Categoría: MEDIO AMBIENTE

Por: Nulfo Yala

La operación es tan simple como brutal: el Estado nombra “pequeña propiedad” a lo que en la práctica son extensiones agroempresariales millonarias, y con ese gesto convierte la ilegalidad en derecho, la concentración en normalidad y el despojo en política pública; la Función Económico Social se vacía de contenido, las verificaciones se aplazan, y en pocos días se consolida un régimen agrario con un gobierno, que, en nombre del desarrollo, consolida el poder de terratenientes que acumulan tierras más grandes que algunos países europeos; la ironía es obscena, en un país donde la mayoría no posee ni un metro cuadrado, la ley no redistribuye, protege, no corrige, legitima, no equilibra, profundiza una desigualdad estructural sostenida por un aparato jurídico que no falla, sino que funciona exactamente como fue diseñado.

 

La racionalidad del poder no se manifiesta en su forma más cruda, sino en su capacidad de nombrar. Llamar “pequeña propiedad ganadera” a un predio de 400 hectáreas no es un error técnico ni una simple distorsión administrativa; es una operación discursiva cuidadosamente diseñada. El acto de nombrar produce realidad, legitima prácticas y ordena jerarquías. En este caso, el Estado no solo clasifica la tierra, sino que reconfigura el campo social al convertir unidades agroempresariales en ficciones jurídicas de subsistencia familiar. La ironía es evidente: la ley, que en apariencia limita la acumulación, se convierte en el instrumento más eficaz para expandirla.

La Función Económico-Social, ese principio que debería operar como mecanismo de control, aparece aquí como un ritual vacío. No importa si hay ganado o no, si la tierra cumple o no su función declarada; lo relevante es que el dispositivo legal ha sido capturado. La imagen satelital, fría e irrefutable, muestra monocultivos mecanizados donde debería haber prácticas tradicionales. Pero el poder no necesita ocultar la evidencia, basta con reinterpretarla. La verdad deja de ser un problema técnico y se convierte en una cuestión de administración política: lo que se ve no importa, lo que se reconoce sí.

En este escenario, el proyecto de ley que propone la conversión automática de estas propiedades no introduce una ruptura, sino que perfecciona el dispositivo. Diez días bastan para transformar lo que antes requería justificación en un derecho consolidado. La velocidad del trámite no es eficiencia administrativa, es una tecnología de normalización. Lo ilegal no se sanciona, se regulariza; lo irregular no se corrige, se institucionaliza. Se trata de un gesto elegante del poder: en lugar de perseguir la ilegalidad, la absorbe.

La comparación con las cooperativas auríferas no es casual. En ambos casos, la lógica es idéntica: fragmentar jurídicamente lo que en la práctica opera como concentración económica. La figura de la “pequeña unidad” funciona como un escudo fiscal y político. Así, millones de dólares circulan bajo la apariencia de economías de subsistencia. La pregunta no es por qué ocurre, sino para quién está diseñado el sistema. La respuesta se vuelve incómodamente evidente.

Mientras tanto, la mayor parte del pueblo boliviano permanece al margen de este juego semántico. No se trata solo de desigualdad en la distribución de la tierra, sino de exclusión en el acceso a los mecanismos que la producen. Para quienes no poseen ni un metro cuadrado, la ley no es una herramienta, es un límite. La promesa de redistribución se disuelve en procedimientos que, en teoría, deberían garantizarla. La paradoja es brutal: en un país que constitucionalmente reconoce la función social de la tierra, la acumulación se consolida bajo la protección del propio orden jurídico.

La dimensión territorial de esta desigualdad adquiere proporciones casi absurdas. Existen propiedades cuya extensión supera la de varios países europeos, pero que siguen siendo, en el papel, “pequeñas”. No es un error de escala, es una decisión política. El territorio deja de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero, administrado bajo lógicas empresariales y protegido por el aparato estatal. La concentración no solo es económica, es también simbólica: quien controla la tierra controla el relato sobre ella.

En este contexto, la corrupción no aparece como una desviación del sistema, sino como su condición de posibilidad. El “negociado de tierras” no es una anomalía, es la forma en que el poder se reproduce. Legalizar lo ilegal, aplazar verificaciones, omitir controles, todo forma parte de una misma arquitectura. El Estado no es un árbitro neutral, es un actor que participa activamente en la redistribución desigual de los recursos.

La ironía final es que todo esto se realiza en nombre del desarrollo, de la productividad, del crecimiento económico. Conceptos que, en su aparente neutralidad técnica, encubren decisiones profundamente políticas. Se promueve una modernización agraria que, lejos de democratizar la tierra, la concentra aún más. Se habla de eficiencia mientras se legitima la exclusión. Se invoca la legalidad para consolidar la desigualdad.

Así, el poder no necesita imponerse mediante la fuerza. Opera a través de leyes, categorías y procedimientos que parecen razonables. La violencia no es visible, pero es efectiva. No se expulsa a los sin tierra, simplemente se les deja fuera del lenguaje que distribuye derechos. Y en ese silencio, cuidadosamente administrado, se construye una de las formas más sofisticadas de dominación.

Por: Milenka Vanessa Almanza López

Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.

El día domingo 17 de agosto de 2025 se tiene programada la realización de las elecciones generales en Bolivia. Esto implica la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados para el periodo 2025–2030, información ratificada por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Estas elecciones generales, en esta ocasión, son particularmente peculiares y se desarrollan en un contexto de profunda desesperación de sus habitantes, en medio de la escasez de dólares (como moneda hegemónica global) y de combustibles fósiles, lo cual ha generado endeudamiento para subvencionarlos.

En ese escenario, y con base en la funesta historia extractivista de Bolivia, este artículo de análisis pretende profundizar en las propuestas (enmascaradas o no) de los candidatos y la candidata respecto al extractivismo y los neoextractivismos, con el objetivo de indagar en el futuro del país.

