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Por Nulfo Yala

Bolivia se encuentra en una peligrosa encrucijada donde nuevamente peligra la democracia por la arremetida inclemente de la derecha fascista rearticulada, esta vez con mayor fuerza, a través de los Comités Cívicos de Bolivia

Los últimos hechos acaecidos en Santa Cruz posteriores a la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, han demostrado que la derecha fascista es mucho más peligrosa de lo que se pensaba; no solamente está articulada en los Comités Cívicos y en los grupos de poder de empresarios y potentados económicos, también se ha introducido de una manera sutil, pero firme y creciente, en algunas Universidades Públicas de Bolivia, como en el caso de la Universidad Pública de Santa Cruz. Es escandaloso y sorprendente que instituciones cuya razón de ser es eminentemente académica, se hayan transformado en actores políticos de una extrema derecha fascista, que promueven el odio y acciones violentas en contra el pueblo y el estado de derecho; asumiendo la reivindicación de falsos discursos de supuesta defensa a la democracia, cuando sus acciones demuestran todo lo contrario.

Estos discursos tienen la finalidad de confundir a la población, particularmente a sus acólitos y a los indecisos. La detención de Camacho, producida por su negativa a someterse a la justicia boliviana, es un tema eminentemente jurídico; y las acciones como tal, deberían enmarcarse dentro de este ámbito. No obstante, para que exista una justificación política de desestabilización se ha construido el discurso de que, con la acción de la detención de Camacho, estaría supuestamente en riesgo la democracia en Bolivia y los derechos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos de Bolivia; y que, supuestamente esta acción nos conduciría a convertirnos en «Cuba» y «Venezuela». Nada más falso. Lamentablemente la derecha fascista en Bolivia tiene controlados varios medios de comunicación, particularmente televisivos, quiénes difunden sin cesar una información manipulada para hacer ver que existe una crisis insostenible en Bolivia por la detención de Camacho; y que, sorprendentemente, las víctimas ahora resultan ser estos grupos vandálicos y fascistas que quemaron instituciones públicas, bienes públicos y privados. Grupos que instauraron un movimiento cívico terrorista donde cualquier voz disidente, o que se declare en oposición, será objeto de represalias no solamente con sus bienes materiales sino también con su integridad física; incluso con técnicas de tortura, típicas del sicariato, como el caso del funcionario de impuestos que fue sometido a vejámenes y torturas por su simple condición de empleado público del estado boliviano.

Frente a este escenario los medios de comunicación televisivos, afines a estos grupos cívicos-fascistas, los presentan como «héroes y líderes de la democracia que están siendo perseguidos políticamente». Ya lo decía Malcolm X: «Con una hábil manipulación de prensa puede ser que la víctima parezca un criminal y un criminal, la víctima». Además está victimización intenta arrastrar a toda la población a esta supuesta «suerte de persecución» a fin de generar miedo y provocar acciones de respuesta violenta. Es decir, se busca convertir en un problema nacional, cuando no lo es. Por supuesto, se trata de un movimiento político de desestabilización que forma parte de un plan militarista-separatista; con acciones tales como, el bloqueo de alimentos al resto del país o la activación de grupos paramilitares llamados de «autodefensa». Movimiento organizado por el Comité Cívico de Santa Cruz y los grupos de poder que buscan, innegablemente, la desestabilización política y en última instancia la división del estado boliviano.

Estás tácticas de desinformación y manipulación no son nuevas, ya fueron usadas en el pasado también por el fascismo nazi, a través de Goebbels, responsable de propaganda nazi durante la segunda guerra mundial, quién solía decir que «Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo, tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa. La respuesta del aniversario nunca ha de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones». Y esto es justamente lo que vemos diariamente en los medios televisivos afines a los cívicos y los poderes subversivos de Santa Cruz y Comités Cívicos departamentales aliados, cuando presentan como «noticia» una acusación tras otra, de manera que la victimización sea más creíble y por tanto será más fácil manipular y utilizar a las masas para sus fines.

Por supuesto que estas acciones de desestabilización no vienen solamente desde adentro. En el golpe de estado del 2019 existió participación y financiamiento externo, que seguramente se irá conociendo en el proceso de investigación del caso judicial «Golpe I». Estos mismos actores están, también ahora, operando y asesorando a la derecha fascista boliviana; no es de extrañar la presencia de diputados europeos y chilenos, quiénes fueron recientemente expulsados por realizar actos de intromisión política en Bolivia. Es también innegable qué la coordinación con estos agentes externos se sigue realizando a través de los ex presidentes que participaron en el golpe de estado del 2019.

