ARGENTINA EN CRISIS: LA LUCHA CONTRA EL POPULISMO LIBERTARIO FASCISTA Y ULTRACAPITALISTA

Por: Nulfo Yala

Argentina se enfrenta actualmente a uno de los momentos más desafiantes de su historia, donde la resistencia se presenta como la única opción ante un escenario de crisis compleja. Este desafío se ve agravado por la presencia de un líder alineado con doctrinas que combinan el fascismo populista y el ultracapitalismo, acentuando aún más las tensiones y dificultades que enfrenta el país.

El presidente Javier Milei emergió victorioso en su campaña electoral al capitalizar hábilmente la creciente frustración del pueblo argentino, ofreciendo una visión de cambio radical basada en una ideología de odio y discriminación hacia las tendencias políticas de izquierda, a las cuales se refirió despectivamente como «zurdos de mierda» y otros calificativos despectivos. Dotado de un carisma habilidad retórica, equiparable a la de líderes fascistas históricos, Milei supo conectar con las masas y ganar seguidores al canalizar el descontento generalizado hacia chivos expiatorios como es el caso de políticos socialistas de su país y del continente. Al dirigir el enojo popular hacia los grupos de izquierda, prometió una ruptura radical con el statu quo político, ofreciendo soluciones demagógicas a problemas complejos y generando una sensación de falsa esperanza en una población desilusionada y harta de tanta crisis sin solución.

En su estrategia política, hizo hincapié en la libertad individual, proclamando la defensa de la libertad de expresión y la propiedad privada como valores fundamentales. Sin embargo, este énfasis en la libertad individual se ve matizado por una limitación selectiva de la libertad para aquellos considerados enemigos del estado o que estén en contra de las políticas impuestas por el régimen. Organizaciones sociales y sindicales de Argentina han denunciado que el gobierno intimó a pagar sumas millonarias por los operativos de seguridad durante manifestaciones, lo que puede interpretarse como un intento de limitar la libertad de protesta y de asociación. Además, el gobierno ha propuesto reforzar la «ley ómnibus» con penas de hasta seis años de prisión para los promotores de protestas, lo que indica un enfoque autoritario hacia la disidencia política y social.

Milei, refuerza su plataforma política con una defensa apasionada del capitalismo laissez-faire, promoviendo un sistema económico de libre mercado sin regulaciones gubernamentales significativas. Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos del 2024, hizo una enérgica apología del capitalismo, lo que generó un gran impacto. En sus discursos, criticó incluso a los capitalistas presentes en el foro, considerándolos «demasiado izquierdistas» según su perspectiva. Una postura de fanatismo peligroso del tipo anarcocapitalista hacia una economía de mercado sin restricciones; que, incluso los economistas de la rancia y aristocrática ultraderecha, ven como irrealizable e impracticable en la actualidad.

A pesar de su aparente defensa selectiva de ciertas libertades individuales, muestra un desprecio evidente por los derechos humanos cuando éstos entran en conflicto con sus objetivos políticos o económicos. Sus declaraciones públicas, como «corran zurdos de mierda» o «al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro», reflejan su actitud despectiva hacia aquellos que se identifican con tendencias políticas de izquierda. Estas expresiones no solo revelan su intolerancia hacia las ideas opuestas, sino que también demuestran un discurso de odio hacia aquellos que discrepan con su visión ideológica. Esto plantea serias preocupaciones que vienen socavando la cohesión social y la democracia en Argentina.

Además, se observa en el presidente argentino una sumisión ideológica alineada con potencias imperiales geopolíticas, como Estados Unidos, promoviendo agendas que pueden entrar en conflicto con los valores democráticos y los intereses nacionales de Argentina. Un ejemplo destacado de esta sumisión ideológica es el reciente anuncio realizado por Milei de establecer una base militar estadounidense en Tierra del Fuego, en medio de una crisis interna y con fuertes protestas sociales. Esta acción subraya su prioridad de alinearse con los intereses imperiales extranjeros, incluso a expensas de la soberanía nacional y el bienestar de su propio pueblo.

También se refleja un apoyo incondicional a grupos o naciones que se consideran como el «pueblo elegido de Dios», influenciando así las alianzas internacionales y las políticas exteriores del país, priorizando los intereses de estos grupos aún a sabiendas que pone a la Argentina en una posición de conflicto. Este respaldo incondicional se evidencia en el alineamiento teológico con Israel, presentado como la fase superior de su nueva doctrina en política exterior, validando el apoyo incondicional a Israel desde una perspectiva religiosa, utilizando incluso la Torá como justificación. Esta postura lleva a que la Argentina no contribuya a la búsqueda de soluciones pacíficas, como el caso de los recientes ataques entre Irán e Israel, que en cualquier momento puede desencadenar en una nueva guerra.  Esto de seguro tendrá serias implicaciones para la estabilidad regional y la diplomacia internacional de Argentina.

Al alinearse de manera incondicional con naciones y grupos de poder imperial, el presidente argentino sacrifica los intereses nacionales en aras de satisfacer su propia necesidad personal de aprobación y reconocimiento por parte del mundo judeo-occidental capitalista; que, no obstante, sigue mirándolo con reojo, sorpresa y desconfianza por este tipo de vasallaje nunca antes visto por un presidente de un país tan grande como la Argentina. Este tipo de subordinación ha sido reconocida y premiada recientemente, con títulos honoríficos religiosos (véase el reconocimiento de la congregación judía ortodoxa  Jabad Lubavitch, como “embajador internacional de la luz”, juntamente con su hermana) lo cual socava  la legitimidad y la eficacia de la diplomacia argentina en el escenario internacional y que amenaza con polarizar aún más al pueblo argentino comprometiendo su capacidad para tomar decisiones soberanas y responsables en el ámbito nacional e internacional.

Mientras el país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, con una inflación descontrolada del 288% y una actividad económica en declive debido a las políticas restrictivas impuestas al país para satisfacer los designios de los instrumentos financieros capitalistas, Milei se va de gira para reunirse con sus amigos ultraricos, como Musk, en lugar de abordar las necesidades urgentes de su pueblo. La afinidad ideológica entre Milei y Musk, trasciende la defensa del libre mercado y se ve también reflejada en su apoyo conjunto a Israel en el conflicto en Gaza. Mientras el Ejército israelí continúa cometiendo atrocidades y violaciones flagrantes de los derechos humanos en Gaza, donde han perdido la vida más de 33.000 palestinos, Milei y Musk, se pasean alegremente por una de las fábricas de Tesla reafirmando su “bromance”y ratificando su apoyo incondicional a Israel, pese a la masacre en curso del pueblo palestino.

Argentina se enfrenta actualmente a uno de los momentos más desafiantes de su historia, donde la resistencia se presenta como la única opción ante un escenario de crisis compleja. Este desafío se ve agravado por la presencia de un líder alineado con doctrinas que combinan el fascismo populista y el ultracapitalismo, acentuando aún más las tensiones y dificultades que enfrenta el país. En este contexto, es fundamental recordar que Argentina es parte integral de la patria grande latinoamericana, una región unida por la historia, la cultura y la lucha compartida por la justicia y la dignidad. Es en la solidaridad y la unidad de los pueblos latinoamericanos donde reside la fuerza para superar estos desafíos y peligros que se ciernen hoy tristemente en el horizonte.

nulfoyala@gmail.com

LA TRANSFORMACIÓN TRÁGICA: DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA AL PODER DESPIADADO DE LA CLASE OPULENTA MINERA EN BOLIVIA

Por Nulfo Yala

Una clase acaudalada minera privilegiada que se posiciona en altas esferas de poder, guardando lealtad solamente a sus intereses económicos y políticos. Una clase que surgió de una lucha revolucionaria, transformada ahora en la antítesis de todo aquello por lo que luchó. Triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado. 

El ciclo irónico de la historia se manifiesta de manera sorprendente en el caso de los ahora llamados empresarios acaudalados mineros, quienes alguna vez lideraron luchas por los derechos humanos contra la explotación capitalista. Sin embargo, en un giro inesperado, muchos de estos mineros se han convertido en los mismos explotadores que antes combatían. Ahora, como grandes empresarios mineros, justifican sus acciones bajo el pretexto de contribuir con regalías al departamento de Potosí. Pero detrás de esta fachada de progreso económico, se esconden realidades devastadoras: la contaminación, la degradación ambiental y los desastres que se desencadenan afectan no solo el entorno natural, sino que también perpetúan la explotación humana. En los oscuros socavones de angustia, otros seres humanos son explotados hasta el punto del aniquilamiento, una tragedia que refleja la paradoja de aquellos que antes luchaban por sus derechos, ahora siendo sus perpetradores.

Esta transformación no solo refleja una ironía histórica, sino que también plantea cuestionamientos profundos sobre el poder y la responsabilidad. ¿Cómo es posible que aquellos que alguna vez fueron oprimidos puedan convertirse en opresores? ¿Qué fuerzas sociales y económicas impulsan esta transformación?

La metamorfosis de estos grupos mineros de poder desde la esencia revolucionaria de movimientos de izquierda hasta la más rancia clase pudiente minera es un testimonio impactante de la dinámica del poder y la ideología. Lo que alguna vez representó la lucha por la justicia social y la equidad se ha desvirtuado en una encarnación del capitalismo más crudo y despiadado. Bajo el manto de la minería, el capitalismo se disfraza y se adapta, encontrando formas de perpetuar su dominio y explotación. Es particularmente insidioso cómo estos nuevos poderes mineros se apropian del discurso del «pobrecito minero» para justificar sus acciones. Utilizan esta narrativa para manipular a sus propios trabajadores, incitándolos a participar en movimientos de convulsión, bloqueo y hasta el uso y abuso de explosivos y dinamitas, todo en aras de sus mezquinos intereses de poder político y económico.