Es así que la alianza Unidad, con su candidato, el empresario Samuel Doria Medina, en su programa de gobierno Unidos, pongamos Bolivia a trabajar, plantea corregir el extractivismo y dejar de pensar en el crecimiento económico para enfocarse en el “progreso”. ¿Progreso para quién? Afirma: “tenemos todo en el suelo y en el subsuelo (…) pero hay cerraduras y candados que nos tienen prisioneros y limitados”, denotando una visión totalmente antropocéntrica y mercantilista de la vida, al concebir los bienes comunes de la naturaleza como simples recursos para el beneficio de algunos seres humanos. Para este candidato y su alianza, en Bolivia existe una ausencia de ambición tecnológica que nos atrasa y empobrece, y un modelo económico equivocado, entre otros diagnósticos. Para remediar esta situación, en sus primeros 100 días de gestión solicitará toda la ayuda internacional posible para “devolver” los dólares al país: cielos abiertos para inversiones nacionales y extranjeras. La pregunta es: ¿cuál será el costo?, ¿cómo pagaremos semejante “ayuda”?, ¿acaso con este modelo la naturaleza dejará de ser sacrificada?

En ese mismo contexto, Doria Medina afirma: “Ha llegado la hora de pensar en una patria donde se produce, industrializa y exporta alimentos orgánicos” (sin considerar que estos no son la solución y ni siquiera se aproximan a los principios de la agroecología), “donde se aprovecha sin destruir la riqueza forestal, donde se hace exitosamente biocomercio y ecoturismo”. Sin embargo, en el Foro Agropecuario de la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente), grupo de poder político y económico por excelencia, Doria Medina aseveró textualmente: “Si se tiene que elegir entre la producción y el medio ambiente, elegiré la producción sin dudarlo”, en una suerte de demagogia pura y una vampiresca simulación de salvador.

De igual forma, en su plan de gobierno, Doria Medina habla abiertamente de generar divisas a partir de la venta de certificados de reducción de dióxido de carbono (CO₂), lo cual supone la mercantilización de la naturaleza mediante los mercados de carbono: una falsa solución a la crisis climática, una continuación del ciclo extractivista de los bosques, con afectaciones a comunidades indígenas y una prolongación del colonialismo climático entre el norte y el sur global.

La Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, si bien proclama en su plan de gobierno que el modelo económico extractivista debe quedar en el pasado y propone un modelo de desarrollo más sostenible con una “industrialización verde”, manifiesta una clara inclinación hacia el llamado capitalismo verde (una estrategia del capitalismo para adaptarse a la crisis ambiental sin transformar su lógica de acumulación). Asimismo, Andrónico habla de la urgencia de una transición energética y ecológica, apostando por tecnologías mal denominadas “limpias”, como la eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, las cuales funcionan como mecanismos de subordinación que perpetúan estilos de vida extremadamente consumistas tanto en el país como en los países del norte global. En definitiva, para que una transición energética sea verdaderamente justa, se requiere justicia a nivel global, no solo regional.

El plan de gobierno de Andrónico presenta contradicciones de fondo. Si bien critica el extractivismo, su principal bandera es la extracción del litio, cuya explotación compromete ecosistemas y sistemas de vida altamente vulnerables. Afirma que se producirán baterías de litio, aunque, bajo la lógica del mercado internacional, este negocio ya no es rentable. Los precios internacionales, que alcanzaron entre 70.000 y 80.000 dólares por tonelada en 2022, han caído drásticamente, situándose actualmente en aproximadamente 10.000 dólares por tonelada.

El plan de gobierno de Nueva Generación Patriótica —cuyo candidato, el economista Jaime Dunn, fue recientemente inhabilitado para las elecciones— propone un modelo económico mixto que revela una contradicción profunda: asegura que se “logrará” corregir la dependencia del modelo extractivista, pero sin renunciar a los avances sociales de los últimos años. Menciona que no se trata de un estatismo cerrado ni de un neoliberalismo excluyente, pero encubre un enfoque netamente produccionista. Disfraza el extractivismo agrícola del modelo cruceño como una alternativa de diversificación económica y agroexportación. Asimismo, intenta realizar un lavado verde (greenwashing), aparentando una responsabilidad ambiental que no existe. Dentro de su propuesta “ecológica” incluso se contempla el impulso a proyectos hidroeléctricos, ampliamente conocidos por su alto impacto ambiental negativo, incluso a escala paisajística.

El candidato y ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, subraya sistemáticamente en su discurso la necesidad de crecimiento económico. Habla de “caminos correctos” y de gobernar “con el corazón en la izquierda para ayudar a los pobres”; sin embargo, el término “pobres” resulta peyorativo. Debería hablarse de personas empobrecidas y de las desigualdades estructurales que arrastran de forma invisible, siendo uno de los resultados nefastos del extractivismo. Su discurso continúa posicionando abiertamente el “desarrollo” y el aumento de la producción, aun en medio de una crisis energética en un país altamente dependiente de fuentes fósiles. Esto demuestra, una vez más, que para la Alianza Libre, Bolivia permanece al margen de la transición energética global.

Desde 2020, Tuto sostiene abiertamente que Bolivia necesita una política de salvataje internacional con ayuda del FMI (Fondo Monetario Internacional), en una lógica de endeudamiento perpetuo, destinada a sostener un nivel de vida que solo beneficia a unos cuantos, cuyas deudas son pagadas con recursos provenientes del extractivismo. Y no se debe olvidar que el FMI no presta por filantropía; detrás de esos préstamos hay una imposición de políticas de ajuste estructural que afectan gravemente a los países.

El MAS–IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos), con Eduardo del Castillo como rostro visible, menciona en su plan de gobierno la implementación del “Plan de Restauración Inmediata de los componentes de la Madre Tierra”, con participación social y tomando en cuenta la gestión del territorio. Sin embargo, cabe preguntarse: durante todos estos años de gobierno, ¿acaso lograron restaurar siquiera uno de los más de 104 pasivos ambientales —productos tangibles y aparentemente eternos de lo salvaje que es el extractivismo— existentes solo en el departamento de Potosí? Pareciera que han olvidado el desastre del colapso del dique de colas de Andavillque en Llallagua, Potosí, un ejemplo claro de la inacción del Estado.