Bolivia se encuentra en una peligrosa encrucijada donde nuevamente peligra la democracia por la arremetida inclemente de la derecha fascista rearticulada, esta vez con mayor fuerza, a través de los Comités Cívicos de Bolivia, algunas Universidades Públicas, grupos económicos de poder, empresarios, grupos paramilitares cómo la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, entre otros actores políticos y sectarios. Sin contar el riesgo, siempre latente, que nuevamente la derecha fascista seduzca y logre corromper a policías y militares cómo sucedió en el 2019. Son tiempos peligrosos; por tanto requieren respuestas firmes, valientes, decididas y definitvas para contrarrestar al fascismo recalcitrante que se ha rearticulado en Bolivia. Ojalá el gobierno democráticamente electo por el 55% de la población boliviana esté a la altura de este reto y pueda garantizar el estado de derecho y la defensa de la democracia, utilizando todos los poderes y recursos legales que les fueron conferidos para la defensa de los derechos humanos de las personas y la integridad de estado boliviano. De lo contrario, esta vez, el fascismo no tomará prisioneros.

nulfoyala@gmail.com

Por Nulfo Yala

Los fascistas lo saben. Juegan y alimentan el odio y la violencia para mantenerse vigentes. Someten, cual estado de prisión a su pueblo (sitiados y privados del derecho a la libertad de circulación por los bloqueos), pero les hacen creer que «es por su bien», que el «este sufrimiento es necesario» para lograr las «supuestas» reivindicaciones por las que se privan de los derechos al pueblo. En la radicalización y la convulsión esta su fuerza.

El fascismo cívico ha dado un nuevo paso en su búsqueda de la independencia de Bolivia. Esta vez, se puso en evidencia, que el problema de la fecha del Censo, fue solamente una excusa para convulsionar el país. El fascismo a la Cabeza del Gobernador, el Presidente Cívico y, sorprendentemente, el Rector de la Universidad Pública de Santa Cruz, han puesto sus cartas sobre la mesa. Se evidenció que el objetivo fue, y ha sido siempre, la separación de Bolivia: la independencia y el comienzo del desmembramiento y desintegración de Bolivia.

Se ha constatado, también por parte de este grupo fascista, un discurso plagado de exaltación del regionalismo cargado de odio y racismo. Dirigido hacia lo que, muchas veces, llegaron a denominar «raza maldita», a los que despectivamente denominan «collas» (habitantes de la región andina de Bolivia).

Bajo el pretexto del «centralismo» a lo que ellos hacen alusión como la causa de los problemas del país, se ha articulado un movimiento, principalmente, con los actores cívicos de las regiones del país y de políticos de oposición. Quienes, cegados por el odio al partido del gobierno, no dudan en aprovechar cualquier oportunidad para aniquilar al enemigo, aún a costa de la desintegración del país.

El lenguaje utilizado en las preguntas del último cabildo de los grupos fascistas de Santa Cruz, realizado el 13 de noviembre del 2022, denota claramente que el «otro», el «extranjero» es el boliviano con relación al cruceño. Además, al advertir que se revisará la «relación política de Santa Cruz con el estado boliviano», claramente se hace alusión que Santa Cruz podría asumir la determinación de terminar esta relación y declararse independiente. Este discurso no solamente calmó los ánimos de los radicales fascistas en su paro que terminaba de desgastarse, quienes pedían radicalizar la violencia; sino también, influyó a muchas personas, para hacerles creer que la solución de todos los problemas está, precisamente, en la independencia de Santa Cruz. Aunque, posteriormente, se haya tratado de matizar con explicaciones de que se hacía referencia a la búsqueda de «federalismo» o de la creación de una «confederación de estados». A la cuenta el fin es el mismo: el desmebramiento de Bolivia.

Lo paradójico del asunto es que muchos políticos, que incluso fueron antes expresidentes de Bolivia, hayan recibido estas declaraciones con beneplácito; llegando, incluso, uno de ellos a cínicamente a declarar en medios de prensa, que el cabildo de Santa Cruz representaba «el fin del Estado Plurinacional de Bolivia». Es difícil creer que estos políticos sean tan ingenuos como para no darse cuenta de los fines separatistas de estos grupos fascistas. Lo saben, siempre lo supieron; pero el odio visceral hacia el «socialismo» y particularmente hacia el partido del MAS, es tan fuerte, que no importan las consecuencias con tal de lograr su destrucción.

