.
Lo que debe discutirse es qué entendemos por desarrollo. Porque si el desarrollo consiste simplemente en que el capital generado por la explotación minera encuentre nuevas formas de acumulación, entonces estamos ante una modernización del mismo modelo extractivo, no ante su superación.
El verdadero desafío sería otro: conseguir que la riqueza producida por el territorio regrese a la sociedad en proporción suficiente para transformar las condiciones de vida de quienes soportan sus costos. Que una parte sustancial de la renta minera se traduzca en recuperación ambiental, agua segura, salud, educación, infraestructura y oportunidades económicas que no dependan eternamente de seguir perforando la montaña.
Potosí conoce demasiado bien la historia de producir riqueza para otros. Lo verdaderamente novedoso no debería ser que ahora algunos de sus habitantes puedan convertir esa riqueza en aviones, sino que finalmente la riqueza extraída de su territorio pueda convertirse en bienestar para quienes permanecen en él.
Porque existe una diferencia fundamental entre la riqueza que genera un territorio y la riqueza que disfruta una sociedad. Confundir ambas cosas es precisamente la manera en que el poder consigue presentar la concentración como prosperidad.
Durante siglos, la riqueza de Potosí salió de la montaña hacia otros lugares. Hoy puede ocurrir algo aparentemente distinto: que una parte de esa riqueza permanezca, se transforme en empresas y vuelva a circular desde Potosí. Pero si la estructura social permanece intacta, si los beneficios continúan concentrándose y los costos siguen siendo soportados por la mayoría, solo habremos cambiado el destino del dinero, no la lógica que organiza su producción.
Por eso el avión puede ser una buena noticia para Potosí y, al mismo tiempo, una pregunta incómoda para Potosí.
Porque un avión puede conectar una ciudad con el mundo. Lo que todavía no hemos conseguido es conectar la riqueza de la minería con la dignidad de quienes viven sobre el territorio que la produce.
Y mientras la riqueza pueda despegar con facilidad pero la contaminación permanezca en tierra, la pregunta seguirá suspendida sobre Potosí: ¿quién está realmente volando y quién continúa pagando el precio de que otros puedan hacerlo?
Potosí, territorio históricamente sacrificado por intereses económicos, mineros y de poder, enfrenta una contaminación ambiental que ya no puede ser ignorada: el monitoreo comunitario realizado por Acontravia junto a comunidades, estudiantes y mujeres de Cantumarca y Pailaviri evidenció la presencia de arsénico, antimonio, cadmio, plomo y zinc en el polvo de unidades educativas y en especies vegetales, además de signos visibles de deterioro de la flora y ausencia de líquenes, indicadores de alteración de la calidad ambiental. Los análisis revelan concentraciones tóxicas particularmente graves: el 100 % de las especies evaluadas en Pailaviri presentó niveles excesivos o tóxicos de arsénico, cadmio y zinc, mientras que en Cantumarca se registraron niveles preocupantes de arsénico, plomo y zinc; el caso más alarmante alcanzó 205,82 mg/kg de arsénico en una Kiswara, aproximadamente 121 veces el valor de referencia. Estos resultados no representan una anomalía aislada, sino una evidencia del deterioro ambiental acumulado por décadas de actividad minera y de la exposición cotidiana de comunidades y estudiantes a sustancias tóxicas. Potosí no enfrenta simplemente un problema ambiental: enfrenta la lenta degradación de su ecosistema y la normalización de un sacrificio que no puede seguir justificándose en nombre del dinero.
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Potosí, Bolivia es un territorio sacrificado históricamente por intereses antropocéntricos económicos, capitalistas y de poder. Muchas vidas transitan en ese escenario de no importismo de los gobernantes, el Estado y de propios y extraños.
En ese contexto el Colectivo Acontravia de Potosí, formado en su mayoría por hijos de mineros y habitantes de zonas de sacrificio ambiental, ha gestado juntamente con las comunidades afectadas tanto de la zona de Cantumarca como la zona de Pailaviri en la ciudad de Potosí, un proceso de Monitoreo Ambiental Comunitario de metales tóxicos que provienen de las actividades mineras, como: Arsénico, Antimonio, Cadmio, Plomo y Zinc. Esto se realizó junto a estudiantes de los Colegios: 6 de Junio B (Cantumarca), Manuel Ascencio Padilla (Pailaviri) y mujeres de la zona Campamento Pailaviri.
Parte del monitoreo comunitario ha consistido en identificar evidencias visuales y físicas de la presencia de contaminantes en las infraestructuras de los colegios; en ese sentido se ha encontrado en primera instancia al interior del Colegio Manuel Ascencio Padilla: en ventanas, patios, barandas que a simple vista existen concentrados minerales depositados- esto considerando que a escasos metros de esta Unidad Educativa existe actividad minera de constante carguío y descarguío de minerales, también pasivos ambientales y comercializadora de minerales.
Por otro lado, tanto en la zona Cantumarca como Pailaviri, se ha evidenciado que las plantas (principalmente nativas) están presentado síntomas visibles de estrés por exposición crónica a contaminantes tóxicos, como: Clorosis en hojas, necrosis en hojas, sequedad y marchites, enanismo de las especies vegetales, aborto floral. Tampoco se pudo observar presencia de especies de Líquenes, que por sus características biológicas son excelentes bioindicadores de la calidad del aire.
Eso no es todo, producto del análisis de muestras de polvo tomadas en el interior de los colegios mencionados, se evidenció la presencia de todos los elementos tóxicos analizados; es decir, en las labores educativas, tanto: estudiantes, docentes, plantel administrativo y madres/padres de familia están conviviendo con: Arsénico, Antimonio, Cadmio, Plomo y Zinc. Las concentraciones de las muestras al exterior de los colegios y cerca las fuentes de contaminación, que se encuentran a escasos metros de los colegios, tienden a aumentar, lo cual hace pensar que la calidad del aire en polvo de las zonas Cantumarca, como Pailaviri están igualmente afectadas por la toxicidad de estos elementos.
La investigación de Acontravia abarco además el muestreo de vegetación en estas zonas. Se analizó las concentraciones de: Arsénico, Antimonio, Cadmio, Plomo y Zinc en especies vegetales nativas de la región y una especie introducida. Los resultados muestran que las especies vegetales presentan niveles excesivos o tóxicos sobre todo de Arsénico en el cien por ciento de las especies muestreadas en la zona Pailaviri y en el 80 % de las especies muestreadas en la zona Cantumarca. El cien por ciento de las especies muestreadas en zona Cantumarca presentan concentraciones excesivas o toxicas de Plomo y Zinc. En Pailaviri el cien por ciento de las especies vegetales evaluadas presenta concentraciones excesivas o toxicas de Cadmio y Zinc y el ochenta por ciento de estas, presentan concentraciones excesivas o toxicas de Plomo. (Valores de rangos en base a: Kabata-Pendias, A., & Pendias, H. 2001). Esto demuestra una afectación por contaminación histórica de estos elementos en las especies vegetales y se puede extrapolar a una evidencia histórica de la contaminación ambiental minera en la ciudad de Potosí.
Además es importante considerar que el dato más alarmante del estudio, corresponde a 205, 82 mg/Kg de Arsénico en una muestra de Kiswara en la zona Pailaviri, siendo el valor de Concentraciones Aproximadas de Oligoelementos en Tejido Foliar Maduro Generalizadas de 1.7 mg/Kg, lo cual evidencia que se supera este valor de referencia en 121 veces, esto es como imaginar que el límite seguro de arsénico en una planta es 1 sola cucharadita de azúcar en una taza de café. Esta planta de Kiswara no tiene 1 cucharadita, sino 121 cucharaditas (es decir, más de media taza de azúcar llena de veneno) en esa misma taza. Es una sobredosis masiva, » Esto por supuesto no es un dato aislado, no es una rareza científica, es un grito de auxilio del ecosistema, es una muerte lenta de la flora escasa y nativa en Potosí. El problema entonces no acaba ahí, pues estos datos ultra alarmantes son la punta del iceberg de la afectación y degradación ambiental por estos elementos tóxicos provenientes de la minería en estas zonas de la ciudad de Potosí. Bajo estos resultados las autoridades sobre todo: Ambientales, de salud y educación deberían accionar inmediatamente, pero además es un llamado urgente a la población a dejar de naturalizar la muerte lenta, a dejar de priorizar el dinero por sobre la vida!