Del Castillo también afirma en su plan de gobierno que se promoverán “patrones de producción y hábitos de consumo compatibles con la Madre Tierra”, cuando es ampliamente sabido que el MAS–IPSP ha sido el principal aliado incondicional del agronegocio en Bolivia, cuya producción y hábitos de consumo son absolutamente incompatibles con la Madre Tierra.

Asimismo, Del Castillo menciona que en su gobierno se realizará el control y supervisión de las industrias extractivas. ¡Claro! En las gestiones de gobiernos anteriores nadie hizo control ni supervisión; por eso Bolivia es tierra de nadie, aunque pertenezca a los extractivistas. Además, enfatiza que dichas industrias “generarán fondos para el desarrollo de las comunidades y para fomentar la investigación y la tecnología”; es decir, además de extraer los bienes comunes, se pretende imponer un concepto de desarrollo hegemónico a las comunidades. Esta concepción dista mucho del desarrollo sostenible; se trata, en cambio, de una continuación del capitalismo verde y el neoextractivismo promovidos por gobiernos que se autodenominan de “izquierda”, pero que en la práctica carecen de verdaderas políticas públicas de izquierda.

Por otro lado, la agrupación MORENA (Movimiento de Renovación Nacional), con la única candidata mujer a las elecciones presidenciales, Eva Copa, señala en su programa de gobierno: “la ausencia de políticas de protección ambiental efectivas y el avance indiscriminado del extractivismo han vulnerado los Derechos de la Madre Tierra”. No obstante, continúa apostando por el produccionismo en sectores estratégicos como el minero y el hidrocarburífero. Considera que la industrialización del litio es la solución y la base que debería reemplazar al gas en la economía nacional, aunque plantea renegociar los términos con empresas extranjeras. Eva Copa también apuesta por la exploración de tierras raras —que incluyen elementos como escandio, itrio, lantano, cerio, entre otros, esenciales para la tecnología moderna— en una evidente apuesta por el extractivismo, esta vez de tierras raras. Pregonando la integración económica de las mayorías, surge la pregunta: ¿y qué ocurre con las minorías?

Propone además una reestructuración institucional profunda, destacando su intención de crear un Instituto Plurinacional de Ética Pública, como si se tratara de la panacea para uno de los países más corruptos de la región, como lo es Bolivia.

MORENA propone la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Si bien esta propuesta podría parecer un pincelazo hacia la justicia social, continúa sesgando la implicancia profunda del concepto de cuidado, pues lo limita exclusivamente a la relación de ser humano a ser humano, reduciendo así un tema complejo a un mero antropocentrismo. En contextos extractivistas como el boliviano, el debate sobre los cuidados exige un análisis más amplio desde la ética y la estética de los cuidados.

Hablar de ética de los cuidados implica comprender que existe una relación de interdependencia y afectividad no solo entre personas, sino también con el medio ambiente y la Madre Tierra, donde todas las formas de vida dependen unas de otras. Por su parte, la estética de los cuidados se relaciona con las formas de habitar la tierra: el respeto, la sensibilidad, la reciprocidad, acciones y mecanismos que, en el contexto de extractivismo arraigado en Bolivia, se encuentran anestesiados, dormidos o, peor aún, eliminados. Esto ocurre a pesar de que Bolivia, en el marco de la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Ley Marco de la Madre Tierra para Vivir Bien, proclama —con retórica poética— principios como la reciprocidad y el equilibrio. Sin embargo, en la práctica, ocurre lo contrario: Bolivia continúa siendo un país capitalista con maquillaje socialista, aunque muchos se nieguen a reconocerlo.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con su imaginario de salvadora y supuesto motor de la economía, convocó a un foro con los candidatos presidenciales, en el cual todos, sin excepción, buscaron acomodarse con discursos para agradar a este sector.

Si bien existen otros frentes políticos en disputa en las elecciones generales de Bolivia, sus planes de gobierno no están fácilmente accesibles en la web, lo que impide un análisis riguroso y público de sus propuestas.

A partir de este análisis, se puede concluir que todos los candidatos llevan como bandera el eje económico en sus planes de gobierno. Si bien atravesamos un momento económicamente crítico, la temática ambiental permanece relegada, como un sedimento en el lecho de un río caudaloso. Los candidatos y la candidata en esta carrera electoral no colocan la vida en el centro de su apuesta ética y política.

Los discursos de progreso, de libertad y de superación del extractivismo son recurrentes, mientras los mismos candidatos portan cascos de minero en sus campañas, apelando a un símbolo asociado a grupos históricamente beneficiados por el extractivismo y el neoextractivismo, como el sector minero corporativizado, que incluso se jacta de la «identidad minera». Ninguno de los candidatos ni la candidata menciona alternativas al desarrollo, un modelo ampliamente cuestionado, pues nos está conduciendo a vivir el capitaloceno: la era del capital, en la que la crisis ecológica no ha sido causada por toda la humanidad, sino por un sistema económico específico: el capitalismo. Bolivia parece una isla mediterránea, aislada de la policrisis que atraviesa el mundo.

Las visiones de los candidatos se centran exclusivamente en el supuesto bienestar de “la gente”, sin siquiera mencionar a las otras formas de vida. Esto resulta aún más grave si se considera que Bolivia es uno de los países más megadiversos del mundo en términos de biodiversidad.

Los contendientes ni siquiera hacen alusión al Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), una herramienta clave en la lucha contra el extractivismo. Se desconoce si el país mantendrá o ratificará su adhesión al acuerdo, y preocupa que Bolivia no contribuya al Fondo Voluntario del Acuerdo de Escazú, lo cual evidencia desinterés y falta de voluntad política. Esta omisión es aún más alarmante, considerando que, en mayor o menor grado, todos los candidatos y la candidata promueven en sus planes de gobierno la continuidad del modelo extractivista y la violencia estructural que lo acompaña.

Ningún candidato menciona cómo el país enfrentará la crisis y emergencia climática global, la cual genera riesgos evidentes y que, además, afecta de manera selectiva y más severa a países vulnerables como Bolivia.