Los fascistas lo saben. Juegan y alimentan el odio y la violencia para mantenerse vigentes. Someten, cual estado de prisión a su pueblo -sitiados y privados del derecho a la libertad de circulación por los bloqueos; y lo más doloroso: con cuatro muertos hasta ahora. Esto sin contar los muchísmos cobros, abusos y maltratos a los que son sometidas las personas en los puntos de bloqueo- pero les hacen creer que «es por su bien», que el «este sufrimiento es necesario» para lograr las «supuestas» reivindicaciones por las que se privan de los derechos al pueblo. En la radicalización y la convulsión esta su fuerza. No dudarán en atemorizar e intimidar con violencia a quien ose cuestionar y aleccionar a quien está desfalleciendo en la causa.

De esta manera estos grupos fascistas imponen con el garrote su voluntad y justifican diciendo que es la «voluntad del pueblo expresada en el Cabildo» y que ellos lo harán cumplir.  Este tipo de justificaciones no son nuevas, las utilizaron grupos e ideologías fascistas, particularmente durante la segunda guerra mundial. Cómo no olvidar, por ejemplo, que Hitler se radicalizaba más en su odio a medida que iba perdiendo la guerra, pidiendo al mismo tiempo sacrificio a su pueblo en nombre de una victoria final que, decía, estaba cerca.

Pero, como en todo régimen fascista, el lavado sistemático de cerebros y la movilización de las masas funciona. Al final la gente, bombardeada también por la desinformación y la propaganda de algunos medios de comunicación afines al movimiento regionalista, terminan doblegados y siendo utilizados por la causa, como justamente pasó en la Italia fascista con Mussolini. Sin embargo, se olvidan que, como cualquier régimen fascista, una vez en el poder acometerán contra todo aquel que cuestione o peor aún se declare en disidencia. Al final el pueblo siempre termina pagando las consecuencias. En la subida y en la caída de los regímenes fascistas, la víctima del odio siempre será el pueblo quien sufrirá los males y las consecuencias de la destrucción y los males a los que conduce el fascismo.

Bolivia, un estado de derecho. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que el estado tiene un carácter unitario y soberano. Señalando como principales funciones la defensa de la sociedad y del estado. Y advirtiendo que cualquier ciudadano que atente contra la unidad del País, comete el delito de traición a la Patria.

No obstante, de ello y con el peligro que se cierne sobre la integridad del país, con los afanes independentistas promovidos por los grupos fascistas, se observa una vez, una subestimación rayado en lo absurdo, hacia estos grupos fascistas. Bajo el argumento, muchas veces trillado, de la «democracia», se va tolerando estos afanes, permaneciendo impasibles a la conculcación de los derechos de las personas, sometidas a un bloqueo inhumano.  Y peor aún, tolerantes con las acciones vandálicas y de violencia generadas por estos grupos, que derivaron, por ejemplo, en la toma y quema de la Sede de la Federación de Campesinos de Bolivia el 11 de noviembre pasado. Resultado de ello, por presión y posibles acuerdos políticos con estos grupos, se terminó dejando en libertad a la mayoría de los presuntos autores, tal como solicitaron los cívicos de Santa Cruz. Es decir, y como siempre, se actúa con impunidad para los responsables de estos actos violentos y vandálicos.

La situación no debería ser subestimada, como lo viene haciendo el gobierno. El fascismo, día que pasa, se hace más fuerte, peligroso y viral. Y como se ha visto, tiene como principales aliados, además de los políticos de oposición, a los movimientos cívicos, también de tendencias fascistas; pero que lo único que les une es el odio hacia el MAS.

Estos movimientos cívicos, expertos en convulsionar en sus regiones, aprovechando cualquier excusa, tienen a su favor la inacción del gobierno, cuando se vulnera el estado de derecho con sus medidas de presión. Y está demostrado, que cuando la violencia y la presión aumenta, el gobierno termina cediendo. Y el mensaje es claro. Cualquier sector que quiera imponer su capricho para conseguir sus intereses sectarios, recurrirá a estas medidas de convulsión (bloqueo de caminos, de calles, toma de instituciones, violencia y amedrentamiento, etc.) para lograr su propósito. Lamentablemente, quien ha contribuido a esta situación ha sido precisamente el MAS, antes y durante el gobierno de Evo Morales. Usando y abusando de estas medidas de convulsión social, las han legitimizado hasta convertirlas, ahora, en derechos de los convulsionadores.