Esta estratagema es astuta y calculada. Al enmascarar sus verdaderas intenciones bajo la apariencia de preocupación por los trabajadores mineros, estos poderes logran movilizar fuerzas en su beneficio, creando una fachada de solidaridad que oculta su explotación y opresión. Esta situación resalta la complejidad de la lucha por la justicia social y la importancia de desenmascarar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia.

El caso del ex-viceministro Illanes ejemplifica de manera trágica hasta dónde pueden llegar los acaudalados mineros disfrazados de proletariado en su búsqueda desesperada por mantener y expandir su control sobre la industria. El brutal desenlace de las movilizaciones, que culminaron en la pérdida de vidas humanas, incluida la de una autoridad nacional, revela la magnitud de la violencia y el abuso de poder inherentes a estas dinámicas. El asesinato del ex-viceministro Illanes, quien intentaba en vano dialogar con los mineros para resolver pacíficamente el conflicto, pone de manifiesto la falta de escrúpulos y la crueldad de aquellos que se benefician de la explotación minera. La brutalidad con la que Illanes fue golpeado y torturado por los mineros es un recordatorio escalofriante de la deshumanización que puede surgir cuando el poder y los intereses económicos están en juego. La creación de sindicatos dentro de las cooperativas mineras desató una crisis que reveló las tensiones profundas y la resistencia feroz de aquellos que temían perder su dominio sobre la fuerza laboral.

La búsqueda de poder político por parte de los empresarios mineros acaudalados, ya sean cooperatizidados o no, constituye un componente fundamental de su estrategia para consolidar y ampliar su dominio económico. Estos empresarios han tejido alianzas estrechas con el partido gobernante MAS-IPSP, asegurando así un acceso privilegiado a espacios políticos de gran influencia. Esta alianza ha engendrado una nueva élite señorial minera que opera con una impunidad virtual en su búsqueda por asegurar y proteger sus intereses económicos y políticos. Ahora, senadores, diputados, gobernadores y otros cargos de poder político son ocupados por individuos afines a estas élites mineras, permitiéndoles ejercer su influencia de manera desproporcionada en Bolivia. Este entrelazamiento entre el poder económico y político no solo refuerza las desigualdades estructurales en el país, sino que también socava la democracia al privilegiar los intereses de una élite poderosa sobre los derechos y necesidades del pueblo boliviano en general.

Los verdaderos propósitos de los acaudalados empresarios mineros van mucho más allá de lo que muestran públicamente. La revelación gradual de estas intenciones pone de relieve su ambición por imponer una legislación favorable a sus intereses, que les permita ampliar sus áreas de explotación minera, incluso adentrándose en zonas protegidas como las reservas fiscales. Este intento de privatización de los recursos mineros del país refleja su deseo de consolidar su dominio sobre la riqueza mineral boliviana y perpetuar su control sobre la industria minera. La búsqueda de leyes que legitimen estas prácticas revela una estrategia calculada para legalizar lo que ya realizan de facto: el manejo arbitrario de los yacimientos mineros a su antojo.

Estas exigencias desmedidas no son nuevas, ya que desde hace años estas élites mineras han buscado legitimar sus acciones a través de una nueva Ley Minera. Su objetivo último es erigirse como una casta privilegiada capaz de disponer de los recursos mineros del país como si fueran propios. Además, se resisten vehementemente a la organización sindical de sus trabajadores, ya que esto pondría en riesgo su capacidad para sobreexplotar a la fuerza laboral sin ningún tipo de control. Esta resistencia a la sindicalización revela su intención de mantener un control absoluto sobre las condiciones laborales y de explotación en beneficio de sus propios intereses económicos.

Asimismo, los intereses políticos de la clase acaudalada minera en Bolivia han perdido cualquier atisbo de principios ideológicos de lucha que pudieran haber tenido en el pasado. Ya no se trata de una resistencia revolucionaria contra dictaduras o de la defensa de los derechos de los trabajadores mineros, como en épocas anteriores. Un ejemplo contundente de esta transformación es la participación de un representante de esta clase minera en el derrocamiento de Evo Morales en 2019. Luis Fernando Camacho admite abiertamente la colaboración de su padre en las negociaciones para el golpe de Estado. En sus propias palabras, relata cómo un minero, representante de estos intereses, ofreció la fuerza de 6.000 trabajadores mineros armados con dinamita para sacar a Morales del poder.

Esto no solo ilustra la pérdida de los ideales revolucionarios que alguna vez caracterizaron al movimiento minero boliviano, sino que también revela la alianza entre la clase empresarial minera y sectores políticos dispuestos a utilizar cualquier medio (se descubrió por ejemplo que ese representante minero jugaba a los dos bandos), incluida la violencia, para alcanzar el poder. La disposición de estos empresarios acaudalados mineros a recurrir a la fuerza bruta y la coerción para lograr sus objetivos políticos y económicos subraya la naturaleza depredadora de su influencia en la sociedad boliviana. En lugar de ser defensores de los derechos y la justicia, estos actores privilegiados se han convertido en instrumentos de la desestabilización y la opresión, en detrimento del bienestar del pueblo boliviano en su conjunto.

La clase acaudalada minera en Bolivia se ha consolidado como una élite privilegiada que ocupa posiciones prominentes en las altas esferas de poder político y económico del país. Sin embargo, su lealtad se reduce únicamente a sus propios intereses, dejando de lado cualquier principio ideológico o compromiso con la justicia social que alguna vez pudieron haber tenido. Esta transformación representa la antítesis de la lucha revolucionaria que dio origen a esta clase, marcando un triste derrotero para el gran ideario revolucionario minero del pasado. En lugar de ser agentes de cambio y progreso, estos empresarios mineros se han convertido en símbolos del oportunismo político y la explotación despiadada, traicionando así el legado de aquellos que lucharon valientemente por un futuro más justo y equitativo. Es un recordatorio sombrío de cómo el poder y la riqueza pueden corromper incluso las aspiraciones más nobles, y de cómo los ideales revolucionarios pueden desvanecerse en la vorágine de la codicia y el oportunismo.

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DEL HOLOCAUSTO AL PRESENTE: EL RESURGIMIENTO DEL ODIO Y LA AMNESIA COLECTIVA EN EL CONFLICTO ACTUAL DE ISRAEL Y PALESTINA EN LA FRANJA DE GAZA

Por: Nulfo Yala

Lo que alguna vez fue una nación víctima se ha convertido en el agresor, una ironía amarga que pone de relieve las complejidades y contradicciones de la historia humana. La lucha por la existencia se ha transformado en una lucha por la supremacía, donde las víctimas de ayer son los perpetradores de hoy.

En el complejo telón de fondo de los conflictos geopolíticos contemporáneos, se revela un patrón perturbador de transformación y contradicción. Uno de los casos más prominentes de esta dinámica es el Estado de Israel, cuya trayectoria histórica ha experimentado una metamorfosis sorprendente y desgarradora.

Inicialmente, el Estado de Israel emergió como un símbolo de la tragedia humana, marcado por el Holocausto y el sufrimiento indecible de millones de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este país ha asumido un papel muy diferente en el escenario mundial, uno teñido por la violencia y el derramamiento de sangre.

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Más de 30,000 vidas, a la fecha, han sido reclamadas por esta nueva fase de conflicto del Estado de Israel con el Pueblo Palestino, y entre los más afectados se encuentran los más vulnerables: niños, mujeres y ancianos. Este cambio ha sido acompañado por la ocupación territorial del Pueblo Palestino, una acción que ha llevado a una disminución constante de su espacio vital.

Lo que alguna vez fue una nación víctima se ha convertido en el agresor, una ironía amarga que pone de relieve las complejidades y contradicciones de la historia humana. La lucha por la existencia se ha transformado en una lucha por la supremacía, donde las víctimas de ayer son los perpetradores de hoy.

Sin embargo, esta narrativa distorsionada de autodefensa y supervivencia se desmorona cuando se examinan más de cerca los hechos. El grupo Hamas, culpado por el Estado de Israel como la causa de sus acciones militares, no representa la totalidad del Pueblo Palestino. Además, las víctimas de esta guerra desigual no son solo los miembros del grupo Hamas, sino una población indefensa atrapada en el fuego cruzado, incluso, sorprendente y trágicamente en hospitales y escuelas.

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Detrás de este trágico escenario, se vislumbran los intereses geopolíticos e imperiales del Estados Unidos, cuya ambición por el control militar en Oriente Medio ha encontrado un aliado en el Estado Israelita. Este último, que, lejos de ser el bastión de la autodefensa, se ha convertido en un instrumento dócil en manos de un imperio en decadencia.

En el escenario global, la complicidad y el silencio de las Naciones Unidas son evidencia de su esterilidad e incapacidad para asumir una posición definida y efectiva en la búsqueda de un alto al fuego para detener la masacre. Este organismo, una vez un faro de esperanza para los más vulnerables, ahora yace en la oscuridad de la inacción, impotente ante el sufrimiento que se despliega ante sus ojos. Su obsolescencia se acentúa aún más por su funcionalidad diligente cuando los intereses de las potencias globales, especialmente el imperio estadounidense, así lo requieren.

La complicidad cobarde se extiende más allá de la incapacidad e impotencia del Organismo de las Nacines Unidas. Europa y gran parte del mundo occidental, adoptan una actitud sumisa e interesada, cerrando los ojos ante los crímenes del Estado de Isreal. Estos países, que alardean de ser campeones de los valores democráticos del mundo occidental, son víctimas de su propia hipocresía. Mientras predican sobre los derechos humanos y la justicia, su complicidad se manifiesta en la prestación de ayuda militar, el financiamiento y el equipamiento para las masacres llevadas a cabo del Estado de Israel contra el Pueblo Palestino.