Todos los candidatos dicen hablar en nombre de “los pobres”, pero se reúnen con los grupos de poder económico, político y social, como la CAO, heredera directa de los intereses de la oligarquía agraria. Entonces surge una pregunta ineludible: ¿por qué no se reúnen con las amas y amos de casa, quienes sostienen sobre sus espaldas —de forma invisible— al sistema capitalista a través del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? En una sociedad siniestra que invisibiliza estos trabajos, la explotación de la naturaleza sigue siendo el negocio más rentable.

Las opciones en la carrera electoral boliviana apuestan por el litio como si fuera la gallina de los huevos de oro, reproduciendo un bucle interminable de extracción y despojo para continuar apoyando la descarbonización de las economías globales. Sin embargo, se sabe que la caída de los precios internacionales del litio obedece a una combinación de factores: el aumento de la oferta y la desaceleración de la demanda. Bolivia no es ajena a esta situación; también ha ingresado en esta lógica, sin revisar críticamente su inserción en un mercado volátil y altamente especulativo.

Todo este panorama, en pleno proceso electoral, anticipa una preocupante intensificación de los conflictos socioambientales y la profundización de los modelos extractivistas o neoextractivistas, ahora justificados por falsas soluciones a la crisis climática. Estas apuestas, lejos de resolver la situación, contribuyen a agravar la policrisis global, proyectando una Bolivia que parece comportarse como una isla sometida al sobreconsumo, subordinada a la supremacía del mercado y el capital, en plena era del capitaloceno.

Por Nulfo Yala:

No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.

La minería, ese ídolo de barro con pies de dinamita, no solo saquea territorios, sino que impone su dominio a sangre y fuego, como si el suelo estuviera escrito en su nombre y el aire debiera pagar tributo a sus explosivos. Se apropia de los espacios sin más justificación que su propia voracidad, reduciendo montañas a escombros y comunidades a meros obstáculos en su insaciable expansión. No hay fronteras para su dominio hoy ni siquiera se detiene ante las escuelas, porque el conocimiento y la conciencia son más peligrosos que cualquier pleito de tierras.

El reciente estallido de dinamita en cercanías a la escuela Jaime Mendoza de Potosí, Bolivia el 15 de marzo del 2025 pasado, no es un accidente ni una anécdota aislada; es la síntesis brutal de un sistema que normaliza la violencia para garantizar el extractivismo. No se trata solo de quienes encienden la mecha, sino de una estructura entera que tolera, financia y aplaude la lógica del saqueo. En este régimen de poder, la educación no tiene prioridad, la salud es un daño colateral y la vida misma es un recurso expendible. Los niños que intentaban aprender algo en ese momento recibieron una lección más profunda que cualquier contenido curricular: en la jerarquía del poder, ellos y sus derechos están por debajo del estruendo minero. Aquí no se discute ni se negocia; se impone. Se dinamita. Se silencia.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia minera en sí misma, sino la arquitectura política que la sostiene, la encubre y la alimenta con una mezcla de oportunismo y cobardía. No se trata de un fenómeno espontáneo ni de meros desbordes del sector cooperativista, sino de una estructura diseñada con precisión quirúrgica para garantizar que estos grupos se conviertan en los nuevos dueños del país, con licencia para contaminar, saquear y, cuando sea necesario, dinamitar cualquier forma de oposición. Es un régimen de poder donde el gobierno, lejos de actuar como regulador o garante de derechos, ha preferido convertirse en cómplice. No por error ni por descuido, sino por cálculo político, por la necesidad de mantener una base de apoyo que, en su ambición de perpetuarse en el poder, terminó por devorarlo desde adentro.

El Movimiento al Socialismo (MAS) es el arquitecto de esta distopía minera. Su visión de una Bolivia socialista quedó enterrada bajo toneladas de escombros, no porque haya sido derrotada por sus enemigos históricos, sino porque fue destruida desde dentro, consumida por los monstruos que él mismo creó. El gran proyecto de transformación social terminó convertido en una versión exacerbada del capitalismo extractivo, donde el proletariado minero, en lugar de ser emancipado, fue transformado en una élite rapaz con más privilegios que la oligarquía que supuestamente se pretendía erradicar. Irónicamente, este modelo no eliminó a la burguesía que tanto despotricaban los ideólogos del MAS (recuérdese por ejemplo a Linera) ,sino que la reforzó, la expandió y la vistió con un disfraz de cooperativismo revolucionario, un eufemismo conveniente para lo que en la práctica es un grupo empresarial con capacidad de extorsión política y licencia para operar a punta de explosiones y violencia extrema (recuérdese la muerte del Viceministro Illanes que fue muerto a golpes por mineros cooperativistas en conflictos mineros del 2016).

Es trágico y a la vez irónico que quienes alguna vez fueron presentados como la vanguardia del pueblo trabajador sean hoy los nuevos barones del extractivismo, con un poder tan descomunal que ya ni siquiera necesitan la aprobación del gobierno para actuar. No solo han tomado el control de la riqueza del subsuelo, sino que se han apropiado de los mecanismos de decisión política, convirtiéndose en un Estado dentro del Estado, con sus propias reglas y su propia lógica de acumulación. Mientras el MAS se fragmenta en luchas internas y su base social se erosiona, este nuevo grupo de poder minero ha demostrado ser el verdadero poder fáctico, un bloque inamovible con capacidad de chantaje, negociación y, cuando es necesario, violencia abierta.

El socialismo del siglo XXI, al menos en Bolivia, terminó pariendo su peor pesadilla: una nueva burguesía que no solo se adueñó de las riquezas naturales, sino que lo hizo con una narrativa de justicia social que hoy suena a broma de mal gusto. La misma maquinaria que en el discurso decía combatir el capitalismo terminó generando su versión más grotesca: una clase dominante que se autoidentifica como proletaria, pero que vive de la acumulación de riqueza, la explotación de recursos y la imposición de su voluntad por la fuerza. No es un accidente ni un desvío inesperado, sino la consecuencia lógica de un modelo que, al intentar garantizar la lealtad de ciertos sectores, les otorgó un poder sin límites.