La operación es tan simple como brutal: el Estado nombra “pequeña propiedad” a lo que en la práctica son extensiones agroempresariales millonarias, y con ese gesto convierte la ilegalidad en derecho, la concentración en normalidad y el despojo en política pública; la Función Económico Social se vacía de contenido, las verificaciones se aplazan, y en pocos días se consolida un régimen agrario con un gobierno, que, en nombre del desarrollo, consolida el poder de terratenientes que acumulan tierras más grandes que algunos países europeos; la ironía es obscena, en un país donde la mayoría no posee ni un metro cuadrado, la ley no redistribuye, protege, no corrige, legitima, no equilibra, profundiza una desigualdad estructural sostenida por un aparato jurídico que no falla, sino que funciona exactamente como fue diseñado.
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La racionalidad del poder no se manifiesta en su forma más cruda, sino en su capacidad de nombrar. Llamar “pequeña propiedad ganadera” a un predio de 400 hectáreas no es un error técnico ni una simple distorsión administrativa; es una operación discursiva cuidadosamente diseñada. El acto de nombrar produce realidad, legitima prácticas y ordena jerarquías. En este caso, el Estado no solo clasifica la tierra, sino que reconfigura el campo social al convertir unidades agroempresariales en ficciones jurídicas de subsistencia familiar. La ironía es evidente: la ley, que en apariencia limita la acumulación, se convierte en el instrumento más eficaz para expandirla.
La Función Económico-Social, ese principio que debería operar como mecanismo de control, aparece aquí como un ritual vacío. No importa si hay ganado o no, si la tierra cumple o no su función declarada; lo relevante es que el dispositivo legal ha sido capturado. La imagen satelital, fría e irrefutable, muestra monocultivos mecanizados donde debería haber prácticas tradicionales. Pero el poder no necesita ocultar la evidencia, basta con reinterpretarla. La verdad deja de ser un problema técnico y se convierte en una cuestión de administración política: lo que se ve no importa, lo que se reconoce sí.
En este escenario, el proyecto de ley que propone la conversión automática de estas propiedades no introduce una ruptura, sino que perfecciona el dispositivo. Diez días bastan para transformar lo que antes requería justificación en un derecho consolidado. La velocidad del trámite no es eficiencia administrativa, es una tecnología de normalización. Lo ilegal no se sanciona, se regulariza; lo irregular no se corrige, se institucionaliza. Se trata de un gesto elegante del poder: en lugar de perseguir la ilegalidad, la absorbe.
La comparación con las cooperativas auríferas no es casual. En ambos casos, la lógica es idéntica: fragmentar jurídicamente lo que en la práctica opera como concentración económica. La figura de la “pequeña unidad” funciona como un escudo fiscal y político. Así, millones de dólares circulan bajo la apariencia de economías de subsistencia. La pregunta no es por qué ocurre, sino para quién está diseñado el sistema. La respuesta se vuelve incómodamente evidente.
Mientras tanto, la mayor parte del pueblo boliviano permanece al margen de este juego semántico. No se trata solo de desigualdad en la distribución de la tierra, sino de exclusión en el acceso a los mecanismos que la producen. Para quienes no poseen ni un metro cuadrado, la ley no es una herramienta, es un límite. La promesa de redistribución se disuelve en procedimientos que, en teoría, deberían garantizarla. La paradoja es brutal: en un país que constitucionalmente reconoce la función social de la tierra, la acumulación se consolida bajo la protección del propio orden jurídico.
La dimensión territorial de esta desigualdad adquiere proporciones casi absurdas. Existen propiedades cuya extensión supera la de varios países europeos, pero que siguen siendo, en el papel, “pequeñas”. No es un error de escala, es una decisión política. El territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero, administrado bajo lógicas empresariales y protegido por el aparato estatal. La concentración no solo es económica, es también simbólica: quien controla la tierra controla el relato sobre ella.
En este contexto, la corrupción no aparece como una desviación del sistema, sino como su condición de posibilidad. El “negociado de tierras” no es una anomalía, es la forma en que el poder se reproduce. Legalizar lo ilegal, aplazar verificaciones, omitir controles, todo forma parte de una misma arquitectura. El Estado no es un árbitro neutral, es un actor que participa activamente en la redistribución desigual de los recursos.
La ironía final es que todo esto se realiza en nombre del desarrollo, de la productividad, del crecimiento económico. Conceptos que, en su aparente neutralidad técnica, encubren decisiones profundamente políticas. Se promueve una modernización agraria que, lejos de democratizar la tierra, la concentra aún más. Se habla de eficiencia mientras se legitima la exclusión. Se invoca la legalidad para consolidar la desigualdad.
Así, el poder no necesita imponerse mediante la fuerza. Opera a través de leyes, categorías y procedimientos que parecen razonables. La violencia no es visible, pero es efectiva. No se expulsa a los sin tierra, simplemente se les deja fuera del lenguaje que distribuye derechos. Y en ese silencio, cuidadosamente administrado, se construye una de las formas más sofisticadas de dominación.
El planeta tierra tiene alrededor de 4.5 mil millones de años, este tiempo es colosal en relación al escaso tiempo que lleva el ser humano (Homo sapiens) en la tierra, tan solo 300,000 a 350,000 años, que representa apenas 0.0066% de la edad de la Tierra.
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Si bien el ser humano habita la tierra ese corto tiempo, un grupo reducido de humanos en apenas dos siglos transformado radicalmente el mundo, basada en la lógica de acumulación indefinida. La revolución Industrial unos de los eventos históricos vistos desde la humanidad, como triunfo ha dado paso para consolidar el capitalismo como sistema dominante en una planeta mega diverso que no solo es habitado por humanos.
Esa nueva dinámica mundial supuso y supone una escalada tremenda en el uso de energía que se extrae de los ecosistemas en forma de petróleo (principalmente), gas natural o carbón que en resumen son fuentes fósiles y no renovables. En términos generales a provocado un desequilibrio ecológico en el flujo de energía en los ecosistemas y ha llevado a una crisis ambiental, ecológica y climática sin presidentes, logrando hacer crecer las economías mundiales a costa del sacrificio ambiental.
Este uso de energía para los procesos productivos, transportes locales- globales y uso residencial y servicios ha ido en franco crecimiento en el tiempo. Estos datos son fríos si no se analiza de donde provienen las fuentes de energía, que implica su extracción.
En un contexto de insostenibilidad global, resulta insuficiente apelar a la ‘humanidad’ como responsable. Quienes han provocado la crisis -élites corporativa- pretenden ahora monopolizar el relato de la transición energética, reduciéndola a un recambio tecnológico que no cuestiona la lógica extractivita ni la desigualdad estructural.
DINAMICAS DE PODER INHERENTES
Los países del norte global, históricamente favorecidos por el intercambio desigual de materias primas y de la división internacional del trabajo, han derivado en progresión de poder, que subordina a los territorios del sur global, a exportar a la naturaleza de sus territorios.
Para eso, es necesario comprender la lógica de la transición: pasar de los combustibles fósiles que se basan en el extractivismo a pasar a la transición energética que se basa en la extracción de minerales “críticos (Litio, Cobalto y tierras raras), que casualmente están en los países del sur global, históricamente saqueados, pero esta vez se constituye en un campo de batalla de poder en bloques; es decir de los países o Estados dominantes convencionales (Estados Unidos, Unión Europea) y los emergentes como China.
Esos poderes del Norte Global desean mantener intactas sus dinámicas consumistas, no pretender reducir sus tazas de consumo y demanda de energía, sino, solo cambiar de fuente de energía, así delimitan las reglas del juego y definir qué proyectos son viables y cuáles no. Los países del Norte global definen el riesgo a través de financieras tradicionales (FMI – Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), así países como Bolivia, Argentina y Chile que poseen los minerales “críticos”, pero no capital para industrializarlos, subordinan sus decisiones que tendrían que ser soberanas a arbitrajes corporativas. Como ejemplo la extracción del litio en Bolivia, pasa por intereses geopolíticos corporativos en disputa, mientras el riesgo ambiental de desastre es alto por la alta demanda de agua en ecosistemas hiperáridos y las comunidades originarias no son sujetos de consultas previas libres e informadas, de manera idónea y ética.