Esta duplicidad moral es una afrenta a la dignidad humana y una traición a los principios fundamentales que supuestamente defienden. El doble rasero es tan vergonzoso como destructivo, erosionando la credibilidad de aquellos que pretenden ser guardianes de la democracia y los derechos humanos.

Las preguntas se multiplican en un escenario marcado por la tragedia y la ambigüedad moral. ¿Dónde quedan las lecciones de la derrota del nazismo, esa página oscura de la historia que tantas vidas cobró y tanto sufrimiento sembró en el mundo? ¿Es posible que estemos presenciando el resurgimiento de un nuevo holocausto, esta vez perpetrado por el Estado de Israel, que antes fue víctima y ahora se ha convertido en verdugo, dirigiendo su violencia contra el Pueblo Palestino?

Estas interrogantes se profundizan al contemplar el apoyo de países de la Unión Europea y Estados Unidos, junto con sus aliados, a regímenes que evocan fantasmas del pasado, como el nazismo y el fascismo. ¿Cómo es posible que aquellos que una vez lucharon contra estas ideologías totalitarias ahora las justifiquen y respalden en nombre de un supuesto derecho a la defensa? ¿Acaso estas ideologías han resurgido de las cenizas, adaptándose y metamorfoseándose para continuar su ciclo de odio y destrucción?

Es una reflexión inquietante, una llamada de atención para examinar críticamente nuestros compromisos y valores. ¿Es posible que el nazismo haya vencido de alguna manera, perdurando en formas sutiles, pero igualmente mortíferas, mudando de piel, pero manteniendo intacto su veneno? ¿Nos encontramos frente a una metamorfosis del odio, dirigido ahora hacia otros pueblos que se han convertido en víctimas de estas ideologías destructivas que todavía perduran?

Son preguntas incómodas pero necesarias en un mundo que se enfrenta a la complejidad de su propia historia y a las sombras que acechan en el horizonte. La memoria del pasado debe guiarnos hacia una comprensión más profunda del presente, y hacia la acción decisiva para evitar que los errores del pasado se repitan en un ciclo interminable de violencia y sufrimiento.

nulfoyala@gmail.com

EL NUEVO ROSTRO DE LA DERECHA FASCISTA EN BOLIVIA “LOS COMITÉS CÍVICOS”

Acontravia.com (2023)

Por: Nulfo Yala

La derecha fascista en Bolivia, ha asumido el rostro del civismo y se ha materializado en los «comités cívicos», particularmente en Santa Cruz. La lucha y la resistencia antifascista debe dirigirse ahora en este sentido. El fascismo ha demostrado que tiene capacidad para adaptarse y reinventarse en formas aparentemente «democráticas», pero no se debe olvidar que independientemente del disfraz que asuma, su esencia de odio y violencia, nunca cambiará.

La violencia de los grupos fascistas, promovidos por grupos de choque de los denominados «cívicos» de Santa Cruz, ha sumido a la ciudadanía en un clima de terror y miedo en gran parte de la población cruceña. Las jornadas de violencia de las semanas pasadas, producto de la aprehensión del Gobernador Camacho por órdenes judiciales, dejaron una ola descontrolada de infraestructuras saqueadas y quemadas, entre ellas la Fiscalía y el Banco Unión (entidad estatal del estado), entre otras. A ello se sumó la quema de vehículos y agresión de periodistas; además del intento de la toma del Comando Departamental de Policía, que dejó un saldo de heridos en ambos bandos y detenidos en flagrancia. El asedio fue permanente hasta hace unos días atrás en los que se llevó el “Cabildo Nacional», denominado así por estos grupos cívicos.

Resultado de ello, gran parte de la gente se encuentra atemorizada y privada de su derecho a la libre expresión, por temor a represalias por estos grupos de choque fascista, en caso de tener una opinión política contraria al discurso impuesto por los cívicos y los grupos de poder económico e institucional que lo respaldan. Una parte de la población se encuentra en situación de indefensión, sumida en el terror y el miedo a la violencia fascista, pues si se atrevieron a quemar la Fiscalía y agredir a las fuerzas públicas ¿De qué serían capaces con un ciudadano común y corriente? Hoy, en Santa Cruz, se respira turbación y congoja. Una ciudad, otrora caracterizada por la alegría y la felicidad, ahora está apagada y temerosa. Los grupos de choque cívicos fascistas hicieron bien su trabajo, dieron rienda suelta al odio y la destrucción que estaba contenida desde hace tiempo atrás. Grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista, que debían ser desmantelados por el Estado a raíz de las recomendaciones de la CIDH, desataron su violencia y terror, para mandar un mensaje no solamente al Estado Boliviano, sino a la gente que ose declararse contraria a los mandatos de los cívicos; que, dicho sea de paso, dicen representar a todo el pueblo, sin siquiera haber sido elegidos democráticamente ni por voto popular.

Si bien el detonante fue la aprehensión judicial del Gobernador de Santa Cruz; eso no justifica, ni mucho menos, semejante destrucción y agresión. Pero esto solo fue el inicio. Los cívicos se dieron cuenta del impacto del terror aplicado a la gente y ahora no tienen ningún reparo en demostrar sus verdaderas intenciones de separatismo de Bolivia. Bajo la consigna, también fascista, de que es el mandato del pueblo a través de un Cabildo (arrogándose representación de una población de millones de habitantes en una concentración citadina y solo en una parte de la ciudad), ahora resulta que se quiere crear milicias armadas, que camufladamente las denominaron «guardia departamental» para supuestamente proteger a la población de las fuerzas públicas del estado. Léase bien, sí, de las fuerzas públicas del estado. Asimismo, la pretensión ahora es también crear su propio sistema judicial, con propia elección de sus funcionarios judiciales afines; es decir, estamos en un proceso de «separación de facto». La independencia de Bolivia ya ha sido declarada, asumida y accionada. Hábilmente disfrazada de parafernalia y tecnicismos jurídicos que tratan de mostrar que lo harán dentro del marco constitucional. Engaño camuflado. Lo que quieren decir es que la separación es un hecho, sea constitucionalmente o por las malas. No debe olvidarse la intentona previa en el año 2009 (Caso Hotel Las Américas), cuando mercenarios provenientes de diversas partes de Europa planificaban acciones terroristas y separatistas, y en el que paralelamente se enarbolaban discursos de algunos cabecillas que «liderarían el ejército de liberación de Santa Cruz».

Ahora la situación ha virado hacia lo «cívico» y el mal usado «civismo». La derecha fascista y violenta se ha apoderado paulatinamente de los comités cívicos de Bolivia, particularmente en el Departamento de Santa Cruz. Desde éstas organizaciones se ha articulado la lucha violenta con la conculcación y abuso de los derechos de los ciudadanos, hasta el uso de acciones de terrorismo, como lo acontecido en los días posteriores a la aprehensión del Gobernador en Santa Cruz.

Desde estos comités cívicos se han vuelto a aplicar las doctrinas de acción fascista enarboladas en su momento por el fascismo europeo. Estrategias como la «unanimidad», donde se busca silenciar las voces disidentes, mostrando una falsa impresión de unanimidad. La estrategia de «exageración o desfiguración», donde con ayuda de los medios de comunicación afines, buscan convertir cualquier acción o circunstancia como una amenaza grave o cuestión de vida o muerte. Sumado a ello la conocida estrategia de «verosimilitud»; donde se van generando permanentemente desinformaciones, argumentaciones e información fragmentada y descontextualizada; utilizando para ello no solamente a sus medios de comunicación sino a los políticos con representación parlamentaria y «comentaristas» de estos grupos informativos, que repiten hasta el cansancio esta suerte de «contrainformación de desinformación» de manera que la opinión pública, interiorice y asuma esta manipulación informativa como cierta. De esta forma se logra incluso aplicar con relativo éxito el «método de contagio» que recomendaba utilizar el Nazi-fascista Goebbels.

Como artilugio distractivo, engañosamente se hace pensar que el objetivo es el revocatorio legal del Presidente Arce. Buscando desviar la atención del objetivo real, que es la consolidación de la independencia ya declarada. A los cívicos fascistas, poco o nada les importa seguir el juego democrático boliviano, salvo para guardar las apariencias y esconder sus verdaderas intenciones. Ya lo dijeron antes: En Santa Cruz existen los cruceños y los bolivianos.  A buen entendedor pocas palabras.

Lo aciago del asunto, es que las víctimas de este ardid, resultarán también los que ahora apoyan a estos movimientos cívicos fascistas. Ya mostraron el terrorismo que pueden causar y de los extremos de violencia de lo que son capaces, contra todo aquello que se les oponga. Si consiguieran sus fines independentistas y asumieran el control del poder total, como pretenden, no dudarán ni un segundo en utilizar la misma violencia y terror contra cualquier intento de cuestionar este poder. La dictadura del terror y la violencia es inevitable en el fascismo. Los que ayer eran amigos mañana podrían ser aniquilados, si los intereses y la voluntad de poder del fascismo así lo decide.