Hoy Bolivia no enfrenta solo el problema de la contaminación minera o la apropiación de territorios, sino la consolidación de una élite con poder económico, político y, lo más peligroso armado con explosivos. Porque mientras otros sectores de la sociedad deben acatar normativas y regulaciones, este grupo tiene en su arsenal algo que nadie más posee: explosivos y dinamita, una metáfora perfecta del país que han construido. Un país donde la palabra “cooperativa” ya no significa trabajo comunitario ni economía solidaria, sino poder corporativo, violencia descomunal y una maquinaria de destrucción disfrazada de lucha social.

Si algo queda claro en este escenario es que la gran obra política del MAS no fue la justicia social ni la redistribución equitativa de la riqueza, sino la creación de un nuevo Leviatán minero que no reconoce más autoridad que la suya propia. En su intento de moldear un nuevo orden político, el gobierno terminó por fabricar su propia caída, entregando el poder a un sector que ahora lo devora sin el menor remordimiento. No es solo una crisis política, es el epílogo de un experimento que creyó estar construyendo una revolución y terminó engendrando un régimen donde la verdadera soberanía no la tiene el pueblo, sino quienes poseen la dinamita y los títulos de concesión.

Mientras tanto, los demás nos vemos reducidos a voces que claman en el desierto, gritos apagados por el estruendo de la dinamita y el rugido de las maquinarias extractivas. No hay espacio para ilusiones ni para la ingenuidad de creer que el Estado intervendrá en favor de la gente. No lo hizo cuando las concesiones mineras devastaron ríos y montañas, no lo hizo cuando los bosques ardieron y se produjeron cruentos y dolorosos ecocidios para abrir paso a la fiebre de la expansión de las fronteras agrícolas para cultivar soya (y que año a año se queman con la permisitivad e inacción del gobierno), y no lo hará ahora que los explosivos retumban junto a las aulas de niños que solo querían aprender algo más que la lección impuesta por el miedo.

El gobierno, en sus múltiples niveles y rostros, hace mucho que se quitó la máscara. La izquierda, si es que alguna vez lo fue, terminó rendida ante el poder más antiguo y resistente: el del capital, ese al que juraban combatir y que ahora sostienen con pactos de sangre. Pactos que no solo se firmaron con los falsos caudillos autodenominados socialistas (que por supuesto no solo no entendieron sino la usaron para sus fines y delirios de poder como lo hizo Evo Morales), sino que se sellaron con la contaminación de ríos, la destrucción de comunidades y la impunidad de los nuevos barones mineros. Lo que antes se llamaba «proceso de cambio» ha mutado en una maquinaria despiadada de acumulación, una distorsión tan grotesca que ni siquiera intenta disimular su naturaleza.

Aquí yace la gran mentira de la historia reciente: la idea de que este país fue alguna vez socialista. Si lo fue, lo fue en el discurso, en la retórica encendida de quienes usaron las palabras como arma para alcanzar el poder, pero que, una vez en él, terminaron ejecutando con precisión la hoja de ruta del capitalismo más brutal. En este país, que alguna vez prometió romper con la explotación, lo único que se rompió fue la ilusión de que el Estado podía estar al servicio de su gente. Lo que quedó fue una estructura que defiende con pólvora y fuego los intereses de una nueva élite, tan voraz como las de antaño, pero con el agravante de que se presenta con un disfraz de revolución y justicia social.

No hay socialismo en una nación donde el dinero manda, donde los intereses mineros dictan las reglas y donde la vida y la salud de las personas es un daño colateral en la ecuación del extractivismo. No hay justicia en un sistema que otorga explosivos y concesiones a quienes mejor saben negociar su lealtad con el poder. Lo que hay es un país donde el verdadero gobierno lo ejercen aquellos que pueden dinamitar o contaminar a lado de las escuelas sin que nadie los detenga, donde el derecho a respirar aire limpio y a beber agua sin veneno ya se ha convertido en algo inalcanzable.

El desenlace de esta historia es predecible, porque los monstruos que se alimentan del poder siempre terminan por devorar a sus creadores. Y cuando ese día llegue, cuando el estruendo de la dinamita ya no sirva para silenciar el descontento y la crisis lo consuma todo, solo quedará la amarga certeza de que el gran legado de esta era no fue la igualdad ni la justicia, sino el haber convertido el país en un experimento fallido, donde el socialismo fue solo un espejismo y el capitalismo más voraz terminó reinando con dinamita en mano.

Por: Milenka Almanza

Desde el Colectivo Potosino Acontravía, queremos ampliar el análisis y contribuir a las narrativas actuales, porque creemos que Bolivia y los países del Sur Global no podemos seguir alimentando el estilo de vida consumista y colonial de los países del Norte Global a través de la mal llamada transición energética. En este proceso, el litio juega un rol crucial, ya que su extracción y explotación siguen promoviendo modelos de desarrollo basados en el exceso de consumo de energía.

Litio potosino, litio boliviano en disputa y sus narrativas actuales

El litio, un elemento químico perteneciente a los metales alcalinos, ha generado disputas en Bolivia, un país marcado por un extractivismo histórico. En este contexto, las narrativas predominantes se reducen exclusivamente a las regalías, al crecimiento económico y a una visión de «desarrollo» limitada únicamente a lo financiero, sin considerar las implicaciones socioambientales y estructurales de su explotación.

Por un lado, los cívicos —con discursos politizados, capitalistas y reduccionistas—, representados por el Comité Cívico Potosinista, no reflejan nuestras luchas ni se alinean con la justicia ambiental; por otro, los discursos del propio pueblo potosino y las políticas del gobierno insisten en una visión que se limita al discurso capitalista de las regalías, una atroz forma de “compensación” por la extracción de los recursos naturales. En este contexto, el modelo económico del neoextractivismo cobra relevancia. A diferencia del extractivismo clásico —de carácter colonial y neoliberal—, el neoextractivismo, promovido principalmente en América Latina desde la década de 2000, se desarrolla en escenarios de gobiernos progresistas que buscan redistribuir la renta de los recursos a través de políticas sociales; sin embargo, no rompe con la dependencia estructural de la explotación de materias primas, perpetuando la lógica extractivista bajo nuevas justificaciones (Gudynas, 2012). Tanto los cívicos como las políticas gubernamentales contribuyen a profundizar los extractivismos y neoextractivismos, reforzando una estructura económica que continúa sometiendo los territorios a la expoliación de sus bienes naturales en nombre del desarrollo.