¿LAS TECNOLOGIAS EMERGENTES O ENERGIAS RENOVABLES SON LA SOLUCIÓN?
La transición energética no solo es un canje de fuentes de energía, ya que no elimina la dependencia geopolítica, sola la desplaza. No es solo pensar en que las soluciones se basan en los paneles solares y las turbinas de generación de energía eólica. El problema pasa por una nueva forma de colonización, a través del extractivismo verde, un nuevo rostro del capitalismo, mimetizados como ambientalmente necesarios.
Con la denominada transición energética corporativa, el uso de espacios para la instalación de parques eólicos o megaproyectos fotovoltaicos, por ejemplo, hace uso de grandes extensiones de terreno en México en tierras que son de uso colectivo y/o de comunidades indígenas originarias que suelen ser desplazadas.
La lógica de acumulación por desposesión se amplifica a recursos donde los minerales “críticos” se encuentran en ecosistemas más vulnerables como los salares o en territorios donde se producen más desigualdades sociambientales globales como la extracción de cobalto en el Congo. Entonces se constituyen en primera instancia como falsas soluciones a la crisis climática, y son soluciones ambiguas que n descolonizan la transición, sino la mercantilizan.
CONCLUSIONES
En definitiva los retos desde el sur global, para la transición energética, son complejos, donde el poder tiene la posibilidad de definir las crisis o transiciones a su manera y bajo sus reglas.
La transición energética no solo pasa por ser un reto técnico de cambio de fuentes de energía más “limpias” que muestran soluciones ambiguas e insuficientes. Es necesario replantear la escala con que sean usadas las renovables, para quienes y para que uso, sin sobrepasar la soberanía energética comunitaria, dejar de exportar naturaleza, que se enmascaran como soluciones en base a los extractivismos verdes. No seguir mimetizando peligrosamente la continuidad del colonialismo en este caso además ecológico, que no cambia la lógica extractiva y de poder geopolítica, sino cambia el recurso explotado.
La transición energética tendrá que pasar por soberanías comunitarias, no corporativas, con justicia global. Donde las demandas de energía sean las mínimas y coherentes con las dinámicas ecosistemicas que han evolucionado y subsistido por millones de años.
Estos conflictos emergieron porque todo este enmarañado de desequilibrios en el ecosistema producto de la actividad humana que se supedita a intereses económicos, en una evidente mercantilización de la vida, busca la ganancia máxima para la especie humana. Sumado por la dejadez de las autoridades Municipales, Departamentales y Nacionales.
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Los hechos suscitados en el Departamento de Potosí – Bolivia en enero de 2026, han quedado en la retina y las fibras más hondas de la relación humanos con la naturaleza. Circuló en varias redes sociales un video de un Puma (Puma concolor) en el Municipio de Vitichi, que había sido alcanzado por una trampa puesta para eliminarlo con tal saña que no les basto con atraparlo, sino que le tiraron piedras mientras él rugía desesperado y se estima que lo habrían matado de esa forma.
Esta situación es sumamente alarmante, porque no es un hecho aislado y porque invisibiliza la importancia ecológica de esta especie de supradepredador en los ecosistemas, valor que muchas veces es ignorada por las comunidades y analizar su implicancia es urgente.
Entender que el puma andino es una alusión de interconexiones evolutivas, ecológicas, históricas e incluso culturales, nos brinda un pantallazo preliminar. Esta especie posee una gran capacidad de adaptación a diferentes hábitats, puede vivir incluso en zonas con poca vegetación en zonas abiertas. Aunque de acuerdo al Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (2009) el Puma si bien tiene requerimientos de hábitat generalistas, posee densidades poblacionales bajas. Ha sido removido de listas rojas previas, solo en base a datos de poblaciones en tierras bajas de Bolivia; el mismo texto de la versión del 2009, asevera que las poblaciones de puma en las tierras altas de Bolivia han sido eliminadas o son bajas.
Estos datos son preocupantes, pues el Puma es un carnívoro terciario o supradepredador y su ausencia o reducción de sus poblaciones tiene efectos adversos en el ecosistema.
Actualmente el Municipio de Vitichi no cuenta con censo de poblaciones y densidad de individuos de esta especie de félidos – aunque por la ley de transferencia de energía los pumas por lo general tienen una baja densidad poblacional y por ende requieren de extensas áreas para cazar – lo que exacerba el problema, lo invisibilisa y crea una mentís de acciones de los habitantes humanos actuales de este territorio, pues, el Puma es uno de los animales por excelencia en el mundo prehispánico, sobre todo por su fiereza y considerado además un Dios, representado en textiles, arquitectura. Incluso muchos apellidos derivan de ese vocablo.
Esta situación ha derivado en un evidente conflicto animal – humanos, que no solo se da en Vitichi sino que es la causa principal de la casi desaparición de esta especie en la región de los Andes bolivianos.
Esto se evidencia en algunos comentarios en la red social Facebook al respecto: “No son cazadores, son campesinos defendiendo su ganado”; “a estas horas ya lo habrán hecho charchi (vocablo quechua, para carne seca o deshidratada) ; “En Vitichi se suele utilizar esas trampas dañinas para el ecosistema, incluso en una ocasión se comieron al pobre puma, sancionen a su alcalde incompetente” “¿cómo le explicas al comunario la pérdida de su ganado que es el sustento de su familia?, se tiene que ver ambas caras de la moneda”; “Hagan una ley que favorezca a los animalitos protegidos y también al comunario, no es solo decir animales protegidos y quién responde por los daños que dejan a los comunarios cuando matan su ganado, ojo no solo matan uno sino de 5 para arriba, tienen que ver ambas caras de la moneda y no es solo decir pobre animalito, hace años en sabaya se lo mataron 20 a 50 llamas y los dueños llorando por la televisión y no escuché decir pobres comunarios, solo veo a gente hipócrita que sale sin propuestas”; ¿qué crees que la llama va vivir en casa ? Y donde va comer de día, ese animal no perdona ni de día ni de noche y al dueño quien le va resarcir por eses (esos) daños”; de noche tiene corral las llamas, el puma igual entra de día el ganado va al cerro a comer pasto y cuando mata el puma, mata de 20 y más y quien nos devuelve tantas cabezas, muerto, muerto es ni para vender ni para comer da”.
Es innegable el descontento (en algunos casos animadversión) de estas personas con la presencia del Puma en el territorio. Por esa razón en este artículo planteo que el origen de esta problemática va más allá de solo pensar al Puma como un ser que irrumpe arbitrariamente en los intereses de los ganaderos de la zona. La presencia más frecuencia de este félido, no es casualidad o saña, responde a la confluencia de factores interconectados que en suma fragmentan su hábitat, lo desplazan y en muchos casos acaban incluso con las especies, aunado por los efectos de contaminación de cuerpos de agua (sobre todo el rio Vitichi) y aire con agentes de polución, ruido y vibraciones que generan por ejemplo actividades mineras.
En ese marco, de acuerdo al El Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales -SENARECOM (2025), existe actividad minera en el Municipio de Vitichi – a pesar de tener un alto potencial productivo frutícola- Además el Alcalde de Vitichi Silverio Donaire en 2024 denuncio que su Municipio es afectado por la contaminación de ríos. Entonces hay elementos importantes para establecer que el factor minería en la zona aporta a la problemática, pues la minería afecta a la biodiversidad en múltiples escalas.
Otro aspecto importante en el análisis es la invasión de hábitats por aumento en los espacios poblacionales y la ganadería intensiva de camélidos. El elemento anterior y este denotan un umbral antropocentrista de esta problemática.