Queda de por medio la gente que quiere vivir en paz, que no le queda otra que guardar silencio y asumir un perfil bajo, para no ser identificado y sufrir las represalias de estos grupos cívicos de choque fascista. Queda la dura realidad de aquellos que, por el simple hecho de pensar diferente o cuestionar a estos grupos fascistas queden en la mira o en las listas de los «enemigos de Santa Cruz» elaboradas y difundidas en las redes sociales; para que, en el mejor de los casos, como lo dijo públicamente el Gobernador de Santa Cruz «se les de muerte civil». La derecha fascista en Bolivia, ha asumido el rostro del civismo y se ha materializado en los «comités cívicos», particularmente en Santa Cruz. La lucha y la resistencia antifascista debe dirigirse ahora en este sentido. El fascismo ha demostrado que tiene capacidad para adaptarse y reinventarse en formas aparentemente «democráticas», pero no se debe olvidar que independientemente del disfraz que asuma, su esencia de odio y violencia, nunca cambiará; y si se lo deja crecer aniquilará con todo lo que le estorbe. No debe olvidarse lo manifestado por el político español antifascista José Díaz Ramos «Todos los oradores que han hablado antes que yo, han dicho: El fascismo no pasará. Y yo os digo que esta frase sólo tiene sentido cuando se toman todas las medidas necesarias para luchar contra el fascismo».

nulfoyala@gmail.com

MANIPULACIÓN Y DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE LA DERECHA FASCISTA Y SEPARATISTA DE BOLIVIA CON RELACIÓN A LA APREHENSIÓN DEL GOBERNADOR DE SANTA CRUZ

    Foto: Acontravia_2022

Por Nulfo Yala

Bolivia se encuentra en una peligrosa encrucijada donde nuevamente peligra la democracia por la arremetida inclemente de la derecha fascista rearticulada, esta vez con mayor fuerza, a través de los Comités Cívicos de Bolivia

Los últimos hechos acaecidos en Santa Cruz posteriores a la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, han demostrado que la derecha fascista es mucho más peligrosa de lo que se pensaba; no solamente está articulada en los Comités Cívicos y en los grupos de poder de empresarios y potentados económicos, también se ha introducido de una manera sutil, pero firme y creciente, en algunas Universidades Públicas de Bolivia, como en el caso de la Universidad Pública de Santa Cruz. Es escandaloso y sorprendente que instituciones cuya razón de ser es eminentemente académica, se hayan transformado en actores políticos de una extrema derecha fascista, que promueven el odio y acciones violentas en contra el pueblo y el estado de derecho; asumiendo la reivindicación de falsos discursos de supuesta defensa a la democracia, cuando sus acciones demuestran todo lo contrario.

Estos discursos tienen la finalidad de confundir a la población, particularmente a sus acólitos y a los indecisos. La detención de Camacho, producida por su negativa a someterse a la justicia boliviana, es un tema eminentemente jurídico; y las acciones como tal, deberían enmarcarse dentro de este ámbito. No obstante, para que exista una justificación política de desestabilización se ha construido el discurso de que, con la acción de la detención de Camacho, estaría supuestamente en riesgo la democracia en Bolivia y los derechos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de Bolivia; y que, supuestamente esta acción nos conduciría a convertirnos en «Cuba» y «Venezuela». Nada más falso. Lamentablemente la derecha fascista en Bolivia tiene controlados varios medios de comunicación, particularmente televisivos, quiénes difunden sin cesar una información manipulada para hacer ver que existe una crisis insostenible en Bolivia por la detención de Camacho; y que, sorprendentemente, las víctimas ahora resultan ser estos grupos vandálicos y fascistas que quemaron instituciones públicas, bienes públicos y privados. Grupos que instauraron un movimiento cívico terrorista donde cualquier voz disidente, o que se declare en oposición, será objeto de represalias no solamente con sus bienes materiales sino también con su integridad física; incluso con técnicas de tortura, típicas del sicariato, como el caso del funcionario de impuestos que fue sometido a vejámenes y torturas por su simple condición de empleado público del estado boliviano.

Frente a este escenario los medios de comunicación televisivos, afines a estos grupos cívicos-fascistas, los presentan como «héroes y líderes de la democracia que están siendo perseguidos políticamente». Ya lo decía Malcolm X: «Con una hábil manipulación de prensa puede ser que la víctima parezca un criminal y un criminal, la víctima». Además está victimización intenta arrastrar a toda la población a esta supuesta «suerte de persecución» a fin de generar miedo y provocar acciones de respuesta violenta. Es decir, se busca convertir en un problema nacional, cuando no lo es. Por supuesto, se trata de un movimiento político de desestabilización que forma parte de un plan militarista-separatista; con acciones tales como, el bloqueo de alimentos al resto del país o la activación de grupos paramilitares llamados de «autodefensa». Movimiento organizado por el Comité Cívico de Santa Cruz y los grupos de poder que buscan, innegablemente, la desestabilización política y en última instancia la división del estado boliviano.

Estás tácticas de desinformación y manipulación no son nuevas, ya fueron usadas en el pasado también por el fascismo nazi, a través de Goebbels, responsable de propaganda nazi durante la segunda guerra mundial, quién solía decir que «Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo, tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa. La respuesta del aniversario nunca ha de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones». Y esto es justamente lo que vemos diariamente en los medios televisivos afines a los cívicos y los poderes subversivos de Santa Cruz y Comités Cívicos departamentales aliados, cuando presentan como «noticia» una acusación tras otra, de manera que la victimización sea más creíble y por tanto será más fácil manipular y utilizar a las masas para sus fines.

Por supuesto que estas acciones de desestabilización no vienen solamente desde adentro. En el golpe de estado del 2019 existió participación y financiamiento externo, que seguramente se irá conociendo en el proceso de investigación del caso judicial «Golpe I». Estos mismos actores están, también ahora, operando y asesorando a la derecha fascista boliviana; no es de extrañar la presencia de diputados europeos y chilenos, quiénes fueron recientemente expulsados por realizar actos de intromisión política en Bolivia. Es también innegable qué la coordinación con estos agentes externos se sigue realizando a través de los ex presidentes que participaron en el golpe de estado del 2019.

Bolivia se encuentra en una peligrosa encrucijada donde nuevamente peligra la democracia por la arremetida inclemente de la derecha fascista rearticulada, esta vez con mayor fuerza, a través de los Comités Cívicos de Bolivia, algunas Universidades Públicas, grupos económicos de poder, empresarios, grupos paramilitares cómo la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, entre otros actores políticos y sectarios. Sin contar el riesgo, siempre latente, que nuevamente la derecha fascista seduzca y logre corromper a policías y militares cómo sucedió en el 2019. Son tiempos peligrosos; por tanto requieren respuestas firmes, valientes, decididas y definitvas para contrarrestar al fascismo recalcitrante que se ha rearticulado en Bolivia. Ojalá el gobierno democráticamente electo por el 55% de la población boliviana esté a la altura de este reto y pueda garantizar el estado de derecho y la defensa de la democracia, utilizando todos los poderes y recursos legales que les fueron conferidos para la defensa de los derechos humanos de las personas y la integridad de estado boliviano. De lo contrario, esta vez, el fascismo no tomará prisioneros.

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EL CERRO RICO DE POTOSI, RICO EN OPRESIONES

M.Almanza (2022)

Por Milenka Almanza (mileoxka@gmail.com)

Las luchas por el cerro Rico de Potosí, siguen siendo coloniales, busca el progreso, el desarrollo del neocolonialismo, el individualismo y la sobre-explotación de la naturaleza heredada; y perpetúan las opresiones sistémicas y las destinan a repetirse.

Monumento  natural, monumento histórico, coloso de Plata; son algunas de las denominaciones de magnificencia y pleitesía que evocan los pobladores de la Villa Imperial de Carlos V, en una muestra de apología al coloniaje y la invisibilizacion de la implicancia de este monumento en el pasado, el presente y el futuro de sus habitantes.

Todo gira alrededor de la minería, esta ha transcurrido en el tiempo y se ha apoderado sutil y poderosamente del imaginario  cultural de sus habitantes (Almanza. 2020) Hoy por hoy su población, después de siglos de explotación buscan “salvar el monumento”, monumento que silencia, calla y  amordaza muchas opresiones invisibles, inmutadas, naturalizadas por propios y ajenos.

Pero para poder entender mejor la implicancia de esta problemática, es necesario, saber el abordaje de las opresiones; que no son desigualdades meramente, son desigualdades estructurales, que se visibilizan desde luchas emancipadoras como la lucha feminista (Young, 2000).

Estas opresiones de acuerdo a Young (2000), son primordialmente: la explotación, la marginación, el imperialismo cultural, carencia de poder y la violencia

En esa dimensión el Cerro Rico, por sí mismo, no es el opresor, sino la dinámica de su poderío encarnado en las ambiciones de algunos humanos e intereses de poder sectarios. La colonialidad ha instaurado un visón lineal del tiempo, haciendo un solo futuro posible, un futuro que fuerza a la evolución y el progreso (Guzman, 2019).

Ese tan anhelado “progreso” no va a permitir analizar la primera de las opresiones: la explotación, pues esta montaña metalífera es el ejemplo innato de la explotación capitalista de los pueblos y la naturaleza. En el entendido que, explotación como forma de opresión, como la explica Ayala (2002), debe ser constantemente redefinida, pues asignarla sola a ella como categoría de opresión, puede invisibilizar las otras categorías que han influido históricamente en la explotación capitalista. El capitalismo juega un rol fundamental y central, que pregona una libertad falsa, donde aparentemente no existe dominación. Sin embargo, existe las brechas sociales y de clase, aun bien marcadas, esto se entiende a partir de que el valor del trabajo del trabajador minero  no es proporcional al sueldo que percibe, es decir la fuerza de trabajo, produce el nuevo valor.