Ojalá que no suceda, pero se avecina días aciagos para Bolivia. La oclocracia y corrupción en la cual se encuentra sumido el país, lo conduce cada vez hacia un estado fallido. Sumado a ello, el fascismo regionalista y separatista en Santa Cruz que no cesará en sus arremetidas de odio y violencia. A este paso, solo será cuestión de tiempo para que el fascismo logre sus fines, si se le sigue subestimando y tolerando. No debe olvidarse que el fascismo no toma prisioneros y es tan inútil como fútil el pretender ser demócrata siendo a la vez condescendiente con esta ideología de odio. «Al fascismo se le combate sabiendo que no se puede ser demócrata sin ser antifascista», decía el político español Felipe Alcaraz; y hoy, no podría ser más cierto.

nulfoyala@gmail.com

Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico, por el Censo en Bolivia,  están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final.

Por Nulfo Yala

Nuevamente se cierne el peligro de perder la democracia en Bolivia. Cualquier excusa es válida en el juego político del fascismo. Indudablemente el tema del censo se ha constituido en un nuevo motivo para buscar sembrar el odio y exacerbar los ánimos en base a discursos de supuestas reivindicaciones regionales, e incluso nacionales, a partir de imposición para que el Censo de Población y Vivienda se realice en el año 2023. Cómo bien lo han manifestado diversos actores políticos, tanto de oposición como del oficialismo, se ha generado un falso debate en base al planteamiento de una fecha, que se ha vuelto como una consigna política para debilitar y derrocar al gobierno y en definitiva quebrantar, una vez más, el estado de derecho.

Se arguye que es un falso debate, pues la fecha es irrelevante cuando lo importante son los resultados del censo y que se presenten antes de las elecciones generales del 2025. Por supuesto, esto es lo que menos importa para el poder fascista que gobierna Santa Cruz. El trasfondo del asunto, desde luego, va más allá de esta simple discusión de tiempos. Se trata de generar un escenario donde se demuestre el poder que tiene el fascismo en Bolivia desde su bastión, en la región de Santa Cruz; para ello no se ha dudado en articular fuerzas políticas de la mayoría de los comités cívicos en Bolivia. Sin pensarlo dos veces claman voces de apoyo a este movimiento fascista y desestabilizador, en nombre de supuestas reivindicaciones sociales; sin embargo, lo que articula a todos estos movimientos es el odio a todo aquello que represente al “MAS» que es el partido político gobernante. Sin importar los peligrosos medios a los cuales recurren, estos comités cívicos, al ser funcionales y activistas activos de la acción política fascista, con tal de derrotar y destruir al enemigo. No importa si la democracia conculca y los derechos humanos sucumban, para estos comités cívicos el medio justifica los fines. Esto se demostró claramente en las últimas elecciones nacionales, cuando fueron a clamar incluso de rodillas a los cuarteles militares para que tomen el poder, pregonando que existió un supuesto fraude; excusa que es utilizada hoy en día por muchas corrientes fascistas regionales, como sucede en los bloqueos de carreteras como medida de desconocimiento de los resultados de las elecciones del 2022 del Brasil, donde la ultraderecha fascista trata de deslegitimar y desconocer el triunfo del presidente Lula, bajo la consigna de que existió fraude en las elecciones.

Detrás de toda esta problemática generado por un paro cívico qué lleva a esta fecha ya van alcanzando los 12 días, están los fines independentistas que buscan los fascistas de la región. La “balcanización” de Bolivia es su objetivo final. Para ello el caudillo fascista que gobierna Santa Cruz y sus acólitos, no dudarán en utilizar cualquier medio y excusa que tengan a la mano para ir ganando terreno en este propósito, la generación del conflicto y la violencia. El fascismo conoce muy bien cómo manipular a las masas exacerbando el espíritu y el sentimiento regionalista. Se observa permanentemente en las redes sociales y también en algunos medios de comunicación cómo, de manera persistente, a través de algunos medios de comunicación funcionales, se va interiorizando en la mente de los cruceños la justificación histórica de supuesto sometimiento de Santa Cruz a lo alto andino u “occidental” de Bolivia. Historiadores, analistas y supuestos intelectuales van construyendo este discurso qué reivindica un nacionalismo regionalista identificado en lo «camba».