Por esta razón es sustancial comprender que los Pumas son supradepredadores; es decir, que en teoría se encuentra en la cima de la cadena alimentaria, o que no tiene depredador; sin embargo, en el caso del Puma atrapado en Vitichi y otros, no se cumpliría esta premisa, ya que está siendo cazado con frecuencia por el ser humano, convirtiéndose este en su depredador.
Lo más preocupante en este caso, es la fragmentación de hábitats que puede tener relación con la instalación de actividades mineras de acuerdo a Primack (2002). En el caso particular acerca de la perdida de la conectividad ecológica. Los pumas al ser forzados a moverse por paisajes fragmentados, entran en contacto con ganado y personas y cazar en lugares y presas que en otrora no eran usuales. Cuando las habitas se fragmentan las poblaciones de presas disminuyen, razón por la cual los Pumas están recurriendo con más frecuencia a cazar llamas (Lama glama) y ovejas (Ovis aries) en la zona.
Y si indagamos más profundo en la cadena trófica, habrá que comprender que la fragmentación de hábitat no solo afecta a los Pumas, sino también a los depredadores secundarios, para el caso particular de estudio pueden ser zorros o víboras de los cuales se alimenta el Puma también. Es posible que las poblaciones de estos depredadores secundarios estén mermando y así afectando toda la cadena trófica.
En definitiva, estos conflictos emergieron porque todo este enmarañado de desequilibrios en el ecosistema producto de la actividad humana que se supedita a intereses económicos, en una evidente mercantilización de la vida, busca la ganancia máxima para la especie humana. Sumado por la dejadez de las autoridades Municipales, Departamentales y Nacionales. Un marco normativo boliviano escaso y limitado a: Constitución Política del Estado, Ley 1333 de Medio Ambiente relacionado a delitos ambientales por caza ilegal , Ley 300 Marco de Madre Tierra y Bolivia es signataria de convenios Internacionales como el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica.
En ese escenario de urgencia, son necesarias proyectos e investigaciones profundas que se centren en la conservación del Puma y la integralidad del ecosistema, ejecutadas por todos los niveles del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. Evaluaciones de causas de mortalidad de ganado por depredación versus muertes por mal nutrición, por ejemplo. Ya que el ser humano si puede matar al ganado, porque en su lógica se justifica que genera ganancia económica su muerte; sin embargo, el puma no puede matar al ganado porque en la lógica humana el nicho ecológico el puma o su función ecosistémica no importan.
A nivel comunal se pueden instaurar vigilias nocturnas comunitarias acompañadas por la cría de canes. Cambiar la crianza intensiva de las especies camélidas y ovinas; es decir, pensar los usos posibles que el ganado dará al hato. Los comunarios y dueños de ganado, tendrán que invertir en sitios que acojan adecuadamente al ganado.
Las Autoridades antes de considerar resarcimientos económicos a los pecuarios por pérdida de ganado por depredación del Puma, habrán de indagar pertinentemente sobre el origen holístico de esta problemática, de lo contrario nuevamente se estarían reduciendo la problemática a la dimensión económica y asistencialista.
En definitiva este conflicto es asimétrico y es producto de un asedio invisible de la actividad humana por actividades mineras, ganadería intensiva u otros y no alcanza a entender que el puma como supradepredador, es el máximo regulador del ecosistema y la fragmentación de su hábitat desestabiliza toda la red trófica. Su conservación es un indicador de la salud y conectividad del paisaje. Su papel ecológico del Puma es insustituible y requiere justica ambiental.
Hay una cadena de eventos que la población se niega entender: Más extractivismo minero más dinero para derrochar y generar más basura, que luego por la escasa educación – conciencia ambiental e individualismo de la población y la inoperancia de las Autoridades, hace que la ciudad se inunde.
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Potosí es una ciudad boliviana marcada por el extractivismo minero y con sello inerte de identidad minera recalcitrante. El día primero de enero de 2026 mientras muchos de los pobladores celebraban la venida de un año nuevo, el poderío del fenómeno de la niña hizo estragos en la ciudad que cavila que el Cambio Climático no sucede en Potosí.
Mientras la Ley 602 dictamina a los municipios prevenir desastres, en Potosí parece que solo se cuenta damnificados y se atiende llamadas de auxilio. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP) ha reducido la gestión de riesgos a un número de teléfono que se activa cuando ya ha ocurrido el desastre. ¿Dónde están los planes de prevención, la mitigación, la ordenación territorial que evite asentamientos en zonas de riesgo? Esta lógica reactiva, que ignora las fases clave de prevención y preparación, demuestra una alarmante despriorización del bienestar colectivo.
También, la obstinación de la población en Potosí, la escasa investigación y acción tanto de Universidades y Autoridades para que se puedan implementar obras de pavimentados que no impermeabilicen las calzadas, hace que Potosí se convierta en la ciudad del Cemento, ¡cemento por aquí, cemento por allá! No olvidemos que antes de tanto cemento en las calles Potosí en la zona abundaban aguas subterráneas, que fluían en un ciclo en interacción con las aguas superficiales, ahora las aguas de las lluvias buscan por donde correr: ¡corren hacia el desastre!
Esto aunado a que en Potosí reina el discurso público triunfalista, en medio de una crisis social y política que atraviesa el país. El Gobernador en suplencia temporal Marco Copa asevera constantemente: “en Potosí no hay crisis gracias a la minería”. Pareciera que las crisis para las autoridades son solo económicas, pero este desastre muestra lo contrario. Las crisis son multidimensionales y como siempre la pagan los más empobrecidos.Solo como ejemplo la estudiante que perdió todo porque el agua arrasó con el único dormitorio donde ella vivía.
Esa jactancia basada en datos macroeconómicos, posibilita que los más ricos en Potosí “inviertan” en bienes inmuebles de cemento, obras que generan los denominados escombros (residuos de Demolición y Construcción). De acuerdo a la Ley Municipal 286 (Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Potosí), deberían tener un adecuado manejo y disposición final en sitios destinados por el GAMP. Queda claro que el GAMP, no cuenta con mecanismos adecuados para su real cumplimiento, ya que la Alcaldesa Leslie Flores pide a la población: “Por favor no boten basura, no boten escombros”, mientras los “inversionistas”, aprovechan esa situación para esparcir sus escombros donde mejor les convenga (hacen caso omiso a las suplicas de la alcaldesa) esto hace que: se bloqueen los drenajes naturales y artificiales, se creen desbordes y aumente del poder destructivo del flujo de agua.
Estos flujos de agua cargados de sedimentos que taponean e inundan la ciudad, no solo provienen de los escombros, sino también de residuos minero – metalúrgicos de gran y pequeño volumen que existen en la ciudad por años, tales como: Las colas de San Miguel y Pàilavirí, e incluso con el incremento de la temporalidad y frecuencia de lluvias las ponen en riesgo su estabilidad.
Pero eso no es todo, hay una cadena de eventos que la población se niega entender: Más extractivismo minero más dinero para derrochar y generar más basura, que luego por la escasa educación – conciencia ambiental e individualismo de la población y la inoperancia de las Autoridades, hace que la ciudad se inunde.
Al mismo tiempo la visión desarrollista en Potosí, crea obras como los embovedados de ríos sin contemplar la implicancia del cambio climático en los caudales de diseño: en esta ocasión se evidencio como la naturaleza cobro espacio de lo que le fue quitado al confinar el rio, y se desbordo afectando varias zonas consideradas residenciales, como la avenida Unión.
El paisaje en Potosí es plomizo y gris de residuos mineros y cemento. Existe mínima cantidad de cobertura vegetal, ¡parece que el potosino no sabe o ha olvidado que la vegetación es una de las herramientas más poderosas, rentables y multifuncionales para la gestión del riesgo de inundaciones en ciudades!. No es solo un elemento paisajístico, sino una infraestructura verde crítica que opera a múltiples escalas. En Potosí pasa lo contrario las áreas verdes están en franco menoscabo, hay más solicitudes de tala de árboles que de forestación o reforestación, hay muchas solicitudes de cambio de uso de suelo de área verde a equipamiento e incluso residencial.