Algunos grupos con ciertas tendencias ambientalistas manejan el discurso de la transición energética y el rol crucial de los minerales “estratégicos”, como el litio, justificando su extracción desde la perspectiva del llamado extractivismo verde. Este modelo se presenta como ecológicamente sostenible y alineado con la transición energética; sin embargo, sigue reproduciendo las mismas dinámicas de saqueo, explotación y daño ambiental del extractivismo tradicional, solo que bajo el discurso de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Pero desde el Colectivo Potosino Acontravía, queremos ampliar el análisis y contribuir a las narrativas actuales, porque creemos que Bolivia y los países del Sur Global no podemos seguir alimentando el estilo de vida consumista y colonial de los países del Norte Global a través de la mal llamada transición energética. En este proceso, el litio juega un rol crucial, ya que su extracción y explotación siguen promoviendo modelos de desarrollo basados en el exceso de consumo de energía.

El Sur Global es una categoría geopolítica y socioeconómica que designa a los países históricamente marginados dentro del sistema mundial, generalmente ubicados en América Latina, África, Asia y Oceanía. No se trata solo de una ubicación geográfica, sino de una posición dentro de las estructuras globales de poder, producción y dependencia (Wallerstein, 2004). En contraste, el Norte Global se refiere a los países más desarrollados, industrializados y con mayor poder económico y político, que continúan beneficiándose del saqueo de recursos naturales del Sur. Por ello, hablar de la extracción y explotación del litio en Bolivia implica debatir sobre una transición energética justa, la cual no será posible sin una verdadera justicia global.

Tampoco sin justicia local, pues las narrativas actuales en Potosí reflejan una profunda preocupación por la apropiación minera del territorio, la identidad minera inherente y la despolitización de los temas ambientales entre la población potosina.

Las connotaciones geopolíticas de la extracción

La discusión desde la potosinidad no debería centrarse únicamente en la consigna “Potosí se respeta”, entendida solo desde una visión de resentimiento y anhelos desarrollistas promovidos, en muchos casos, por medios de comunicación que refuerzan una identidad minera sin cuestionar sus implicaciones. Es necesario mirar más allá de lo evidente y comprender las connotaciones geopolíticas de las dinámicas extractivas del litio, que están ligadas al control de los recursos por parte de un país o grupo de países sobre los bienes naturales de Bolivia. En estos escenarios, los componentes ambientales se reducen a meros recursos económicos, sin que a estos países les importe el despojo ni los conflictos socioambientales que surgen en torno a su explotación.

La extracción del litio boliviano, además de los altos impactos ambientales potenciales que pueden suscitarse y que ya se generan actualmente, también exacerba la deuda ecológica de los países del Norte Global con los países del Sur Global. Si alguien lo sabe bien, somos los potosinos: la ciudad de Potosí es una zona de sacrificio ambiental, un territorio explotado intensivamente por actividades extractivas con un alto costo social y ambiental para sus comunidades (Elias, 2016). ¿Acaso vamos a garantizar el estilo de vida de los ricos a costa del sacrificio de nuestra naturaleza eternamente?

La mal llamada transición energética y el litio boliviano

Bolivia y los salares que albergan litio se encuentran en el llamado «Triángulo del Litio», al que en los últimos tiempos se le ha asignado un papel “fundamental” en la transición energética. Sin embargo, esta transición energética es totalmente desigual y jerárquica, ya que no cuestiona el modelo extractivista de producción ni la explotación de materias primas en el Sur Global. Tampoco problematiza los vínculos sociales y ambientales de las poblaciones humanas y no humanas que han habitado históricamente el salar de Uyuni, evolucionando y especializándose en torno a él, ni los ecosistemas vulnerables que dependen de su equilibrio. Pero, sobre todo, no cuestiona el nivel exorbitante de consumo energético de los países del Norte Global.

Se trata de una transición energética corporativa que promueve y justifica la mercantilización de los bienes comunes, potenciando las desigualdades estructurales ya existentes. Ejemplo de ello son los contratos con la empresa rusa Uranium One y el consorcio chino Hong Kong CBC, en el que participa CATL y su dominio en la cadena de suministro. Estos casos evidencian la inmersión del país en un capitalismo tecnocrático, que pretende presentar las tecnologías actuales y de «punta» como la solución absoluta, mientras que las multinacionales solo ven el litio desde una perspectiva económica y de negocios, utilizándolo como instrumento para reforzar su poder geopolítico.

Estamos seguros de que este o cualquier otro gobierno apostaría igualmente por el extractivismo; la única diferencia serían los matices con los que se lleve a cabo. Por lo tanto, no se trata solo de un tema de administración gubernamental, sino de una lucha de poder y posicionamiento de las economías a nivel global. Por esta razón, sabemos que un cambio de gobierno no resolverá el problema de la extracción del litio, ya que cualquier administración, tarde o temprano, terminaría entregando este recurso; lo único que cambiaría sería la disputa por el control del poder.

Desde Acontravía, apostamos por que el litio no se explote ni ahora ni en el futuro, pues el único desenlace de su explotación es el colapso socioecológico y sistémico. Cualquier otra postura significaría asumir los discursos hegemónicos de la transición energética bajo el pretexto de la descarbonización y la mitigación del cambio climático, sin considerar los impactos ambientales, sociales e incluso culturales de su explotación, tanto en el presente como en el futuro. Esto parte de la falacia de que la transición energética es uniforme en todas las latitudes, como si las necesidades energéticas fueran las mismas en cualquier parte del mundo. Por tanto, una verdadera transición energética solo es posible si incorpora justicia global y justicia socioecológica.

Desde Acontravía, alzamos nuestra voz para proclamar con firmeza: ¡Ni los salares ni los humedales andinos serán zonas de sacrificio ambiental! No aceptaremos que los seres vivos que allí habitan, ni los milenios que les ha tomado especializarse en su entorno, sean ignorados y destruidos en nombre del «desarrollo».