Desde luego esta construcción regionalista viene acompañado con un profundo, y poco sutil, discurso racista y de discriminación contra todo aquello que no represente sus intereses o vaya contra su ideología fascista.

La reacción a los “cercos” al Departamento de Santa Cruz, por los denominados “movimientos sociales”, afines al gobierno, en contra del paro cívico; ha evidenciado que este movimiento fascista y regionalista de Santa Cruz estaba articulado y al parecer también apoyado por los grupos de poder y las logias que existen en ese departamento. Estos cercos, han destapado que estos grupos de poder económico: algunos empresarios – dueños de industrias, tenían la vía libre para seguir con su actividad económica. La estrategia fascista de los cívicos en Santa Cruz y del gobernador fue precisamente poner la soga al cuello, con los bloqueos, a las personas de bajos recursos. Es decir, utilizarlos como “carne de cañón” para qué una vez afectados por el hambre y las restricciones de la libre circulación, reaccionen contra el gobierno. Como es típico del fascismo, la gente pobre siempre termina siendo usada y desechada para que los grupos de poder, además de tener el control económico, casi absoluto; tengan ahora, también, el poder político.

Lo novedoso de esta nueva arremetida fascista es que consiguieron, estratégicamente, manipular y someter a la Universidad Pública de Santa Cruz, a través de sus máximas autoridades. Nuevamente, Cómo en el 2019, se trata de repetir el libreto, incorporando a la comunidad universitaria en afanes de desestabilización del orden democrático en el País. Tristemente se observa, una vez más, como algunas universidades públicas bolivianas están al servicio del fascismo cívico regionalista.

Ojalá que en esta oportunidad no sé subestimé al fascismo como se lo hizo en el 2019. Por lo visto el fascismo independentista de Santa Cruz está muy bien articulado y cuenta con apoyo económico y asesoramiento político y técnico, y es muy probable que también desde el exterior del país. No sería sorprendente que hayan infiltrado instituciones militares o policiales como otrora, y que solamente están esperando el momento para dar el zarpazo final para imponer la dictadura de un nuevo golpe de estado.

Está en manos del gobierno democráticamente electo el garantizar y defender la democracia y los derechos humanos en Bolivia. Este estado de terrorismo cívico amenaza cada vez más, con métodos más radicales y violentos, violando los derechos de las personas más humildes a través de sus denominados «paros cívicos». Violentando el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y a la libertad de las personas. Todo ello a la vista y paciencia de los gobernantes.

Bajo la premisa del “derecho a la protesta” se viene violando sistemáticamente derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Esta permisividad fortalece cada arremetida del fascismo con mayor violencia y mayor odio, de los cuales se alimenta para crecer y adquirir más poder. Sería catastrófico que estos grupos fascistas realmente se hayan armado durante el golpe de estado del 2019; como se vienen advirtiendo en algunas publicaciones en las redes sociales (véase el pronunciamiento de grupos civiles armados que circulan en las redes sociales, a propósito del actual conflicto por el Censo).

Debemos recordar, permanentemente, la advertencia de Aristóteles respecto de la degeneración de la democracia y lo advertido por el historiador griego Polibio (200 – 118 a.c.) «Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder o sea la degeneración de la democracia. La oclocracia se nutre del rencor y la ignorancia» y el fascismo cívico regionalista de Santa Cruz y su gobernador, sabe que esto funciona muy bien para sus fines independentistas. La historia universal y las dos grandes guerras mundiales, demostraron lo inútil y peligroso el intentar cualquier diálogo o negociación con el fascismo. Ya lo dijo, tan acertadamente, Buenaventura Durruti “Al fascismo no se le discute, se le destruye”.

nulfoyala@gmail.com

De esta manera el ideario de libertad e independencia que pregonaba la autonomía universitaria se ha transformado en impunidad, en esta suerte de microestado universitario, donde el llamado «cogobierno» se ha convertido en una dictadura, lucha de poderes y alianzas putrefactas, como un cáncer terminal que parasitariamente no termina de matar al enfermo.