Peor aún el proyecto de segundo anillo de circunvalación que busca descongestionar la ciudad mediante una doble vía, piensa arrasar con uno de los pocos bosquecillos de Kiswara (Buddleja incana) que se encuentra en la parte alta de la cuenca. Esta especie posee un sistema radicular muy fuerte que controla la erosión hídrica (reduce la velocidad de las escorrentías superficiales) y eólica, por ende coadyuva en la prevención de desastres como las inundaciones.
Pero lastimosamente cuando se habla de inversión en Potosí las juntas vecinales, barrios y otros por lo general solicitan obras de cemento, lo cual como se ha evidenciado en este texto agrava el problema. Tampoco la sociedad civil exige que el problema de los pasivos ambientales mineros existentes en la ciudad sea solucionado, menos exigen más revegetación, en cambio solicitan que funcionen centros comerciales (Mall).
Las narrativas comunitarias tendrían que concentrarse en solicitar inversión en sistemas de alerta temprana para evitar estas situaciones – que sin duda siempre afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad – comprender que invertir y proteger la cobertura vegetal urbana no es un gasto, es una inversión en resiliencia y salud pública; pensar en la posibilidad de una ciudad de Potosí más allá de las jactancias económicas, de magnificencia y poderío minero; madurar hacia una vida digna donde las autoridades piensen y ejecuten la planificación territorial con enfoque de riesgos y paisaje vinculada al Cambio Climático; que los mecanismos financieros obligatorios que establece la Ley 602 sean realmente destinadas a acciones prioritarias que prevengan los riesgos y los disminuyan, de los contrario Potosí transitara a un territorio cada vez más sacrificado, Potosí merece una política pública que proteja a su gente antes de la emergencia, no solo durante ella.
Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.
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El día domingo 17 de agosto de 2025 se tiene programada la realización de las elecciones generales en Bolivia. Esto implica la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados para el periodo 2025–2030, información ratificada por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estas elecciones generales, en esta ocasión, son particularmente peculiares y se desarrollan en un contexto de profunda desesperación de sus habitantes, en medio de la escasez de dólares (como moneda hegemónica global) y de combustibles fósiles, lo cual ha generado endeudamiento para subvencionarlos.
En ese escenario, y con base en la funesta historia extractivista de Bolivia, este artículo de análisis pretende profundizar en las propuestas (enmascaradas o no) de los candidatos y la candidata respecto al extractivismo y los neoextractivismos, con el objetivo de indagar en el futuro del país.
Es así que la alianza Unidad, con su candidato, el empresario Samuel Doria Medina, en su programa de gobierno Unidos, pongamos Bolivia a trabajar, plantea corregir el extractivismo y dejar de pensar en el crecimiento económico para enfocarse en el “progreso”. ¿Progreso para quién? Afirma: “tenemos todo en el suelo y en el subsuelo (…) pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados”, denotando una visión totalmente antropocéntrica y mercantilista de la vida, al concebir los bienes comunes de la naturaleza como simples recursos para el beneficio de algunos seres humanos. Para este candidato y su alianza, en Bolivia existe una ausencia de ambición tecnológica que nos atrasa y empobrece, y un modelo económico equivocado, entre otros diagnósticos. Para remediar esta situación, en sus primeros 100 días de gestión solicitará toda la ayuda internacional posible para “devolver” los dólares al país: cielos abiertos para inversiones nacionales y extranjeras. La pregunta es: ¿cuál será el costo?, ¿cómo pagaremos semejante “ayuda”?, ¿acaso con este modelo la naturaleza dejará de ser sacrificada?
En ese mismo contexto, Doria Medina afirma: “Ha llegado la hora de pensar en una patria donde se produce, industrializa y exporta alimentos orgánicos” (sin considerar que estos no son la solución y ni siquiera se aproximan a los principios de la agroecología), “donde se aprovecha sin destruir la riqueza forestal, donde se hace exitosamente biocomercio y ecoturismo”. Sin embargo, en el Foro Agropecuario de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), grupo de poder político y económico por excelencia, Doria Medina aseveró textualmente: “Si se tiene que elegir entre la producción y el medio ambiente, elegiré la producción sin dudarlo”, en una suerte de demagogia pura y una vampiresca simulación de salvador.
De igual forma, en su plan de gobierno, Doria Medina habla abiertamente de generar divisas a partir de la venta de certificados de reducción de dióxido de carbono (CO₂), lo cual supone la mercantilización de la naturaleza mediante los mercados de carbono: una falsa solución a la crisis climática, una continuación del ciclo extractivista de los bosques, con afectaciones a comunidades indígenas y una prolongación del colonialismo climático entre el norte y el sur global.
La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, si bien proclama en su plan de gobierno que el modelo económico extractivista debe quedar en el pasado y propone un modelo de desarrollo más sostenible con una “industrialización verde”, manifiesta una clara inclinación hacia el llamado capitalismo verde (una estrategia del capitalismo para adaptarse a la crisis ambiental sin transformar su lógica de acumulación). Asimismo, Andrónico habla de la urgencia de una transición energética y ecológica, apostando por tecnologías mal denominadas “limpias”, como la eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, las cuales funcionan como mecanismos de subordinación que perpetúan estilos de vida extremadamente consumistas tanto en el país como en los países del norte global. En definitiva, para que una transición energética sea verdaderamente justa, se requiere justicia a nivel global, no solo regional.
El plan de gobierno de Andrónico presenta contradicciones de fondo. Si bien critica el extractivismo, su principal bandera es la extracción del litio, cuya explotación compromete ecosistemas y sistemas de vida altamente vulnerables. Afirma que se producirán baterías de litio, aunque, bajo la lógica del mercado internacional, este negocio ya no es rentable. Los precios internacionales, que alcanzaron entre 70.000 y 80.000 dólares por tonelada en 2022, han caído drásticamente, situándose actualmente en aproximadamente 10.000 dólares por tonelada.
El plan de gobierno de Nueva Generación Patriótica —cuyo candidato, el economista Jaime Dunn, fue recientemente inhabilitado para las elecciones— propone un modelo económico mixto que revela una contradicción profunda: asegura que se “logrará” corregir la dependencia del modelo extractivista, pero sin renunciar a los avances sociales de los últimos años. Menciona que no se trata de un estatismo cerrado ni de un neoliberalismo excluyente, pero encubre un enfoque netamente produccionista. Disfraza el extractivismo agrícola del modelo cruceño como una alternativa de diversificación económica y agroexportación. Asimismo, intenta realizar un lavado verde (greenwashing), aparentando una responsabilidad ambiental que no existe. Dentro de su propuesta “ecológica” incluso se contempla el impulso a proyectos hidroeléctricos, ampliamente conocidos por su alto impacto ambiental negativo, incluso a escala paisajística.
El candidato y ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, subraya sistemáticamente en su discurso la necesidad de crecimiento económico. Habla de “caminos correctos” y de gobernar “con el corazón en la izquierda para ayudar a los pobres”; sin embargo, el término “pobres” resulta peyorativo. Debería hablarse de personas empobrecidas y de las desigualdades estructurales que arrastran de forma invisible, siendo uno de los resultados nefastos del extractivismo. Su discurso continúa posicionando abiertamente el “desarrollo” y el aumento de la producción, aun en medio de una crisis energética en un país altamente dependiente de fuentes fósiles. Esto demuestra, una vez más, que para la Alianza Libre, Bolivia permanece al margen de la transición energética global.
Desde 2020, Tuto sostiene abiertamente que Bolivia necesita una política de salvataje internacional con ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional), en una lógica de endeudamiento perpetuo, destinada a sostener un nivel de vida que solo beneficia a unos cuantos, cuyas deudas son pagadas con recursos provenientes del extractivismo. Y no se debe olvidar que el FMI no presta por filantropía; detrás de esos préstamos hay una imposición de políticas de ajuste estructural que afectan gravemente a los países.
El MAS–IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), con Eduardo del Castillo como rostro visible, menciona en su plan de gobierno la implementación del “Plan de Restauración Inmediata de los componentes de la Madre Tierra”, con participación social y tomando en cuenta la gestión del territorio. Sin embargo, cabe preguntarse: durante todos estos años de gobierno, ¿acaso lograron restaurar siquiera uno de los más de 104 pasivos ambientales —productos tangibles y aparentemente eternos de lo salvaje que es el extractivismo— existentes solo en el departamento de Potosí? Pareciera que han olvidado el desastre del colapso del dique de colas de Andavillque en Llallagua, Potosí, un ejemplo claro de la inacción del Estado.