Desde Acontravía, sabemos y reconocemos que: ¡Somos hijos de mineros, pero no hijos de la minería. Somos los hijos de la transformación¡

mileoxka@gmail.com

 

Por Nulfo Yala

La discusión sobre a quién conceder los contratos es, en realidad, una distracción. El verdadero problema no radica en la identidad del comprador o el porcentaje de las regalías para la región, sino en la decisión misma de explotar el recurso. La narrativa del litio como motor de desarrollo ignora, como siempre, las consecuencias irreversibles de su extracción: el agotamiento de fuentes de agua en una región ya azotada por la crisis hídrica, la desertificación, la pérdida de ecosistemas frágiles.

Como si se tratara de un destino fatal, Potosí vuelve a ser el escenario de una disputa que trasciende las fronteras nacionales. No es la primera vez que el subsuelo potosino es condenado a la expoliación en nombre del progreso, ni será la última. Lo curioso no es el saqueo en sí, sino la manera en que se escenifica: con discursos nacionalistas, arengas soberanistas y la indispensable participación de los actores políticos, todos convenientemente repartidos en sus respectivos papeles.

De un lado, el oficialismo proclama que los contratos con empresas extranjeras asegurarán el desarrollo del país, porque la industrialización del litio será, esta vez sí, la vía para convertir a Bolivia en una potencia. Del otro, la oposición, en un giro de guion esperable, denuncia el entreguismo del gobierno mientras propone exactamente lo mismo, pero con otros socios y otras condiciones. Sumado ello el discurso transnochado de los autodenominados cívicos, que serviles a sus mezquinos intereses económicos y políticos, embanderan el falso discurso de las regalías para la región, como problema pincipal. No importa cuál sea la bandera, el libreto es siempre el mismo: la patria en venta, con la ilusión de que esta vez el botín se repartirá de manera más equitativa.

Pero si hay algo que caracteriza a los recursos estratégicos, es que nunca pertenecen a quienes viven sobre ellos. Detrás de cada decisión política están las manos invisibles de las potencias mundiales, disputando en la sombra la hegemonía tecnológica y económica del siglo XXI. China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea no se molestan en ocultar su interés en el oro blanco. Con discursos que oscilan entre la transición energética y la seguridad estratégica, sus embajadores y corporaciones negocian, presionan y financian a los intermediarios locales, asegurando que la decisión final sea siempre funcional a sus intereses.

La discusión sobre a quién conceder los contratos es, en realidad, una distracción. El verdadero problema no radica en la identidad del comprador o el porcentaje de las regalías para la región, sino en la decisión misma de explotar el recurso. La narrativa del litio como motor de desarrollo ignora, como siempre, las consecuencias irreversibles de su extracción: el agotamiento de fuentes de agua en una región ya azotada por la crisis hídrica, la desertificación, la pérdida de ecosistemas frágiles. Mientras el discurso oficialista promete industrialización y tecnología, lo que se perpetúa es la misma matriz extractivista que desde hace siglos reduce la economía a una ecuación simplista: extraer, vender y repartir migajas.

Ejemplos sobran. En Argentina, las comunidades indígenas han resistido la expansión del extractivismo del litio, denunciando la contaminación de sus fuentes de agua. En Chile, el modelo de concesiones ha beneficiado a transnacionales mientras los beneficios reales para la población local son insignificantes. En Bolivia, el proyecto de industrialización estatal ha sido una promesa eterna, mientras las corporaciones extranjeras siguen asegurándose su parte del pastel. En cada uno de estos escenarios, los gobiernos han defendido sus decisiones con el mismo lenguaje de modernización, justificando la devastación ecológica con la promesa de una prosperidad futura que nunca llega.

El litio no es la solución al subdesarrollo, es su continuidad. La insistencia en explotar estos recursos sin un replanteamiento estructural sólo refuerza la dependencia de la economía nacional a la extracción de materias primas. Detrás del lenguaje tecnocrático de «progreso», «inversión» y «soberanía económica» está el mismo mecanismo de siempre: el enriquecimiento de unos pocos a costa de la expoliación de muchos. Y cuando el litio se agote, como ocurrió con la plata y el estaño, quedarán las mismas heridas de siempre: tierras secas, comunidades desplazadas, los nuevos barones del mineral como hoy en día prevalecen las cooperativas mineras y sus emporios empresariales multimillonarios, y la ilusión de que esta vez, al menos esta vez, pudo haber sido diferente.

Lo más irónico es que, a pesar de las advertencias, la maquinaria extractivista sigue avanzando, envuelta en nuevas justificaciones. Ahora no se habla de simple explotación, sino de «minería sostenible», «responsabilidad social empresarial» y «transición energética justa». Sin embargo, en el fondo, el mecanismo sigue intacto: territorios convertidos en zonas de sacrificio, poblaciones locales ignoradas y riqueza que fluye siempre hacia los mismos destinos.

La verdadera alternativa, aquella que cuestionaría de raíz esta lógica de expoliación, ni siquiera es considerada. Imaginar un Potosí que no dependa de la extracción minera es un acto de rebeldía intelectual demasiado subversivo para los arquitectos del desarrollo. Lo cierto es que cualquier modelo económico que suponga la explotación ilimitada de los recursos naturales está condenado al fracaso. Pero en este teatro, la sostenibilidad real es una palabra prohibida.

Y así, el ciclo se repite. Con cada nueva generación, se reescriben las mismas promesas, se reciclan los mismos discursos y se perpetúa la misma tragedia. Potosí sigue siendo el botín de las potencias extranjeras y sus lacayos políticos serviles, que llamaremos “intermediarios locales”, mientras el «progreso» se traduce, una vez más, en miseria disfrazada de oportunidad. En este escenario de falsa modernidad, la gente que vive en el lugar, siguen siendo víctimas de un modelo extractivista que no solo les niega el derecho a un futuro viable, sino que también perpetúa las mismas lógicas de despojo que han definido la historia del continente desde hace siglos.

nulfoyala@gmail.com

Por: Milenka Almanza

La ocupación de Palestina no es solo una cuestión territorial; es un despojo que abarca cuerpos, vidas, dignidades y no solo acaba con las vidas humanas, sino también múltiples otras formas de vida no humanas que soportan el embate genocida en silencio. ¿Cuánta biodiversidad estará siendo arrasada? y de los cuales escasamente se habla.