Por Nulfo Yala

Recientemente el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, se ha pronunciado respecto de la situación de las universidades públicas del país, señalando que los resultados en la educación superior son insatisfactorios en su generalidad; de igual manera que, no se ha logrado cumplir las expectativas con relación a la investigación que debería desarrollarse en las universidades. Producto de ello, Luis Arce, señala que las universidades actualmente se encuentran en los últimos puestos del ranking mundial, e incluso, latinoamericano.

Estas aseveraciones, son del todo evidentes. Más aún a sabiendas que el Presidente forma parte del plantel docente de la Universidad Mayor de San Andrés, desde hace varios años atrás, en la ciudad de La Paz, y por tanto es conocedor directo de la situación en la que se encuentran las universidades públicas en Bolivia.

Esta situación de crisis, como lo manifestamos, en anteriores artículos, es una lenta y inminente decadencia, que viene arrastrándose, tolerándose; e incluso, promoviéndola directa o indirectamente (por acción u omisión) por todos los actores relacionados con las universidades: la comunidad universitaria, la sociedad en su conjunto; y por supuesto, el Gobierno.

Parte de esta problemática, ha sido precisamente el aprovechamiento nefasto de la denominada y mal llamada «autonomía universitaria». Bajo este paraguas, se ha venido tejiendo una intrincada red de corrupción que alcanza y rebasa, inclusive, la misma estructura que la genera. No se debe olvidar, por ejemplo, que repetidamente se observa cómo «dirigentes de otrora» que convulsionaron, bloquearon, agredieron y transgredieron el ordenamiento jurídico en el país, bajo el amparo de la autonomía, por intereses caudillista y de manejo prevendal y político (tanto en el estamento docente, administrativo y estudiantil) terminan siendo reciclados y reclutados en los diferentes partidos políticos, incluido del actual gobierno. Cómo no olvidar, por ejemplo, del dirigente estudiantil que mantuvo cerrada la universidad de Potosí, por más de 7 meses y que luego fue reclutado para ser diputado por el partido político del MAS. Cómo no recordar que, otrora, dirigentes universitarios que en nombre de la autonomía cerraron universidades públicas a vista y paciencia de todos; bloqueando, creando grupos de choque para amedrenter y agredir a los estudiantes que sí querían estudiar, fueron luego captados por partidos políticos, para ser alcaldes o alcaldesas, consejales, viceministros (algunos dirigentes universitarios que fueron viceministros, sin ni siquiera haberse graduado de la universidad) y otros cargos políticos.

Es decir, las universidades se han transformado en una suerte de «escuela» en prácticas de corrupción y manejo político, donde hacen sus primeras armas los supuestos «líderes políticos» (entiéndase como politiquero), en donde se visibilizan para llamar la atención reclutadores políticos, para luego ser utilizados y muchas veces también desechados, como sucede frecuentemente en la vía de la politiquería en Bolivia. De esta manera las universidades públicas se han transformado en el semillero de cuadros políticos que vienen engrosando el sistema de corrupción político prebendal que caracteriza, hoy en día, a Bolivia.

Por supuesto, en este escenario, el desarrollo científico y académico, es lo que menos importa, no solo al interior de las universidades, sino también hacia afuera. Cuántos meritorios profesionales que se empeñaron en formarse son ilustres desempleados o con trabajos precarios, precisamente a mercer de los poliqueros, que poco les importa la capacidad y profesionalismo. Si no amarra los huatos del político ni participa de los rituales de alcoholización o de mediocridad de sus colegas (que trabajaron para que salga electo el candidato) prácticamente se queda en la calle a merced de otros politiqueros de ligas más bajas, que además pedirán favores de todo tipo (no solo económicos) para mantenerse en el trabajo.

Y seguimos la linea conductora del poder, llegaremos a la reveladora pero trágica evidencia, que es la sociedad, la gente misma, quien elige a sus representantes. En consecuencia, esta suerte de realidad que nos toca vivir, no solo es tolerada sino también establecida y sostenida por la gente que elige, normaliza y mantiene esta situación en la que nos encontramos en el país.

Se dice que la universidad se debe a su pueblo, y esto a muchos causa consternación y temor. Si el pueblo, al que hace referencia, tiene en su idiosincracia, la corrupción como norma y «modus vivendi», entonces la universidad será precisamente el reflejo de su pueblo. Y como un circulo vicioso uno retroalimentará al otro de manera perversamente sostenible.

Frente a este panorama, las posiciones y decisiones del Gobierno, contribuyen agravando esta debacle; no solamente por el interés de la ganancia política que implica el controlar a las universidades públicas, sino también por ausencia de una visión integral del auténtico rol que debería cumplir las universidades, para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Bolivia.