Ese afán de la población potosina de alcanzar el tan anhelado “desarrollo”, en esa carrera impuesta por los países “desarrollos” y con tintes igualitarios, como el único y mejor rumbo de las sociedades, fuese el desarrollo.  Pero la cuestión es ¿qué tipo de desarrollo?, pues si analizamos la implicancia de las opresiones a nivel social, se traducen en múltiples limitaciones que los impiden desarrollarse. Entonces, en los discursos de entidades como el “Comité Cívico Potosinista”, se observa la recurrente bandera del desarrollo, para conseguir sus objetivos y luchas, sin siquiera considerar la implicancia tan multidimensional de “desarrollo” que, por las características de las peticiones de los cívicos, aparenta ser un desarrollo meramente económico, sin analizar otras dimensiones e implicancias de éste. Tampoco se analiza que al pedir un desarrollo meramente económico están entrando al círculo vicioso de la insostenibilidad ambiental, y que el desarrollo o crecimiento económico de las generaciones pasadas y el extractivismo de la colonia, ha derivado en el deterioro de la estructura cónica del Cerro de Potosí, que es actualmente motivo de luchas para su conservación, en un afán de conservar, pero pidiendo desarrollo económico a costa de otros monumentos históricos y naturales, como el salar de Uyuni, para la extracción del litio – no vaya a ser que de aquí a algunos años los cívicos y otras organizaciones similares, pidan la conservación del salar de Uyuni, cuando son ellos los que actualmente propugnan su explotación”. Sin analizar las opresiones sistémicas en general; sin ver a quienes afecta y cómo este brutal extractisvismo tiene su implicancia en la madre tierra y, por ende, en el fututo de la especie, en un afán de reproducir sistemáticamente la explotación de los trabajadores y la naturaleza; convirtiéndonos, trágicamente, en una sociedad explotadora de la naturaleza.

Otra dimensión de la explotación también tiene que ver con los gobiernos del neoliberalismo, que ha arrasado con las luchas de los obreros, y mujeres que en otrora lucharon contra las dictaduras militares. Ha desplegado todo su repertorio de individualismo en sus herederos. Parece haberse instaurado una forma de control en sus habitantes, pues sus luchas de clase aparentemente han cesado; pero las relaciones de poder persisten. Atraviesan la estructura rocosa y social de todo lo que implica el Cerro Rico de Potosí.

Los trabajadores y trabajadoras mineras no pueden sobrevivir sin alquilarse, ya que carecen de los medios de producción, es una trampa malévola, pues, en teoría son cooperativistas y todos debieran gozar de los excedentes, la realidad no es así. Existen nuevos capitalistas, que explotan a los trabajadores que contratan, y con ellos surgen nuevos millonarios sin conciencia de clase.

Otra cara funesta de la explotación minera son las muertes de los mineros, que al parecer al sistema no le interesa, ellos mueren a diario, de las peores formas, aplastados por toneladas de rocas desprendidas en interior mina, asfixiados por gases tóxicos, en un escenario más funesto de la explotación que le cega la vida y luego los desecha. No importa quien murió, la minería del Cerro rico de Potosí, introducirá en sus entrañas otro desafortunado cual destino está pactado en el extractivismo. De lo que no se habla es de quienes quedan detrás de esa muerte: la madre, los hijos. El sistema tapa esta terrible situación, en un sistema productivo minero, donde existe centralidad, pues todo se reduce a lo que produce materialmente la especie (Mark 2001, citado por Navarro, 2016), en un tratamiento de la muerte desigual, de reproducción de inequidades sociales y de clase en la minería en Potosí.

Pero existe una explotación mayor, y más marcada, que no menciona el Marxismo: la explotación de las mujeres, la esposa del trabajador, las amas de casa, “las sin oficio” y mucho menos la explotación de la naturaleza. Esta explotación, en el contexto del cerro Rico de Potosí, dentro de la actividad minera, son las mujeres  las que cuidan y no son cuidadas; las que endosan la reproducción. Es decir, son fuerzas de trabajo invisibilizadas  y no tradicionales: trabajo no remunerado, se traducen en explotaciones más profundas y violentas.

Para comprender mejor esta dimensión es importante detenernos en la denominada transferencia de poder del empresario capitalista, que goza de la transferencia de poder de los trabajadores a los dueños del capital; y no solo eso, sino que los trabajadores cada vez que transfieren el poder disminuyen el suyo, ya que el poder del capitalista, socaba la autoestima y el control del “empleado”. Algo similar sucede con la esposa del minero en el cerro, ellas transfieren su escaso poder, o en el peor de los casos les quedan debiendo poder a sus esposos; por tanto, esto resuena en dependencia económica, emocional y subordinación. Y se quedan en el ámbito privado, privadas de voz.

Las mujeres que viven en torno a la minería del cerro, no han formado sindicatos, no han visibilizados sus voces, sus sentires y pensares. Están en el último eslabón de la explotación capitalista. Cada mañana lo primero que ven es el Cerro Rico de Potosí y también antes de dormir. Ellas transcurren su vida en el anonimato, ellas sostienen la vida, vida que no cuenta, cuando las golpean los maridos, cuando las matan.

Con ese análisis de la explotación como opresión, surge otro tipo de opresión más, que es la marginación, que es una forma gravísima de opresión. Una más de tantas, dentro de las formas de marginación en torno al Cerro Rico de Potosí y la actividad extractivista minera. La marginación es el desecho de las personas que no le sirven al sistema capitalista (Youg, 2000); pero yo le añadiría que se convierten en el desecho, víctima del desprecio y la naturaleza despojada que ya no sirve al capitalismo y el patriarcado.

La marginación en el Cerro de Potosí, cae, sobre todo, en las mujeres porque la libertad civil es un asunto masculino, y va más allá, pues establece un derecho político de las hombres sobre las mujeres (Pateman, 1995). Esta marginación hace que las mujeres de los trabajadores mineros y las palliris (mujeres que trabajan en los desechos y recuperan minerales a la intemperie) sean aisladas y excluidas de la toma de decisiones en torno a la minería -en general a los asuntos públicos – lo que se traduce en la ausencia de poder. Se argumenta que el poder patriarcal y el poder político son prácticamente idénticos, lo cual explica las relaciones de poder en lo político de los cooperativistas mineros y la escasa o nula participación de las mujeres mineras en  la toma de decisiones en un pensamiento patriarcal tradicional, donde el padre es el jefe de familia, que asimila las relaciones de poder en las familias tradicionales a la autoridad del padre.

Esta marginación, hacen que se vuelvan invisibles los rasgos de grupos reducidos como: no binario y disidencias sexuales, generando en un escenario de heterosexualidad normativa traducida en el imperialismo cultural, que no acepta divergencias

Pero también es importante mencionar que existen  mujeres que trabajan en el Cerro Rico de Potosí en áreas marginales, como: los desmontes, pallacos, relaves; que tienen una característica de ser zonas de desechos, de descarte, sin ningún tipo de seguridad laboral; trabajo que no figura en el Producto Interno Bruto de la nación, para figurar crecimiento económico. Donde se destina al trabajo de las mujeres a lo prescindible, a lo reemplazable.

En última instancia, una de las opresiones más sugestivas, es la violencia; que tiene una connotación social, que las normaliza y las hace socialmente aceptables (Young, 2000). Por tanto, no es solo una cuestión individual, y hacerlas tolerable la hace legítima. Y los que sufren las violencias, son los grupos más desventajados, como los niños, niñas y mujeres; que son sistemáticas, ya que, por el simple hecho de pertenecer a los grupos mencionados, están predispuestos a sufrir violencia, que los privan de ejercer su libertad y los despojan de sus energías, lo cual tiene mucho que ver con la opresión de la ausencia de poder.

Las formas de violencia que se suscitan en torno al Cerro rico de Potosí, son: violencias sexuales, psicológicas, económicas, todas son estructurales. Ninguna figura en textos académicos, a lo sumo en los medios sensacionalistas, que fomentan el morbo y la revictimización de las víctimas; pues los intereses de sus pobladores son otros, preocupados más del hundimiento del cerro; que, por ejemplo, una niña violada en cerro mientras iba a alimentar a sus animalitos. Vidas acabadas, vidas paupérrimas, que son un número más en las estadísticas; y, lamentablemente lo que no se ve, no se cuenta y no cuenta.

Otras de las violencias, que se entrelaza con la opresión traducida en explotación, es la dinámica del trabajo sexual en Potosi, cuyos “consumidores”, son en su mayoría trabajadores y empresarios mineros que explotan el Cerro de Potosí. La prostitución hace que los varones tengan acceso al cuerpo de las mujeres, no confinadas al ámbito privado, donde los cuerpos de las mujeres alimentan a la industria capitalista (Pateman, 1995). Desde el pensamiento patriarcal- han sido concebidas como objetos, apropiables, consumibles y descartables. (Moncada, 2016). Donde los más ricos mineros, compran y consumen cuerpos blancos, migrantes, foráneos, lo cual lleva las dinámicas de la explotación a otras latitudes como Santa Cruz de la Sierra.

Para concluir una de las categorías de violencia, es la violencia ambiental, que se constituye una agenda pendiente en las opresiones sistémicas. La población en el cerro de Potosí y en zonas aledañas, convive con la contaminación de siglos, con el extractivismo del agua, y el sufrimiento colectivo de otras formas de vida, que también importan, en un escenario donde lo que no se nombra no existe.

Entonces las luchas por el cerro Rico de Potosí, siguen siendo coloniales, busca el progreso, el desarrollo del neocolonialismo, el individualismo y la sobre-explotación de la naturaleza heredada; y perpetúan las opresiones sistémicas y las destinan a repetirse.

REFERENCIAS:

Almanza M, 2020. Campamentos mineros: El resabio colonial de degradación de la mujer y su medio ambiente. Un enfoque desde el ecofeminismo. Revista de Malas estudiantes. México.

Ayala U., 2002. Crítica a la explotación Capitalista.

Guzmán A, 2019. Descolonizar la memoria, descolonizar los feminismos.

Mark 2001, citado por Navarro, 2016. Hacía una teoría crítica de la muerte. Líneas para su construcción. Revista de Tehomai. Córdoba Argentina.

Moncada A, 2016. Oro, sexo y poder: violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros de la frontera amazónica colombo-venezolana. Textos e Debates.

Pateman Cg, 1995. El contrato Sexual. Universidad Autónoma Metropolitana. Iztapalapa, México.

Young I, 2002. La Justicia y la Política de la Diferencia. Universidad de Valencia. Valencia España.