Del Castillo también afirma en su plan de gobierno que se promoverán “patrones de producción y hábitos de consumo compatibles con la Madre Tierra”, cuando es ampliamente sabido que el MAS–IPSP ha sido el principal aliado incondicional del agronegocio en Bolivia, cuya producción y hábitos de consumo son absolutamente incompatibles con la Madre Tierra.
Asimismo, Del Castillo menciona que en su gobierno se realizará el control y supervisión de las industrias extractivas. ¡Claro! En las gestiones de gobiernos anteriores nadie hizo control ni supervisión; por eso Bolivia es tierra de nadie, aunque pertenezca a los extractivistas. Además, enfatiza que dichas industrias “generarán fondos para el desarrollo de las comunidades y para fomentar la investigación y la tecnología”; es decir, además de extraer los bienes comunes, se pretende imponer un concepto de desarrollo hegemónico a las comunidades. Esta concepción dista mucho del desarrollo sostenible; se trata, en cambio, de una continuación del capitalismo verde y el neoextractivismo promovidos por gobiernos que se autodenominan de “izquierda”, pero que en la práctica carecen de verdaderas políticas públicas de izquierda.
Por otro lado, la agrupación MORENA (Movimiento de Renovación Nacional), con la única candidata mujer a las elecciones presidenciales, Eva Copa, señala en su programa de gobierno: “la ausencia de políticas de protección ambiental efectivas y el avance indiscriminado del extractivismo han vulnerado los Derechos de la Madre Tierra”. No obstante, continúa apostando por el produccionismo en sectores estratégicos como el minero y el hidrocarburífero. Considera que la industrialización del litio es la solución y la base que debería reemplazar al gas en la economía nacional, aunque plantea renegociar los términos con empresas extranjeras. Eva Copa también apuesta por la exploración de tierras raras —que incluyen elementos como escandio, itrio, lantano, cerio, entre otros, esenciales para la tecnología moderna— en una evidente apuesta por el extractivismo, esta vez de tierras raras. Pregonando la integración económica de las mayorías, surge la pregunta: ¿y qué ocurre con las minorías?
Propone además una reestructuración institucional profunda, destacando su intención de crear un Instituto Plurinacional de Ética Pública, como si se tratara de la panacea para uno de los países más corruptos de la región, como lo es Bolivia.
MORENA propone la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Si bien esta propuesta podría parecer un pincelazo hacia la justicia social, continúa sesgando la implicancia profunda del concepto de cuidado, pues lo limita exclusivamente a la relación de ser humano a ser humano, reduciendo así un tema complejo a un mero antropocentrismo. En contextos extractivistas como el boliviano, el debate sobre los cuidados exige un análisis más amplio desde la ética y la estética de los cuidados.
Hablar de ética de los cuidados implica comprender que existe una relación de interdependencia y afectividad no solo entre personas, sino también con el medio ambiente y la Madre Tierra, donde todas las formas de vida dependen unas de otras. Por su parte, la estética de los cuidados se relaciona con las formas de habitar la tierra: el respeto, la sensibilidad, la reciprocidad, acciones y mecanismos que, en el contexto de extractivismo arraigado en Bolivia, se encuentran anestesiados, dormidos o, peor aún, eliminados. Esto ocurre a pesar de que Bolivia, en el marco de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien, proclama —con retórica poética— principios como la reciprocidad y el equilibrio. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: Bolivia continúa siendo un país capitalista con maquillaje socialista, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con su imaginario de salvadora y supuesto motor de la economía, convocó a un foro con los candidatos presidenciales, en el cual todos, sin excepción, buscaron acomodarse con discursos para agradar a este sector.
Si bien existen otros frentes políticos en disputa en las elecciones generales de Bolivia, sus planes de gobierno no están fácilmente accesibles en la web, lo que impide un análisis riguroso y público de sus propuestas.
A partir de este análisis, se puede concluir que todos los candidatos llevan como bandera el eje económico en sus planes de gobierno. Si bien atravesamos un momento económicamente crítico, la temática ambiental permanece relegada, como un sedimento en el lecho de un río caudaloso. Los candidatos y la candidata en esta carrera electoral no colocan la vida en el centro de su apuesta ética y política.
Los discursos de progreso, de libertad y de superación del extractivismo son recurrentes, mientras los mismos candidatos portan cascos de minero en sus campañas, apelando a un símbolo asociado a grupos históricamente beneficiados por el extractivismo y el neoextractivismo, como el sector minero corporativizado, que incluso se jacta de la «identidad minera». Ninguno de los candidatos ni la candidata menciona alternativas al desarrollo, un modelo ampliamente cuestionado, pues nos está conduciendo a vivir el capitaloceno: la era del capital, en la que la crisis ecológica no ha sido causada por toda la humanidad, sino por un sistema económico específico: el capitalismo. Bolivia parece una isla mediterránea, aislada de la policrisis que atraviesa el mundo.
Las visiones de los candidatos se centran exclusivamente en el supuesto bienestar de “la gente”, sin siquiera mencionar a las otras formas de vida. Esto resulta aún más grave si se considera que Bolivia es uno de los países más megadiversos del mundo en términos de biodiversidad.
Los contendientes ni siquiera hacen alusión al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), una herramienta clave en la lucha contra el extractivismo. Se desconoce si el país mantendrá o ratificará su adhesión al acuerdo, y preocupa que Bolivia no contribuya al Fondo Voluntario del Acuerdo de Escazú, lo cual evidencia desinterés y falta de voluntad política. Esta omisión es aún más alarmante, considerando que, en mayor o menor grado, todos los candidatos y la candidata promueven en sus planes de gobierno la continuidad del modelo extractivista y la violencia estructural que lo acompaña.
Ningún candidato menciona cómo el país enfrentará la crisis y emergencia climática global, la cual genera riesgos evidentes y que, además, afecta de manera selectiva y más severa a países vulnerables como Bolivia.
Todos los candidatos dicen hablar en nombre de “los pobres”, pero se reúnen con los grupos de poder económico, político y social, como la CAO, heredera directa de los intereses de la oligarquía agraria. Entonces surge una pregunta ineludible: ¿por qué no se reúnen con las amas y amos de casa, quienes sostienen sobre sus espaldas —de forma invisible— al sistema capitalista a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? En una sociedad siniestra que invisibiliza estos trabajos, la explotación de la naturaleza sigue siendo el negocio más rentable.
Las opciones en la carrera electoral boliviana apuestan por el litio como si fuera la gallina de los huevos de oro, reproduciendo un bucle interminable de extracción y despojo para continuar apoyando la descarbonización de las economías globales. Sin embargo, se sabe que la caída de los precios internacionales del litio obedece a una combinación de factores: el aumento de la oferta y la desaceleración de la demanda. Bolivia no es ajena a esta situación; también ha ingresado en esta lógica, sin revisar críticamente su inserción en un mercado volátil y altamente especulativo.
Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.
En ese contexto los potosinos nacimos respirando aire enrarecido, viendo el paisaje plomizo (por los residuos minero metalúrgico), atrapados en un sueño de terror del que no podemos despertar, porque la minería ha dominado el territorio desde la colonia hasta hoy, convirtiendo a nuestra tierra en una Zona de Sacrificio Ambiental, concepto que describe lugares donde las fuentes de contaminación no han sido motivo de agencia, las vidas no importan y solo se valoran los réditos económicos. Estas áreas son la máxima expresión de las desigualdades socioambientales y, lamentablemente, Potosí encarna todas ellas.
Cuentan las leyendas potosinas que el primero de abril de 1545, el cerro Rico de Potosí en Bolivia fue “descubierto”, las condiciones apuntan a que esa fecha marcó el inicio de un destino nefasto para la historia de este territorio. Fue el inicio de una desposesión violenta, del despojo, del saqueo, de la injusticia social –ambiental, un tránsito violento vinculado a una identidad minera tatuada en los cuerpos de sus habitantes.