Se observa, en este último caso, por ejemplo, como las exigencias del aparato gubernamental a las universidades, se reduce a inadecuadas exigencias administrativas, sin comprender a cabalidad los sistemas educativos, que tienen una complejidad y particularidad propia; como son, los sistemas en la educación superior.  Es el caso de la política de privatación gradual a la que son sometidas, indirectamente, las universidades públicas, con imposiciones mercantilistas y de fines de lucro. Es el caso de las famosas «matrices de compromiso» a la que están obligadas muchas universidades por el déficit presupuestario (dicho sea de paso por cuestionables decisiones de autoridades universitarias que gastaron más de lo que debían de sus presupuesto) en las cuales algunas universidades se comprometen con el gobierno para generar ingresos, a través de cursos, matrículas, prestación de servicios de consultoría, etc. Es decir, transformando a la universidad en un mero ente prestador de servicios con fines de lucro, compitiendo con empresas consultoras privadas y otras, para generar ingresos. Esto desvirtúa y despoja totalmente la razón de ser de una universidad pública, que es precisamente la búsqueda de la excelencia y calidad en la formación académica y el desarrollo de la ciencia.

La llamada «autonomía universitaria», en su momento fue una medida revolucionaria, a partir de la revolución de 1918 en Córdoba, para mantener la independencia ideológia, científica y política de las universidades. Lamentablemente hoy en día, la autonomía se ha vuelto contra su razón de ser; es decir, contra los fines altruistas para los cuales fue creado. Paradógicamente es utilizada, ahora, para perpetuar el contubernio del pacto de mediocridad docente estudiantil, donde los unos hacen que enseñar y los otros hacen que aprender, donde existen docentes anquilosados en decrepitud intelectual y eternos estudiantes (recuérdese los casos de corrupción recientes de estudiantes que utilizaron la dirigencia para perpetuarse beneficiarse de su posición). Docentes y estudiantes vegetando inamobibles e intocables. Una mentira pactada y acordada para mantener la corrupción, la prebenda y los intereses de poder de grupos; y, por supuesto, de dirigentes que utilizan la institución como trampolín político para proyectarse en las defenestradas ligas de la politiquería corrupta que caracteriza al país.

De esta manera el ideario de libertad e independencia que pregonaba la autonomía universitaria se ha transformado en impunidad, en esta suerte de microestado universitario, donde el llamado «cogobierno» se ha convertido en una dictadura, lucha de poderes y alianzas putrefactas, como un cáncer terminal que parasitariamente no termina de matar al enfermo.

Por supuesto, esto es insostenible; al menos si queda algo del sentido de decencia, integridad y apego al sentido de la dignidad por parte de la sociedad. Más temprano que tarde la decadencia parasitaria, arrastrará a todo el sistema universitario a su crisis terminal, irremediable y definitiva, que será un despertar doloroso y demoledor a la realidad en la que, como país y sociedad, estamos sumergidos y de la cual directa o indirectamente, todos somos responsables.

La cuestión que queda es ¿Se puede hacer algo todavía?. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, intenta con cautela y cálculo político, develar solamente la punta del iceberg. Pero, por supuesto, como docente antiguo del sistema universitario, conoce muy bien toda esta problemática. Tomando su crítica, la pregunta es ¿Qué hará ahora, él, como máxima autoridad del país y como docente universitario, para solucionar estos problemas estructurales por los que atraviesan las universidades públicas en Bolivia? Y sobre todo, nosotros como sociedad ¿Seguiremos guardando un silencio cómplice, normalizando todo la pravedad que sucede, al interior de las universidades, ante nuestros ojos?

nulfoyala@gmail.com

Por: Mauricio Gonzalo Almanza Condori (Estudiante de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UPDS – Tarija, Bolivia)

Placida Isla Cayo, la última afectada del altercado de la Asamblea estudiantil de la Universidad Autónoma Tomas Frías del 9 de mayo, a pesar de resistir 37 días lamentablemente perdió la vida, el 14 de junio de 2022 en el Seguro Social Universitario de Potosí (SSU).

Según el doctor Antonio Llanos-Terapista del SSU, fue quien la atendió en terapia intensiva, declaró que al momento de ingresar la paciente Placida Isla Cayo tenía dificultad respiratoria, trastornos neurológicos puesto que tenía un accidente cerebro vascular hemorrágico (ACVH), ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe.