 

VIOLENCIA Y SEPARATISMO DE LOS GRUPOS CÍVICOS FASCISTAS DE SANTA CRUZ EN BOLIVIA

Nulfo Yala (2022)

Por Nulfo Yala

 

Los fascistas lo saben. Juegan y alimentan el odio y la violencia para mantenerse vigentes. Someten, cual estado de prisión a su pueblo (sitiados y privados del derecho a la libertad de circulación por los bloqueos), pero les hacen creer que «es por su bien», que el «este sufrimiento es necesario» para lograr las «supuestas» reivindicaciones por las que se privan de los derechos al pueblo. En la radicalización y la convulsión esta su fuerza.

El fascismo cívico ha dado un nuevo paso en su búsqueda de la independencia de Bolivia. Esta vez, se puso en evidencia, que el problema de la fecha del Censo, fue solamente una excusa para convulsionar el país. El fascismo a la Cabeza del Gobernador, el Presidente Cívico y, sorprendentemente, el Rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, han puesto sus cartas sobre la mesa. Se evidenció que el objetivo fue, y ha sido siempre, la separación de Bolivia: la independencia y el comienzo del desmembramiento y desintegración de Bolivia.

Se ha constatado, también por parte de este grupo fascista, un discurso plagado de exaltación del regionalismo cargado de odio y racismo. Dirigido hacia lo que, muchas veces, llegaron a denominar «raza maldita», a los que despectivamente denominan «collas» (habitantes de la región andina de Bolivia).

Bajo el pretexto del «centralismo» a lo que ellos hacen alusión como la causa de los problemas del país, se ha articulado un movimiento, principalmente, con los actores cívicos de las regiones del país y de políticos de oposición. Quienes, cegados por el odio al partido del gobierno, no dudan en aprovechar cualquier oportunidad para aniquilar al enemigo, aún a costa de la desintegración del país.

El lenguaje utilizado en las preguntas del último cabildo de los grupos fascistas de Santa Cruz, realizado el 13 de noviembre del 2022, denota claramente que el «otro», el «extranjero» es el boliviano con relación al cruceño. Además, al advertir que se revisará la «relación política de Santa Cruz con el estado boliviano», claramente se hace alusión que Santa Cruz podría asumir la determinación de terminar esta relación y declararse independiente. Este discurso no solamente calmó los ánimos de los radicales fascistas en su paro que terminaba de desgastarse, quienes pedían radicalizar la violencia; sino también, influyó a muchas personas, para hacerles creer que la solución de todos los problemas está, precisamente, en la independencia de Santa Cruz. Aunque, posteriormente, se haya tratado de matizar con explicaciones de que se hacía referencia a la búsqueda de «federalismo» o de la creación de una «confederación de estados». A la cuenta el fin es el mismo: el desmebramiento de Bolivia.

Lo paradójico del asunto es que muchos políticos, que incluso fueron antes expresidentes de Bolivia, hayan recibido estas declaraciones con beneplácito; llegando, incluso, uno de ellos a cínicamente a declarar en medios de prensa, que el cabildo de Santa Cruz representaba «el fin del Estado Plurinacional de Bolivia». Es difícil creer que estos políticos sean tan ingenuos como para no darse cuenta de los fines separatistas de estos grupos fascistas. Lo saben, siempre lo supieron; pero el odio visceral hacia el «socialismo» y particularmente hacia el partido del MAS, es tan fuerte, que no importan las consecuencias con tal de lograr su destrucción.

Los fascistas lo saben. Juegan y alimentan el odio y la violencia para mantenerse vigentes. Someten, cual estado de prisión a su pueblo -sitiados y privados del derecho a la libertad de circulación por los bloqueos; y lo más doloroso: con cuatro muertos hasta ahora. Esto sin contar los muchísmos cobros, abusos y maltratos a los que son sometidas las personas en los puntos de bloqueo- pero les hacen creer que «es por su bien», que el «este sufrimiento es necesario» para lograr las «supuestas» reivindicaciones por las que se privan de los derechos al pueblo. En la radicalización y la convulsión esta su fuerza. No dudarán en atemorizar e intimidar con violencia a quien ose cuestionar y aleccionar a quien está desfalleciendo en la causa.

De esta manera estos grupos fascistas imponen con el garrote su voluntad y justifican diciendo que es la «voluntad del pueblo expresada en el Cabildo» y que ellos lo harán cumplir.  Este tipo de justificaciones no son nuevas, las utilizaron grupos e ideologías fascistas, particularmente durante la segunda guerra mundial. Cómo no olvidar, por ejemplo, que Hitler se radicalizaba más en su odio a medida que iba perdiendo la guerra, pidiendo al mismo tiempo sacrificio a su pueblo en nombre de una victoria final que, decía, estaba cerca.

Pero, como en todo régimen fascista, el lavado sistemático de cerebros y la movilización de las masas funciona. Al final la gente, bombardeada también por la desinformación y la propaganda de algunos medios de comunicación afines al movimiento regionalista, terminan doblegados y siendo utilizados por la causa, como justamente pasó en la Italia fascista con Mussolini. Sin embargo, se olvidan que, como cualquier régimen fascista, una vez en el poder acometerán contra todo aquel que cuestione o peor aún se declare en disidencia. Al final el pueblo siempre termina pagando las consecuencias. En la subida y en la caída de los regímenes fascistas, la víctima del odio siempre será el pueblo quien sufrirá los males y las consecuencias de la destrucción y los males a los que conduce el fascismo.

Bolivia, un estado de derecho. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que el estado tiene un carácter unitario y soberano. Señalando como principales funciones la defensa de la sociedad y del estado. Y advirtiendo que cualquier ciudadano que atente contra la unidad del País, comete el delito de traición a la Patria.

No obstante, de ello y con el peligro que se cierne sobre la integridad del país, con los afanes independentistas promovidos por los grupos fascistas, se observa una vez, una subestimación rayado en lo absurdo, hacia estos grupos fascistas. Bajo el argumento, muchas veces trillado, de la «democracia», se va tolerando estos afanes, permaneciendo impasibles a la conculcación de los derechos de las personas, sometidas a un bloqueo inhumano.  Y peor aún, tolerantes con las acciones vandálicas y de violencia generadas por estos grupos, que derivaron, por ejemplo, en la toma y quema de la Sede de la Federación de Campesinos de Bolivia el 11 de noviembre pasado. Resultado de ello, por presión y posibles acuerdos políticos con estos grupos, se terminó dejando en libertad a la mayoría de los presuntos autores, tal como solicitaron los cívicos de Santa Cruz. Es decir, y como siempre, se actúa con impunidad para los responsables de estos actos violentos y vandálicos.

La situación no debería ser subestimada, como lo viene haciendo el gobierno. El fascismo, día que pasa, se hace más fuerte, peligroso y viral. Y como se ha visto, tiene como principales aliados, además de los políticos de oposición, a los movimientos cívicos, también de tendencias fascistas; pero que lo único que les une es el odio hacia el MAS.

Estos movimientos cívicos, expertos en convulsionar en sus regiones, aprovechando cualquier excusa, tienen a su favor la inacción del gobierno, cuando se vulnera el estado de derecho con sus medidas de presión. Y está demostrado, que cuando la violencia y la presión aumenta, el gobierno termina cediendo. Y el mensaje es claro. Cualquier sector que quiera imponer su capricho para conseguir sus intereses sectarios, recurrirá a estas medidas de convulsión (bloqueo de caminos, de calles, toma de instituciones, violencia y amedrentamiento, etc.) para lograr su propósito. Lamentablemente, quien ha contribuido a esta situación ha sido precisamente el MAS, antes y durante el gobierno de Evo Morales. Usando y abusando de estas medidas de convulsión social, las han legitimizado hasta convertirlas, ahora, en derechos de los convulsionadores.

Ojalá que no suceda, pero se avecina días aciagos para Bolivia. La oclocracia y corrupción en la cual se encuentra sumido el país, lo conduce cada vez hacia un estado fallido. Sumado a ello, el fascismo regionalista y separatista en Santa Cruz que no cesará en sus arremetidas de odio y violencia. A este paso, solo será cuestión de tiempo para que el fascismo logre sus fines, si se le sigue subestimando y tolerando. No debe olvidarse que el fascismo no toma prisioneros y es tan inútil como fútil el pretender ser demócrata siendo a la vez condescendiente con esta ideología de odio. «Al fascismo se le combate sabiendo que no se puede ser demócrata sin ser antifascista», decía el político español Felipe Alcaraz; y hoy, no podría ser más cierto.

nulfoyala@gmail.com

LA NUEVA ARREMETIDA GOLPISTA DE LOS GRUPOS DE PODER CÍVICOS FASCISTAS DE SANTA CRUZ – BOLIVIA, UTILIZANDO COMO EXCUSA LA FECHA DEL CENSO.

Rosario (2022)

Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico, por el Censo en Bolivia,  están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final.

Por Nulfo Yala

Nuevamente se cierne el peligro de perder la democracia en Bolivia. Cualquier excusa es válida en el juego político del fascismo. Indudablemente el tema del censo se ha constituido en un nuevo motivo para buscar sembrar el odio y exacerbar los ánimos en base a discursos de supuestas reivindicaciones regionales, e incluso nacionales, a partir de imposición para que el Censo de Población y Vivienda se realice en el año 2023. Cómo bien lo han manifestado diversos actores políticos, tanto de oposición como del oficialismo, se ha generado un falso debate en base al planteamiento de una fecha, que se ha vuelto como una consigna política para debilitar y derrocar al gobierno y en definitiva quebrantar, una vez más, el estado de derecho.