Ahora: Imagina ser un ave migratoria que regresa a Potosí el dos de abril de 1545, el olor a tierra mojada ha desaparecido, el agua no refleja siluetas; al presente el aire está invadido de químicos extraños. Han crecido los ingenios mineros (plantas de concentración de y beneficio de minerales), los desmontes, los diques de colas y la muerte inmutable abunda.
En ese contexto los potosinos nacimos respirando aire enrarecido, viendo el paisaje plomizo (por los residuos minero metalúrgico), atrapados en un sueño de terror del que no podemos despertar, porque la minería ha dominado el territorio desde la colonia hasta hoy, convirtiendo a nuestra tierra en una Zona de Sacrificio Ambiental, concepto que describe lugares donde las fuentes de contaminación no han sido motivo de agencia, las vidas no importan y solo se valoran los réditos económicos. Estas áreas son la máxima expresión de las desigualdades socioambientales y, lamentablemente, Potosí encarna todas ellas.
LOS PASIVOS AMBIENTALES Y EL LEGADO TOXICO
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En Potosí, la generación de recursos económicos es tan importante que se pretende “compensar” la explotación de la naturaleza mediante las regalías (Ley N°535 de Minería y Metalurgia, art. 223) por la explotación de recursos no renovables: minerales y metales no renovables. En 2023, se recaudaron 904.360.963,75 bolivianos en regalías, cifras insignificantes frente a los servicios ecosistémicos sacrificados durante siglos, que incluyen el soporte, la regulación y la provisión ambiental. Porque en los potosino y los bolivianos pareciera que no hay conciencia de que estamos exportando la Naturaleza, por alrededor de 480 años.
Esto se hace evidente con los 104 pasivos ambientales mineros o depósitos de residuos de la minería que contienen ingentes cantidades de sustancias tóxicas (inventariados por el Servicio Geológico Minero de Bolivia, en el 2014) que develan el legado toxico de la minería en Potosí.
El 12 de marzo de 2025, en Andavilque, en el distrito de Catavi en LLallagua Potosí, se suscitó un hecho de colapso de la mal llamada laguna del Kenko, que en realidad es un dique de colas, que colapso ante la ausencia del Estado, ante la ceguera o desconocimiento de los “tomadores de decisiones”, de la implicancia real del Cambio Climático y las intensas lluvias en estos depósitos tóxicos, que ha llevado de aguas ácidas a Andavilque y la vida que habita en esta infausta comunidad que vive en clave minera, en clave de sacrificio, donde no hay regalía que alcance para volver a la vida lo extinto.
Pero eso no es todo, en la Ciudad de Potosí habitan también pasivos ambientales, incluso dentro del área urbana, tales como:
Colas (desechos mineros) sufurosas y óxidos de San Miguel que datan de los años 50¨s, que colidan con las comunidades indígenas de Cantumarca y Huachacalla
Colas de Pailaviri (residuos de preconcentración de la planta instalada en el Cerro Rico de Potosí), cuyos contenidos de plata y plomo, no son comerciales, por tanto seguirán indefinidamente afectando al medio ambiente, pues a nadie le interesa por no tener importancia económica en su recuperación.
Pasivos ambientales no cuantificados como: al extremo del mirador Pary Orcko o montaña caliente en lengua quechua (que dicho sea de paso es un sitio turístico)
En el rio de la rivera, que es tributario del Rio Pilcomayo que es un rio trasfronterizo compartido con Paraguay y Argentina.
En la zona Huachacalla, altura bosquecillo, en el lugar denominado “Taiton”, lugar actualmente con bastante concentración de personas.
Estos restos tóxicos mineros son el testimonio no solo de la ausencia de gestión ambiental en las actividades mineras, sino del predominio de los discurso regalitarios en las narrativas potosinas, perpetuando el sacrificio del territorio. Son además una vorágine potencial ante el escenario del cambio climático, pues hay un alto riesgo de colapso ente las lluvias intensas que predominan actualmente, cuyo impacto ambiental y social, no se ven como prioridad y urgencia en las políticas públicas en los diferentes niveles del Estado.
MINERÍA EN LA CIUDAD Y COLINDANTES A UNIDADES EDUCATIVAS
Pero eso no es todo, la actividad minera en la ciudad Potosí (a pesar que la Ley 535 en su artículo 93, inciso a, prohíbe actividades mineras en áreas urbanas) ha crecido significativamente. Actualmente, 14 ingenios mineros operan en áreas urbanas, contribuyendo a la contaminación, degradación ambiental, y afectando a la vida. Se registran más de 500 bocaminas en el Cerro Rico, muchas en estado de abandono, que siguen siendo una fuente potencial de contaminación ambiental. Además de centros de acopio de minerales y comercializadoras y “exportadoras” de minerales incluso colindantes a unidades Educativas.
Las transnacionales también operan en la región. La Minera Manquiri recupera ciertos residuos mineros, utilizando cianuro de sodio para el recobro de plata. Estas actividades han impactado lagunas cercanas, como CHALVIRI, LOVATO, ULISTIA y PHISCO KOCHA, obligando a la empresa a realizar restauración ambiental por mandato judicial del Tribunal Agroambiental, plazo que ya e cumplió en enero del presente año. Además la operación de MANQUIRI tiene un efecto colateral en la economía y política nacional, porque ha creado una dependencia en las exportaciones del país hacia esta transnacional, lo que en el futuro creara una competencia entre países de base extractiva en la región para atraer inversiones extranjeras, cayendo en un bucle neocolonial, sin fin.
LOS RIOS HAN FALLECIDO EN POTOSI
En la red hídrica que cursa por la ciudad de Potosí se encuentran tres ríos principalmente: Huaynamayu, Chectakala, Korimayu y La Rivera, confluyen en el río Tarapaya, el cual es un afluente del río Pilcomayo, que es un rio de curso internacional, por ende su contaminación tiene alcance internacional.
Estos ríos tienen afectación de Aguas acidas de minas, aguas de percolación acida de diques de colas (aguas que en medio acido contienen metales pesados como Zing, Plomo, Cadmio en disolución) aguas residuales domésticas y hasta hace algunos años efluentes en gran volumen y colas de ingenios mineros en potosí, antes que se Instalen Laguna Pampa I y II.
Todo esto se asemeja e un enfermo de cáncer agonizando, y con placebos medicamentosos cada vez más fuertes, para aparentar robustez y salud, más aun en un escenario de cambio Climático y de sequía y lluvias intensas vertiginosas
CLAVE MINERA E IDENTIDAD MINERA
En cuanto a los aspectos sociales y culturales, la explotación minera se ha naturalizado en Potosí, en medio de una identidad minera arraigada, al punto de convertirse en una atracción turística en medio de la precarización de la vida; pues, la minería no solo sacrifica el ambiente, sino también vidas humanas, a la fecha se reportan, más de 18 personas fallecidos en minas, solo en las labores mineras del cerro Rico.
¡ESTO NO PUEDE CONTINUAR!
Ante ese escenario de Sacrificio Social y Ambiental, es urgente hablar ya no de inclusión, sino de revolución, los habitantes de Potosí ya no podemos ser solo sujetos pasivo de reproducción de la”cultura minera” y la identidad Minera, estos concepto deben progresivamente desarraigarse de nuestra realidad país y de nuestro imaginario social y cultural.
El territorio potosino y el Cerro de Potosí, requieren una reparación histórica, para lo cual es necesario propiciar espacios de dialogo colaborativo entre actores y afectados, priorizando la vida en todas sus formas, escuchando e introduciendo los saberes de mujeres, comunidades indígena originarias, zonas y barrios afectados, cuestionando el modelo estractivista y neoextractivista a profundidad. Crear un tejido social, de acción para revertir el sacrificio, entendiendo que todas las formas de vidas importan y no son sacrificables.
No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.