La Srta. Placida fue intubada y operada de la clavícula, del cráneo y se le brindo recuperación. Las secuelas que Placida tuvo en post operatorio fueron dificultad en la movilidad del lado izquierdo, que se da por daño localizado en el lado derecho del cerebro (hemiparesia), también padecía de una trombosis venosa profunda de la pierna izquierda (Coágulo de sangre en una vena profunda, generalmente en las piernas), posteriormente mostro mejoría ya que pudo salir de respirador de forma espontánea y por eso se la paso a sala de cirugía.

Según testimonio de Sara Núñez, enfermera del SSU que atendió a Placida en sala de cirugía, indico que fue externada a sala porque ya estaba estable. La paciente no podía valerse por sí misma ya que estaba con técnicas invasivas como la sonda (Es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea, se coloca una sonda a través de esta abertura para suministrar una vía respiratoria y retirar secreciones de los pulmones) y fisioterapia, con todo eso la paciente mostraba mejoría, por eso se le dio alta médica solo con tratamiento vía oral, pero a los días volvió a ingresar a salas de medicina interna, porque era una paciente post quirúrgica tardía y por la trombosis venosa que presentaba, por esa razón se la derivo a Sucre.

Por su parte la familia de Placida reveló que en Sucre le estuvo haciendo seguimiento un otorrino; aparte del problema de trombosis que tenía, sin embargo, tuvo que volver   al SSU, en ese proceso intervinieron autoridades de la Defensoría del Pueblo, regional Potosí, la Lic. Bilma Martinez, con autoridades de la Universidad, para poder establecer como se cubrirían los gastos médicos, siendo las llamadas a esto las instituciones que estuvieron directamente vinculas con los hechos luctuosos; lamentablemente en ese proceso, Placida fallece el 14 de junio.

¿Cómo funcionan los seguros?

Jorge Walter Daza, jefe médico del SSU explico que de acuerdo al código seguridad social (CSS) ley 924 cubre toda enfermedad desencadenante como ser infecciones, fracturas, repercusiones en la salud por orden genético y todo lo que compromete la salud, sin que medie un tercero, ya se adecua como riesgo extraordinario que no cubre a nivel nacional en ningún tipo de orden de seguridad social como las intoxicaciones, tentativas de suicidio, etilismo, accidente de tránsito, accidentes de deportivos y disturbios que fue el caso de la Srta. Placida.

El altercado de 9 de mayo de 2022 en la asamblea estudiantil de la Universidad Pública  de la ciudad de Potosí fue un evento causado por una granada de humo, lo cual lo vuelve un caso extraordinario y como tal se tiene que cancelar un monto extra a lo que se da por año por el seguro de los estudiantes. La familia Isla no contaba con recursos económicos para cubrir los gastos, por lo cual se aferraba a que el seguro debía correr con todos los gastos, lo cual no se podía por lo antes mencionado.

El Dr. Antonio Llanos explico que lunes 13 de junio fue llamado por el caso de Placida Isla que estaba con mayor estenosis y dificultad respiratoria por lo cual se la volvió a internar en terapia intensiva a media noche, la tuvieron que entubar porque la dificultad respiratoria era severa y pese a eso se tornó insuficiente y lamentablemente falleció el 14 de junio.

En ese momento se pudo aclarar que no fue la estenosis, porque al poner el tubo respiratorio se forma un pasaje seguro para poder respirar, ya que eso no funcionó, el motivo de su fallecimiento súbito fue por trombosis.

La familia por ese motivo fue que pidió que se derivara al forense, generalmente no se acude a la autopsia en estos casos de hospital, gracias al pedido de la familia se realizó. No se tiene un informe final de la autopsia, pero los resultados extraoficiales serian que se encontraron coágulos en el pulmón, en la pierna y en el corazón.

Esta no es la primera vez que el seguro de una persona en estado crítico no cubre con todos los gastos y no será la última, casos anteriores donde el dinero no estaba a la mano los mismos familiares hacían hasta lo imposible para poder llegar al pago, y si bien es un poco inhumano priorizar el dinero a la vida de una persona esta es la manera en la que se mueve no solo el país, si no todo el mundo y no nos queda más que adecuarnos por más cuestionables que sean. La falta de dinero es la raíz de todo mal (Mark Twain).