Se arguye que es un falso debate, pues la fecha es irrelevante cuando lo importante son los resultados del censo y que se presenten antes de las elecciones generales del 2025. Por supuesto, esto es lo que menos importa para el poder fascista que gobierna Santa Cruz. El trasfondo del asunto, desde luego, va más allá de esta simple discusión de tiempos. Se trata de generar un escenario donde se demuestre el poder que tiene el fascismo en Bolivia desde su bastión, en la región de Santa Cruz; para ello no se ha dudado en articular fuerzas políticas de la mayoría de los comités cívicos en Bolivia. Sin pensarlo dos veces claman voces de apoyo a este movimiento fascista y desestabilizador, en nombre de supuestas reivindicaciones sociales; sin embargo, lo que articula a todos estos movimientos es el odio a todo aquello que represente al “MAS» que es el partido político gobernante. Sin importar los peligrosos medios a los cuales recurren, estos comités cívicos, al ser funcionales y activistas activos de la acción política fascista, con tal de derrotar y destruir al enemigo. No importa si la democracia conculca y los derechos humanos sucumban, para estos comités cívicos el medio justifica los fines. Esto se demostró claramente en las últimas elecciones nacionales, cuando fueron a clamar incluso de rodillas a los cuarteles militares para que tomen el poder, pregonando que existió un supuesto fraude; excusa que es utilizada hoy en día por muchas corrientes fascistas regionales, como sucede en los bloqueos de carreteras como medida de desconocimiento de los resultados de las elecciones del 2022 del Brasil, donde la ultraderecha fascista trata de deslegitimar y desconocer el triunfo del presidente Lula, bajo la consigna de que existió fraude en las elecciones.

Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico qué lleva a esta fecha ya van alcanzando los 12 días, están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final. Para ello el caudillo fascista que gobierna Santa Cruz y sus acólitos, no dudarán en utilizar cualquier medio y excusa que tengan a la mano para ir ganando terreno en este propósito, la generación del conflicto y la violencia. El fascismo conoce muy bien cómo manipular a las masas exacerbando el espíritu y el sentimiento regionalista. Se observa permanentemente en las redes sociales y también en algunos medios de comunicación cómo, de manera persistente, a través de algunos medios de comunicación funcionales, se va interiorizando en la mente de los cruceños la justificación histórica de supuesto sometimiento de Santa Cruz a lo alto andino u “occidental” de Bolivia. Historiadores, analistas y supuestos intelectuales van construyendo este discurso qué reivindica un nacionalismo regionalista identificado en lo «camba».

Desde luego esta construcción regionalista viene acompañado con un profundo, y poco sutil, discurso racista y de discriminación contra todo aquello que no represente sus intereses o vaya contra su ideología fascista.

La reacción a los “cercos” al Departamento de Santa Cruz, por los denominados “movimientos sociales”, afines al gobierno, en contra del paro cívico; ha evidenciado que este movimiento fascista y regionalista de Santa Cruz estaba articulado y al parecer también apoyado por los grupos de poder y las logias que existen en ese departamento. Estos cercos, han destapado que estos grupos de poder económico: algunos empresarios – dueños de industrias, tenían la vía libre para seguir con su actividad económica. La estrategia fascista de los cívicos en Santa Cruz y del gobernador fue precisamente poner la soga al cuello, con los bloqueos, a las personas de bajos recursos. Es decir, utilizarlos como “carne de cañón” para qué una vez afectados por el hambre y las restricciones de la libre circulación, reaccionen contra el gobierno. Como es típico del fascismo, la gente pobre siempre termina siendo usada y desechada para que los grupos de poder, además de tener el control económico, casi absoluto; tengan ahora, también, el poder político.

Lo novedoso de esta nueva arremetida fascista es que consiguieron, estratégicamente, manipular y someter a la Universidad Pública de Santa Cruz, a través de sus máximas autoridades. Nuevamente, Cómo en el 2019, se trata de repetir el libreto, incorporando a la comunidad universitaria en afanes de desestabilización del orden democrático en el País. Tristemente se observa, una vez más, como algunas universidades públicas bolivianas están al servicio del fascismo cívico regionalista.

Ojalá que en esta oportunidad no sé subestimé al fascismo como se lo hizo en el 2019. Por lo visto el fascismo independentista de Santa Cruz está muy bien articulado y cuenta con apoyo económico y asesoramiento político y técnico, y es muy probable que también desde el exterior del país. No sería sorprendente que hayan infiltrado instituciones militares o policiales como otrora, y que solamente están esperando el momento para dar el zarpazo final para imponer la dictadura de un nuevo golpe de estado.

Está en manos del gobierno democráticamente electo el garantizar y defender la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Este estado de terrorismo cívico amenaza cada vez más, con métodos más radicales y violentos, violando los derechos de las personas más humildes a través de sus denominados «paros cívicos». Violentando el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y a la libertad de las personas. Todo ello a la vista y paciencia de los gobernantes.

Bajo la premisa del “derecho a la protesta” se viene violando sistemáticamente derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Esta permisividad fortalece cada arremetida del fascismo con mayor violencia y mayor odio, de los cuales se alimenta para crecer y adquirir más poder. Sería catastrófico que estos grupos fascistas realmente se hayan armado durante el golpe de estado del 2019; como se vienen advirtiendo en algunas publicaciones en las redes sociales (véase el pronunciamiento de grupos civiles armados que circulan en las redes sociales, a propósito del actual conflicto por el Censo).

Debemos recordar, permanentemente, la advertencia de Aristóteles respecto de la degeneración de la democracia y lo advertido por el historiador griego Polibio (200 – 118 a.c.) «Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder o sea la degeneración de la democracia. La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia» y el fascismo cívico regionalista de Santa Cruz y su gobernador, sabe que esto funciona muy bien para sus fines independentistas. La historia universal y las dos grandes guerras mundiales, demostraron lo inútil y peligroso el intentar cualquier diálogo o negociación con el fascismo. Ya lo dijo, tan acertadamente, Buenaventura Durruti “Al fascismo no se le discute, se le destruye”.

nulfoyala@gmail.com

 

LA SITUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE BOLIVIA CONTEMPLADA POR EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Milenka Rosario (2020)

De esta manera el ideario de libertad e independencia que pregonaba la autonomía universitaria se ha transformado en impunidad, en esta suerte de microestado universitario, donde el llamado «cogobierno» se ha convertido en una dictadura, lucha de poderes y alianzas putrefactas, como un cáncer terminal que parasitariamente no termina de matar al enfermo.

Por Nulfo Yala

Recientemente el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, se ha pronunciado respecto de la situación de las universidades públicas del país, señalando que los resultados en la educación superior son insatisfactorios en su generalidad; de igual manera que, no se ha logrado cumplir las expectativas con relación a la investigación que debería desarrollarse en las universidades. Producto de ello, Luis Arce, señala que las universidades actualmente se encuentran en los últimos puestos del ranking mundial, e incluso, latinoamericano.

Estas aseveraciones, son del todo evidentes. Más aún a sabiendas que el Presidente forma parte del plantel docente de la Universidad Mayor de San Andrés, desde hace varios años atrás, en la ciudad de La Paz, y por tanto es conocedor directo de la situación en la que se encuentran las universidades públicas en Bolivia.

Esta situación de crisis, como lo manifestamos, en anteriores artículos, es una lenta y inminente decadencia, que viene arrastrándose, tolerándose; e incluso, promoviéndola directa o indirectamente (por acción u omisión) por todos los actores relacionados con las universidades: la comunidad universitaria, la sociedad en su conjunto; y por supuesto, el Gobierno.

Parte de esta problemática, ha sido precisamente el aprovechamiento nefasto de la denominada y mal llamada «autonomía universitaria». Bajo este paraguas, se ha venido tejiendo una intrincada red de corrupción que alcanza y rebasa, inclusive, la misma estructura que la genera. No se debe olvidar, por ejemplo, que repetidamente se observa cómo «dirigentes de otrora» que convulsionaron, bloquearon, agredieron y transgredieron el ordenamiento jurídico en el país, bajo el amparo de la autonomía, por intereses caudillista y de manejo prevendal y político (tanto en el estamento docente, administrativo y estudiantil) terminan siendo reciclados y reclutados en los diferentes partidos políticos, incluido del actual gobierno. Cómo no olvidar, por ejemplo, del dirigente estudiantil que mantuvo cerrada la universidad de Potosí, por más de 7 meses y que luego fue reclutado para ser diputado por el partido político del MAS. Cómo no recordar que, otrora, dirigentes universitarios que en nombre de la autonomía cerraron universidades públicas a vista y paciencia de todos; bloqueando, creando grupos de choque para amedrenter y agredir a los estudiantes que sí querían estudiar, fueron luego captados por partidos políticos, para ser alcaldes o alcaldesas, consejales, viceministros (algunos dirigentes universitarios que fueron viceministros, sin ni siquiera haberse graduado de la universidad) y otros cargos políticos.

Es decir, las universidades se han transformado en una suerte de «escuela» en prácticas de corrupción y manejo político, donde hacen sus primeras armas los supuestos «líderes políticos» (entiéndase como politiquero), en donde se visibilizan para llamar la atención reclutadores políticos, para luego ser utilizados y muchas veces también desechados, como sucede frecuentemente en la vía de la politiquería en Bolivia. De esta manera las universidades públicas se han transformado en el semillero de cuadros políticos que vienen engrosando el sistema de corrupción político prebendal que caracteriza, hoy en día, a Bolivia.

Por supuesto, en este escenario, el desarrollo científico y académico, es lo que menos importa, no solo al interior de las universidades, sino también hacia afuera. Cuántos meritorios profesionales que se empeñaron en formarse son ilustres desempleados o con trabajos precarios, precisamente a mercer de los poliqueros, que poco les importa la capacidad y profesionalismo. Si no amarra los huatos del político ni participa de los rituales de alcoholización o de mediocridad de sus colegas (que trabajaron para que salga electo el candidato) prácticamente se queda en la calle a merced de otros politiqueros de ligas más bajas, que además pedirán favores de todo tipo (no solo económicos) para mantenerse en el trabajo.