Palestina vive hoy más que nunca; sus sollozos y gritos se multiplican y resuenan en todos aquellos que imploramos su libertad. A días de declararse un supuesto alto al fuego -ya que no cesan los ataques contra Gaza- urge abordar las heridas abiertas que deja la ocupación de un territorio donde la vida en todas sus formas libra una lucha desigual contra la maquinaria de muerte, desposesión y despojo. Palestina, desde hace décadas, ha sido el epicentro de una de las injusticias más brutales de nuestra era: un pueblo sometido a un régimen colonial y neocolonial que perpetúa un ciclo de violencia estructural de «limpieza racial» y genocidio.

La ocupación de Palestina no es solo una cuestión territorial; es un despojo que abarca cuerpos, vidas, dignidades y no solo acaba con las vidas humanas, sino también múltiples otras formas de vida no humanas que soportan el embate genocida en silencio. ¿Cuánta biodiversidad estará siendo arrasada? y de los cuales escasamente se habla. Desde 1948, con la declaración del «Estado de Israel», los palestinos han sido despojados de su tierra, fragmentados por fronteras que no respetan sus historias, sus culturas, ni sus derechos.

La ocupación militar israelí no solo se traduce en la expropiación de hogares, sino en un sistema que criminaliza la resistencia y normaliza la violencia contra un pueblo desarmado donde habita una cultura milenaria. Desalojos forzados, bombardeos sistemáticos, control de la ayuda humanitaria, son las herramientas de un control despiadado que busca borrar a Palestina del mapa y de la memoria.

En ese contexto, es importante comprender que el conflicto en Palestina es el reflejo moderno de un régimen colonial disfrazado de democracia. Israel, como potencia ocupante, se ha beneficiado del respaldo incondicional de potencias occidentales que, al igual que en los tiempos de los imperios coloniales, consideran que ciertas vidas valen más que otras y que vidas pueden ser sacrificadas. Esta neocolonia no opera de manera aislada; se inserta en una economía global que lucra con la militarización, el comercio de armas, el extractivismo, el neoextractivismo y el despojo. Palestina, tristemente para Israel, es hoy un laboratorio del autoritarismo moderno, donde se experimentan tecnologías de vigilancia y represión que luego son exportadas al resto del mundo.

El Estado de Israel, lejos de ser un refugio seguro tras el Holocausto, ha adoptado la lógica opresora que juró combatir. Con el apoyo incondicional de la mayoría de los países del mundo occidental, ha consolidado una alianza que utiliza la narrativa del «terrorismo» para justificar crímenes de lesa humanidad. La industria armamentista estadounidense encuentra en la ocupación de Palestina un mercado perpetuo, mientras las resoluciones internacionales contra el apartheid israelí son vetadas o ignoradas. Aquí no hay neutralidad posible: el silencio de las potencias globales es complicidad directa con el sufrimiento de millones de palestinos.

La palabra apartheid no es una exageración; es una descripción precisa de la segregación sistémica que sufren los palestinos. Desde las leyes que limitan sus movimientos hasta las que restringen su acceso a servicios básicos, el apartheid israelí ha institucionalizado la desigualdad como forma de gobierno. Este sistema se sostiene en la deshumanización, en la idea de que los palestinos son menos merecedores de derechos que sus opresores. La narrativa oficial los presenta como amenaza, cuando en realidad son la víctima de una maquinaria colonial que busca eliminarlos de su propia tierra, de su vida, de su historia: presente y futuro.

Las cicatrices del pueblo palestino no son solo físicas; son también culturales, sociales y psicológicas; así como las cicatrices de los miles de especies de fauna y flora que perecieron por la supuesta superioridad israelí. Cada generación hereda el dolor de la anterior, mientras los niños crecen entre los escombros de hogares destruidos y familias desmembradas. Estas cicatrices son el recordatorio constante de que el genocidio no es un acto único, sino un proceso continuo que busca quebrar la voluntad de un pueblo entero, su territorio y la naturaleza que los acoge.

Lo que no se nombra no existe: lo que ocurre en Palestina es ¡genocidio! No solo por las muertes, sino por el intento sistemático de borrar una cultura, un idioma y una historia. Cada ataque, cada bombardeo y cada acto de represión es parte de un plan macabro para hacer desaparecer a los palestinos como pueblo. Este genocidio no es solo un crimen contra ellos; es un crimen contra la humanidad, contra todos los principios que supuestamente sostienen nuestra civilización.

A pesar de todo, Palestina vive. Vive en las canciones que cruzan fronteras, en los grafitis que denuncian el apartheid, en las marchas solidarias que llenan las calles del mundo. Vive en la resistencia cotidiana de quienes se niegan a ser borrados, en las manos que siembran olivos como acto de rebeldía y esperanza. El pueblo palestino nos recuerda que la lucha por la libertad no tiene fronteras ni caducidad. Palestina no es solo una causa local; es un llamado global a combatir todas las formas de opresión y a construir un mundo donde la vida, y no el capital, sea el centro.

El grito de Palestina es también el nuestro. Que su resistencia nos inspire a cuestionar los sistemas que perpetúan el despojo y la violencia, y a luchar por un mundo donde la justicia no sea una utopía, sino una realidad tangible. Palestina vive porque su resistencia es inmortal.

Este grito se enmarca también en las promesas vacías de altos al fuego que, lejos de traer una verdadera solución, operan como estrategias de distracción y desgaste para el pueblo palestino. Estas treguas, anunciadas como avances hacia la paz, no son más que espejismos en un desierto de injusticias. Mientras se negocian supuestos acuerdos, las estructuras del apartheid y la ocupación permanecen intactas, perpetuando el sufrimiento y retrasando cualquier posibilidad real de justicia. Es imprescindible denunciar estos falsos altos al fuego y exigir una paz que no sea simplemente la ausencia de violencia directa, sino la restitución de derechos, dignidad, vida para Palestina y vida para el territorio y la naturaleza que los acoge.