La minería, ese ídolo de barro con pies de dinamita, no solo saquea territorios, sino que impone su dominio a sangre y fuego, como si el suelo estuviera escrito en su nombre y el aire debiera pagar tributo a sus explosivos. Se apropia de los espacios sin más justificación que su propia voracidad, reduciendo montañas a escombros y comunidades a meros obstáculos en su insaciable expansión. No hay fronteras para su dominio hoy ni siquiera se detiene ante las escuelas, porque el conocimiento y la conciencia son más peligrosos que cualquier pleito de tierras.
El reciente estallido de dinamita en cercanías a la escuela Jaime Mendoza de Potosí, Bolivia el 15 de marzo del 2025 pasado, no es un accidente ni una anécdota aislada; es la síntesis brutal de un sistema que normaliza la violencia para garantizar el extractivismo. No se trata solo de quienes encienden la mecha, sino de una estructura entera que tolera, financia y aplaude la lógica del saqueo. En este régimen de poder, la educación no tiene prioridad, la salud es un daño colateral y la vida misma es un recurso expendible. Los niños que intentaban aprender algo en ese momento recibieron una lección más profunda que cualquier contenido curricular: en la jerarquía del poder, ellos y sus derechos están por debajo del estruendo minero. Aquí no se discute ni se negocia; se impone. Se dinamita. Se silencia.
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Lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia minera en sí misma, sino la arquitectura política que la sostiene, la encubre y la alimenta con una mezcla de oportunismo y cobardía. No se trata de un fenómeno espontáneo ni de meros desbordes del sector cooperativista, sino de una estructura diseñada con precisión quirúrgica para garantizar que estos grupos se conviertan en los nuevos dueños del país, con licencia para contaminar, saquear y, cuando sea necesario, dinamitar cualquier forma de oposición. Es un régimen de poder donde el gobierno, lejos de actuar como regulador o garante de derechos, ha preferido convertirse en cómplice. No por error ni por descuido, sino por cálculo político, por la necesidad de mantener una base de apoyo que, en su ambición de perpetuarse en el poder, terminó por devorarlo desde adentro.
El Movimiento al Socialismo (MAS) es el arquitecto de esta distopía minera. Su visión de una Bolivia socialista quedó enterrada bajo toneladas de escombros, no porque haya sido derrotada por sus enemigos históricos, sino porque fue destruida desde dentro, consumida por los monstruos que él mismo creó. El gran proyecto de transformación social terminó convertido en una versión exacerbada del capitalismo extractivo, donde el proletariado minero, en lugar de ser emancipado, fue transformado en una élite rapaz con más privilegios que la oligarquía que supuestamente se pretendía erradicar. Irónicamente, este modelo no eliminó a la burguesía que tanto despotricaban los ideólogos del MAS (recuérdese por ejemplo a Linera) ,sino que la reforzó, la expandió y la vistió con un disfraz de cooperativismo revolucionario, un eufemismo conveniente para lo que en la práctica es un grupo empresarial con capacidad de extorsión política y licencia para operar a punta de explosiones y violencia extrema (recuérdese la muerte del Viceministro Illanes que fue muerto a golpes por mineros cooperativistas en conflictos mineros del 2016).
Es trágico y a la vez irónico que quienes alguna vez fueron presentados como la vanguardia del pueblo trabajador sean hoy los nuevos barones del extractivismo, con un poder tan descomunal que ya ni siquiera necesitan la aprobación del gobierno para actuar. No solo han tomado el control de la riqueza del subsuelo, sino que se han apropiado de los mecanismos de decisión política, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, con sus propias reglas y su propia lógica de acumulación. Mientras el MAS se fragmenta en luchas internas y su base social se erosiona, este nuevo grupo de poder minero ha demostrado ser el verdadero poder fáctico, un bloque inamovible con capacidad de chantaje, negociación y, cuando es necesario, violencia abierta.
El socialismo del siglo XXI, al menos en Bolivia, terminó pariendo su peor pesadilla: una nueva burguesía que no solo se adueñó de las riquezas naturales, sino que lo hizo con una narrativa de justicia social que hoy suena a broma de mal gusto. La misma maquinaria que en el discurso decía combatir el capitalismo terminó generando su versión más grotesca: una clase dominante que se autoidentifica como proletaria, pero que vive de la acumulación de riqueza, la explotación de recursos y la imposición de su voluntad por la fuerza. No es un accidente ni un desvío inesperado, sino la consecuencia lógica de un modelo que, al intentar garantizar la lealtad de ciertos sectores, les otorgó un poder sin límites.
Hoy Bolivia no enfrenta solo el problema de la contaminación minera o la apropiación de territorios, sino la consolidación de una élite con poder económico, político y, lo más peligroso armado con explosivos. Porque mientras otros sectores de la sociedad deben acatar normativas y regulaciones, este grupo tiene en su arsenal algo que nadie más posee: explosivos y dinamita, una metáfora perfecta del país que han construido. Un país donde la palabra “cooperativa” ya no significa trabajo comunitario ni economía solidaria, sino poder corporativo, violencia descomunal y una maquinaria de destrucción disfrazada de lucha social.
Si algo queda claro en este escenario es que la gran obra política del MAS no fue la justicia social ni la redistribución equitativa de la riqueza, sino la creación de un nuevo Leviatán minero que no reconoce más autoridad que la suya propia. En su intento de moldear un nuevo orden político, el gobierno terminó por fabricar su propia caída, entregando el poder a un sector que ahora lo devora sin el menor remordimiento. No es solo una crisis política, es el epílogo de un experimento que creyó estar construyendo una revolución y terminó engendrando un régimen donde la verdadera soberanía no la tiene el pueblo, sino quienes poseen la dinamita y los títulos de concesión.
Mientras tanto, los demás nos vemos reducidos a voces que claman en el desierto, gritos apagados por el estruendo de la dinamita y el rugido de las maquinarias extractivas. No hay espacio para ilusiones ni para la ingenuidad de creer que el Estado intervendrá en favor de la gente. No lo hizo cuando las concesiones mineras devastaron ríos y montañas, no lo hizo cuando los bosques ardieron y se produjeron cruentos y dolorosos ecocidios para abrir paso a la fiebre de la expansión de las fronteras agrícolas para cultivar soya (y que año a año se queman con la permisitivad e inacción del gobierno), y no lo hará ahora que los explosivos retumban junto a las aulas de niños que solo querían aprender algo más que la lección impuesta por el miedo.
El gobierno, en sus múltiples niveles y rostros, hace mucho que se quitó la máscara. La izquierda, si es que alguna vez lo fue, terminó rendida ante el poder más antiguo y resistente: el del capital, ese al que juraban combatir y que ahora sostienen con pactos de sangre. Pactos que no solo se firmaron con los falsos caudillos autodenominados socialistas (que por supuesto no solo no entendieron sino la usaron para sus fines y delirios de poder como lo hizo Evo Morales), sino que se sellaron con la contaminación de ríos, la destrucción de comunidades y la impunidad de los nuevos barones mineros. Lo que antes se llamaba «proceso de cambio» ha mutado en una maquinaria despiadada de acumulación, una distorsión tan grotesca que ni siquiera intenta disimular su naturaleza.
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Aquí yace la gran mentira de la historia reciente: la idea de que este país fue alguna vez socialista. Si lo fue, lo fue en el discurso, en la retórica encendida de quienes usaron las palabras como arma para alcanzar el poder, pero que, una vez en él, terminaron ejecutando con precisión la hoja de ruta del capitalismo más brutal. En este país, que alguna vez prometió romper con la explotación, lo único que se rompió fue la ilusión de que el Estado podía estar al servicio de su gente. Lo que quedó fue una estructura que defiende con pólvora y fuego los intereses de una nueva élite, tan voraz como las de antaño, pero con el agravante de que se presenta con un disfraz de revolución y justicia social.
No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.
El desenlace de esta historia es predecible, porque los monstruos que se alimentan del poder siempre terminan por devorar a sus creadores. Y cuando ese día llegue, cuando el estruendo de la dinamita ya no sirva para silenciar el descontento y la crisis lo consuma todo, solo quedará la amarga certeza de que el gran legado de esta era no fue la igualdad ni la justicia, sino el haber convertido el país en un experimento fallido, donde el socialismo fue solo un espejismo y el capitalismo más voraz terminó reinando con dinamita en mano.