Y seguimos la linea conductora del poder, llegaremos a la reveladora pero trágica evidencia, que es la sociedad, la gente misma, quien elige a sus representantes. En consecuencia, esta suerte de realidad que nos toca vivir, no solo es tolerada sino también establecida y sostenida por la gente que elige, normaliza y mantiene esta situación en la que nos encontramos en el país.

Se dice que la universidad se debe a su pueblo, y esto a muchos causa consternación y temor. Si el pueblo, al que hace referencia, tiene en su idiosincracia, la corrupción como norma y «modus vivendi», entonces la universidad será precisamente el reflejo de su pueblo. Y como un circulo vicioso uno retroalimentará al otro de manera perversamente sostenible.

Frente a este panorama, las posiciones y decisiones del Gobierno, contribuyen agravando esta debacle; no solamente por el interés de la ganancia política que implica el controlar a las universidades públicas, sino también por ausencia de una visión integral del auténtico rol que debería cumplir las universidades, para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Bolivia.

Se observa, en este último caso, por ejemplo, como las exigencias del aparato gubernamental a las universidades, se reduce a inadecuadas exigencias administrativas, sin comprender a cabalidad los sistemas educativos, que tienen una complejidad y particularidad propia; como son, los sistemas en la educación superior.  Es el caso de la política de privatación gradual a la que son sometidas, indirectamente, las universidades públicas, con imposiciones mercantilistas y de fines de lucro. Es el caso de las famosas «matrices de compromiso» a la que están obligadas muchas universidades por el déficit presupuestario (dicho sea de paso por cuestionables decisiones de autoridades universitarias que gastaron más de lo que debían de sus presupuesto) en las cuales algunas universidades se comprometen con el gobierno para generar ingresos, a través de cursos, matrículas, prestación de servicios de consultoría, etc. Es decir, transformando a la universidad en un mero ente prestador de servicios con fines de lucro, compitiendo con empresas consultoras privadas y otras, para generar ingresos. Esto desvirtúa y despoja totalmente la razón de ser de una universidad pública, que es precisamente la búsqueda de la excelencia y calidad en la formación académica y el desarrollo de la ciencia.

La llamada «autonomía universitaria», en su momento fue una medida revolucionaria, a partir de la revolución de 1918 en Córdoba, para mantener la independencia ideológia, científica y política de las universidades. Lamentablemente hoy en día, la autonomía se ha vuelto contra su razón de ser; es decir, contra los fines altruistas para los cuales fue creado. Paradógicamente es utilizada, ahora, para perpetuar el contubernio del pacto de mediocridad docente estudiantil, donde los unos hacen que enseñar y los otros hacen que aprender, donde existen docentes anquilosados en decrepitud intelectual y eternos estudiantes (recuérdese los casos de corrupción recientes de estudiantes que utilizaron la dirigencia para perpetuarse beneficiarse de su posición). Docentes y estudiantes vegetando inamobibles e intocables. Una mentira pactada y acordada para mantener la corrupción, la prebenda y los intereses de poder de grupos; y, por supuesto, de dirigentes que utilizan la institución como trampolín político para proyectarse en las defenestradas ligas de la politiquería corrupta que caracteriza al país.

De esta manera el ideario de libertad e independencia que pregonaba la autonomía universitaria se ha transformado en impunidad, en esta suerte de microestado universitario, donde el llamado «cogobierno» se ha convertido en una dictadura, lucha de poderes y alianzas putrefactas, como un cáncer terminal que parasitariamente no termina de matar al enfermo.

Por supuesto, esto es insostenible; al menos si queda algo del sentido de decencia, integridad y apego al sentido de la dignidad por parte de la sociedad. Más temprano que tarde la decadencia parasitaria, arrastrará a todo el sistema universitario a su crisis terminal, irremediable y definitiva, que será un despertar doloroso y demoledor a la realidad en la que, como país y sociedad, estamos sumergidos y de la cual directa o indirectamente, todos somos responsables.

La cuestión que queda es ¿Se puede hacer algo todavía?. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, intenta con cautela y cálculo político, develar solamente la punta del iceberg. Pero, por supuesto, como docente antiguo del sistema universitario, conoce muy bien toda esta problemática. Tomando su crítica, la pregunta es ¿Qué hará ahora, él, como máxima autoridad del país y como docente universitario, para solucionar estos problemas estructurales por los que atraviesan las universidades públicas en Bolivia? Y sobre todo, nosotros como sociedad ¿Seguiremos guardando un silencio cómplice, normalizando todo la pravedad que sucede, al interior de las universidades, ante nuestros ojos?

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EL CASO DE PLÁCIDA ISLA, VÍCTIMA DEL SUCESO TRÁGICO EN LA ASAMBLEA ESTUDIANTIL DEL 14 DE JUNIO DEL 2022 EN LA UATF

Por: Mauricio Gonzalo Almanza Condori (Estudiante de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UPDS – Tarija, Bolivia)

Placida Isla Cayo, la última afectada del altercado de la Asamblea estudiantil de la Universidad Autónoma Tomas Frías del 9 de mayo, a pesar de resistir 37 días lamentablemente perdió la vida, el 14 de junio de 2022 en el Seguro Social Universitario de Potosí (SSU).

Según el doctor Antonio Llanos-Terapista del SSU, fue quien la atendió en terapia intensiva, declaró que al momento de ingresar la paciente Placida Isla Cayo tenía dificultad respiratoria, trastornos neurológicos puesto que tenía un accidente cerebro vascular hemorrágico (ACVH), ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe.

La Srta. Placida fue intubada y operada de la clavícula, del cráneo y se le brindo recuperación. Las secuelas que Placida tuvo en post operatorio fueron dificultad en la movilidad del lado izquierdo, que se da por daño localizado en el lado derecho del cerebro (hemiparesia), también padecía de una trombosis venosa profunda de la pierna izquierda (Coágulo de sangre en una vena profunda, generalmente en las piernas), posteriormente mostro mejoría ya que pudo salir de respirador de forma espontánea y por eso se la paso a sala de cirugía.

Según testimonio de Sara Núñez, enfermera del SSU que atendió a Placida en sala de cirugía, indico que fue externada a sala porque ya estaba estable. La paciente no podía valerse por sí misma ya que estaba con técnicas invasivas como la sonda (Es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea, se coloca una sonda a través de esta abertura para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los pulmones) y fisioterapia, con todo eso la paciente mostraba mejoría, por eso se le dio alta médica solo con tratamiento vía oral, pero a los días volvió a ingresar a salas de medicina interna, porque era una paciente post quirúrgica tardía y por la trombosis venosa que presentaba, por esa razón se la derivo a Sucre.

Por su parte la familia de Placida reveló que en Sucre le estuvo haciendo seguimiento un otorrino; aparte del problema de trombosis que tenía, sin embargo, tuvo que volver   al SSU, en ese proceso intervinieron autoridades de la Defensoría del Pueblo, regional Potosí, la Lic. Bilma Martinez, con autoridades de la Universidad, para poder establecer como se cubrirían los gastos médicos, siendo las llamadas a esto las instituciones que estuvieron directamente vinculas con los hechos luctuosos; lamentablemente en ese proceso, Placida fallece el 14 de junio.

¿Cómo funcionan los seguros?

Jorge Walter Daza, jefe médico del SSU explico que de acuerdo al código seguridad social (CSS) ley 924 cubre toda enfermedad desencadenante como ser infecciones, fracturas, repercusiones en la salud por orden genético y todo lo que compromete la salud, sin que medie un tercero, ya se adecua como riesgo extraordinario que no cubre a nivel nacional en ningún tipo de orden de seguridad social como las intoxicaciones, tentativas de suicidio, etilismo, accidente de tránsito, accidentes de deportivos y disturbios que fue el caso de la Srta. Placida.

El altercado de 9 de mayo de 2022 en la asamblea estudiantil de la Universidad Pública  de la ciudad de Potosí fue un evento causado por una granada de humo, lo cual lo vuelve un caso extraordinario y como tal se tiene que cancelar un monto extra a lo que se da por año por el seguro de los estudiantes. La familia Isla no contaba con recursos económicos para cubrir los gastos, por lo cual se aferraba a que el seguro debía correr con todos los gastos, lo cual no se podía por lo antes mencionado.

El Dr. Antonio Llanos explico que lunes 13 de junio fue llamado por el caso de Placida Isla que estaba con mayor estenosis y dificultad respiratoria por lo cual se la volvió a internar en terapia intensiva a media noche, la tuvieron que entubar porque la dificultad respiratoria era severa y pese a eso se tornó insuficiente y lamentablemente falleció el 14 de junio.

En ese momento se pudo aclarar que no fue la estenosis, porque al poner el tubo respiratorio se forma un pasaje seguro para poder respirar, ya que eso no funcionó, el motivo de su fallecimiento súbito fue por trombosis.

La familia por ese motivo fue que pidió que se derivara al forense, generalmente no se acude a la autopsia en estos casos de hospital, gracias al pedido de la familia se realizó. No se tiene un informe final de la autopsia, pero los resultados extraoficiales serian que se encontraron coágulos en el pulmón, en la pierna y en el corazón.

Esta no es la primera vez que el seguro de una persona en estado crítico no cubre con todos los gastos y no será la última, casos anteriores donde el dinero no estaba a la mano los mismos familiares hacían hasta lo imposible para poder llegar al pago, y si bien es un poco inhumano priorizar el dinero a la vida de una persona esta es la manera en la que se mueve no solo el país, si no todo el mundo y no nos queda más que adecuarnos por más cuestionables que sean. La falta de dinero es la raíz de todo mal (Mark Twain).